Hoy el Gobierno se haría un favor liberando el tipo de cambio

En mayo de 2013, en un debate con Roberto Feletti, anticipé que el Gobierno se encaminaba a una devaluación del peso de entre 30 y 40%. La afirmación, cristalizada al asociarla a un número concreto, despertó una respuesta furiosa de la prensa oficial y de la Presidenta: “El que quiera una devaluación deberá esperar hasta el próximo gobierno”.

Pero, como decía Perón, “la única verdad es la realidad”. Mi afirmación sólo apuntaba al error de haber usado el tipo de cambio como mecanismo antiinflacionario (un error que, sorprendentemente, copiaba de la fallida administración de Martínez de Hoz) en un contexto de emisión e inflación crecientes. Era necesario revertir los efectos de esa política que habían estancado el empleo y habían generado estragos en las economías regionales y en las nacientes industrias de exportación.

Primero tímidamente, el Gobierno fue aceptando el diagnóstico y empardó la tasa de devaluación con la inflación. Con Fábrega dio otro paso y aceleró la devaluación por encima de la inflación. Anteayer, con las reservas en camino descendente, empezó el tan temido salto cambiario.

La pregunta es qué es lo que sigue o, mejor aún, qué es lo que debería seguir. Para contestarlo sirven los casi diez años de investigaciones en finanzas internacionales que confirman que, para países del tamaño del nuestro, lo mejor es un tipo de cambio flotante. Eso permite ajustar la competitividad a cambios en los flujos de capitales y en los términos de intercambio, acotando los efectos en el empleo y la producción.

El estancamiento de la Argentina de los últimos años no es ajeno a que la política de tipo de cambio fijo en que el Gobierno se empecinó no permitió acomodarse al shock de (des)confianza para cuyo acrecentamiento trabaja sistemáticamente, o al shock en los términos de intercambio que hemos sufrido: la soja cayó de precio y los desastres en la política energética nos han convertido en importadores justo cuando los precios de la energía están altos.

Hoy el Gobierno se haría un favor liberando el tipo de cambio, eliminando el cepo, discontinuando todas las restricciones a la compra y venta de dólares y simultáneamente eliminando el régimen de control de importaciones y exportaciones. No es algo que haya que hacer de un día para el otro. Este camino puede transitarse en un enfoque gradual, que primero libere el tipo de cambio financiero/turístico e incorpore los bienes comerciales hasta tener completo el proceso en un par de meses.

Al dejar de intervenir en el mercado cambiario, el BCRA dejará automáticamente de perder reservas. Esto no quiere decir que no pueda intervenir para estabilizar el tipo de cambio en torno a su equilibrio, pero no necesitará hacerlo para mantenerlo en un valor que no es el de equilibrio.

Si el Gobierno avanza en este sentido sin cambiar su política fiscal y monetaria, el tipo de cambio se estabilizará en algún punto intermedio entre el oficial y el blue, seguramente con un salto respecto del oficial, ya que hoy los distintos controles mantienen artificialmente alta la demanda de pesos. Luego se deslizará aproximadamente a la tasa de inflación.

Sin brecha y con el mercado cambiario normalizado, probablemente se recupere la inversión, vuelvan los capitales, se alivien las economías regionales y se expanda el empleo. El mercado inmobiliario se reactivará automáticamente.

Después le quedará al Gobierno abordar un segundo problema central: la inflación. Así como prenunciamos la inevitabilidad de la devaluación, reiteramos algo igualmente contundente (aunque técnicamente aun más básico): con estos niveles de emisión es imposible no tener inflación. La pregunta es si el Gobierno lo entenderá antes de someterse a otro test electoral o si será la ciudadanía la que le explique que no se puede negar la realidad.

La inflación es un problema de todos

Hace varios años los argentinos sufrimos el flagelo de la inflación que nos come nuestros salarios sin que aparentemente podamos hacer nada. A su vez, escuchamos todo el tiempo interpretaciones de por qué nos llueve esta plaga, que además de la Argentina afecta a un puñado de otros países, como Venezuela, Irán, Malawi y Sudán. Oímos que la inflación se produce por la existencia de empresarios inescrupulosos, un fenómeno que aparentemente parece ser exclusivo de este puñado de países. Debe ser que en Brasil, Perú, Indonesia, Tailandia, por citar algunos, los empresarios son buenos y que imbuidos de una gran conciencia social no aumentan los precios aun pudiendo hacerlo. Claro, con empresarios así, cualquiera.

Pero todo eso no es cierto. La inflación se produce porque el Gobierno emite dinero para financiar el desequilibrio entre sus gastos y sus ingresos. Esa emisión aumenta la oferta de pesos en la economía, y como cualquier bien cuya oferta sube, su precio cae. La inflación es el reflejo de un peso que cada vez vale menos. Es el resultado directo del uso indiscriminado de la emisión para financiar el gasto.

Es importante entender que la inflación es simplemente un mecanismo de recaudación para comprender tres temas. El primero es que el Gobierno es el responsable directo del fenómeno. El segundo, que al operar como un impuesto que recauda los pesos que se emiten a costa de una caída en el salario real, la solución del problema puede tener dos posibilidades. En una, el Gobierno podría subir otro impuesto y reducir la emisión. Esto no cambiaría radicalmente la situación de las familias ni del Gobierno. Lo que se paga hoy con la pérdida de valor adquisitivo se pagaría con otro impuesto. La otra es bajar el gasto y con ello la necesidad de emitir y la inflación. Esto favorecería a las familias a costa del Gobierno (éste se quedaría con menos impuestos y tendría que gastar menos y las familias pagarían menos y podrían gastar más). El tema acá es si hay algo para bajar. AySA, Aerolíneas, Fútbol para Todos y Arsat son candidatos puestos, pero lo que el Gobierno gasta en estas cuatro cosas suma sólo unos $ 20.000 millones y, aunque son gastos innecesarios en el presupuesto de todos los argentinos, sólo ayudan a resolver un pedazo del problema cuando el Gobierno emite entre 70 y 100.000 millones por año. El tercer punto es que bajar la inflación no es recesivo. Si el Gobierno gasta menos y emite menos, la gente tendrá un inmediato alivio en su bolsillo y gastará más. Que bajar la inflación no es recesivo debería ser obvio por el hecho de que si lo fuera, todos los países del mundo que tienen baja inflación estarían sumergidos en una larga recesión.

En definitiva, el tema de la inflación se produce por una lucha distributiva. Pero no de asalariados y empresarios, sino del Gobierno con los ciudadanos. El primero usa la emisión para apropiarse de recursos del sector privado. La solución tiene dos vertientes: o el Gobierno le saca dinero de otra manera a la gente o decide gastar un poco menos y así castigarla menos con el impuesto inflacionario.

Con este diagnóstico, el bloque Pro en la Cámara de Diputados ha decidido ofrecer una agenda para resolver gradualmente el tema de la inflación. Ésta tiene 8 puntos que ponemos sobre la mesa para un debate y en la búsqueda de consensos con el resto de los bloques y el FPV.

Las propuestas incluyen la independencia del Indec y la actualización de los valores de mínimos no imponibles de Ganancias, de las bandas del monotributo y de la AUH. Si estos valores no se redeterminan, el Gobierno todos los años cobra más y gasta menos. También sugerimos extender la percepción de la AUH en los tres primeros años de trabajo formal, para paliar el efecto disuasivo a la formalización que se ha encontrado como único efecto negativo de ese beneficio. Una de las consecuencias más negativas de la inflación es la eliminación del crédito, sobre todo el de largo plazo para la vivienda. Para paliar este efecto sugerimos permitir créditos hipotecarios con capital indexado al costo de vida, que permitirían bajar las cuotas de a aproximadamente un tercio de los valores actuales y darle acceso a la vivienda a casi toda la población. En línea, se debería reconvertir el plan Procrear a este mecanismo de préstamos que preservaría el capital de nuestros jubilados, en vez de licuarlo velozmente como se está haciendo ahora (también pedimos que la Anses no opere más en el mercado de “contado con liqui” malvendiendo sus títulos públicos con una pérdida patrimonial que deberá ser pagado con más impuestos o más inflación en el futuro). Pero sobre todo comprometemos nuestro apoyo para generar un presupuesto que en tres años elimine el financiamiento inflacionario. Esto quiere decir que Pro está dispuesto a acompañar al FPV en un trabajo a conciencia para eliminar gastos que no le reportan nada a la sociedad y encontrar los mecanismos de financiamiento para el gasto que decida mantenerse. A medida que ese financiamiento inflacionario se reduzca se adecuará la Carta Orgánica del Banco Central, limitando la posibilidad de emitir pesos, para que el próximo gobierno no pueda volver a las andadas.

La agenda de la inflación no es la agenda de un partido, sino la de todos. Pero para combatirla es necesario hablar la verdad, no sólo reconociendo la verdadera magnitud del problema sino también los orígenes del flagelo. La oposición está dispuesta a contribuir y colaborar para resolver el problema. Solo falta que el Gobierno también se decida

Objetivos modestos e inalcanzables

El Gobierno arranca 2015 con pocas ambiciones en lo económico y muchas en lo político. Mientras que en materia política pretende reelegir al modelo, en lo términos económicos sólo aspira a contener el dólar y estabilizar la inflación en su nivel actual (que sea la segunda o la tercera más alta del mundo no parece ser, para el oficialismo, un demérito), aunque el atraso cambiario avance como un cáncer sobre las economías regionales (las exportaciones ya cayeron 12% en el acumulado a noviembre de 2014) y se pierdan un par de cientos de miles de puestos de trabajo adicionales a los más de 275.000 perdidos en 2014 hasta el tercer trimestre.
Para el Gobierno serán bajas justificables en pos de ese objetivo mayor de llegar dando la sensación que la situación está bajo control, esperando que la gente priorice esa “estabilidad aparente”, a la profunda destrucción institucional que vive nuestro país. ¿Pero puede cumplir el Gobierno estos modestos objetivos económicos? Para hacerlo necesita dos cosas: contener la emisión monetaria para no seguir alimentando los precios y el blue, y tener dólares para liberar aunque sea parcialmente el cepo.
Para ello el Gobierno necesitaría, además de refinanciar toda la deuda que vence más sus intereses (el equivalente a unos 18.000 millones de dólares), tomar unos 10.000 millones adicionales para financiar el déficit. El resto se solventaría con transferencias de utilidades del Banco Central lo cual dejaría la impresión de dinero en niveles que mantendrían la inflación en niveles actuales.
Este programa, aunque no imposible, parece difícil, aun si se normalizara nuestra relación financiera con el mundo (léase con un arreglo con los fondos buitre); pero el Gobierno parece decidido a avanzar sin acuerdo (aparentemente la RUFO fue una excusa nomás), por lo que la Argentina seguiría sin acceso al financiamiento en legislación internacional.
Se abren, entonces, dos escenarios. En el primero, el Gobierno busca financiarse en los mercados internacionales, pero colocando deuda en Buenos Aires con legislación local. Un movimiento en este sentido fue el fallido intento de emitir Bonar 2024 hace unas semanas, que terminó en un estrepitoso fracaso. Hay un debate sobre cuánto podría conseguirse en este mercado. Existen dudas sobre si el gobierno podría conseguir 3000 millones durante el año, pero hay certeza de que no podría conseguir 10.000, mucho menos 28.000 millones de dólares.
En el segundo escenario porque el Gobierno no lo quiere o por falta de oferentes, este financiamiento no está disponible. En este caso, únicamente queda replicar la estrategia de 2014. Esto implica financiar el déficit mediante una colocación de deuda en el sector financiero doméstico. De hecho, el motivo por el cual la inflación se estacionó en 2014 en los valores actuales a pesar del crecimiento del déficit fiscal, consiste en que buena parte de la emisión monetaria para financiarlo se vio compensada colocándole deuda (Lebacs) al sector financiero (así, lo que se emite por un lado se absorbe por el otro).
El resultado, en definitiva, es el de financiar el déficit público con deuda a los bancos, esto sí, a tasas cercanas al 30% nominal anual. La estrategia del desendeudamiento hace rato que fue…
Estas formas ya encontraron su primer límite en diciembre, cuando la explosión del déficit implicó una expansión del 13% de la base en el mes, que no pudo ser compensada del todo con más Lebacs. Así las cosas, se dejó para el arranque de 2015 un incremento de la base monetaria que debería ser revertido en parte al menos en enero o febrero, si se quiere evitar más presión sobre el dólar.
Si hubiera que financiar todo el déficit por esta vía, el stock de Lebacs (que ya subió de 2,8 a 5,3% del PBI en 2014) se iría a fines de 2015 a casi un 8% del PBI. Toda vez que existen depósitos del sector privado en el sistema financiero por 15% del PBI, el esquema podría llegar a darse, pero sería una bomba de tiempo, y el impacto recesivo de la absorción de todo este dinero, sumado a la restricción de dólares, relativo a los escenarios anteriores, ocasionaría un desastre en la economía. Al tercer trimestre de 2014 la economía caía un 2,7% interanual. Desde la reelección de Cristina Kirchner en 2011, el producto por persona lleva caído un 3,4%. ¿Cuánta más recesión sumaría en 2015?
La elección entre los tres escenarios (financiamiento internacional, con legislación local, o con Lebacs) parece obvia. Pero es difícil anticipar los movimientos de este Gobierno.
En Macbeth, las tres brujas contratadas por la esposa de Macbeth no logran convencer a este último de que lleve adelante su plan asesino para permanecer en el poder. Entra entonces en escena Hecate, la bruja más poderosa de todas, y le dice a Macbeth que “todo saldrá bien”, dicho lo cual éste se convence, continúa con su plan y desencadena una trama que lo llevará al desastre. Hecate, con una sonrisa, se da vuelta, mira a las tres brujas y les dice: “¡Ah!… la seguridad…, la perdición de los hombres”.

No hay que eliminar los subsidios a la energía

Es tan grande el uso de la mentira en el relato que construye el kirchnerismo que la tergiversación termina siendo la norma. Y claro, puede llevarnos a errores en los diagnósticos y en las soluciones propuestas. Esta confusión se presenta con el tema de las tarifas de los servicios públicos, hoy tan en boga por los cortes eléctricos, que señalan que algo está verdaderamente mal.
Hace años se habla del atraso creciente de las tarifas de servicios públicos como si fuera un cáncer que anticipa males peores. En las antípodas, los K muestran las tarifas congeladas en un país con una inflación del 25% casi como muestra de triunfo popular en contra de las corporaciones.
Y así vamos, sin ahondar en la verdadera causa de los problemas que sufrimos todos los días o de lo que verdaderamente está en juego. Lo de los K es realmente inentendible.
Gran parte del subsidio en el precio de la energía va a los más ricos, simplemente por el hecho que consumen más.
Pero lo peor es que la energía se paga enterita con plata constante y sonante de nuestros impuestos. Es que para producir electricidad pagamos el gas y el fuel oil importado al valor real que tiene en los mercados internacionales. En otras palabras, juntamos recursos del impuesto a las ganancias, de los impuestos al trabajo, del IVA o de la emisión-inflación, para subsidiar a los más ricos.
Si cobrarle a todos los argentinos para subsidiar primordialmente a los que más tienen es nac&pop, yo ya no entiendo nada.
Pero el planteo simplista de que hay que eliminar estos subsidios puede terminar haciéndole el juego al propio gobierno sin beneficiar a la gente.
El problema de las tarifas se divide en dos temas que prácticamente no se tocan.
Por un lado está el problema de lo que reciben las empresas distribuidoras y generadoras como para tener ingresos que compensen sus costos operativos y la inversión necesaria para mantenimiento y expansión de la red. Por otro está el subsidio de precios financiado por el gobierno nacional para que los costos de generación sean menores a los reales y el precio se pueda mantener fuertemente subsidiado en el área metropolitana (el resto del país no solo que se arregle sino que se ponga para pagar ese subsidio).
El tema es que estos dos problemas tienen una dimensión muy diferente. Con Andrés Chambouleyron calculamos que las empresas necesitan un reacomodamiento tarifario de solo unos 5.000 millones para poder tener una situación lógica de rentabilidad y financiar inversiones como para mantener la red en estado.
Esto sería el equivalente a unos 80 pesos promedio en la boleta de luz de todos los usuarios del AMBA. Estos 5.000, sin embargo, empalidecen en comparación con el subsidio al precio de la energía financiado por el gobierno que suma un valor de 70.000 millones anuales.
Lo decimos de otra manera: el gobierno toma 70.000 millones de lo que recauda por IVA, ganancias, o con emisión, y lo usa para que algunos usuarios paguen la luz menos de lo que vale. Si se sacara este subsidio, no se resolvería en nada el problema de oferta de la energía (en todo caso solo porque se reduciría la demanda). La eliminación del subsidio simplemente mejoraría las cuentas públicas.
Para recomponer la ecuación económica de las empresas que ofrecen los servicios se necesitan no 70.000 sino solo 5.000 millones, pero, esto sí, que vayan a las empresas para ser invertidos.
Por ello el discurso de subir las tarifas para eliminar los subsidios, en realidad sirve a los fines de mejorar las cuentas fiscales, pero no realmente a resolver el problema de las empresas y mejorar la calidad del servicio que recibe la gente.
Acá llegamos entonces al punto central. Porque si se ajustaran los precios para que sea el consumidor y no el Estado quien ponga esos 70.000 millones, la pregunta inmediata que debemos hacernos es qué va a hacer el Estado con ese dinero. ¿Va a bajar el IVA 5 puntos, que generan un ingreso por un monto equivalente? ¿Va a eliminar el impuesto a los débitos y créditos bancarios? ¿Se va a comprometer a no emitir 70.000 millones eliminando la inflación? ¿O va a embolsar los 70.000 millones para gastarlos en cualquier otra cosa produciendo una nueva transferencia de las familias al Estado que financie más corrupción y clientelismo? (Por ejemplo, sosteniendo más corrupción en nuevas empresas públicas, como ya hace con ARSAT, AYSA y Aerolíneas que solitas ya chupan casi 20.000 millones de nuestros impuestos). Mi impresión es que, de cara a los que se viene en estos dos últimos años del gobierno, corremos el riesgo que ocurra, justamente, esto último.
Hay razones micro y macro para que los precios de la energía valgan lo que tengan que valer. Y los usuarios deberían poner un poco más de plata para que las empresas puedan invertir. Pero este problema, relativamente menor, no debieran usarse para justificar un tarifazo, que en última instancia implicaría una nueva apropiación de recursos por parte del Estado a costa de todos nosotros. Es mucho más preferible que la plata vaya a las familias del AMBA que darle ese dinero a un gobierno que ya gasta demasiado y demasiado mal.
Por eso, si a alguien en el gobierno se le ocurriera bajar los subsidios, no solo hay que pedir que se haga únicamente sobre los más pudientes sin afectar a los que menos tienen, sino, y sobre todo desde el Congreso,asegurarnos que lo que se recaude de más, se compense con una baja de otros impuestos por un monto equivalente. Si no lo hacemos estaremos alimentando una transferencia de ingresos al Estado, que sin duda alguna nos empobrecerá aún más.