Proyecto de Ley: Modificación del artículo 194 del Código Penal, sobre convivencia ciudadana.

El Senado y Cámara de Diputados…
Proyecto de Ley de Convivencia Ciudadana
Modificación del Art. 194 del Código Penal
Art. 1: Sustituyese el art. 194 del Código Penal por el siguiente texto:
Art. 194.- “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años.
Cuando las conductas previstas en el párrafo anterior hayan sido realizadas en el marco de una reunión de personas que peticionan a las autoridades y no hayan ejercido violencia formal o material en las personas ni en las cosas, la pena será de una multa de Quinientos ($500) a cinco mil ($5000) pesos. No será punible la conducta descripta en el párrafo anterior si se garantizara la libre circulación en la mitad de los carriles por mano de circulación de las rutas nacionales, autopistas, semi-autopistas, avenidas, y calles para su utilización por el sistema de transporte público o privado de pasajeros y particulares. Asimismo se deberá, con un plazo no menor de veinticuatro (24) horas, dar aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento.
Para el caso que no pueda realizarse la individualización de los sujetos comprendidos en la norma, serán pasibles de lo prescripto en los párrafos anteriores las organizaciones que los nucleen y/o organicen y/o convoquen. En este caso, las multas se fijan en el doble de las previstas para los particulares.
Art. 2°: Invitase a las provincias a adherir a las disposiciones del artículo 1°.
Art. 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

Señor presidente:
En la Argentina se ha venido produciendo un fenómeno creciente en la protesta no institucionalizada como forma de llamar la atención de las autoridades y también del resto de la ciudadanía para que apoyen o dejen de apoyar determinadas políticas públicas (o incluso privadas) o comunicar su postura frente a determinada situación que le o les afecta y lograr obtener la notoriedad e influencia que otros mecanismos más institucionales le han vedado.
Este fenómeno se ha traducido, desde mediados de los años 90 en cortes masivos de rutas y arterias urbanas, como un intento por abandonar el anonimato y ser escuchados. Como señala Zaffaroni (1) , “Es claro que no cualquiera que sufre una injusticia puede interrumpir una calle o una ruta y menos aún dañar la propiedad ajena o incurrir en ilícitos mayores. Habiendo vías institucionales para reclamar derechos, no es admisible optar por las no institucionales. Pero lo cierto es que no existen Estados de derecho perfectos, y ninguno de los Estados de derecho históricos o reales pone a disposición de sus habitantes, en igual medida, todas las vías institucionales y eficaces para lograr la efectividad de todos los derechos.”
El derecho de protesta no sólo existe, sino que está expresamente reconocido por la Constitución Nacional, en el de peticionar a las autoridades (art. 14) y por los tratados internacionales universales y regionales de Derechos Humanos, pues necesariamente está implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18, Declaración Universal de Derechos Humanos), en la libertad de opinión y de expresión (art. 19), y en la libertad de reunión y de asociación pacífica (art. 20).
Sin embargo, esta forma de protesta, si bien legítima en su origen, se ha visto muchas veces excedida en sus formas, derivando en una confrontación innecesaria de derechos entre quienes se ven en la necesidad de reclamar y aquellos que ven perturbada su libre circulación por las arterias o rutas afectadas a dichas marchas. Es decir, en los últimos años, so pena de garantizar este derecho, se han afectado los de los demás ciudadanos, que aún simpatizando con los reclamos, ven coartada su libre circulación, también garantizada por la Constitución Nacional.
La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha reconocido que “las huelgas, los cortes de ruta, el copamiento del espacio público que se pueden presentar en las protestas sociales pueden generar molestias o incluso daños que es necesario prevenir y reparar. Sin embargo, los límites desproporcionados de la protesta, en particular cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente, comprometen seriamente el derecho a la libertad de expresión” . Según esto, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha reconocido que “la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Es cierto que su ejercicio puede ser abusivo y causar daños individuales y colectivos importantes”.
De hecho, vale la pregunta de cuánto le cuestan a la sociedad las constantes interrupciones de circulación que se observan permanentemente en todo el país. Obviamente es muy difícil incluir en dicho cálculo todos los elementos, pero algunas relaciones básicas permiten visualizar que el costo económico podría no ser despreciable. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el flujo vehicular privado de entrada y salida a la ciudad es de aproximadamente unos 10.000 vehículos por hora por las autopistas Illia y 25 de Mayo, con lo cual un corte que implique una demora de media hora para cada persona y dure unas dos horas, genera un costo equivalente a unos 500.000 pesos (asumiendo un costo horario en la CABA de unos 50 pesos la hora, correspondiente al salario medio en ese distrito) (2) . Este número, por supuesto, es una subestimación, ya que no incluye el impacto sobre el transporte público terrestre de pasajeros que moviliza un número aún mayor de personas. Ahora bien, multiplicado este número por el total de cortes en la ciudad, que alcanzó en el 2013 la cifra de 945, esto eleva el costo a 470 millones al año (el número equivalente para 2012 es de 425 millones). Estos cálculos aproximados, sirven para cuantificar el posible impacto de la protesta sobre el resto de los ciudadanos.
Por ello es necesaria la reforma propuesta en el presente proyecto de ley que se eleva, reglamentando y legalizando el derecho a la llamada “protesta”, con un criterio de Equidad, que establezca un marco de convivencia y tolerancia para el ejercicio de los derechos de unos y de otros.
En el concepto tradicional de tolerancia aparece, sin embargo, un dilema: la libertad de un individuo o grupo termina en donde empieza la de otro sujeto o grupo; asimismo, en la interpretación pluralista que ahora se discute, el principio de convivencia se ha transformado, estableciendo que el ejercicio de la libertad y los derechos de un ciudadano se convierte en una condición para el ejercicio de la libertad y los derechos del otro; Por un lado tenemos el derecho de transitar libremente -amparado por el art. 14 de la Constitución Nacional y protegido penalmente por el art. 194 del Cód. Penal-, por el otro tenemos el derecho de petición -que incluye el derecho de libertad de expresión- y de reunión, amparado por el art. 14 y 33 a Constitución Nacional, y protegido este último por el art. 160 del Cód. Penal.
Las normas que reglamentan el ejercicio de estos derechos deben, ante todo, ser respetuosas de las garantías constitucionales y el ordenamiento jurídico en general. Por ello, el planteo de una reglamentación moderna y eficaz sobre el derecho a expresarse, reunirse y peticionar a las autoridades debe ser realizada, en un marco de razonabilidad, con una relación de causalidad adecuada que implique, de conformidad con lo prescripto en el Art. 28 de la Carta Magna, una garantía real entre la solución adoptada y el derecho a proteger.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en numerosas oportunidades diciendo que los derechos consagrados en la Constitución Nacional no son absolutos, lo que en términos jurídicos equivale a decir que todos los derechos pueden ser reglamentados por una legislación dentro de un sistema de equidad y equilibrio con los demás derechos consagrados en ella.
La reglamentación, entonces, no puede caer en una arbitrariedad que implique una limitación tal que el derecho que se pretende encuadrar en un orden jurídico democrático caiga en un ámbito de negación del mismo. Bidart Campos lo ha expresado refiriendo que el principio de razonabilidad derivado de los arts. 28 y 33 de nuestra Carta Magna-establece, dentro de nuestro sistema constitucional, la exclusión de toda arbitrariedad o irrazonabilidad en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos (3)
En mismos términos se ha referido Gustavo Mauriño (4) “La construcción conceptual del principio de razonabilidad, siguiendo el tenor textual del Art. 28, se ha orientado casi exclusivamente a la limitación de la actuación “típicamente” reglamentaria de los derechos, ejercida -en el imaginario constitucional- mediante leyes del Congreso. No se ha construido como una doctrina general comprensiva destinada a encauzar el ejercicio de gobierno por parte de las autoridades políticas, sino como una doctrina específica destinada a testear cierta función particular y limitada, a saber, la de “reglamentación de derechos” -el llamado “poder de policía” en sentido amplio, asociado a la función de reglamentación general que se asigna a las leyes del Congreso en miras al bienestar general de la Nación”.
El principio de razonabilidad receptado por nuestra Carta Magna es una derivación original de La Constitución de los Estados Unidos. En el derecho constitucional estadounidense, los alcances del control de razonabilidad dependen del derecho constitucional afectado. En efecto, la Corte Suprema distingue entre el ejercicio del control de razonabilidad de leyes que incursionan en el ámbito socioeconómico y que afectan derechos de naturaleza económica (economic rights), en especial el derecho de propiedad y la libertad contractual, y el ejercicio del control de razonabilidad de leyes que afectan derechos de naturaleza no económica (non economic rights) (5) entre los que se encuentran el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, la libertad religiosa y otros derechos fundamentales.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos (6) estableció como regla general que para que una medida de policía (reglamentación de un derecho) sea razonable, los medios adoptados deben ser razonablemente necesarios y adecuados para el cumplimiento de los objetos legítimos comprendidos dentro del dominio de dicho poder. Para ser constitucional, una regulación legislativa sancionada en ejercicio del poder de policía debe tener una relación verdadera y sustancial con los derechos de la comunidad, la salud, la seguridad, la moral pública o algún otro aspecto del bienestar general. Además, la regulación debe tender al cumplimiento o la promoción de tales objetos en un grado perceptible y claro, sea en la prevención de algún daño o en la consecución de dichas finalidades. Los medios empleados no deben ir mal allá de las necesidades del caso.
Nuestro Máximo Tribunal (7) tiene dicho que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta iniquidad, y el principio de razonabilidad debe cuidar especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Ley Fundamental.
Por ello, el proyecto de ley que se eleva, pretende poner un orden sistémico a un problema que hoy día carece de solución pacífica en nuestra sociedad, creando un marco jurídico racional y razonable, en donde todos los actores sociales puedan ejercer sus derechos sin menoscabar los de la comunidad.
En cuanto a la legislación específica del área, nuestro sistema cuenta con una única herramienta vigente, el Art. 194 del Código Penal, que reza: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.
A diferencia del texto vigente del Art. 194 del Código Penal de la Nación, la propuesta se basa en diferenciar la conducta genérica y típica que expresa el mismo, frente al caso concreto de una protesta pacífica, sin crear un peligro común, que interrumpa la libre circulación del transporte público o privado. Dicha diferenciación, además de ampliatoria en razón de materia, establece criterios de ejercicio de las protestas y cortes sin que importen un menoscabo a su realización, con penas pecuniarias y de inhabilitación que abordan el tema desde un ángulo más contravencional que estrictamente penal. Entiendo que este último punto es fundamental para encuadrar el derecho que se reglamenta en sus justas consecuencias, frente al hecho disvalioso de la violación a la normativa propuesta.
Un rápido paneo sobre el cuadro de situación en algunos países de América Latina nos muestra que la protesta social dista de ser resuelta. Lamentablemente no se ha podido llegar a un punto equitativo y justo en donde se concilien los derechos de protesta y corte de rutas y arterias con los de libre circulación. En Colombia, hasta la Constitución de 1991, la protesta, en todas sus formas era un delito y no un derecho. La constitución mencionada reformuló todo el sistema consagrando como derecho fundamental el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, y dispusieron que la limitación al ejercicio de este derecho sólo puede establecerse mediante ley (art. 37, CN). Además, la Constitución también incorporó el derecho a la libertad de expresión (art. 20, CN), íntimamente vinculado al derecho a la protesta. El derecho colombiano regula la protesta mediante uso de la violencia; el artículo 469 del Código Penal vigente (ley 599 año 2000) establece que “Los que en forma tumultuaria exigieren violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones, incurrirán en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses”. Asimismo, el Código Penal, en su Art. 353, prescribe: “El que por cualquier medio ilícito imposibilite la conducción o dañe nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinados al transporte colectivo o vehículo oficial, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. El principal problema con el que cuenta Colombia, es la falta de regulación de las protestas no violentas lo que constituye un peligro en tanto se quiera aplicar la normativa penal sin distinciones, anulando los derechos que la Constitución de 1991 consagró.
En Chile, La Constitución de la República en el artículo 19, asegura a todas las personas: “La libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se comentan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado”. En tanto el numeral siguiente del mismo artículo reconoce “el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales que la Ley establezca”. Dada la regulación que tiene el derecho de reunión en Chile y la discrecionalidad que se le entrega a la autoridad, no es fácil que tenga aplicación el delito. En efecto, el elemento normativo “arbitrariamente” impone una exigencia típica que difícilmente podrá concurrir. La letra e del artículo 2 del Decreto Supremo 1086 (8) dispone que “si llegare a realizarse alguna reunión que infrinja las anteriores disposiciones, podrá ser disuelta por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”. Por consiguiente si un grupo de personas comienza a protestar espontáneamente y no se ha notificado con 48 horas de anticipación entonces se puede prohibir, disolver o suspender sin que exista arbitrariedad. El artículo 269 del Código Penal prescribe que “los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado, incurrirán en la pena de reclusión menor en su grado mínimo (61 a 540 días), sin perjuicio de las que les correspondan por el daño u ofensas causados”; asimismo, el artículo 495 numeral primero del Código Penal prescribe: “Serán castigados con multa de una unidad tributaria mensual; 1° El que contraviniere a las reglas que la autoridad dictare para conservar el orden público o evitar que se altere, salvo que el hecho constituya crimen o simple delito”. Como puede verse, todo lo que no cae en la esfera del Art. 269 lo hace en la del Art. 495, llegando a la conclusión que, por la vaguedad de los conceptos utilizados como por lo inespecífico de la normativa, en Chile la protesta puede ser criminalizada sin criterios de razonabilidad.
Similares respuestas se dan en el resto de Latinoamérica, con legislaciones que, por su ambigüedad, pueden alterar el normal ejercicio de los derechos, sometiendo la vigencia de estos a un criterio demasiado amplio que resulta carente de certezas y que puede tornarse en un disparador para criminalizar la protesta por la protesta misma. Claro está que en el derecho continental, lo normado es lo que obliga al agente, quedando a salvo todo lo que ella no prescribe (Art. 19, Constitución Nacional). Por ello, es indispensable generar la certeza mencionada a través de una ley que, preservando plenamente las conquistas en términos de libertad de expresión y protesta, con racionalidad, describa los derechos y deberes de quienes opten por la protesta no institucionalizada.
En cuanto a la modificación propuesta, un rápido análisis nos permite dividir al artículo en cuatro (4) puntos.
1) “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años.
Cuando las conductas previstas en el párrafo anterior hayan sido realizadas por una reunión de personas que peticionan a las autoridades y no hayan ejercido violencia formal o material en las personas ni en las cosas, la pena será de una multa de Quinientos ($500) a cinco mil ($5000) pesos.
El primer párrafo, que describe las conductas generales del tipo penal, permanecen inalterables, es decir, con su redacción original.
En el segundo párrafo, se legisla sobre el particular, describiendo una ampliación del tipo penal específico para el supuesto que, si la interrupción del transporte se realiza en ocasión de peticionar a las autoridades y la misma no implicare violencia en personas o cosas, corresponderá una pena pecuniaria a quienes resulten penalmente responsables. Reitero que esta solución, traducida en una multa, nos parece la más justa y congruente con el perjuicio causado al resto de la comunidad que no participa de la misma.
2) “No será punible la conducta descripta en el párrafo anterior si se garantizara la libre circulación en la mitad de de los carriles por mano de circulación de las rutas nacionales, autopistas, semi-autopistas, avenidas, y calles para su utilización por el sistema de transporte público o privado de pasajeros y particulares.”
Se plantea en este párrafo la exclusión de responsabilidad penal, si quienes ejercen su derecho de protesta pacífica, lo hicieren resguardando los derechos de los demás dentro de un escenario de liberación de carriles para su circulación. Es decir, el marco propuesto es equitativo, en la medida que protege los derechos de todos los que circunstancialmente se encuentren frente a una protesta resguardando el derecho de quienes decidan realizarla. Esta medida adoptada nos parece que es justa y respetuosa del estado de derecho, protegiéndose, no solo a quienes opten por el transporte público, sino a quienes lo hagan de manera particular, es decir, garantizando el derecho de circulación de todos sin excepción.
3) “Asimismo se deberá, con un plazo no menor de veinticuatro (24) horas, dar aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento”.
El plazo previsto de veinticuatro (24) horas es consignado a los fines de una mayor organización de los espacios y horarios por parte de la autoridad competente, sea nacional, provincial o municipal y de ningún modo importa autorización, ya que, como se ha dicho, el derecho de peticionar a las autoridades tiene rango constitucional y es inherente a la condición de ciudadano no pudiendo ser limitado por autorización alguna.
4) “Para el caso que no pueda realizarse la individualización de los sujetos comprendidos en la norma, serán pasibles de lo prescripto en los párrafos anteriores las organizaciones que los nucleen y/o organicen y/o convoquen. En este caso, las multas se fijan en el doble de las previstas para los particulares.
Quizás el párrafo más novedoso del proyecto sea que ante la falta de individualización de las personas que intervienen, las organizaciones civiles o sociales que los agrupen y/o convoquen promoviendo la marcha, sean penalmente responsables si incurriesen en la violación de lo prescripto en el presente artículo. El objetivo es darle a la norma proyectada un marco de eficacia toda vez que tanto en los cortes de ruta como de arterias urbanas y sub-urbanas, la realidad es que el sujeto individual se funde en un sujeto indiferenciado o colectivo, es decir indeterminado por las características propias de la protesta. Es razonable entonces que quién ha convocado a la marcha o corte, vele porque se cumplan las disposiciones mencionadas, articulando los mecanismos internos de cada agrupación para que los sujetos participantes garanticen los derechos de quienes quieren circular libremente. La exigencia de mayor carga económica en la multa tiene su justificación en que, siendo las organizaciones las que convocan a los individuos identificados con ellas, su compromiso con la seguridad y organización sea mayor. Se trata entonces de generar un marco jurídico donde dichas organizaciones asuman el primer control sobre sus convocados, cuidando que quienes son ajenos a la protesta no vean menoscabados sus derechos.
Por todo lo expuesto, y en la inteligencia que es necesaria esta ley para organizar a los individuos o grupos que quieren ejercer el derecho de expresión, de peticionar a sus autoridades y de reunión pacífica, conciliando dicho ejercicio con los derechos de aquellos que puedan ver afectados sus derechos, es que solicitamos se de aprobación al presente proyecto de ley.

 

Pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre el grado de ejecución física y financiera de las obras, hechas con recursos del fideicomiso de infraestructura hídrica (decreto 1381/01), y otras cuestiones conexas.

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien informar a esta Honorable Cámara lo siguiente:
– Grado de ejecución física y financiera de las obras financiadas total o parcialmente con recursos provenientes del denominado Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, creado por Decreto Nº 1381/01. Al respecto, detallar para cada obra, al menos: tipología y características técnicas generales; jurisdicción y localización exacta; monto total de la inversión comprometida, discriminando gasto en consultoría, expropiaciones y resto; porcentajes de ejecución física y financiera a la fecha; contratistas involucrados y mano de obra empleada; cumplimiento del plan de trabajos aprobado, indicando si los hubiere desvíos respecto de las previsiones contractuales y sus motivos; áreas productivas recuperadas (en hectáreas).
– Detalle mensual acerca del origen y la aplicación de los recursos integrados al referido fideicomiso, desde su constitución hasta la fecha, flujos mensuales discriminando por jurisdicción provincial.
– Plan de acción previsto a corto, mediano y largo plazo en materia de infraestructura hídrica, particularmente, precisiones acerca de aquellas obras proyectadas en la Cuenca del Río Salado de la Provincia de Buenos Aires y su vasta zona de influencia, en el marco del denominado Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado.
– Características del sistema de monitoreo utilizado para supervisar la efectiva ejecución de las obras de infraestructura hídrica comprometidas en el marco del Plan Federal de Control de Inundaciones.
– Toda otra información complementaria que estime pertinente.

 

FUNDAMENTOS:

 

 

Señor presidente:
Enorme preocupación genera entre los productores agropecuarios de diversas regiones de nuestro país la significativa demora registrada en la ejecución de un conjunto de obras de infraestructura hídrica comprometidas en el marco del Plan Federal de Control de Inundaciones, y sus inevitables consecuencias: caída de rindes agrícolas, principalmente de los cultivos soja y maíz, graves anegamientos y deterioro de rutas, caminos rurales y vías férreas, cuantiosos sobrecostos, etcétera.
Respecto al referido Plan Federal de Control de Inundaciones, cabe señalar que el mismo está a cargo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, siendo financiado con el producido del impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito o importación de combustibles, que fuera establecido en virtud de la Ley Nº 26.181 -en reemplazo de la Tasa de Infraestructura Hídrica creada por Decreto Nº 1381/01-, teniendo por objeto disminuir la frecuencia de las inundaciones, realizar un manejo equilibrado de los excedentes hídricos, prevenir eventuales desbordes, proteger la infraestructura vial, resguardar los centros urbanos y recuperar tierras productivas.
Asimismo, teniendo en cuenta la brutal sequía que actualmente afecta a varias provincias argentinas, considero oportuno el momento para realizar e intensificar todos los trabajos necesarios para prevenir futuras inundaciones en las zonas afectadas, aprovechando las facilidades de trabajo que esta situación presenta.
Este Honorable Cuerpo bajo ningún concepto puede permanecer ajeno ante la situación descrita, que afecta a miles de productores agropecuarios, generando un fuerte impacto negativo sobre nuestras economías regionales.
Es por ello que considero sumamente oportuno y necesario solicitar formalmente al Poder Ejecutivo las mayores precisiones al respecto, dando debida cuenta de su actuación en la ejecución de estas importantes obras de infraestructura, así como de la aplicación de los ingentes recursos públicos aquí involucrados ($1476,5 millones recaudados durante el ejercicio 2013 por el referido impuesto), de modo de poder completar un diagnóstico claro sobre el particular, y eventualmente promover desde el ámbito legislativo las acciones que se estimen pertinentes.
Por las razones expuestas, pongo a consideración de mis pares el presente proyecto de resolución.

Beneficio de Reparación Extraordinaria para los Derechohabientes de las víctimas del atentado de la AMIA

El Senado y Cámara de Diputados…
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º.- Tendrán derecho a percibir, por única vez, un beneficio extraordinario de reparación, a través de sus derechohabientes o por sí, en su caso, las personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas en ocasión del atentado perpetrado a la sede de la ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA), sita en la calle Pasteur Nº 633 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocurrido el 18 de julio de 1994, hayan o no iniciado juicio por daños y perjuicios contra el Estado Nacional.
El beneficio mencionado en el párrafo anterior, se instituye en cumplimiento del punto 6, contenido en el Acta de fecha 4 de marzo de 2005, firmada en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, en la audiencia celebrada en el marco del 122 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la petición Nº 12.204 del registro de la citada Comisión, en la que se reconoce la responsabilidad del Estado Nacional.
ARTICULO 2º. La reparación establecida por la presente ley tiene carácter de bien propio de la persona damnificada. En el caso de su fallecimiento, la indemnización respectiva, será distribuida haciendo aplicación analógica del orden de prelación establecido en los artículos 3.545 y concordantes del Código Civil.
Los efectos y beneficios de esta ley se aplicarán también a las uniones matrimoniales de hecho que tuviesen una antigüedad de por lo menos CINCO (5) años inmediatamente anteriores al hecho descripto en el artículo 1º de la presente ley, cuando ello se probare fehacientemente. En el supuesto que hubiera descendencia reconocida por el fallecido, el plazo de convivencia se reducirá a DOS (2) años.
La persona que hubiese estado unida de hecho concurrirá, respecto de la reparación establecida en la presente ley, en la proporción que hubiere correspondido al cónyuge. Si hubiera concurrencia del cónyuge supérstite y de quien hubiera probado unión de hecho concurrirán en partes iguales.
ARTICULO 3º.- Los efectos y beneficios de la presente ley corresponden a quienes acrediten los siguientes extremos:
a) El fallecimiento como consecuencia del hecho mencionado en el artículo 1º de la presente ley.
b) Haber sufrido lesiones graves o gravísimas como consecuencia del hecho mencionado en el artículo 1º de la presente ley.
ARTICULO 4º.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de la presente ley. La solicitud del beneficio se tramitará ante ese Ministerio, quien comprobará el cumplimiento de los recaudos necesarios para su otorgamiento. La solicitud de la reparación deberá efectuarse, bajo apercibimiento de caducidad, dentro de los TRESCIENTOS SESENTA (360) días de la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de la presente ley.
La resolución que deniegue en forma total o parcial la reparación, será recurrible dentro de los VEINTE (20) días hábiles judiciales de notificada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. El recurso se presentará fundado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien lo elevará a la Cámara con su opinión dentro de los DIEZ (10) días. La Cámara decidirá sin más trámite dentro del plazo de VEINTE (20) días de recibidas las actuaciones.
ARTICULO 5º- Las personas que hayan fallecido a consecuencia del atentado, tendrán derecho a percibir, por medio de sus derechohabientes, una reparación equivalente a la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado O, del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobada por el Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995) modificado por los Decretos Nros. 875/05 y 679/06, y sus modificatorios, por el coeficiente DOSCIENTOS (200).
ARTICULO 6º.- La reparación correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones gravísimas, según la clasificación que hace el Código Penal, será la suma equivalente a la prevista en el artículo 5 º, reducida en un TREINTA POR CIENTO (30%).
ARTICULO 7º.- La reparación correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones graves, según la clasificación que hace el Código Penal, será la suma equivalente a la prevista en el artículo 5 º, reducida en un CUARENTA POR CIENTO (40%).
ARTICULO 8º.- Los importes de las reparaciones previstos en la presente ley serán abonados en efectivo.
ARTICULO 9º.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendrá a su cargo la tramitación de los reclamos pertinentes, y luego requerirá al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, los importes necesarios para hacer frente al pago de la reparación.
ARTICULO 10º.- La reparación que estipula esta ley estará exenta de gravámenes, como así también estarán exentas de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las circunstancias o del vínculo, en jurisdicción nacional. La publicación de edictos en el Boletín Oficial será gratuita, cuando tuviere por única finalidad acreditar el vínculo hereditario con el causante a los fines previstos en esta ley.
ARTICULO 11º.- Si existieren acciones judiciales contra el Estado Nacional fundadas en los mismos hechos u omisiones a que se refiere la presente ley, al tiempo de obtener la reparación que la misma establece, quienes pretendan el cobro de la reparación, deberán desistir de la acción y del derecho ejercitados en los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por el mismo hecho.
En el supuesto que los beneficiarios o sus derechohabientes hubiesen percibido subsidios acordados por el Poder Ejecutivo nacional a raíz de los hechos mencionados en el artículo 1º de esta ley, los montos percibidos deberán deducirse del monto total que les corresponda como beneficio extraordinario, según las disposiciones de la presente norma.
Los beneficiarios o derechohabientes que hubieren obtenido y percibido por sentencia judicial una reparación inferior a la que deberían percibir conforme la presente ley, tendrán derecho a reclamar la diferencia a su favor. Si el monto judicialmente reconocido fuere superior al resultante a la aplicación de esta ley, no podrán acceder a la reparación que aquí se establece.
ARTICULO 12º.- La reparación obtenida por la presente ley es incompatible con cualquier acción judicial por daños y perjuicios promovidos contra el Estado Nacional derivados de las causales de los artículos 1º y 3º planteada por los beneficiarios o sus derechohabientes. La existencia de acciones judiciales por daños y perjuicios en trámite, al momento de hacerse efectiva la reparación a que hace mención el artículo 1º de la presente ley, implicará la necesaria opción por parte del interesado entre la prosecución del trámite judicial iniciado o la reparación que dispone la presente norma.
ARTICULO 13º.- El pago de la reparación a los damnificados, o derechohabientes que hubieren acreditado tal condición mediante declaración judicial, liberará al Estado nacional de la responsabilidad reconocida por el hecho que motiva la presente ley. Quienes hayan recibido la reparación en legal forma, quedarán subrogando al Estado Nacional si con posterioridad solicitasen igual beneficio otros derechohabientes con igual o mejor derecho.
ARTICULO 14º.- El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley dentro de los SESENTA (60) días contados desde su publicación.
ARTICULO 15º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
El presente proyecto es una reproducción del Expediente n° 0057-D-2011, que fuera presentado por los diputados FELLNER, EDUARDO ALFREDO y ROSSI, AGUSTIN OSCAR. El proyecto ha tenido tratamiento en comisiones, habiéndose logrado dictamen en el año 2011 (Orden del día n° 2215). Posteriormente no ha tenido tratamiento y considerando que es un compromiso internacionalmente asumido por el Estado Argentino corresponde reproducir los términos del citado expediente y sus fundamentos.
Como todos tristemente recordamos, el día 18 de Julio de 1994, nuestro país se vio sacudido por una de las máximas tragedias de su historia, cuando a causa del atentado perpetrado contra la sede de la ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA), perdieron su vida ochenta y cinco personas, resultando heridas, además, más de ciento cincuenta.
Por el año 1999, ante la falta total de justicia y la flagrante irregularidad de los procedimientos investigativos y judiciales posteriores, algunos organismos no gubernamentales que agruparon los reclamos de víctimas y familiares del atentado, efectuaron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dentro de ese marco, y en el proceso tramitado ante la CIDH, se convocó a las partes intervinientes a una audiencia que tuvo lugar el día 04 de Marzo de 2005, mediante la cual, se dio inicio al proceso de solución amistosa, en el contexto del artículo 41 del Reglamento de dicha Comisión, tal como se desprende del Acta suscripta en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, dentro del 122º período ordinario de sesiones de la CIDH.
En la misma, se reconoció la responsabilidad del Estado Nacional, suscribiéndose un acta, que posteriormente fue aprobada por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 812 del 12 de Julio de 2005.
Algunos de los incumplimientos asumidos por el Estado Nacional, se relacionaron con la violación de derechos humanos internacionalmente reconocidos por la Convención Americana, como el derecho a la vida (art. 4); derecho a la integridad física (art. 5); derecho a las garantías judiciales (art. 8 ) y derecho a la protección judicial (art. 25 ), etc.; reconociendo que existió incumplimiento de la función de prevención, por no haber adoptado las medidas idóneas y eficaces para intentar evitar el atentado, teniendo en cuenta que dos años antes se había producido un hecho terrorista contra la Embajada de Israel en Argentina; que existió, además, encubrimiento de los hechos, mediante un grave y deliberado incumplimiento de la función de investigación del ilícito ocurrido el 18 de julio de 1994 y porque este incumplimiento en materia de investigación adecuada, produjo una clara denegatoria de justicia, todo ello conforme fue declarado por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nro. 3 de la Ciudad de Buenos Aires en su sentencia de fecha 29 de octubre de 2004.
En el acta mencionada y en lo que hace directamente a las facultades y competencias de este Congreso; el Estado Nacional se comprometió, en el punto sexto del acuerdo, a promover la sanción de una ley de reparación para todas las víctimas del atentado.
Dando cumplimiento a ese punto, el Poder Ejecutivo Nacional, remite al H. Senado, el Mensaje N° 150/07 y Proyecto de Ley pertinente (expte.866/06), que ingresa en fecha 23/02/07 y caduca en fecha 29/02/08, sin obtener tratamiento alguno por parte de ese cuerpo.
Posteriormente, y ante ese hecho, remite también al Senado el Proyecto de Ley Nro. 25-PE-2008, mediante el cual se propicia indemnizar a las víctimas del atentado o sus derechohabientes, con el pago de un beneficio extraordinario que se estipularía a partir de multiplicar por un coeficiente determinado, la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado O, del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional.
En el trámite legislativo que se suscitó, en la Cámara de origen, el proyecto sufrió diversas modificaciones, siendo las más significativas las relacionadas al monto de las indemnizaciones, la forma de pago y el plazo de convivencia previa, para los casos de uniones matrimoniales de hecho.
En ese contexto, el Senado entendió que el coeficiente por el cual debía multiplicarse la remuneración mensual antedicha debía ser equivalente a doscientos y no a cien. De igual manera, se estipuló que el pago del beneficio debía efectuarse en efectivo y no en los bonos previstos por la legislación vigente en materia de consolidación de deudas del Estado Nacional.
Fuera del aspecto financiero, también modificó el plazo de convivencia previa para el caso de parejas convivientes de hecho, llevándolo a cinco años, en lugar de los dos previstos por el Proyecto original.
También, introdujo una norma ratificatoria del decreto que aprobó el acta, a pesar de no estar incluida dicha pretensión en el texto originario del proyecto.
Por último, introdujo algunas modificaciones relacionadas a los plazos de apelación de los recursos judiciales correspondientes y de la caducidad para la presentación de las peticiones pertinentes, que ciertamente, no resienten ni desnaturalizan, los aspectos modulares del mismo, sino que, por el contrario, otorgan mayores garantías procesales a los potenciales beneficiarios.
Con esa redacción, ingresa a esta H. Cámara de Diputados, bajo Expte. 50-S-09, de fecha 14 de Mayo de 2009.
Durante el tratamiento en la Cámara revisora, se producen diversas diferencias y opiniones, en relación a los cambios introducidos en el H. Senado, no llegándose a dictaminar por todas las comisiones competentes.
A grandes rasgos, las divergencias salientes se suscitan, una vez más, en los puntos relacionados precedentemente; siendo que algunos Diputados y Diputadas, propiciaban que el coeficiente se mantenga en CIEN y no en DOSCIENTOS, que el pago se concrete en bonos y no en efectivo, y mantenían los plazos procesales y de convivencia de las uniones de hecho, en la forma originaria y no como vino del H. Senado.
Por lo expuesto, y procurando unificar consensos, la iniciativa que ponemos a consideración de nuestros pares, contiene algunos aspectos normativos de una y otra sanción, siendo algunas de sus disposiciones y fundamentaciones las siguientes.
– Se elimina la ratificación del Decreto Nº 812 del 12 de julio de 2005, ya que el mismo no requiere acto legislativo alguno para otorgarle o refrendar su validez. Ello, en función de que dicho decreto es de mera administración y no recepta en su contenido, asuntos que sean de materia o competencia legislativas. De igual modo lo entendió el PEN al enviar el proyecto al Senado, cuyo original no contiene el requisito de la ratificación expresa de dicha norma. Además, se hace mención al asunto de competencia del Congreso, con un párrafo agregado al artículo posterior, que en rigor, pasaría a ser el primero del proyecto, y que lo relaciona directamente al punto 6 del acuerdo.
– Si bien es de mera redacción, parece adecuado clasificar a la reparación -al menos en su artículo inicial- como un “beneficio extraordinario”, tal como se menciona en el Proyecto del Poder Ejecutivo, en función de que el beneficio puede acumularse con otro obtenido (siempre y cuando no superen el de la ley con tal acumulación).
– Se elimina de la sanción del Senado la frase “VOCACION HEREDITARIA” del artículo correspondiente, ya que ese agregado puede resultar confuso, puesto que el carácter de “bien propio” no debe atribuirse sólo al caso de la sucesión, sino que en el caso de la indemnización de la persona que no falleció, el carácter “propio”, determinará que no es un bien ganancial, por ejemplo, para los casos de disolución de la sociedad conyugal.
– Se mantiene el pago en efectivo de los beneficios, ya que fue consensuado de esa forma con los familiares y derechohabientes de las víctimas.
– Por último, se mantiene el coeficiente a aplicar sobre la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado O, del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional en DOSCIENTOS (200).
Si bien, en este caso, la modificación que el Senado introdujo, transformando el coeficiente en “doscientos”, en lugar de los “cien” originales, parece diferenciarse de la propuesta del Ejecutivo, no es menos cierto, que el proyecto originario es del año 2007 (representado en 2008) y que el coeficiente duplicado, parece ser el más razonable y apropiado al contexto actual. Incluso en las versiones taquigráficas de la sesión de la Cámara Alta, se explicita que el monto fue acordado con las víctimas y contó, en ese momento, con el aval del Poder Ejecutivo Nacional
Algunas críticas que se han vertido en esta Cámara, sobre ese punto en particular, radican en el hecho de que en el caso de las leyes reparatorias de las víctimas de desaparición forzada de personas, Ley 24.411, el coeficiente que se utilizó fue el de “cien”. Lo cual es cierto, pero se debe destacar que en el momento de sanción de la norma el escalafón del SINAPA no era el mismo, ya que en este caso en concreto, no existía, como en la actualidad el grado 0.
No se puede suponer que porque una norma decía 100 y otra dice 200, la indemnización de una es superior a la otra. Una tomaba un escalafón de categoría A y otro de categoría A grado 0. Una se sancionó en el año 1994 con una realidad económica, con un valor del dólar, con un nivel de salarios, etc., y otra, tal vez en 2011, con otra realidad económica distinta. Cabe preguntarse quién podría indicar el medidor exacto para que ambas indemnizaciones sean equivalentes a través del tiempo transcurrido. El 100 y el 200, indican parámetros de cálculo, para llegar a un resultado y no que el Estado reconoce distintos niveles de ciudadanos, entre las víctimas de tales atrocidades. Tampoco resulta prudente comparar ambas indemnizaciones, tratando de recrear realidades económicas disímiles, proyectando si con tal o cual indemnización se podrían adquirir la misma cantidad de bienes en 1994 que en 2011.
Reiteramos se trata de parámetros, que en ambos casos 1994 y 2011 y esto es lo importante, contaron y cuentan con el acuerdo de las víctimas o sus derechohabientes y con el aval del Estado que es quien debe hacer frente a las obligaciones.
Es por lo expuesto, y por las razones que se ampliarán en el Recinto de Sesiones, que solicitamos a nuestros pares, nos acompañen en la sancionen del presente proyecto de Ley, resaltando que tal pretensión, se efectúa, respetando todas las opiniones vertidas sobre el particular y cuyas diferencias son de mera forma, ya que en el fondo de la cuestión, el acuerdo y el consenso es unánime. Por ello, los abajo firmantes intentamos amalgamar todas las redacciones subsistentes, pero con un objetivo primario fundamental; procurar subsanar la omisión del Estado Argentino durante tantos años y devolverles a las víctimas de ese lamentable suceso, su derecho a la dignidad y a la justicia, que no se logrará con el mero resarcimiento pecuniario, sino con la fuerza popular que conlleva la sanción de una ley votada por los representantes del Pueblo de la República, que es ni más ni menos, que el reconocimiento solidario que la Nación en su conjunto, le adeuda a sus compatriotas que fueron víctimas de ese terrible atentado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas legisladores y legisladoras que acompañen el presente proyecto.

Declarar como derecho fundamental de los ciudadanos el de relacionarse con la administración pública y con las empresas de servicios públicos a través de medios electrónicos (reproducción del expediente 5367-D-12).

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5367-D-2012

Código Civil: modificación del artículo 372, sobre reforma del régimen de alimentos para los convenios firmados y homologados en la República Argentina solicitando un seguro por muerte, incapacidad o discapacidad del alimentante (reproducción del expediente 2504-D-12).

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2504-D-2012

Concursos y quiebras (Ley 24522); modificacione sobre administración y disposición de los bienes del fallecido (reproducción del expediente 4017-D-10) (reproducción del expediente 0411-D-12).

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0411-D-2012