Discurso: Sesión especial Repsol – YPF

Señora presidenta: éste es un debate muy emocional para todos, especialmente para aquellos que tenemos una relación de vida con YPF, como es el caso de la diputada preopinante y mi caso, ya que durante varios años he sido economista jefe de YPF.
En ese entonces se trataba de una YPF que no anhelaba el autoabastecimiento porque lo había alcanzado. Era una YPF que tenía gerenciamiento nacional y que se proyectaba al mundo. Era una YPF que otorgaba los insumos para su desarrollo a las industrias química, petroquímica, de plásticos y de energía en la Argentina. Creo que esa YPF que perdimos es una medida de lo que hemos atrasado.
Dicho esto, quiero expresar que me parece que estamos ante un falso debate. Hemos escuchado discursos sobre la soberanía energética y sobre el autoabastecimiento, pero nada de lo que estamos discutiendo acá tiene que ver con eso, porque la soberanía de los recursos energéticos de la Argentina está claramente estipulada en la Constitución pertenece al pueblo argentino, y en el caso puntual de las reservas de hidrocarburos, pertenece a las provincias. Nada de lo que se está discutiendo acá tiene que ver con ese tema ni está en juego.
La soberanía energética del país se juega cuando las áreas se concesionan a empresas privadas o empresas públicas. Ese es el momento en el cual la renta petrolera tiene que ser capturada por el Estado. Así, mientras discutimos este tema, todos los días siguen ocurriendo casos de áreas petroleras que se van enajenando a privados, o incluso a empresas públicas, sin una apropiación debida de la renta.
El señor diputado Eduardo Costa dio los ejemplos más grotescos, si se quiere, cuando habló de las áreas que se han transferido a Cristóbal López y a Lázaro Báez. Creo que ninguna persona de bien que esté de aquel lado de este recinto se puede sentir orgullosa de esto.
Si cubrimos todo el espectro de las áreas se pueden dar muchos más ejemplos: Loma Campana –léase Vaca Muerta , Medanito, El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Restinga Lee, Sarmiento, Cañadón Perdido, El Trébol, Tierra del Fuego y Los Chorrillos. Estos son sólo algunos ejemplos de áreas petroleras que se han enajenado sin la debida apropiación de la renta. Esto está ocurriendo mientras nosotros discutimos este tema.
Con estos escándalos como telón de fondo, hace dos años el gobierno decidió la ocupación de la empresa YPF. Aclaro que al procedimiento que se utilizó se referirá el señor diputado Tonelli más adelante.
La ocupación fue el resultado de un fracaso. Fue el resultado del fracaso de una política energética que nos ha trasformado de exportadores en importadores. Fue el fracaso de un exótico pase de manos –al cual ya se han referido varios diputados por el cual el 25 por ciento de las acciones de YPF se pasó a un grupo privado, ni siquiera argentino, que el gobierno de Cristina Fernández había impulsado.
En aquel momento nosotros nos opusimos a la ocupación de la empresa YPF porque creemos que los argentinos no hemos aprendido la lección de que la Constitución está para ser cumplida y que siempre vamos a estar mejor si se cumple la Constitución que si no se cumple. Como dice el viejo adagio: “Dentro de la Constitución todo; fuera de ella, nada.” Cada desvío nos va a costar, y lo que ha ocurrido en este caso no es una excepción. De hecho, a partir de la ocupación de YPF menguaron las inversiones en el sector y hoy la producción de petróleo y gas en la Argentina es sustancialmente menor a la que había en ese momento. Ni la propia YPF se pudo mantener ajena a esos costos; de hecho, la producción de petróleo y gas de dicha empresa está prácticamente en los mismos niveles que tenía hace tres años.
Y como a su vez YPF no tenía acceso al financiamiento, el gobierno tuvo que elegir la opción de aumentar el precio de las naftas a todos los argentinos –en un 120 por ciento para conseguir un financiamiento supletorio de las necesidades de inversión de la empresa. Esto lo pagan todos los días muchísimos argentinos, e incluso en la reunión de comisión el ingeniero Galuccio nos dijo que ojalá pudiera subir el precio algo más.
El costo de esto lo reconoció el propio ministro de Economía en el Senado el 13 de marzo cuando dijo: “Quiero decir que para la República Argentina esto tiene un valor mucho mayor, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo Nacional, de este ministro de Economía, muchísimo
mayor, invalorable, que no me animo a traer una tasación, porque es invalorable haber concluido esta operación -si lo terminamos de esta manera- de forma amistosa, en plazos y
habiendo concluido todas las causas judiciales que pesan contra el país e YPF.”
¿Qué nos decía el ministro de Economía? Que lo que se había hecho tenía un costo incalculable e invalorable para el país. Él mismo nos estaba reconociendo el costo de aquel error que habíamos cometido al no cumplir la Constitución dos años atrás. ¡Qué paradoja! Después de dos años el gobierno viene a reconocer su error y propone cerrar el capítulo. Desde nuestro espacio creemos que es un capítulo que debe ser cerrado, porque los costos de dejar el proceso en la situación en la que se encuentra ahora son mayores que no hacerlo.
El diputado Feletti preguntaba si hemos hablado sobre el futuro. ¡Vaya si en la Comisión hemos hablado sobre el futuro y si hemos preguntado sobre eso! La operación y el futuro de la empresa generan dudas que no podemos dejar de mencionar. Estamos hablando de pedirle al contribuyente cinco mil millones de dólares que se pagarán hasta el año 2033, y no podemos justificar esto simplemente con el slogan de que es una decisión estratégica; debemos justificárselo al contribuyente.
Se nos decía que tomáramos el ejemplo de Petrobras. ¡Qué preocupante ejemplo a tomar! Digo esto porque hace tres años la acción de Petrobras valía cincuenta dólares, y hoy cuesta diez dólares. ¿Qué fue lo que pasó con Petrobras? Sucedió que comprometió cientos de miles de millones de dólares en yacimientos de aguas profundas, que sólo tienen una rentabilidad con un precio del petróleo muy alto. Como hoy no se avizora ese precio alto en el mercado, eso implica que dichas inversiones no se hicieron con rentabilidad.
Sobre este tema, le preguntamos al ingeniero Galuccio cuál era el precio de corte, es decir, el precio que se necesitaba para tener rentabilidad en Vaca Muerta. Se lo preguntamos porque tiene que ver con la decisión sobre si esta inversión va a poder devolver al contribuyente lo que éste está poniendo para hacer esta operación. La respuesta del ingeniero Galuccio fue tremendamente preocupante en dos sentidos.
Sabemos que las inversiones no son rentables porque YPF invirtió dos mil millones de dólares en Vaca Muerta en los últimos dos años y está produciendo tan solo 11 mil barriles de petróleo, que es prácticamente la nada misma en un país que produce 560 mil barriles diariamente.
El día anterior a que el ingeniero Galuccio se presentara en el plenario de las comisiones, había dicho en la Universidad Di Tella, en una presentación a la que asistimos, que todo el mundo sabe que Vaca Muerta no tiene rentabilidad y que no la va a tener por los próximos cinco años. Sin embargo, cuando asistió a esta Cámara, nos dijo que era rentable. Sinceramente, yo sentí que se nos estaba tomando el pelo.
También preguntamos en la Comisión por qué le pedimos al contribuyente que compre una participación en una acción cuando se financia a un costo de capital que es cinco veces el de sus competidores. ¿Por qué es relevante esta pregunta? Porque lo que se está queriendo saber es si la empresa va a poder generar la rentabilidad para devolver al ciudadano argentino lo que éste está pagando.
Si tiene un costo financiero muy alto, se va a producir una situación paradójica y absurda, que estoy seguro de que nadie en este recinto quiere, y es que la renta petrolera va a estar dedicada a pagar el alto costo financiero de operación de la empresa YPF. ¡Qué paradójico! Al final, usamos la renta petrolera para pagar el alto costo de capital, al cual se suma el costo de comprar en cuotas. Acá estoy simplemente hablando del financiamiento de la compra en cuotas. El hecho de comprar en cuotas implica al contribuyente un monto de 420 millones de dólares por año en concepto de intereses –no estoy hablando del capital-, cuando en el resultado de la empresa lo que corresponde a ese 51 por ciento está bien por debajo de eso.
Me imagino –no sé si los señores diputados lo han computado- que la rentabilidad que hoy obtiene Repsol por sus activos es sustancialmente menor al 8,75 por ciento que nosotros le estamos pagando. Así que estos señores estarán regodeándose por haber logrado colocar sus activos al 8,75 por ciento, al desprenderse de la empresa, cuando ellos solos en su gestión no lograban generar esa rentabilidad.
Un dato más: el gobierno, urgido por la necesidad de conseguir financiamiento externo –que hoy nos hemos enterado de que es lo que le impide cumplir con sus objetivos sociales, revirtiendo años de discurso sobre las bondades del desendeudamiento-, también ha barrido debajo de la alfombra los pasivos ambientales, tema sobre el que ya se habló en este recinto.
Me pregunto qué explicación les daremos a los contribuyentes cuando dentro de algunos años tengamos que pagar la limpieza del río Passaic de Nueva Jersey; me pregunto qué les diremos cuando vean que el dinero de sus impuestos es destinado, quién sabe por qué monto, a financiar esa obra.
Tampoco tuvimos respuesta cuando en la reunión de comisión quisimos saber si era cierto que YPF se había comprometido a pagar a Chevron 106 dólares por barril, de acuerdo con el contrato secreto que los tasadores no dijeron si pudieron tener acceso a él, y si los pasivos para la empresa estaban incluidos en la tasación.
Estamos frente a un acuerdo que genera sensaciones y pensamientos encontrados porque nada tiene que ver con la soberanía energética. Por el contrario, incentiva a las provincias a deshacerse de sus recursos y transferirlos a YPF, sin apropiar la renta, o a sus socios internacionales con el mismo criterio. Tiene un alto costo financiero y nos genera grandes dudas –recordemos el ejemplo de Petrobras-, que esperamos no se materialicen, sobre la rentabilidad futura de la empresa y su estructura de costos. Además, la tasación contiene puntos oscuros que no han sido aclarados y deja al contribuyente expuesto a riesgos vinculados con la productividad de YPF, el precio del petróleo y los pasivos ambientales que no entendemos muy bien por qué éste debe asumir.
Es preciso remediar una situación totalmente anómala que la Argentina todavía debe resolver.
Por los motivos expuestos, nuestro bloque se abstendrá en la votación del proyecto por el que se ratifica el convenio suscripto: no quiere avalar una decisión que empezó con un proceso jurídicamente improcedente que le costó mucho a los argentinos y, al mismo tiempo, no desea obstaculizarla. Entendemos que pese a las dudas planteadas, la incertidumbre jurídica que comenzó con un adolescente intento de confiscación debe ser subsanada.

Proyecto de Ley: obligatoriedad escolar a partir de los 3 años hasta la finalización de la Escuela Secundaria.

El Senado y Cámara de Diputados…
Art. 1° Modifíquese el Art. 16 de la Ley N° 26.206, el que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 16.- La obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de tres (3) años hasta la finalización del nivel de la Educación Secunda- ria. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades jurisdiccio- nales competentes asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, me- diante acciones que permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país y en todas las situaciones sociales.
Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

 

Señor presidente:
La educación constituye uno de los principales ejes del desarrollo humano, y tanto las neurociencias como investigadores sociales han comprobado que, cuando la misma inicia en eda- des tempranas, mayores son las posibilidades de lograr un desarrollo pleno de los niños y de sus cualidades futuras.
En la actualidad, ya se encuen- tra establecida globalmente la visión de la educación preescolar como un fac- tor de equidad social importante, pero estudios recientes han consolidado la perspectiva de que la educación temprana permite además aumentar la pro- ductividad de la sociedad en el largo plazo. Han demostrado que el período en el cual el cerebro es más eficiente para el aprendizaje comienza alrededor de los tres años de edad, por lo que una educación temprana de calidad es- timularía la generación de capital humano. Los especialistas en la temática resaltan el hecho de que, en los primeros años de vida, ocurre el mayor desa- rrollo del cerebro, y es el período en el que se adquieren las habilidades para pensar, aprender y razonar.
Hoy en día, ha ganado solidez empírica la idea de que la competencia en el lenguaje y la capacidad para leer y escribir en el sistema escolar, están en gran medida determinadas por la calidad del desarrollo del niño en su primera infancia.
Asimismo, la escolaridad tem- prana también tiene un amplio sentido social, al apoyar a los padres y ma- dres trabajadores, garantizándoles la seguridad de contar con espacios de cuidados y educación brindada por parte de profesionales para sus hijos.
Diversos estudios sostienen que la rentabilidad económica de la inversión en educación temprana es muy ele- vada, no sólo para el individuo en sí mismo, sino para toda la sociedad en su conjunto. James Heckman (Nobel de Economía en el año 2000) analiza (1) el rendimiento del capital invertido en las diferentes etapas del ciclo de vida, obteniendo resultados realmente elocuentes. Concluye que, en el largo plazo, el retorno de una determinada cantidad de dinero invertida en la educación inicial es marcadamente superior al de un mismo monto destinado a progra- mas escolares de educación media y superior.
Para dar una idea de las cifras, el autor sostiene que mientras el retorno por cada dólar invertido en la edu- cación temprana supera, de acuerdo a sus proyecciones, los ocho dólares a lo largo de la vida del individuo, la relación costo-beneficio de los gastos en educación media y superior rondaría los tres dólares por cada uno invertido, dando cuenta del significativo diferencial en términos de rentabilidad social que posee la educación preescolar.
Un sinnúmero de investigaciones y experimentos sociales recientes brindan aún mayor sustento a estos resul- tados. Uno de los más citados por la literatura especializada es el realizado por Schweinhart, Barnes y Weikart (2) , quienes estudiaron a un grupo de jóvenes provenientes de familias de bajos recursos en los Estados Unidos, entre los cuales un subconjunto recibió una educación profesional de calidad entre los 3 y 4 años, y los compararon con otros chicos que no habían recibi- do esa misma preparación, o al menos no en el mismo estándar de calidad. Luego, siguieron su desenvolvimiento en el transcurso de sus vidas y contras- taron ambos grupos a la edad de 27 años. Verificaron estadísticamente que los chicos que recibieron educación inicial de calidad a la temprana edad de 3-4 años, presentaron menor deserción escolar, un mayor nivel educacional completado, salarios más elevados, mejor desempeño académico posterior, y una menor proporción de ellos se vio en la necesidad de recibir planes de asistencia social estatal, en comparación con el grupo que no recibió la mis- ma educación temprana.
Este tipo de estudios (3) han permitido concluir que una educación temprana impacta positivamente, tanto en el corto como en el largo plazo, sobre la calidad de vida futura de los ni- ños y de la sociedad, y sus efectos son aún más significativos en los estratos sociales que viven en condiciones de pobreza, más vulnerables, que presen- tan tendencias marcadas hacia la deserción, repetir o ausentarse de la escue- la.
En términos de beneficios para la sociedad en su conjunto, estas experiencias demuestran que uno de los réditos más sustanciales que brindaría un impulso a la escolaridad temprana radica en la reducción de la criminalidad y la violencia a largo plazo. Por to- mar un ejemplo, según el estudio de Schweinhart et al. (que, como se dijo, se realizó en los EE.UU.), una mejoría en la educación inicial permitiría una disminución a la mitad de la cantidad de arrestos contabilizados en promedio hasta la edad de 27 años, siendo crecientes los beneficios sociales en cuanto se tiene en consideración la totalidad del ciclo de vida del individuo y la con- tinuación en el tiempo del estímulo a la educación temprana para las sucesi- vas generaciones de jóvenes.
Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998 por sus desarrollos teóricos en áreas relacionadas a la po- breza y al desarrollo económico y social, manifestó comulgar también con estas ideas. En su conferencia “Invertir en la infancia: su papel en el desarro- llo” (4) , expresó que la calidad de la primera infancia tiene importancia no sólo para lo que pase en la niñez, sino también para la vida futura. Las inver- siones para la infancia “son importantes por su propio derecho, debido a que ellas abren el camino para toda una vida de mejor salud y desempeño men- tal”.
Por otro lado, la cuestión de la escolaridad temprana también se encuentra instalada en la agenda y discu- sión a nivel mundial por parte de los organismos internacionales que se dedi- can a los temas relativos a la educación y la niñez. En el Foro Mundial sobre la Educación realizado en Dakar en el año 2000, la UNESCO ha definido un “Marco de Acción 2000-2015”, en el cual se estableció un diagnóstico y obje- tivos a cumplir en materia educativa por parte de los distintos gobiernos del mundo. El primero de los seis objetivos fundamentales establecidos en el Fo- ro, y adoptados por la UNESCO como prioritarios, consiste en “extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especial- mente para los niños más vulnerables y desfavorecidos”. Como es evidente, la presente medida se encuentra alineada en perfecta coherencia con dicho propósito.
En el “X Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar”, llevado a cabo en La Habana, en julio de 2012, la UNESCO fue explícita al declarar que “(…) la Organización ayuda a los países a concebir la educación y el aprendizaje como un sistema único compuesto de elementos interconectados. Así, una educación superior de calidad prepara docentes eficaces, mientras que unos servicios desiguales de atención y educación de la primera infancia generan posteriormente dispari- dades en los resultados de aprendizaje”.
A su vez, esta institución subra- yó entre los temas más rezagados en materia educativa, en la región de América Latina y el Caribe, la “insuficiente atención al desarrollo integral de la primera infancia”. La escolaridad obligatoria desde la edad de cuatro años apuntaría a remediar esta falencia, y sería un paso más hacia el abordaje y resolución de las problemáticas relativas a la niñez. En un informe preparado en conjunto por la UNESCO y Unicef, para la Conferencia Mundial de Atención y Educación de la Primera Infancia realizada en Moscú en septiembre del año 2010 (donde líderes de diversos países manifestaron un compromiso de apo- yo a la implementación de políticas de educación temprana en el mundo), se destaca que todavía persisten omisiones y debilidades en América Latina en lo respectivo a escolaridad temprana, en especial entre los estratos sociales más vulnerables y marginados.
En línea con este análisis, cabe destacar que, en la República Argentina, la proporción de niños que asisten a las salas de tres y cuatro años es muy desigual entre las provincias. Según datos del Censo de 2010, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aproximadamente el 80% de esa franja etaria asiste a un estableci- miento educativo, en Chaco, Corrientes, Formosa y Salta ésa cifra se encuen- tra en torno al 30% de los chicos, y en la mayoría del resto de las provincias el número ronda entre el 40% y 50%, como ocurre en Jujuy, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero y Catamarca. La media del país se ubica cerca del 55%. La presente medida permitiría alcanzar mayor homogeneidad entre todas las provincias, limando divergencias entre regiones, y avanzando hacia una mayor igualdad de oportunidades e integración social, a lo largo y a lo ancho de la Nación.
Ya la Ley Nacional de Educación sostiene la necesidad de universalizar la educación temprana desde los 45 días de vida. El objetivo está íntimamente relacionado con la realidad familiar contemporánea en tanto ambos padres deben retomar sus trabajos dentro de los plazos legales, para los empleos formales, o por cuestiones económicas en el caso de los informales. Será motivo de un debate posterior profundo la revisión de los plazos de licencia con goce de sueldo para los padres que quieran acompañar, al menos hasta el primer año de vida, a sus hijos en su desarrollo primario. Esta política, desarrollada principalmente en los países nórdicos, estimula la paternidad y la permanencia en la casa de al menos uno de los padres sin que importe una contracción de la economía familiar.
Vale aclarar que los países es- candinavos, por su nivel de desarrollo social y cultural, sumado a una estabi- lidad económica, son los que más retrasan la educación obligatoria estatal, la que comienza recién a los 7 años. En el resto de Europa, la edad promedio es entre 5 y 6 años de edad. De todas maneras, la problemática europea es sustancialmente distinta de la Latinoamericana, cuyos países se encuentran analizando extender a los 4 años la obligatoriedad escolar. Circunstancias como precariedad social, integración del infante con la sociedad, prevención de circunstancias disvaliosas como la drogadicción, delincuencia y pérdida de chances futuras hacen que el concepto “escuela” tenga una significación ma- yor en estas latitudes. No puede desconocerse que es en la escuela donde muchos pequeños obtienen entre una y dos comidas diarias debido a una transferencia del problema alimentario de las familias hacia el centro educati- vo. Por ello, legislaciones como la propuesta, desde una base real, deben ser consideradas como esenciales para nuestra sociedad.
La educación no es sólo un de- recho ineludible para todo ciudadano, sino que es un elemento esencial para el desarrollo económico y social de un país; y cuanto antes inicie la educación de un individuo, mayores serán las probabilidades de perfeccionar sus poten- cialidades a lo largo de su ciclo vital. Las evidencias científicas han compro- bado una y otra vez que el aprendizaje es generador de más aprendizaje, por lo que la inversión temprana en educación posee una rentabilidad social muy elevada, y permite la obtención de beneficios en el corto y en el largo plazo, no sólo para el ciudadano en sí mismo sino también para la sociedad como conjunto.
Un ingreso más temprano a la escolaridad tendría impactos muy positivos, con el transcurso de los años, sobre los índices de delincuencia, criminalidad y violencia, al enseñar e incul- car a los niños valores morales y éticos desde la primera infancia. A su vez, colaboraría en la generación de conciencia sobre los cuidados de la salud y el desarrollo físico, pudiendo resultar en la disminución de los costos de salud así como del consumo de narcóticos y drogas nocivas para el cuerpo en eda- des posteriores.
En términos de impacto sobre las cuentas fiscales, esta medida implicaría un redireccionamiento de recursos relativamente marginal, en comparación con los fondos ya destinados a la educación por parte de los Estados Provinciales y el Estado Nacional. Se es- tima que la implementación exitosa del presente proyecto ocasionará, como resultado, que comiencen a asistir a sala de 3 años entre 340.000 y 370.000 niños adicionales en todo el país, y a la sala de 4 años, entre 130.000 y 160.000. Tras analizar las erogaciones fiscales en concepto de educación, y relacionar estas cifras con el número de matrículas en establecimientos edu- cativos estatales (o con injerencia del Estado), hemos estimado el costo por alumno promedio. Teniendo en consideración la actual cobertura en cada provincia, de los datos se desprende que el costo presupuestario total a nivel nacional de la implementación de esta medida se ubicaría aproximadamente entre 0,34% y 0,39% del Producto Bruto Interno. Dicha cifra constituye un monto comparativamente muy reducido en relación con los seis puntos por- centuales del PBI ya estipulados para ser destinados a la educación por parte de las 24 jurisdicciones.
Este proyecto presupone que los presupuestos provinciales (jurisdicción responsable de la educación tempra- na) serán reasignados acordemente para dar cabida a estas erogaciones, habida cuenta del hecho de que está demostrado que la rentabilidad social de esta inversión supera, incluso, la de la educación en grados más avanzados. Como el planteo propone un cambio relativamente marginal en la cobertura educativa total, y en las partidas presupuestarias correspondientes, en un contexto donde parte de esta población ya se encuentra cubierta, el costo económico es sobradamente absorbible mediante una gestión eficiente de los recursos existentes.
Por otra parte, la obligatoriedad de la educación temprana a nivel nacional implica avanzar hacia un país más homogéneo, en el que se pondere, con la relevancia que merece, la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, desde el inicio mismo de la edu- cación preescolar. Esta medida repercute directamente generando mayor equidad social, al constituir un sendero adicional que posibilite la integración de los segmentos poblacionales más desfavorecidos, estimulando el incre- mento de sus aptitudes para insertarse de modo exitoso en el mercado labo- ral posteriormente. En el largo plazo, una educación temprana de calidad me- jora la productividad y competitividad de la sociedad, dado que genera incen- tivos para una menor deserción escolar, mejor desempeño académico, ayuda a estimular el alcance de mayores niveles educacionales; todo lo cual suele conducir también hacia niveles de ingreso superiores en el futuro.
En resumen, esta medida consti- tuye un paso más hacia la conquista de un bienestar social superior y de un mejor estándar de vida para la población en su conjunto, avanzando hacia una mayor igualdad de oportunidades, equidad e integración social, y hacia una convivencia ciudadana más armónica.

 

Link: http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=162165

Eliminación de los derechos de exportación de la semilla de girasol, aceite de girasol, girasol confitero y semilla descascarada.

El Senado y Cámara de Diputados…
Modificación de Derechos de Exportación de Girasol
Artículo 1. Elimínese los derechos de exportación de la semilla de girasol, aceite de girasol, girasol confitero y semilla descascarada, a partir de la promulgación de la presente ley.
Artículo 2. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
El cultivo de girasol tiene una larga tradición en la República Argentina. Nuestro país llegó a convertirse en líder mundial en exportaciones de aceite, lo que contribuye por lo menos en un 85% a la formación del precio del grano, que percibe el productor.
Concomitantemente al desarrollo de una oferta de materia prima tan significativa, se logró la instalación de un complejo industrial diseminado, entre el norte de la Provincia de Santa Fe y los puertos del sur bonaerense, que también incluye plantas de procesamiento en las provincias de Córdoba y La Pampa, entre otras.
En el caso de la Provincia de La Pampa, la industria del aceite es, sino la única, una de las pocas fuente de trabajo para varias localidades.
La cadena de valor se fue organizando en torno al formidable éxito exportador que se logró, sin dejar de abastecer en ningún momento el mercado argentino.
La fuerte competencia externa, combinada con elevados derechos de exportación y el atraso cambiario, perjudicó muy particularmente al cultivo, dificultando la inversión de los productores y complicando la situación de las empresas procesadoras así como las proveedoras de insumos. Esto ha causado la casi definitiva pérdida de mercados externos del complejo, ya que éste no recibió ningún tipo de acompañamiento oficial para hacer frente a una combinación tan adversa de factores.
Los derechos de exportación afectan directamente la rentabilidad del cultivo, agravándose aún más la situación cuando los precios internacionales bajan. Si se hubieran reducido los derechos de exportación, con un tipo de cambio de equilibrio, la cadena de valor del girasol hubiera podido resistir eficientemente el embate de los países de Europa Oriental ya que, por ejemplo, los rendimientos por hectárea obtenidos por el productor local, son mayores a los alcanzados por nuestros competidores.
Lamentablemente, no hubo atención oficial a los insistentes reclamos del complejo y la Argentina, como proveedor mundial de aceite de girasol, pasó del 55% en 2001/02, al 9% en 2013/14. Mientras tanto Ucrania, por ejemplo, crecía de una participación del 16,1 al 57,8%.
Con el nivel de producción actual, la industria aceitera se encuentra con una elevada capacidad ociosa, lo que induce a una menor demanda de mano de obra y a una sustantiva reducción de las horas trabajadas, sobre todo en aquellas plantas que no pueden complementar su molienda con el empleo de la soja.
De persistir esta situación nos encontraríamos a las puertas del cierre de plantas de procesamiento e industrialización, con el consiguiente efecto de la existencia personas desocupadas. Al destruir la cadena productiva de este cultivo, Argentina perdería el reconocido liderazgo mundial, científico y tecnológico conseguido en los últimos treinta años.
Como consecuencia de lo anterior, el valor de facturación global del complejo, que superaba no hace mucho los 2.300 millones de dólares, solamente alcanzará los 1.440 millones de dólares en 2014, siendo las exportaciones de apenas 464 millones de dólares, en el mejor de los casos, menos de un tercio de las obtenidas en 2006/07.
La orientación fiscal de la política oficial está consiguiendo resultados que van en contra, incluso, de sus propios intereses.
Así, con los impuestos actuales y la producción esperada por el Ministerio de Agricultura, de 2 millones de toneladas, la recaudación de Derechos, apenas alcanzará en el 2014 los 95,4 millones de dólares, restando base gravable a los restantes impuestos, incluso provinciales y locales.
Este sector que exporta el grueso de su producción con valor agregado, debe resignarse a perder significación, incluso en provincias donde el cultivo de girasol no tiene alternativas más eficientes, como son La Pampa, regiones de la Provincia de Buenos Aires o Chaco y el Norte de Santa Fe.
La cadena de valor de girasol genera aproximadamente un valor agregado del 53% al 55% del valor bruto de su producción. Por ende, constituye un sector que merece el cuidado de la política pública.
Los productores necesitan que esta oleaginosa aumente su rentabilidad y recupere su competitividad.
El complejo no está en condiciones de soportar otro año por debajo de lo que se suele llamar el “punto de equilibrio”. Esto es imprescindible para mantener en actividad a científicos, (reconocidos mundialmente), productores de insumos, productores de materia prima y una cadena industrial y comercial, que agrega valor y empleo de alta calidad, siempre y cuando no se la discrimine injustamente.
En este sentido y, considerando la importancia del cultivo y su cadena de valor asociada, distribuida a lo largo y ancho de ocho provincias argentinas, solicitamos la urgente eliminación de los derechos de exportación para el complejo aceitero que procesa girasol como así también para la exportación de materia prima, como grano sin procesar, de modo que sirva para la protección de la importante industria instalada en la Argentina que, como se dijo, está distribuida regionalmente de manera próxima a las fuentes de materia prima.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los Sres. Diputados den aprobación a la presente iniciativa.

Discurso – Sesión informativa del Jefe de Gabinete de Ministros

Señor presidente: más allá de la intensidad casi religiosa de algunos colegas, quiero decir que es un hecho muy positivo que el señor jefe de Gabinete esté hoy aquí, y esperamos que se repita la visita.
Nuestro enfoque va a ser diferente porque no vamos a hacer discursos ni diagnósticos, ya que todo el mundo conoce los de ustedes y los nuestros; vamos a hacer preguntas muy puntuales y concretas entre todos los integrantes de mi bloque, de allí la lista de oradores tan amplia.
Hemos visto que en la discusión hasta ahora se ha tratado cómo se gastan los recursos públicos. Es una pregunta que va y vuelve porque es un tema donde el Congreso tiene un papel fundamental al considerar la ley de presupuesto de gastos y recursos, donde se debe asegurar que el gasto público y su financiamiento se haga con un criterio de inclusión social e igualdad de oportunidades.
En ese contexto, me gustaría empezar preguntando cómo se justifica para un votante, para un trabajador que paga el IVA, para quien paga sus cargas laborales y el impuesto inflacionario, el pedido que todos los años hace el gobierno nacional –es mejor tomar un gasto puntual para ilustrar lo que ocurre de 600 millones de pesos, que es lo que le cuesta al Estado argentino que Aerolíneas Argentinas vuele entre Buenos Aires y Madrid. ¿En qué sentido eso aporta a la inclusión social y a la igualdad de oportunidades? Me gustaría que el señor jefe de Gabinete lo conteste.
En el documento que nos entregó –tuve bastante tiempo para mirarlo usted responde sobre el tema. Todos sabemos que Aerolíneas recibe 3.500 millones de pesos de subsidio, y que la pérdida está concentrada en el segmento internacional. Me gustaría que me explique cómo el gasto de miles de millones de pesos de los impuestos de los argentinos es la mejor manera de generar inclusión e igualdad de oportunidades.
Entendemos que tanto ustedes como nosotros apuntamos a proteger la producción nacional, sobre todo en un ámbito tan estratégico como la energía. En ese contexto, me gustaría una explicación de por qué el gobierno nacional está dispuesto a poner recursos de los contribuyentes argentinos para comprar gas importado a 17 dólares el millón de BTU, o gas boliviano a 10 u 11 dólares el millón de BTU, mientras que al productor argentino, que contrata empleo argentino, que invierte y genera divisas y producción sólo se le reconocen 2,30 dólares el millón de BTU.
Si el gobierno está dispuesto a usar esos recursos, ¿por qué dárselos a los extranjeros y no a los productores argentinos y a nuestros trabajadores? Esta es una de las preguntas que le entregamos por escrito y no fue respondida en el documento.
Por último, quiero hacer un comentario sobre la explicación de los temas metodológicos referidos a los cambios de los índices de precios y del producto bruto interno. Esto es algo que hemos discutido mucho con la señora diputada Patricia Giménez, del bloque de la Unión Cívica Radical.
Quiero comentar al señor ministro que el índice de precios mayoristas no vio modificada su metodología de cálculo en absoluto. Sin embargo, hasta diciembre reportaba números que estaban muy por debajo del 1 por ciento, mientras que desde enero reporta valores superiores al 4 por ciento, sin que se registre ningún cambio de forma de cálculo. Lo que esto quiere decir es que antes se mentía y ahora no. Si el señor ministro me lo permite, quiero decirle que lo felicito porque hoy se mienta menos.
Asimismo, deseo expresarle que se sigue mintiendo en cuanto al valor del producto bruto interno y con los índices de inflación y desempleo, aunque menos que antes. Me parece que eso, por lo menos, constituye un pequeño paso hacia adelante.