Discurso: Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral

Señora presidenta: cuando abordamos el tratamiento de este proyecto, por las sensaciones y reacciones que me generaba –que son diversas- vinieron a mi mente algunos párrafos de un viejo cuento infantil de Charles Perrault, que ya se van a enterar cuál es.
Dice así: “Pero ellos le advirtieron: -Cuídate. Tu madrastra puede saber que vives aquí y tratará de hacerte daño.
“La malvada madrastra de Blancanieves, que, en realidad, era una bruja y consultaba a su espejo mágico para ver si existía alguien más bella que ella, descubrió que Blancanieves vivía en casa de los siete enanos. Se puso furiosa y decidió matarla ella misma. Disfrazada con su magia negra de horrible, anciana y vieja bruja, la malvada reina preparó una manzana con veneno, cruzó las montañas y llegó a la cabaña de los siete enanitos.
“Blacanieves, que sentía una gran soledad durante el día,…”, se ve que Perrault también era un poco psicólogo, “… pensó que aquella viejita no podía ser peligrosa, la invitó a entrar y acepto agradecida la manzana, al parecer deliciosa, que la bruja le ofreció. Pero con el primer mordisco que dio a la fruta, Blancanieves cayó como muerta.”
¿Por qué traigo a colación estos párrafos de este cuento? Porque como comúnmente ocurre en el oficialismo, se empaquetan cosas buenas con cosas malas. Esto nos genera una reacción, porque queremos aceptar lo bueno pero no lo malo, pero no tenemos la posibilidad de hacerlo porque está todo enfrascado dentro de la misma manzana. Justamente, durante mi exposición voy a decir cuáles son las cosas buenas y cuáles las malas.
En ese sentido, debo empezar con una felicitación hacia los integrantes del bloque del Frente para la Victoria, porque durante el mes de marzo planteamos en un debate público la necesidad de bajar los impuestos al trabajo. La respuesta a ese planteo la recibimos a través de la agencia Télam. Dice Télam: “El diputado nacional del Frente para la Victoria…” –no importa el nombre porque no es un tema de personas- “…rechazó hoy la propuesta de su par del PRO Federico Sturzenegger de reducir los impuestos laborales, y advirtió que ese planteo es la reedición de una medida ya aplicada por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y que no tuvo efectos sobre la desocupación.”
Esta declaración no fue hace mucho tiempo; fue en marzo, hace tres meses, y provino de la manifestación de un miembro del Frente para la Victoria. Así que debo felicitarlos porque la ductilidad argumentativa del Frente para la Victoria es sorprendente. Pero está muy bien, a lo mejor los convencimos. Me parece excelente que podamos desideologizar el debate, sacar los rótulos a las cosas, discutir en serio cuáles son las cosas que mejoran la vida de la población y el trabajo. Me parece excelente.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Señor diputado: el señor diputado Recalde le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Sturzenegger.- Sí, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Recalde.- Señora presidenta: agradezco al señor diputado por la interrupción.
Debo confesar que el diputado al que se alude era yo, y aclaro que en aquel momento dije que la rebaja de las contribuciones patronales no crea empleo, y lo sostuve nuevamente ahora. Lástima que el señor diputado no me escuchó, porque dije que “indirectamente” puede crear empleo.
Entonces, confieso que he sido yo, pero no he pecado. (Risas.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Sturzenegger.- Puede crear empleo indirectamente, está muy bien.
Coincidimos en algo. Yo creo que la baja de aportes está en el centro de la informalidad en la Argentina, que nace del mercado laboral y de allí alimenta al resto de la economía, como muy bien sostiene el diputado Néstor Pitrola en su dictamen de minoría.
Es claro que cuando se baja el impuesto a un bien, como a cualquier bien, se va a usar más. Si ponemos muchos impuestos al trabajo formal, se usará menos. Subimos al impuesto al tabaco para que se use menos tabaco. Bajamos el impuesto al biodiésel para que se produzca más biodiésel. Es una cuestión elemental y básica de la economía.
En consecuencia, estamos de acuerdo con el enfoque del proyecto en el Título II, que es la parte buena de la manzana. Pero lamentablemente no es el centro del proyecto, que es la creación del REPSAL, la modificación de las condiciones de inspección del trabajo y el avance del gobierno nacional sobre las autoridades provinciales y de la ciudad de Buenos Aires.
¿Cuál es la parte mala de la manzana? Que es un proyecto que nuevamente intenta concentrar el poder y generar una Argentina con menos federalismo. A título informativo, a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les preocupan las modificaciones de los artículos 29, 30 y 31 de la ley 25.877, tema que analizarán en mayor detalle mis compañeros de bloque.
De modo que me voy a concentrar en el mecanismo de la baja de los aportes. Este es un momento importante, porque en setiembre de 2011 la Argentina tenía 18.900.000 personas empleadas, y hoy sólo tiene 18.600.000. Hemos perdido 300 mil puestos de trabajo y sabemos además que en este período aumentó fuertemente el empleo público, con lo cual la reducción en el sector privado ha sido muy grande.
En tanto y en cuanto haya una diferencia tan grande entre lo que paga el empleador y lo que recibe el empleado, no podremos progresar de manera significativa en la lucha contra la evasión por el trabajo en negro.
Hay una diferencia del 40 por ciento entre lo que paga el empleador y lo que recibe el trabajador. Pareciera que a todos nos preocupara el empleo formal, pero nunca ponemos mucha atención en reducir los impuestos de ese sector. Voy a dar un ejemplo de lo que se podría hacer.
La semana pasada, entre lo que decidieron el Congreso y el Ministerio Economía y Finanzas Públicas, se rebajaron en 3.300 millones de pesos los impuestos a la industria del biodiésel. Ese monto hubiese servido para financiar los aportes y las contribuciones de un millón de asalariados que tienen los menores niveles de ingresos. Ello hubiese implicado una mejora inmediata del 16 por ciento del sueldo y una reducción del costo salarial del 15 por ciento, respecto de ese millón de trabajadores.
A veces escucho decir que estas políticas de reducción de aportes y contribuciones podrían ser perjudiciales para los trabajadores, pero sinceramente no puedo entender que se diga eso. No comprendo cómo puede llegar a ser perjudicial para un trabajador el hecho de que se quite un impuesto a él o a quien lo emplea, y que los aportes correspondientes sean financiados, por ejemplo, por la industria del biodiésel.
En relación con la manera que el proyecto propone para efectuar la rebaja de aportes tengo cuatro observaciones, fundamentadas en el dictamen de minoría que presentamos.
En primer lugar, la reducción se limita a empresas con menos de cinco empleados. Por ejemplo, si una microempresa que tiene esa cantidad de trabajadores está pensando en contratar un sexto o séptimo empleado, sufrirá una pérdida de beneficios. Ello genera un desincentivo en cuanto a la contratación. Por lo tanto, entiendo que estamos en presencia de un mal diseño técnico.
En segundo término, la desgravación por tamaño de empresa no es la mejor forma de generar equidad distributiva en la reducción. En las empresas con menos de cinco empleados trabaja el 11 por ciento de la masa salarial, pero el haber promedio de esos trabajadores es de aproximadamente 7.000 pesos; mientras tanto, el 20 por ciento de los empleados con menores ingresos está por debajo de los 5.000 pesos. Es decir que no estamos otorgando una facilidad a la gente que se halla en situación de mayor desprotección o que tiene menores niveles de ingresos, sino que apuntamos hacia un lugar que está en el medio en cuanto a distribución de salarios en la Argentina.
En nuestro dictamen planteamos que la desgravación debería producirse por nivel de ingresos; o sea, mayor desgravación cuanto mayor es el nivel del salario, con una escala gradual. Así, realmente atacaríamos el sector donde existe mayor informalidad, esto es, el de los jóvenes que están buscando su primer empleo o el de los denominados “nini”, que generalmente se ubican en ese rango de ingresos y no más arriba.
Por otro lado, como señalara el señor miembro informante, existe una cuestión de equidad. Me pregunto por qué el empleado de una empresa grande que gana menos que el de una empresa chica, no puede ser beneficiario de una desgravación. Sin embargo, sí puede serlo quien percibe ese mayor salario y trabaja en una empresa más pequeña.
Preguntamos en la comisión al señor ministro Tomada por qué no se procedía de esa manera –lo cual, a mi juicio, genera mayor equidad distributiva-, pero me dijo que se trataba de visiones diferentes del mundo.
La baja gradual de los aportes y las contribuciones sobre los salarios de menores ingresos es la manera más efectiva de combatir la informalidad, en vez de poner más garrotes, trabas y burocracia al universo de empresas, pues con ello probablemente se reduzca la cantidad de empleo.
Las dos observaciones finales son las siguientes. Para las empresas intermedias –o sea aquellas que tienen entre cinco y ochenta empleados- el esquema es muy limitado. Primero, existe una limitación temporal, pues se presenta hasta que el gobierno termine su mandato, y segundo, únicamente se actúa sobre el incremento de la masa salarial. En consecuencia, el impacto será relativamente menor, y al ser transitorio, difícilmente se llegará a un blanqueo significativo de la masa laboral.
La cuarta observación se refiere a que el esquema financiará el presupuesto de los recursos a las contribuciones patronales. En toda la discusión –tanto en comisión como acá- nadie dijo cuál será el costo fiscal de esta medida. Bastante poco ordenado resulta para el Congreso de la Nación aprobar una ley sin que se sepa cuál habrá de ser el costo fiscal de la medida que se implementa.
Tampoco se sabe de dónde saldrán los recursos, pero supongamos que en todo esto se resolviera y se concluyera que hay que poner estos recursos. La pregunta que cabe formular entonces es por qué se empezó con las contribuciones patronales y no con los aportes personales. De la misma manera, se podría haber elegido bajar los aportes personales, lo que hubiera generado una mejora inmediata en el salario de los trabajadores. ¿Por qué no se adoptaron ambas medidas y se comenzó por los aportes patronales? Tampoco se nos respondió por qué se procedió de ese modo.
Había indicaciones de que este proyecto tiene un costo fiscal de 4.000 millones de pesos. Eso alcanzaría para pagar los aportes y las contribuciones del 12 por ciento de los trabajadores argentinos que tienen los menores niveles de ingreso. Esa sí sería una distribución más justa que se traduciría en más inclusión para la sociedad argentina.
Para cerrar vuelvo a la metáfora de la manzana. Hay algo que está bien en este proyecto, tenemos que bajar los impuestos al trabajo. Si lo hacemos tendremos mayor formalidad, pero esto está contemplado en un proyecto donde se nos pide que debilitemos el federalismo en nuestro país y concentremos más poder en el Ejecutivo. Ese es el dilema: se muerde la manzana o no se muerde la manzana.

Proyecto de Ley: reducción de las cargas patronales.

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1. Todos los empleos registrados con la excepción de la modalidad contractual regulada por el artículo 18 de la ley 26.727 gozarán de una reducción de las cargas patronales establecidas en el régimen general con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social:
a) SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO, Leyes Nros. 24.241 y
26.425;
b) INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS, Ley N° 19.032 y sus modificatorias;
c) FONDO NACIONAL DE EMPLEO, Ley N° 24.013 y sus modificatorias;
d) RÉGIMEN NACIONAL DE ASIGNACIONES FAMILIARES, Ley N° 24.714 y
sus modificatorias.
e) REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES
AGRARIOS, Leyes Nros 25.191 y 26.727.
La reducción mencionada, se establecerá según la siguiente formula: 50% para todos aquellos que ganen el 50% del salario mínimo vital y móvil (SMVM). Por cada incremento de hasta el 25 % del equivalente al SMVM, el descuento se reducirá un 10%. El presente beneficio regirá para todos los ingresos inferiores o iguales al 150% del SMVM.

Tabla descriptiva
CUADRO 1

Las reducciones citadas no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de seguridad social. El poder ejecutivo tomara los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación señalada.
No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones previstas en la Ley N° 23.660 y sus modificatorias, con destino a las obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, previstas en la Ley N° 24.557 y sus modificatorias.
Artículo 2. Todos los empleos con la excepción de la modalidad contractual regulada por el artículo 18 de la ley 27727 gozarán de una reducción de los aportes personales establecidos en el régimen general con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social:
a) SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO, Leyes Nros. 24.241 y
26.425;
b) INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS, Ley N° 19.032 y sus modificatorias;
c) FONDO NACIONAL DE EMPLEO, Ley N° 24.013 y sus modificatorias;
d) RÉGIMEN NACIONAL DE ASIGNACIONES FAMILIARES, Ley N° 24.714 y
sus modificatorias.
e) REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES
AGRARIOS, Leyes Nros 25.191 y 26.727.
La reducción mencionada, se establecerá según la siguiente formula: 50% para todos aquellos que ganen el 50% del salario mínimo vital y móvil (SMVM) Por cada incremento de hasta el 25 % del equivalente al SMVM, el descuento se reducirá un 10%. El presente beneficio regirá para todos los ingresos inferiores o iguales al 150% del SMVM.

Tabla descriptiva
cUADRO 2

No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones previstas en la Ley N° 23.660 y sus modificatorias, con destino a las obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, previstas en la Ley N° 24.557 y sus modificatorias.
Articulo 3. De forma.-

 

FUNDAMENTOS:

Señor presidente:
No hay política más relevante a la construcción de una sociedad y economía robusta y digna que la defensa del empleo. No hay quien no se angustie con la informalización, o que no esté convencido de que un aumento del desempleo es el peor flagelo que le puede ocurrir a una sociedad.
Sin embargo, a pesar de toda esa energía emocional, el sistema político parece distraído respecto de los altísimos impuestos que paga el trabajo en la República Argentina. Por cada 1.000 pesos de remuneración neta que recibe un asalariado, empleador y empleado deben pagar 360 pesos de cargas para poder llevar adelante la contratación. Más allá de la retórica, el trabajo en Argentina parece ser tratado no como algo que hay que promover, sino como si fuera tabaco. La alta carga impositiva parece estar más focalizada en desalentar su consumo que en proveerlo.
Esto requiere una profunda reflexión para la sociedad argentina: ¿por qué ha elegido gravar el trabajo tan profusamente?
Muchos de los impuestos al trabajo financian el sistema jubilatorio. Pero recordemos en un sistema estatal como el que tenemos, la fuente del financiamiento no necesariamente tiene que estar atada al trabajo, máxime si estos impuestos no generan ninguna progresividad en nuestro sistema impositivo. Otra parte de los impuestos al trabajo financian la cobertura de salud. Esta parte hemos decidido no afectarla en este proyecto.
Impuestos tan altos al trabajo también se ubican en la raíz del debate sobre la informalidad. La misma no se combatirá con más controles, sino con una estructura tributaria que no la “premie” del modo en que actualmente lo hace. Visualizamos, a su vez, a la formalización laboral como el primer paso para una verdadera inclusión social.
En definitiva, los impuestos al trabajo son en gran medida responsables del alto nivel de informalidad laboral que Argentina sufre hace muchos años.
Hoy este problema se vuelve también más acuciante a su vez, ya que desde 2011, ha existido una variación prácticamente nula en el número de asalariados, y, dentro de ésa categoría, la evolución del empleo público y privado presentó tendencias contrapuestas. Mientras que el primer caso tendió a crecer, el segundo mostró estancamiento y por momentos, caídas. Cabe agregar que, en una comparación internacional, la tasa de desempleo se mantiene por encima del promedio latinoamericano, a pesar de que Argentina posee tasas de actividad menores.
Por su parte, la tasa de empleo no registrado se ubicó hacia el cuarto trimestre de 2013 en 33,5%, y se ha mantenido de manera continua en órdenes de entre 30% y 40% durante los últimos ocho años. Conjuntamente, el estudio de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares permite ver la existencia de una importante precariedad en los empleos a partir de un grupo de indicadores. En primer lugar, un número cercano al 25% del total de los asalariados es remunerado por debajo del salario mínimo, vital y móvil. Asimismo, se observa una serie de derechos laborales incumplidos ya que alrededor de un tercio de los asalariados no tiene obra social, no recibe aguinaldo, no se le realiza descuento jubilatorio ni disfruta de vacaciones pagas. Esta problemática se intensifica en algunos sectores de la población: las deficiencias son levemente mayores para las mujeres, y la inaccesibilidad a los derechos laborales citados alcanza a la mitad de los ocupados jóvenes y de los trabajadores sin secundaria completa.
En parte por esta problemática es que tampoco se ha logrado tener un avance significativo en materia de pobreza. De hecho, no podemos dejar de preguntarnos por qué un país como Argentina, que desde principios de 1990 creció un 80% en sus ingresos reales per cápita, no ha logrado hacer ninguna mejora en la reducción de la pobreza y la brecha de desigualdad.
Es interesante tomar el período desde 1990 porque no sólo permite una perspectiva histórica significativa, sino también porque presenta cuatro etapas bien contrastantes.
En la primera parte de los años 90, tuvo lugar una abrupta caída de la pobreza. Según datos de INDEC, luego de alcanzar un 47% en la hiperinflación de 1989 se redujo hasta el 16,1% en mayo de 1994. Este fenómeno fue producto del crecimiento económico y de la notable disminución en la tasa de inflación, que, como sabemos, la sufren los que menos tienen.
La segunda mitad de dicho decenio, con una economía en recesión y desempleo creciente, presenció un nuevo ciclo ascendente de la pobreza, que en este caso llegó a niveles impensados. Tras la irrupción de la crisis de 2001, superó el 55% hacia finales de 2002.
La primera parte de la década de 2000 trajo aparejado otro sendero de mejora en el combate de la problemática, de la mano del crecimiento económico y el empleo, y la misma disminuyó hasta ubicarse en torno al 26% a fines de 2006.
Pero en los años siguientes se produjo un nuevo deterioro. En contraposición a las publicaciones de un INDEC intervenido, que estimó la pobreza en 4,7% para el primer semestre de 2013, estimaciones privadas, entre las que vale destacar las del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ubicaron la pobreza en 27,5% a fines del 2013, un número que seguramente ha subido desde entonces como resultado de la inflación y la devaluación de este año.
Es evidente que la elevada volatilidad en los niveles de pobreza se encuentra estrechamente relacionada con la gran cantidad de trabajadores excluidos del sistema formal de empleo, y a los que entonces la crisis económica los deja sin reaseguro para poder enfrentar la volatilidad económica del país. Por ello, Argentina necesita un shock de inclusión laboral con prioridad en aquellos que menos ganan.
En otras palabras, podemos decir lo obvio: si nos interesa reducir la informalidad laboral y nos interesa el ingreso real de los trabajadores, es claro que nuestro país necesita bajar los impuestos al trabajo.
Cada persona que está contratada legalmente paga 14% de aportes y su empleador paga 17% de contribuciones. Esto significa que existe una brecha del 37% entre lo que un trabajador recibe en mano y lo que cuesta contratarlo. Estos impuestos los pagan todos por igual. Es esta brecha la que explica el crecimiento de la informalidad laboral.
Para dimensionar lo que hablamos, con 4.500 millones aplicados a suplir el ingreso que hoy se recauda con aportes y contribuciones, alcanzaría para eliminar estos cargos para todos los salarios inferiores a los 3.200 pesos mensuales. Esto permitiría que para el 12% de asalariados con menores ingresos se produzca un inmediato aumento de sus salarios del 16%. Aquellos que los emplean verían reducidos sus costos en un 15%, lo que también les permitiría incrementar, quizás algo más, lo que pagan a los trabajadores. Pero sobre todo, los incentivaría a contratar más gente. Gente que entraría en la formalidad y que empezaría a percibir un aporte para su jubilación y obra social.
La combinación de ambos efectos debería generar una explosión en el empleo trayendo a gente de la informalidad a la formalidad. La formalidad implica una mejora en la cobertura médica y previsional. Es el primer paso para la inclusión social.
Para tener inclusión tenemos que tenerla como objetivo. Si el objetivo es el clientelismo político o la corrupción nunca podremos avanzar significativamente.
Existe un significativo número de estudios realizados por parte de economistas, investigadores sociales y expertos en tributación, que brindan un serio sustento empírico al hecho de que la reducción de los aportes personales y las contribuciones patronales fomenta la disminución de la tasa de informalidad, incentivando a los empleadores a registrar a sus empleados en el sistema previsional y de seguridad social.
Un gran conjunto de evidencias coinciden en que este tipo de medidas tiende a traducirse en incrementos de la demanda laboral. Este efecto impacta de manera positiva sobre la sociedad de diversos modos: tiende a incrementar el empleo, mejora la competitividad de la economía, y, según las experiencias concretas analizadas, en algunos casos propicia un aumento salarial de los trabajadores.
James Heckman (Nobel de Economía en el año 2000), en un reconocido libro (1) que efectúa un compendio de diversos trabajos sobre empleo y regulación laboral escritos por varios economistas e investigadores de prestigio internacional sobre la situación latinoamericana, sostiene de manera clara que existe evidencia suficiente para sostener la idea de que una reducción de los costos laborales, mediante la disminución de los aportes personales y contribuciones patronales, impacta positivamente sobre los niveles de empleo de la economía.
Asimismo, cita dos trabajos de Daniel Hamermesh (2) , en los cuales este autor concluye con rigurosidad científica que dicho efecto existe, y, es más, estima que, en el caso de América Latina, un aumento del 10% en los costos laborales tendería a provocar un declinamiento en los niveles de empleo entre el 2% y el 6%. Por ende, si los primeros se reducen, se deduce de estas afirmaciones que el empleo registrado debería tender a incrementarse. A su vez, muchas investigaciones realizadas en diversos países y que estudian casos de distintos rincones del mundo llegan en su mayoría a la misma conclusión (3) .
Por otra parte, según varios trabajos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) (4) , el grado de evasión de los impuestos al trabajo tiende a ser bastante superior que el que se observa en el caso de los impuestos al consumo. Una reducción de los primeros tiene la ventaja adicional de disminuir el problema de la evasión, lo que aumenta la productividad y transparencia de la economía. Además, en el segundo de estos libros citados se sugiere que la reducción de las cargas patronales y personales, colabora con la resolución del problema de desempleo en el corto plazo, tal cual se desprende de la experiencia internacional, y mejora la competitividad de la economía. En el caso argentino una medida de esta naturaleza ayudaría a resolver dos ´problemas adicionales: reduce el sesgo a favor de las actividades informales y alienta una mayor cobertura previsional, moderando un conflicto social futuro potencialmente de gran envergadura.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.

 

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=163332

El fracaso de la mentira como política de Estado

La destrucción del sistema de estadísticas públicas es el indicador más claro de que la mentira se ha vuelto política de Estado. Por eso leímos con atención y cierta perplejidad una columna de opinión publicada recientemente por el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández en la edición online de este diario. La historia no es reseteable. Y, como bien escribió C. P. Scott en 1921, “el comentario es libre, pero los hechos son sagrados”.

A los hechos, entonces. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, Guillermo Moreno ejecutó una política de hostigamiento sostenido sobre técnicos del Indec desde 2006. En enero de 2007 inició su “intervención política directa” con el desplazamiento de la matemática Graciela Bevacqua. Ella denunció en la Justicia, y ante diputados y senadores de la Nación, que Moreno llegó a llamarla -a los gritos- hasta cuarenta veces por día para que modificara los datos del índice de precios al consumidor. El objetivo era claro: ocultar la inflación.

Pero las estadísticas públicas son un conjunto integral. El manoseo, la adulteración y la falsificación de un índice iba a contaminar tarde o temprano al resto; por ejemplo, a los datos de pobreza. El tomar precios irreales para costear la canasta básica hace tiempo que invisibiliza a los pobres, y no es la primera vez que el Gobierno oculta, cancela o retrasa su publicación.

La discusión sobre los números nos ha distraído de la principal pregunta: ¿por qué un país como la Argentina, que desde principios de 1990 creció un 80% en sus ingresos reales per cápita, no ha logrado hacer ninguna mejora en la reducción de la pobreza y la brecha de desigualdad? Es interesante tomar el período desde 1990 porque no sólo permite una perspectiva histórica significativa, sino también porque presenta cuatro etapas bien contrastantes.

En la primera parte de los años 90 tuvo lugar una abrupta caída de la pobreza. Según datos del Indec, desde la hiperinflación de 1989 hasta mayo de 1994, se redujo del 47 al 16,1%. Este fenómeno fue producto del crecimiento económico y de la notable disminución en la tasa de inflación, que, como sabemos, la sufren los que menos tienen.

La segunda mitad de los años 90, con una economía en recesión y desempleo creciente, produjo un nuevo ciclo ascendente de la pobreza que llegó a niveles impensados. Tras la irrupción de la crisis de 2001, alcanzó el 55% hacia finales de 2002.

La primera parte de la década de 2000 trajo aparejado otro ciclo de mejora en el combate de la pobreza, de la mano del crecimiento económico y el empleo, y el índice disminuyó hasta ubicarse en torno al 26% a fines de 2006.

Pero la segunda mitad de la década nos condujo a un nuevo deterioro. En contraposición a las publicaciones de un Indec intervenido, que estimó la pobreza en 4,7% para el primer semestre de 2013, estimaciones privadas, entre las que vale destacar las del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ubicaban la pobreza en 27,5% a fines de 2013, un número que seguramente ha subido desde entonces como resultado de la inflación y la devaluación de este año.

En 2013, un informe de dicho Observatorio alertaba sobre el “núcleo duro de excluidos”, el aumento de la pobreza por ingresos y la existencia de “población sobrante”. Insistía en la persistencia de un “orden económico, social y cultural profundamente desigual”.

Este cuarto período incluye la totalidad de la presidencia de Cristina Kirchner. Durante este período el crecimiento económico se estancó y el aumento de los impuestos, sobre todo los aportes laborales y la inflación, afectaron fuertemente a los segmentos más humildes de la sociedad. En conclusión, nos enfrentamos con una dura realidad: el nivel de pobreza de 2014 duplica al de 1994.

Más allá de estos ciclos coyunturales, seguimos sin focalizar en el único mecanismo efectivo de combate al flagelo y de mejora en la equidad distributiva de la sociedad: una educación de calidad para todos.

En Israel la mitad de la población en edad laboral tiene educación universitaria. En nuestro país, la mitad de la población que llega a la edad laboral no termina el secundario. No sorprende entonces que mientras Israel construye una sociedad con plena igualdad de oportunidades, vibrante y con fuerte movilidad social, la Argentina se hunde en una sociedad partida, social y culturalmente.

El fomento de la educación temprana, con los alumnos y su creatividad puestos en el centro del sistema, las evaluaciones educativas, el acceso online a la educación secundaria, la reducción de la inflación y la baja de los impuestos al trabajo para los segmentos de menores ingresos son iniciativas que impulsamos para la Argentina. Son el comienzo de un camino para quebrar estructuralmente la persistencia de la pobreza y la desigualdad.

Para terminar una reflexión final sobre si es moralmente aceptable la mentira como política de Estado. ¿Hay fines políticos que justifiquen determinados medios? Definitivamente, no.

La mentira “estadística” del Gobierno ha tenido, tiene y tendrá altos costos sociales. Le restó credibilidad al propio Gobierno y al país. En parte por eso, y en parte por focalizar en una “realidad” irreal, no permitió encarar soluciones de fondo.

Y en este caso el tiempo por sí mismo no cura. “Una mentira es como una bola de nieve; cuanto más rueda, más grande se vuelve”, decía Martín Lutero.

La evidencia empírica y la experiencia comparada deben ser la base del debate y la planificación de las políticas adecuadas que ataquen a la pobreza y la desigualdad. Entretenerse con mentiras e ideologismos polarizantes no resolvió los problemas. Es indispensable saldar la deuda que nos será legada para abrir, sin dilaciones, la puerta del futuro.

Discurso: Sesión por otorgamiento de subsidios a la industria del biodiésel

Señor presidente: en su discurso dijo algo que es muy cierto, que cuando en las sociedades se da algo a alguien se le saca a otro, cuando alguien recibe es porque se le sacó a otro. Por eso quiero invitarlo a una reflexión profunda sobre lo que hoy ha ocurrido.
Tal como ya lo señalé la semana pasada, la actualización del mínimo no imponible implica para el Estado un costo de 4.500 millones de pesos al año, y hoy esta Cámara ha decidido una exención impositiva a la industria del biodiésel por 2.000 millones de pesos. Se trata de 33 industrias concentradas que contratan a 1.500 personas, cuando con la actualización del mínimo no imponible estamos intentando beneficiar a millones de familias argentinas.
Además, entre la sesión de la semana pasada y esta se ha sumado que a la industria del biodiésel le bajaron las retenciones a la mitad, lo cual suma un subsidio adicional de mil millones. De este modo en la casa del pueblo hemos decidido otorgar lo que implica sacárselos a alguien porque nada es gratis, todo se paga 3.000 millones a 33 empresas concentradas, mientras dejamos desguarnecidas a millones de familias argentinas. Creo que esto amerita una reflexión de su parte, señor presidente, y de todo su bloque.

 

Discurso: ¿Por qué no bajan el Impuesto a las Ganancias, si la plata está?

Señora Presidenta: vale la pena tomarse unos minutos para reflexionar sobre cuál es la situación del impuesto a las ganancias.
En gran medida ese tributo hoy está regido por el decreto 1.241/13, que estableció los parámetros para definir quiénes estaban por encima del mínimo no imponible –que lo fijó en 15.000 pesos y quiénes por debajo. Además el decreto indica que hay que considerar los ingresos promedio de un trabajador entre enero y agosto de 2013 para saber si debe pagar o no el impuesto a las ganancias.
Al estar redactado de esa manera –el decreto aún está vigente quiere decir que el mínimo no imponible fue actualizado, porque independientemente de que hoy alguien gane más de 15.000 pesos, en tanto y en cuanto en promedio ganara menos de esa suma entre enero y agosto de 2013, sigue estando exento.
Creo que es importante hacer esta aclaración, porque no fue debidamente señalado durante el debate.
Además surgen otros problemas, como la inequidad. Digo esto porque la resolución 3.525 de la AFIP señala que si uno empieza a trabajar después del 1° de septiembre de 2013 debe pagar impuesto a las ganancias. O sea que puede darse el caso de un trabajador que entre enero y agosto de 2013 en promedio ganaba menos de 15.000 pesos, que aunque hoy gane más de 15.000 pesos no va a pagar impuesto a las ganancias, mientras que quien ingresó a la fuerza laboral después del 1° de septiembre de 2013 sí está obligado a tributar. Es decir que tenemos dos argentinos que están ganando la misma cantidad de dinero, pero con el actual marco legal argentino uno paga impuesto a las ganancias y otro no.
Son muchas las distorsiones que está generando este decreto. Por ejemplo, nos comentan que hay empresas que están transfiriendo como bonus a sus directores sumas muy importantes porque entre enero y agosto de 2013 tenían salarios inferiores a 15.000 pesos, y cualquier ingreso que tengan va a estar exento del impuesto a las ganancias. De alguna manera, se ha abierto una suerte de agujero que permite la elusión del impuesto a las ganancias, que imagino que no estaba en la mente de nadie aquí, ni siquiera del gobierno.
Insisto, hay un grupo de personas que entre enero y agosto de 2013 tenían ingresos inferiores a 15.000 pesos que no van a pagar nunca más impuesto a las ganancias; el resto de los argentinos que se vaya incorporando, sí lo hará.
Este es el problema fundamental que tenemos: un marco legal que genera una gran inequidad entre argentinos que están ganando lo mismo pero pagan impuesto en forma diferente. Me parece que esto urge una modificación y rectificación y el armado de un cuerpo legal respecto del impuesto a las ganancias que devuelva la equidad tributaria entre los argentinos.
Si sumamos los comentarios anteriores, en particular el del diputado Buryaile sobre la escala tributaria que no fue ajustada a pesar de la inflación que ha habido en los últimos años, la situación es peor aún.
Quería señalar este elemento adicional del decreto 1.242 y sus verdaderas implicancias, y poner sobre la mesa que el problema que se presenta hoy es la inequidad tributaria que existe entre los argentinos y por ello urge una corrección de este tema. (Aplausos.)