Discurso: Sesión por Moratoria Previsional

Señora presidenta: este proyecto de ley viene a subsanar un problema de nuestro sistema previsional: la falta de cobertura. Un sistema donde no existe esa cobertura no es justo y claramente debe ser corregido, enmendado, modificado.
Cabe observar que la Argentina no es el único país que en los últimos años ha tenido que enfrentar este problema, pero es uno de los que más avanzó en la resolución de esta cuestión de la cobertura. Como fuerza política queremos tomar esta bandera y defenderla, en el convencimiento de que es algo que como sociedad debemos proteger en el futuro.
Por supuesto podríamos preguntarnos cómo se ha implementado puntualmente esta reforma. Si analizamos la modificación que implementó este mismo gobierno diez años atrás, se tomaban los aportes hasta 1993 y se actualizaban a 2004, con una tasa de interés del 30 por ciento, en un momento en que las jubilaciones se habían incrementado en un 60 por ciento.
En esta ocasión también se actualizan por diez años los aportes y la deuda se consolida de 2003 a 2014 con una tasa del 30 por ciento, cuando las jubilaciones subieron un 600 por ciento de la mano del aumento en el nivel de precios.
Por supuesto esto tiene su costo y su impacto en la evolución del sistema previsional a futuro. Según nuestras estimaciones el sistema previsional perdería su superávit y alcanzaría el equilibrio en 2048. Con esta reforma ese equilibrio se trasladaría a 2038. Según la demografía los sistemas previsionales van perdiendo su solvencia a lo largo del tiempo, y tenemos un sistema que en la actualidad alcanzaba el punto de equilibrio en 2048, pero eso se adelantó diez años, con lo cual estamos imponiendo una mayor carga a las generaciones futuras. Sin embargo creemos que esto vale la pena y que es un objetivo que todos debemos compartir, por lo que nuestro bloque acompaña esta iniciativa.
En el debate en comisión nuestra disidencia tenía que ver con el artículo 3°, otro aspecto particular de implementación de esta moratoria que otorga una cierta discrecionalidad a la ANSES para determinar quién tiene o no el beneficio en una reglamentación que lamentablemente desconocemos. Debido a eso hoy no sabemos cuál será el real alcance de esta moratoria.
Diego Bossio nos dijo que las excepciones serían pocas y el alcance amplio. Nos preguntamos si tiene sentido imponer cierta cuota de discrecionalidad a una reforma si las excepciones son pocas. Nuestra sugerencia es que en la reglamentación el criterio sea lo más amplio posible.
El segundo punto de la discrecionalidad es que en tanto y en cuanto el beneficiario no esté seguro de si califica o no para la moratoria, o no se sabe rápidamente cuáles son los criterios objetivos para participar en ella, puede haber cierta especulación, intervención o uso de las personas que sí tienen acceso a este derecho justamente por la incertidumbre que tienen sobre si califican o no. En esto cabe mencionar lo que sostuvieron varios diputados preopinantes en cuanto al rol de los gestores que terminaría siendo perjudicial al aprovechar esa falta de información.
Por eso la segunda recomendación sobre la implementación del artículo 3° aunque hicimos una sugerencia en nuestra disidencia parcial sabemos que no se modificará tiene que ver con que las condiciones objetivas para que alguien participe en esta moratoria deben estar claramente estipuladas, con muchísima transparencia, y tienen que ser informadas muy rápidamente para justamente evitar la manipulación de ciertos actores con respecto a los posibles beneficiarios en la moratoria que viene.
Creo que si lo implementamos con transparencia y rapidez vamos a estar acercándonos mucho más al objetivo que todos compartimos y al espíritu de la norma que hoy queremos sancionar.

Discurso: Sesión Bancos Centrales Extranjeros

Señora presidenta: ciertamente debemos tomar esta decisión en un momento muy especial para el país tanto en el manejo de su deuda como en la disponibilidad de dólares, en un contexto en el que las exportaciones están cayendo y todos los días el cepo está apretando un poco más fuerte. Ello nos obliga a tener un enfoque constructivo y positivo respecto de estas políticas que se proponen, y definitivamente es el tono con el cual el PRO se aproximó a este tema en el Senado y por supuesto también aquí.
Como dijo alguno de los miembros informantes, tenemos que apoyar cualquier cosa que mejore los márgenes de política económica, pero debo decir que sabemos muy poco de esta operación. Esto fue lo que ayer estuvimos discutiendo en comisión, porque más allá de que entendemos que existe una finalidad general, también conocemos que hay otra inmediata que, como se acaba de decir, es facilitar los convenios con la República Popular de China. Lo cierto es que sabemos poco de ellos y entendemos que si se nos pide que aprobemos esta operación sería mucho mejor que tuviéramos más información.
También se mencionó el costo del swap. Hay declaraciones del jefe de Gabinete de Ministros al respecto, y si es ese el valor, no difiere mucho del costo del swap que se negoció en 2008 y 2009. Quizás se podría reflexionar que aquel fue el peor momento de la crisis de Lima, pero claramente no sería un problema; si tuviéramos el número podríamos defender esto con más fuerza.
También se sabe que esta operación conlleva una prima que se paga para darle convertibilidad en virtud de que la operación está hecha en una moneda china que se llama el renminbi, y que no es convertible. Ello implica un costo y hubiera sido conveniente recibir información sobre ese valor.
Analizando esta operación uno aprecia que lo que está detrás es la posibilidad de obtener crédito de la República Popular de China de manera tal que esos fondos queden inmunes al embargo dada la situación de deuda de la Argentina. Nosotros no hacemos juicio de valor alguno sobre eso, está bien; entendemos que hay que defender todas las operaciones que Argentina haga para lograr una mayor protección. Sin embargo, creemos que corresponde decir que ese es el objetivo: un crédito comercial que se pretende obtener de la República Popular de China y que sea inmune.
Pensando en los valores potenciales que podría tener este crédito y considerando que como ya se mencionó tenemos un déficit de cinco mil millones de dólares con la República Popular de China, entendemos que la toma de ese crédito debe ser discutida y aprobada por este Congreso.
Cuando algunos meses atrás el gobierno decidió cerrar la controversia con Repsol, que implicaba emitir deuda por seis mil millones de dólares, lo remitió a este Congreso, se discutió y se logró la aprobación. Considero que esa es la manera que corresponde y no simplemente armar una operación que tiene los visos de financiera y luego termina siendo un crédito comercial que ameritaría otro debate. En nuestra opinión corresponde tener esto presente a fin de que el Congreso cuanto menos esté informado y en el futuro se trate de otra manera.
Como también lo planteamos ayer en la Comisión, vale la pena mencionar que habitualmente estos contratos tienen una cláusula que indica que estos acuerdos se caen ante una situación de default.
Tengo en mi poder las cláusulas que corresponden al contrato anterior por lo que si hubiera interés podríamos repasarlas y veríamos que ellas aplican en este momento, máxime cuando la calificadora de riesgo más importante de China ha declarado a Argentina en situación de default. Es algo que también debemos discutir porque potencialmente aquello que buscamos lograr con este convenio, que tiene una finalidad más general, quizás en su objetivo más inmediato no se pueda realizar. Si la Argentina está en default y estos contratos dicen que en esa situación no existe el convenio, evidentemente es algo que debiéramos tener presente o por lo menos clarificado. Estamos firmando algo por lo que aquello que se intentaba lograr no va a ser posible dada la situación que enfrenta nuestro país en estos momentos.
Eso nos obliga a hacer una referencia con respecto a la deuda, porque vemos que ella tiene un valor fundamental frente a los objetivos que se persiguen con este proyecto. Entiendo que el gobierno ha elegido un camino en el tema de la deuda que tiene sus costos, de los que hemos hablado muy poco. Aun en el plano de la deuda el camino que se ha seguido tiene un riesgo que está abierto; me refiero al principio que se conoce como de aceleración de la deuda, que se da cuando un 25 por ciento de los bonistas pide al país su aplicación, lo cual está contemplado en las condiciones contractuales de nuestros bonos. Esto implicaría que la Argentina debería abonar la deuda de manera inmediata y al ciento por ciento, poniendo en riesgo los logros que se obtuvieron en los canjes de los años 2005 y 2010, gracias a los cuales la Argentina consiguió reprogramar el pago de su deuda de manera más cómoda durante los próximos treinta años. Esta situación es la que hoy se encuentra en riesgo.
Ahora bien, los riesgos más grandes que podemos llegar a encontrar en este camino que estamos transitando son los vinculados al desempleo y a la inflación. Esto es algo por lo cual debemos preocuparnos, y por eso desde este espacio político estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para resolver ese problema.
El hecho de que resulte necesario que la Argentina resuelva esa situación no es sólo una postura de nuestro bloque. Digo esto porque el propio gobierno encaró a principio de este año la aplicación de una serie de políticas tendientes a normalizar la situación de la Argentina con el mundo. En este sentido, recién me referí a los temas de Repsol, Club de París y CIADI.
En lo que respecta específicamente a los holdouts, fue el propio gobierno el que intentó hacer un acuerdo privado para resolver la situación, ya que encumbrados funcionarios entendían que eso era algo que había que solucionar.
Nosotros sabemos por qué el gobierno no eligió otro camino. No lo hizo porque de acuerdo con lo que argumenta –este es un punto a tener presente cualquier arreglo implicaría gatillar aquello de lo cual hemos venido hablando en este último mes, que es la famosa cláusula RUFO, que es un derecho que tienen aquellas personas que entraron en los dos canjes. Con ese argumento el gobierno provoca más confusión, porque se podrían aplicar determinadas medidas que no tendrían ningún costo para nuestro país, tendientes a eliminar esa cláusula. Así, por ejemplo, se podría pedir un permiso para eliminarla de los contratos, lo cual se lograría con el aval de dos tercios de los bonistas. En este sentido, tengamos presente que una parte relevante de la deuda la tiene el propio Estado, con lo cual ya contaría con una parte importante de esos votos.
Por lo tanto, sorprende que el gobierno, después de un mes de venir diciendo que ese es el problema por el cual no puede hacer aquello que supuestamente quería hacer y en lo cual venía trabajando desde principio de año, no haya dado ningún paso en pos de lograr la aplicación de esa medida.
De cualquier manera, reitero que este bloque está para ayudar en todas las instancias que resulten necesarias a fin de resolver este conflicto. Al respecto, recuerdo que hace un par de meses acompañamos a una delegación de diputados que viajó a Washington para hacer lobby a favor de la Argentina y la semana pasada, cuando funcionarios del gobierno trataron de armar un acuerdo entre bancos privados para resolver este problema, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires también participó en dicho acuerdo.
Por lo tanto, estaremos presentes en todas aquellas acciones que se tomen en el futuro para resolver la situación que vive la Argentina en relación con su deuda. Queremos que esto se solucione lo más rápido posible y con el menor costo en términos de inflación y de empleo.
En consecuencia, teniendo en cuenta los momentos que se viven, tal como lo anticipamos ayer durante la reunión de las comisiones y lo hicimos en el Senado, adelanto que vamos a acompañar este proyecto, amén de los comentarios que haga en un artículo en particular nuestro presidente de bloque.