Discurso: Sesión por Ley de Abastecimiento

Señora presidenta: el artículo 3º del proyecto de ley de modificación de la ley de abastecimiento, señala: “Serán pasibles de las sanciones que se establecen en el artículo 5º y, en su caso, en el artículo 6º, quienes:…”, y luego en el inciso d), expresa: “Intermediaren o permitieren intermediar innecesariamente o crearen artificialmente etapas en la distribución y comercialización;”.
Sinceramente, me pregunté qué quieren decir con eso; a qué casos se refieren. Así, vino a mi mente un cuento muy breve de un colega economista –Juan Carlos de Pablo-, que se los quiero leer. Son cuatro párrafos muy divertidos. Dice así: “Julián vivía de su sueldo, el cual no le alcanzaba para comprar todo lo que él y su familia querían. Por eso Julián vivía continuamente angustiado, hasta que un día, reflexionando sobre su situación personal, encontró lo que según él era la explicación cabal de su problema: la existencia de una gigantesca intermediación que encarecía innecesariamente el precio de todos los productos que él y su familia consumían.
“Julián, individuo consistente, pensó que algo había que hacer al respecto. Dotado de una buena labia y ágil prosa comenzó una campaña sistemática destinada a la eliminación de todo tipo de intermediación, para lo cual, entre otras cosas, dictó conferencias, participó en debates por radio y televisión, publicó artículos en periódicos y realizó marchas y concentraciones.
“La campaña tuvo un éxito completo, pues al poco tiempo en el país donde Julián vivía desapareció de repente cualquier forma de intermediación.
“Una semana después, Julián quería comer un poco de queso, pero no sabía dónde ir para adquirirlo porque la propaganda, por parasitaria, había sido eliminada. Luego de mucho preguntar tuvo que trasladarse hasta la provincia de La Rioja, porque el transporte de cargas, por parasitario, también había sido eliminado. Tuvo que comprar una horma de 200 kilogramos, porque el fraccionamiento, por parasitario, ya no existía. Tuvo que abonar al contado, porque las instituciones crediticias, por parasitarias, habían sido eliminadas, y se lo dieron en la mano, porque la industria del envase, por parasitaria, había quebrado.
“Lo peor de todo fue que Julián trabajaba de electricista en una empresa que se dedicaba durante todo el año a almacenar…” –según esta ley, sería “acaparar”- “…sidra para las fiestas, y como dicha empresa también cerró, Julián además se quedó sin trabajo. Pobre Julián.”
¿Por qué comento esto? Porque cuando uno mira el artículo al que hacía referencia y las cosas que quedan sancionadas con esta ley, advierte que es toda la actividad económica, es básicamente el ejercicio de la profesión de comercio y producción: reevaluar existencias –pregunten a YPF si reevaluó existencias; lo hace todos los días-, acaparar materias primas o formar existencias superiores a las necesarias, reducir sin causa la producción habitual, desviar el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin causa. Es decir, esta es la práctica del comercio, de la producción; son cosas que ocurren.
Entonces esta ley lo que está haciendo es volver pasible de sanción cualquier actividad comercial y productiva en la Argentina. Eso es lo que genera incertidumbre y lo que hace que esta ley ocasione daños, porque al generar esa incertidumbre hará que haya menos oferta y menos producción.
En la comisión hablamos de que se trata de defender a los consumidores, pero al respecto existen dos enfoques. Por un lado están quienes señalan que, para defender a los consumidores, hay que defender la competencia, pues defendiendo la competencia los mercados trabajarán necesariamente en bien de ellos.
La otra postura es la de poner al Estado a defender a los consumidores, pero para eso tiene que querer hacerlo, y además, tiene que poder defenderlos. ¿Querrá el Estado defenderlos? ¿Podrá hacerlo? Repasemos un poco estas dos cuestiones.
Ayer le comentaba al secretario Costa dos ejemplos muy puntuales, en los que este gobierno, teniendo la posibilidad de defender a los consumidores, no lo ha hecho. Porque hay que entender que el Estado también es una organización, una institución, tiene mucha concentración, posee intereses propios y los defiende. Esos intereses propios no necesariamente son de los consumidores.
¿Qué ejemplo le daba yo al secretario Costa, sobre el cual no hizo comentarios? Le recordaba que hace aproximadamente diez años la empresa Repsol fue condenada con una multa por una práctica anticompetitiva en el mercado del GLP. ¿Qué era lo que hacía esa empresa? Cobraba el GLP por encima de lo que se llama la paridad de importación, es decir, la paridad a la cual ese producto se puede comprar en el mercado internacional. Ponerlo por encima era una clara indicación de que estaba abusando de su poder de mercado.
Le pregunté entonces al señor secretario cómo era posible que la empresa YPF, ahora con mayoría estatal, desde el mes de julio cobrara las naftas por encima de la paridad de importación. Está llevando a cabo exactamente la misma política que hace diez años implicaba abusar de su poder de mercado e ir en contra de los consumidores. ¿Entonces por qué no hace nada el gobierno? ¿Por qué no pone primeros a los consumidores en este caso puntual y actúa en consecuencia? Está la evidencia y es exactamente la misma situación anterior.
El otro ejemplo que dábamos era el de Aerolíneas, una empresa que no permite que los precios de los pasajes aéreos caigan. Hay competidores que piden por favor cobrar menos por los pasajes; en efecto, piden cobrar menos, no más. Un gobierno que se preocupe por los consumidores nunca va a decir que no se puede cobrar menos, que no se puede competir o que no se pueden traer a la Argentina aviones para aumentar la competencia.
Entonces, ¿quiere este gobierno defender a los consumidores? Aquí tengo pruebas y ejemplos de que el Estado deja de lado el interés de los consumidores para atender el suyo propio, que en estos dos ejemplos que he mencionado consiste en la apropiación de rentas por parte de empresas públicas.
Por eso es que uno confía mucho más en la competencia que en el propio Estado, que va a terminar defendiendo, como digo, sus propios intereses.
Ahora bien, asumamos por un momento que el Estado efectivamente quiere defender a los consumidores. ¿Puede hacerlo? Al respecto se generó una discusión bastante técnica en la reunión de comisiones que se realizó ayer, con los secretarios Costa y Álvarez. Les preguntábamos cómo se van a determinar las actitudes, acciones o conductas pasibles de ser sancionadas en estos proyectos, porque si no hay una manera de hacerlo, entonces lo que simplemente nos queda es la discrecionalidad y la arbitrariedad del funcionario.
Les preguntábamos, por ejemplo, cómo se determinan las “ganancias extraordinarias”, cómo se va a definir que alguien las tiene, pero no obtuvimos respuesta. Les preguntábamos cómo se iba a imputar el retorno que un capital necesita tener en función de su riesgo o cómo se iba a medir el riesgo de la actividad empresarial, porque no es lo mismo invertir en minería que en petróleo, en agricultura o en servicios. Pero tampoco obtuvimos respuesta.
También les preguntábamos cuándo se iba a considerar que había un acaparamiento de materia prima como algo violatorio de la ley, y nos hablaron de algo relativo a la teoría de la simulación, aunque no vemos cuál es la relación.
Asimismo, preguntamos cuándo una reevaluación de stock iba a generar una conducta sancionable, pero tampoco obtuvimos respuesta.
Finalmente preguntamos cómo se iba a tomar en cuenta lo inflación, porque cuando uno tiene un beneficio y un cierto capital, debe mantener el valor real de ese capital. Tampoco logramos una respuesta.
Lo que sí tenemos es una ley que lo que en realidad hace es transferir al Estado una amplia capacidad sancionatoria respecto de todas las actividades productivas, sin que se pueda determinar de ninguna manera cómo se va a poner en práctica. Esto significa discrecionalidad y arbitrariedad en manos del Estado, lo que finalmente genera menor oferta, menor capacidad productiva y, eventualmente, precios más altos para los clientes.
Entiendo que los ejemplos más relevantes en la materia los dio hace un rato el señor diputado Barletta. En cuanto a la carne se refiere, a alguien se le ocurrió que se estaba desviando al mercado internacional la producción que tenía que ir al mercado local, y entonces prohibieron las exportaciones de carne. Cinco años después tenemos cinco millones de cabezas de ganado menos en stock y tenemos la carne más cara que en los Estados Unidos. Evidentemente no funcionó.
El otro ejemplo es el de la energía. Se consideró que al productor había que pagarle 2,5 dólares el millón de BTU de gas y terminamos pagando 16 dólares por el gas catarí. Eso es lo que estamos pagando por la energía, en vez de pagarle al productor local. No funcionó. En la Argentina Tenemos un déficit energético y diez años de declinación de la producción de gas y petróleo.
La señora diputada Conti pedía que razonemos. Yo les pido que miremos cuáles son los efectos y las consecuencias de las políticas que se implementan.
Después tenemos otro caso, que está todos los días en los periódicos. Me refiero al precio del dólar, que tiene en vilo a todos los argentinos. Lo que esta ley permite hacer es lo que este gobierno hizo hace algunos años con el cepo cambiario. ¿Cuál fue el resultado? El estancamiento económico; tenemos menos dólares, y la gente los paga más caros. En este momento se está pagando 15 pesos por dólar en el mercado informal. Y la situación va a ser cada vez peor, porque lo que hay que generar es producción y capacidad de oferta de bienes, y con discrecionalidad y arbitrariedad lo que se crea es exactamente lo mismo que hasta ahora. Entonces, aquel al que se pensaba beneficiar es justamente el que termina más perjudicado.
Existen innumerables experiencias en la historia argentina y en nuestra realidad cotidiana actual. ¿Esto es lo que se quiere generalizar, llevándolo a todo el sistema económico?
Creo que esta ley claramente va a generar daño, no va a ayudar al bienestar general sino que va a perjudicar, y por supuesto que va a ayudar al Estado, en el sentido de que –como ya se ha dicho- le dará más herramientas de coerción, de apriete y de dominación.
Quiero terminar con una reflexión: no hay libertad política si no hay liberad económica. Repito: no hay libertad política si no hay libertad económica. Esta ley nos aleja de la libertad económica y será perjudicial para los productores y, sobre todo, para los consumidores de la República Argentina.

Un incómodo espejo para la Argentina

Los científicos de las disciplinas más duras avanzan en el conocimiento realizando “experimentos”, creando situaciones controladas en las que van modificando de a una variable por vez para poder evaluar los efectos del cambio. En la discusión macroeconómica, la posibilidad de encontrar una situación que pueda permitir un análisis del estilo es remota, por la cantidad de variables que se mueven en todo momento.

Sin embargo, la historia comparada de la Argentina con la de Uruguay desde la crisis de 2001 replica de manera sorprendente, en el mundo real, las condiciones de esos experimentos de las ciencias duras. Los puntos de partida son llamativamente semejantes. En 2001, ambos países tuvieron una crisis de equiparable magnitud. Ese año, el PBI de Uruguay cayó 3,8%, seguido por un 7,7% en 2002. En la Argentina, los números fueron 4,4 y 10,9%. En Uruguay, el colapso implicó una devaluación del peso superior al 100%, mientras que en la Argentina se arrancó con una del 40%, que cuatro meses más tarde ya superaba el 200%. En los dos países, la crisis derivó en la quiebra y desarticulación de su sector financiero, y ambos entraron en default.

En el arranque de este drama rioplatense, la Argentina era un país más rico. El ingreso per cápita en dólares (en poder de compra equivalente) en Uruguay era de 8040, mientras que el de la Argentina estaba cerca de los 9137.

Pero desde el comienzo se vio que el enfoque con el que se encararía la resolución de los problemas sería diferente. La crisis financiera implicó restricciones a la disponibilidad de depósitos en la Argentina (el corralito y corralón), pero no en Uruguay. Allí se obligó a los bancos extranjeros a hacerse cargo y hacer frente al retiro de depósitos. Aquí se pesificaron las deudas. En Uruguay no.

El enfoque respecto de la reestructuración de la deuda también fue radicalmente diferente. En el caso de Uruguay, tuvo quitas promedio de 13 y 22% (sobre los tramos internacionales y locales), mientras que aquí las quitas llegaron al 75%. ¿Resultado? El país vecino se financia hoy a más de 30 años a una tasa cercana al 4%. La Argentina, después de una década, cayó nuevamente en default y su costo financiero es de más de 10%.

Durante la década, Uruguay se abrió a la inversión extranjera y al mundo. Hoy plataformas de exploración petrolera van camino hacia allí, donde la seguridad jurídica más que compensa su desventaja geológica. Y las pasteras vinieron a instalarse acá, hasta que la corrupción las espantó para que terminen al otro lado del río. Uruguay recibió inversión argentina en agro y brasileña en ganadería. Punta del Este se consolidó como balneario internacional. Las empresas de software empezaron a instalarse en Montevideo y ejecutivos argentinos se movían a Carrasco escapando de la inseguridad de la Argentina. Se podría afirmar, entonces, que sí fuimos exitosos en exportar la inversión.

En Uruguay, esa integración al mundo rindió sus frutos. Las exportaciones crecieron 340%, muy por encima de las de la Argentina, que a pesar del boom de la soja crecieron 210%. Hoy Uruguay exporta más carne que la Argentina y nos provee trigo y electricidad.

Así, Uruguay no conoció nuestra versión K del corralito, el cepo cambiario, ni el Cedín, ni la Supercard, ni el dólar blue, ni los Precios Cuidados, ni el Carne para Todos.

En términos de liderazgo político, Uruguay hizo una profunda transición ética, reduciendo drásticamente la percepción de corrupción en el país. En este plano, se parece hoy mucho menos a Brasil, México y la Argentina y mucho más a Chile. Pero mientras Uruguay consolidaba esta transición, aquí cerramos la década mintiendo en las estadísticas públicas y con un vicepresidente acusado de falsificar su firma en documentos públicos.

Y a pesar de que en Uruguay gobierna la izquierda, no gobiernan los populistas. Porque, probablemente, no hay nada más antipopular que el populismo. Sobre todo si uno se anima a mirar más allá de lo que pueda ocurrir en los próximos meses.

El resultado del populismo a ultranza que nos invade ha sido un déficit fiscal creciente. Y como el Gobierno no puede pedirle más impuestos a la gente se financia con emisión monetaria, esto es, inflación. Que llega aquí al 40%, cuando en Uruguay se mantiene en un dígito.

En definitiva, hoy Uruguay es un país más rico que la Argentina. En dólares de hoy, el ingreso per cápita está en 16.722, mientras que aquí esa cifra se ubica en 15.943.

Uruguay se muestra como un incómodo espejo de nuestra propia realidad, que nos indica que no son necesarias ni la épica, ni la rebelión, ni la agresión para mejorar la calidad de vida de la gente. Lo que se necesita es sentido común, un activo que nos falta entre tanto gas y tanta soja.

Monitor del Banco Central de la República Argentina

¿Reformará el Gobierno la Carta Orgánica para Obtener más Financiamiento?
Las cuentas del Estado están cada vez más deterioradas, a punto tal que la propia gestión kirchnerista admitió por primera vez un déficit en la Ley de Presupuesto que pretende aprobar para el año próximo. Ya sabemos que el presupuesto no es tomado como un asunto serio por el oficialismo, en el cual se subestiman los gastos, para que luego el Jefe de Gabinete pueda distribuir con discrecionalidad la plata no asignada. Es decir, incluso cuando mienten sistemáticamente, el agujero fiscal ha tomado tal magnitud que ni ellos se animaron a ocultarlo.
Estamos preocupados porque no se cuida el dinero de la gente, la presión fiscal ha tomado niveles récord, y ni aún así han logrado cubrir sus gastos. En vistas de que no hay planes de llevar a cabo una reforma tributaria, y los mercados internacionales están cerrados, el Gobierno va a seguir recurriendo cada vez más al impuesto inflacionario.
La inflación se produce por una lucha distributiva. Pero no entre asalariados y empresarios, sino entre el Gobierno y los ciudadanos. A través del impuesto inflacionario el Gobierno utiliza la emisión para apropiarse de recursos del sector privado. Como si fuera poco, este impuesto es el más regresivo de todos, al afectar principalmente a los ciudadanos de menores ingresos, que no tienen acceso a herramientas financieras para resguardarse contra la inflación, y que tienen una mayor proporción de sus ahorros en dinero que queda sujeto a desvalorización.
Existe por ley un techo a lo que el Gobierno puede emitir, establecido por la Carta Orgánica del Banco Central. Este límite ya fue avasallado en abril del 2012, cuando reformaron dicha Ley para poder imprimir más pesos y derivarlos al sector público. Tenemos la fundada sospecha de que esto puede ocurrir nuevamente, provocando que el nivel de precios se acelere a un ritmo aún mayor. Es por eso que armamos el “Monitor del Banco Central”, para supervisar cuánto es lo que se financió el Estado por esta vía, y hasta dónde puede llegar sin modificar la Carta Orgánica del BCRA. A medida que transcurra el tiempo la situación irá empeorando, porque históricamente durante la segunda parte del año el fisco incrementa sus necesidades de financiamiento. Existen altas probabilidades que para el mes de noviembre el Gobierno ignore o cambie la ley para poder seguir sosteniendo su gasto. ¿Llegará a recapacitar el kirchnerismo poniendo un freno y un control? ¿O nos veremos frente a un escenario con inflación a niveles record? Para saberlo seguiremos de cerca las variables de este gráfico, y siempre y cuando la “línea roja” siga por debajo de la “línea azul”, sabremos que la Ley seguirá siendo respetada:

Fuente: BCRA. *datos al 12 de septiembre

Proyecto de Ley: modificación de las Asignaciones Familiares y creación de una Asignación Transitoria por Nuevo Empleo.

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1.- Modifíquese el art. 1º de la Ley 24.714, el cual quedará redactado de la siguiente forma.
“ARTICULO 1°- Se instituye con alcance nacional y obligatorio, y sujeto a las disposiciones de la presente ley, un Régimen de Asignaciones Familiares basado en:
a) Un subsistema contributivo fundado en los principios de reparto de aplicación a los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada, cualquiera sea la modalidad de contratación laboral, beneficiarios de la Ley sobre Riesgos de Trabajo y beneficiarios del Seguro de Desempleo, el que se financiará con los recursos previstos en el artículo 5° de la presente ley.
b) Un subsistema no contributivo de aplicación a los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y beneficiarios del régimen de pensiones no contributivas por invalidez, el que se financiará con los recursos del régimen previsional previstos en el artículo 18º de la Ley N° 24.241.
c) Un subsistema no contributivo compuesto por la Asignación por Embarazo para Protección Social y la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, destinado, respectivamente, a las mujeres embarazadas y a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la REPUBLICA ARGENTINA, que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados, se desempeñen en la economía informal o como trabajadores temporarios o permanentes de prestación discontinua.
d) Un subsistema no contributivo denominado “Asignación Transitoria por Empleo Nuevo”, destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la REPUBLICA ARGENTINA, que pertenezcan a grupos familiares en dónde al menos uno de los titulares comience una relación laboral formal.”
Artículo 2.- Modifíquese el art. 2º de la Ley 24.714, el cual quedará redactado de la siguiente forma.
“ARTICULO 2°- Las empleadas/os del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares se encuentran incluidas en el inciso c) del artículo 1°, siendo beneficiarios de la Asignación por Embarazo para Protección Social y de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, quedando excluidas del inciso b) y d).
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para que dicte las normas pertinentes a efectos de adecuar y extender a las empleadas/os de dicho régimen especial estatutario las demás asignaciones familiares previstas en la presente ley.
Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para establecer las alícuotas correspondientes para el financiamiento de la asignación familiar por maternidad correspondiente a las empleadas del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.”
Artículo 3.- Agréguese al art. 6º de la Ley 24.714 el inciso k).
ARTICULO 6°-
“k) Asignación Transitoria por Empleo Nuevo.”
Artículo 4.- Modifíquese el art. 14º bis de la Ley 24.714, el cual quedará redactado de la siguiente forma.
“ARTICULO 14º bis.- La Asignación Universal por Hijo para Protección Social consistirá en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abonará a uno solo de los padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor de DIECIOCHO (18) años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado; en ambos casos, siempre que no estuviere empleado, emancipado o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la Ley Nº 24.714, modificatorias y complementarias.
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social que se desempeñen como trabajadores temporarios o permanentes de prestación discontinua, incluyendo al trabajador ocupado en tareas de cosecha y/o empaque de frutas estacional, mantendrán la percepción de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social mientras dure la relación laboral y continuará cuando finalice dicho vínculo.
Esta prestación se abonará por cada menor acreditado por el grupo familiar hasta un máximo acumulable al importe equivalente a CINCO (5) menores.
Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para que dicte las normas pertinentes a efectos de adecuar y extender a los/as trabajadores de dicho régimen las demás asignaciones familiares previstas en la presente ley.”
Artículo 5.- Incorpórese como artículo 14 sexies de la Ley 24.714 y sus modificatorios el siguiente:
“ARTICULO 14 sexies.- La Asignación Transitoria por Empleo Nuevo consistirá en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abonará, con excepción de los mencionados en el segundo párrafo del artículo 14 bis, a uno solo de los padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor de DIECIOCHO (18) años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado; en ambos casos, el titular tiene que haber comenzado una relación laboral formal.
Esta prestación se abonará por cada menor acreditado por el grupo familiar hasta un máximo acumulable al importe equivalente a CINCO (5) menores.
La percepción de la Asignación Transitoria por Empleo Nuevo no impedirá ni restringirá de modo alguno la percepción de las asignaciones correspondientes al inciso a) del artículo 1°.”
Artículo 6.- Incorpórese como artículo 14 septies de la Ley 24.714 y sus modificatorios el siguiente:
“ARTICULO 14 septies.- Para acceder a la Asignación Transitoria por Empleo Nuevo, se requerirá que el titular del beneficio haya estado percibiendo la Asignación Universal por Hijo para Protección Social previo al comienzo de la relación laboral formal.”
Artículo 7.- Agréguese al art. 18º de la Ley 24.714 el inciso m).
Articulo 18.-
“m) Asignación Transitoria por Nuevo Empleo: El beneficio se abonará por TRES (3 años), equivaliendo a el CIEN POR CIENTO (100%) de la mayor suma actualizada fijada en los incisos a) o b), según corresponda, durante el primer año, DOS TERCIOS (2/3) durante el segundo año, y UN TERCIO (1/3) durante el tercer año. Si la relación formal se viere interrumpida el beneficiario dejará de percibir la Asignación Transitoria por Empleo Nuevo y retomará automáticamente la Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Si el titular del mismo comenzare una nueva relación laboral formal, cumpliendo con todos los requisitos que la Asignación Transitoria por Empleo Nuevo requiere, retomará los beneficios que le correspondían al momento en que el empleo anterior fue interrumpido.
El OCHENTA POR CIENTO (80%) de los montos previstos en el primer párrafo se abonarán mensualmente a los titulares de las mismas a través del sistema de pagos de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).
El restante VEINTE POR CIENTO (20%) será reservado en una Caja de Ahorro a nombre del titular en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA percibido a través de tarjetas magnéticas emitidas por el banco, sin costo para los beneficiarios.
Las sumas podrán cobrarse cuando el titular acredite, para los menores de CINCO (5) años, el cumplimiento de los controles sanitarios y el plan de vacunación y para los de edad escolar, la certificación que acredite además, el cumplimiento del ciclo escolar lectivo correspondiente.
La falta de acreditación producirá la pérdida del beneficio.”
Artículo 8.- De forma.-

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
A fines de 2009 el gobierno argentino, tomó una idea de la oposición e implementó un programa de transferencias condicionadas de ingresos a hogares pobres. La forma elegida para esa política fue la extensión del beneficio de las asignaciones familiares a los hijos de desempleados y trabajadores no registrados, no cubiertos hasta ese momento por el régimen vigente (ley 24.714 de 1996). Específicamente, el decreto 1602/09 creó una Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH), que consistió en un subsidio monetario por hijo destinado a hogares cuyos miembros están desocupados o son trabajadores no registrados. De acuerdo con este decreto, cada familia que cumplía con las mencionadas condiciones recibiría mensualmente $180 por cada hijo menor de 18 años, hasta un máximo de 5 niños a cargo. Por su parte, la prestación correspondiente por hijo discapacitado (sin restricción de edad) se estableció inicialmente en $720. Los montos mensuales por hijo fueron luego ajustados anualmente para no perder poder de compra frente a la inflación, llegando a pagar en junio de 2014 $644 por cada hijo menor de 18 años. Los ajustes tanto nominales como reales se pueden observar en el gráfico 1: “Evolución de la Asignación Universal por Hijo” donde queda claro que los ajustes nominales apenas si han compensado la inflación creciente.

Gráfico 1: Evolución de la Asignación Universal por Hijo
Cuadro 1 AUH

Como en todo programa de transferencias condicionadas de ingreso, la AUH requiere el cumplimiento de requisitos educativos y sanitarios. En particular, el 20% del monto mensual asignado sólo podrá ser efectivizado una vez cumplidas las condicionalidades: documentación de vacunación y control sanitario para menores de cuatro años y acreditación de asistencia a algún establecimiento educativo público a partir de los cinco años de edad. La percepción de esta asignación resulta incompatible con el cobro de cualquier suma originada por planes sociales u otras prestaciones contributivas o no contributivas, ya sean nacionales, provinciales o municipales.
Este programa de transferencias monetarias alcanza a un conjunto importante de la población argentina, en su mayoría pertenecientes a los sectores socioeconómicos de menores ingresos. La AUH cubría en 2011 a 3.6 millones de niños (29% del total de menores en el país), lo cual representa un alcance del 15% del total de los hogares. El presupuesto anual del programa – alrededor de 0.8% del PIB – constituye uno de los más significativos en América Latina.
Efectos Positivos sobre Pobreza, Desigualdad de Ingresos, Educación y Salud
De acuerdo a las estimaciones existentes, el programa de AUH ha tenido un significativo impacto reductor sobre los niveles de pobreza y desigualdad de ingresos, y resultados alentadores sobre los niveles de asistencia escolar y salud.
En su trabajo “Las Asignaciones Universales por Hijo: Impacto, Discusión y Alternativas” (1) los autores Gasparini y Cruces realizan una estudio para calcular la incidencia ex ante y muestran el potencial impacto de la implementación plena del programa de AUH a partir de simulaciones. Tales cambios se pueden observar en el Cuadro 1, donde se puede ver que la universalización de la ayuda estatal por hijo implicaría un impacto sustancial sobre la pobreza y la desigualdad de ingresos. El estudio, realizado ex ante, sostiene que la tasa de pobreza extrema de los niños y la pobreza extrema general bajaría considerablemente.
En el mismo estudio, los autores sostienen que se reduciría ampliamente la desigualdad de ingresos. La brecha proporcional de ingresos entre el decil 10 y el 1 bajaría de 23,7 a entre 16 y 17 veces, mientras que la participación del decil más pobre en ingreso nacional disponible debería crecer de 1,4% a cerca de 2%.

Cuadro 1: Impacto directo sobre la pobreza y la desigualdad del programa Asignaciones Universales por Hijo
Cuadro 2 AUH

Las condicionalidades sanitario- educativas también han tenido su éxito. Al estipular que el 20% de la AUH se le otorgaba a los beneficiarios que presentaban los certificados requeridos de vacunación y asistencia escolar, para el primer trimestre del 2010 (primeros resultados disponibles desde la aplicación del plan), aumentó un 25% la matrícula escolar e incrementó un 40% la cantidad de los menores inscriptos en el seguro médico estatal Plan Nacer.
Un Análisis Preliminar de la AUH
Con estos elementos, un análisis preliminar nos permite concluir que la AUH ha sido una gran contribución a la política social de Argentina. Por un lado por su carácter relativamente menos clientelar ya que se entiende que quien califica tiene el derecho a cobrarla. Por otro lado por su impacto positivo sobre la distribución del ingreso, disminución de la pobreza, y las mejoras en educación, y salud.
No por nada la AUH ha comandado un amplio respaldo de todo el espectro político:
Hermes Binner: “Nos parece una excelente medida. Creo que realmente es un avance importante, sobre todo porque elude el clientelismo y genera así una situación universal para todos los niños.” (2)
Elisa Carrió: “Es un día de alegría para todos los argentinos. La Presidenta [Cristina Kirchner] ha seguido la agenda social que le planteó la oposición. Creo que ha retornado a la única senda que la política argentina puede tomar, que es la agenda que le importa a la sociedad”. (3)
Cristina Kirchner: Se trata de medidas que apuntan a “mejorar cobertura social en la Argentina, incentivar el consumo y la actividad económica” (4) .
Mauricio Macri: Se mostró de acuerdo con el aumento en los montos de la Asignación Universal por Hijo que anunció días atrás la presidenta, aunque sostuvo que es necesario “transparentar la ayuda social” para que no existan intermediarios entre los beneficiarios y el gobierno. (5)
Gabriela Michetti: “Debe ser política de Estado: ser instituida por ley. Debe ser realmente universal: llegar a todos los niños como piso de ciudadanía. Su reglamentación debe incluir una cláusula de ajuste automático.” (6)
Federico Pinedo: Aseveró que el objetivo del proyecto es “proteger de la desvalorización de la moneda a los hijos de los trabajadores que no perciben ni siquiera aportes sociales” y concluyó que “para nosotros la asignación no es una dádiva sino un derecho y por eso creemos que, independientemente de que sus padres trabajen en blanco y reciban aportes o trabajen en negro sin recibirlos, los chicos deben percibir la misma suma” (7)
Ernesto Sanz: Sostuvo que la Asignación Universal por Hijo, dispuesta por la presidenta Cristina Fernández, era “buena” por representar a un “instrumento igualador, progresista y necesario de cualquier política social”. (8)
Fernando “Pino” Solanas: “La Asignación Universal por Hijo es una gran política social” por lo que “debe ser absolutamente universal” y planteó que “las buenas políticas, vengan de donde vengan, hay que profundizarlas para mejorarlas”. (9)
Margarita Stolbizer: “La Asignación Universal es muy buena sobre todo en términos conceptuales, de reconocerle a alguien sus derechos como persona y no atenderla como cliente del sistema político.” (10)
Por consiguiente es imperativo consolidar y proteger este programa y mejorarlo si fuera posible.
Un Problema
Justamente por este amplio consenso es importante poder identificar áreas donde es posible mejorar aún más la prestación de la AUH. En Santiago Garganta y Leonardo Gasparini. “El Impacto de un Programa Social sobre la Informalidad Laboral: El Caso de la AUH en Argentina” (11) , se analiza un problema que existe en el diseño actual de la AUH: su impacto sobre la informalidad laboral.
Desde la implementación del programa, se ha recopilado bastante evidencia anecdótica, sobre el hecho que la existencia de la AUH, y sobre todo por su alto valor para el beneficiario, inducía al mismo a resistir una relación de trabajo formal. No porque fuera a perder un beneficio (ya que los ingresos de la AUH se suplen por la asignación familiar al lograrse la formalización) sino porque existe de parte del beneficiario cierto temor a que cualquier situación de inestabilidad laboral redunde a posteriori en una situación donde no logre ni los beneficios del trabajo formal ni los de la AUH.
Pero ¿es este problema real? Este es el punto que estudian Garganta y Gasparini. El trabajo concluye:
“El programa de Asignación Universal por Hijo en Argentina extiende a los desocupados y trabajadores informales un beneficio antes limitado a los empleados formales. Esta extensión podría modificar los incentivos laborales, estimulando una menor participación en el sector formal respecto de la que hubiese surgido en ausencia del programa. En este trabajo estimamos ese efecto comparando en el tiempo al grupo de hogares elegibles (informales, con hijos), con un grupo semejante pero no elegible (sin hijos). Los resultados sugieren un significativo desincentivo hacia la formalización de los beneficiarios…”

Gráfico 2: Evolución de la proporción de individuos con y sin hijos que pasan a ser formales siendo informales en el período inicial
Cuadro 3 AUH

Este resultado puede verse claramente en el Gráfico 2 donde se hace una suerte de comparación “científica”. En este ejercicio se comparan dos grupos de familias, una con hijos y asignación, con otra con familias parecidas pero sin hijos (y que por ende no podrían acceder a la asignación). El gráfico es más que elocuente. En el periodo de recuperación laboral posterior a la crisis internacional de 2008-2009, el segundo grupo mostró una tasa de formalización muy superior, verificando esa “percepción”.
El resultado es claro, luego de la implementación de la AUH se produce un incentivo a que el beneficiario se mantenga en la informalidad en contraposición a tomar un empleo registrado. De esta manera se produce una disociación en los niveles de formalización de los dos grupos, generándose una disminución relativa de la formalización entre el grupo de beneficiarios. Este es el punto que este proyecto viene a entender, generando una propuesta superadora para la AUH.
El Trabajo Temporal
Este mismo problema ya fue identificado por otros legisladores. En particular los diputados Ciciliani, Moyano, Pitrola, Barleta, Peralta, y otros, vieron este problema en el trabajo temporario (12) . Es que el empleo temporario, de trabajo permanente discontinuo o por contrato de trabajo eventual, genera la interrupción en la percepción de la AUH. Esta situación hace que el beneficiario deje de percibir el beneficio y que además tenga que esperar hasta percibirlo de vuelta una vez que termine con su empleo, ya que éste no se reanuda automáticamente.
La demora en volver a percibir la AUH, con la correspondiente alta en el sistema de la ANSES, hace que el beneficiario deje de recibir la ayuda social por un tiempo. Este es un costo que afecta tanto a la oferta como a la demanda de trabajo temporal generando consecuencias no deseadas, ya que hay mayores incentivos al trabajo informal, o a desistir en la participación del trabajo temporal, para poder conservar la percepción del beneficio.
Mantener la AUH mientras dure la relación laboral temporaria y continuarla cuando esta finalizase es una manera de que el Estado garantice procesos administrativos transparentes, eficientes y ágiles. De esta manera se logra desestimar los temores de los beneficiarios, que ante el temor de la pérdida de la misma, optan por establecer relaciones laborales informales o de no participar en este tipo de trabajo.
En este sentido estas propuestas coinciden en el espíritu con las de este proyecto que viene a generalizar lo allí concluido.
El Caso de EE.UU.
Es importante repasar la experiencia de otros países que han tenido que convivir y resolver problemas similares. Tal es el caso de EE.UU. que, bajo la Presidencia de William Clinton llevó a cabo una importante y exitosa reforma del sistema de bienestar, con la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo (PRWORA por sus siglas en inglés) en agosto de 1996.
Para crear la Ley PRWORA, el gobierno de EE.UU. transitó un largo camino en el cual fue aprendiendo de sus éxitos como también de sus fracasos. El primer programa de asistencia federal a través de dinero para las familias con niños fue “Ayuda para Niños Dependientes”, establecido por la Ley de Seguro Social de 1935 y renombrado “Ayuda a Familias con Niños Dependientes” (AFDC) en 1962. AFDC proveía ayuda en efectivo para niños necesitados que habían sido privados de cuidado o apoyo de sus padres porque su padre o madre había estado ausente, discapacitado, fallecido, o desempleado. AFDC era administrado por cada Estado y fue fundado en conjunto por los gobiernos federales y estatales. El programa era un derecho, es decir, los beneficios se le otorgaba a todas las familias que cumplían ciertos requisitos categóricos y financieros, pero no proveía incentivos al trabajo.
A fines de la década de 1960, hubo una serie de reformas al programa de la AFDC que buscaban promover el trabajo y limitar la dependencia a largo plazo entre las familias receptoras. Un intento temprano fue en 1967 con el programa “Incentivo al Trabajo” (WIN), continuado por el programa “Oportunidades Laborales y Habilidades Básicas” (JOBS).
La reforma del bienestar de 1996 personificada en el PRWORA fue mucho más comprensiva que los esfuerzos anteriores. Bajo PRWORA, un nuevo programa, “Asistencia Temporaria para Familias Necesitadas” (TANF), remplazó al viejo AFDC.
Los dos cambios fundamentales del TANF, que tenían como intención promover el trabajo, fueron requisitos de encontrar un trabajo formal y los límites a la duración de la asistencia social financiada por el gobierno federal.
PRWORA requirió que los beneficiarios obtengan alguna inserción laboral dentro de los 24 meses de la percepción inicial del beneficio. Pero algunos Estados decidieron imponer períodos más cortos, por ejemplo, Wisconsin que requiere participación inmediata, y Virginia que requiere participación dentro de los 90 días.
Uno de los mayores cambios en la ley es el límite en el tiempo en que los miembros del programa podían recibir el beneficio. Los adultos podían percibir el beneficio de el TANF por un máximo de 5 años de por vida. Los Estados además tenían la opción de poner un limite inferior a los 5 años, y también superior, pero financiándolo con sus propios fondos. Los Estados también podían hacer excepciones a este límite para el 20% del total de los casos.
Con la incorporación de estas medidas, cambió el dinamismo en la incorporación de empleados en el mercado de trabajo. Esto se debe a que no sólo se generó un aumento en la cantidad de beneficiarios que consiguieron empleo, sino que cuando lo hicieron percibieron un mayor nivel de ingreso. De esta manera, tanto los nuevos incentivos para movilizar a la fuerza laboral hacia el empleo formal y la mejora de sus ingresos han sido un gran paso para mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Este proyecto apunta a generar los mismos efectos.
La Propuesta
Como hemos visto, la AUH actual acarrea un problema al modificar los incentivos laborales, estimulando una menor participación en el sector formal respecto de la que hubiese surgido en ausencia del programa.
En tal sentido, para revertir esta situación y promover la formalización y la búsqueda laboral, proponemos que los beneficiarios puedan acceder a una nueva prestación llamada Asignación Transitoria por Empleo Nuevo (ATEN) que percibirán durante los primeros 3 años de empleo formal. Este beneficio irá disminuyendo gradualmente por cada año trabajado, recibiendo 100% el primer año, 2/3 el segundo año, y 1/3 el tercer año. Si el beneficiario dejara de trabajar en el mercado formal, volverá a percibir la AUH en un 100%, hasta que vuelva a reinsertarse en el trabajo registrado, retomando el beneficio donde había dejado. Por ejemplo, si recibió la ATEN durante dos años mientras era empleado formal, y luego su relación laboral se ve interrumpida, y en consecuencia recibe la AUH durante dos años más mientras es desempleado, al reingresar al mercado laboral le corresponderá el beneficio de la ATEN desde el tercer año, es decir, recibiendo un tercio.
Asumiendo una incorporación anual de 75.400 empleados formales, una estimación que podría esperarse para el 2014, y con una ATEN del valor de $644 en el primer año (el mismo monto que la AUH actual), es de esperarse un costo de $1.052 millones luego de un año, y un total de $2.103 millones después de tres años percibiendo la ATEN por parte de esos mismos trabajadores. La evolución de ese costo se puede observar en el Cuadro 2.

Cuadro 2: Costos de la ATEN luego de 3 años de percibir el beneficio
cuadro 4 auh

Asimismo, proponemos que los beneficiarios de la AUH que se desempeñen como trabajadores temporarios según Régimen de Trabajo Agrario, ley Nº 26.727, incluyendo a los trabajadores ocupados en tareas de cosecha y/o empaque de frutas estacionales, continúen con la percepción completa del mismo durante la relación laboral. Es decir, aquellos beneficiarios de la AUH que realicen un trabajo temporario según la mencionada ley, en vez de cobrar la Asignación familiar prevista en el Art. 1º de la ley 24.714, continuarán con la percepción del 100% de la AUH. Esto simplificará los trámites y gestiones tanto del empleado como del empleador, y fundamentalmente, garantizará que cuando cese el vínculo laboral temporal, el trabajador pueda mantener la continuidad del cobro de la AUH sin pausas ni trámite mediante.
Si bien estas dos medidas tienen su costo, con la incorporación de trabajadores informales al sector formal no sólo se financiarían por si solas, sino que incluso podrían reportar una ganancia sustancial para el Estado. Si la ATEN y la incorporación de los trabajadores temporarios a la AUH es medianamente exitosa formalizando a un 1% de los trabajadores no registrados, el Estado estaría recaudando solamente en concepto de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social $587 millones el primer año y $1.761 millones luego de años por parte de los mismos trabajadores (reduciendo significativamente el costo que genera la ATEN durante sus 3 años). Si la iniciativa lograse formalizar a un 2,5%, a un 5%, a un 10%, o a un 25% de los trabajadores no registrados, luego de 3 años se estarían recaudando $4.403, $8.807, $17.614 o $44.034 millones respectivamente. En el Cuadro 3 se puede observar la recaudación impositiva de acuerdo a distintos grados de formalización. Además, hay que tener en cuenta que si estos empleados siguiesen trabajando continuarían aportando y contribuyendo aún más a las arcas del Estado.

Cuadro 3: Ingreso de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social por año correspondientes a los empleados no registrados que pasarían al sector formal
cuadro 5 auh

Teniendo en cuenta que la iniciativa no sólo podría no presentar un costo sino una ganancia para las arcas del Estado, y considerando los beneficios de reducir la precarización del trabajo tanto para la economía como a la calidad de vida de los trabajadores, solicitamos a los legisladores el acompañamiento del presente proyecto de ley.

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=167234