Monitor BCRA: Informe al 31 de Octubre de 2014

Informe:

Entre los últimos datos disponibles correspondientes al 31 de octubre y los anteriores al 24 de octubre, la brecha entre el límite permitido por la Carta Orgánica y el financiamiento otorgado al sector público se redujo a $17.448 millones (-$7.629 millones). Este efecto surge principalmente por un aumento en el financiamiento al Sector Público de $9.898 millones, compensado por una suba en el límite permitido de $2.270 millones, causado por un aumento en la base monetaria (+5%).

 

Metodología: 

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Discurso: Sesión por Ley de Hidrocarburos

Señora presidenta: vamos llegando al final de este debate o de esta sucesión de monólogos. Creo que la única sensación que podemos tener es la de tristeza porque dentro de pocos minutos vamos a votar este proyecto de ley. Muchos señores diputados van a apretar el botón que tienen en sus bancas y que dice “sí”. Cuando terminen los aplausos y los slogans lo único que habrá ocurrido será que el pueblo argentino habrá transferido a los operadores petroleros cifras millonarias, que yo estimo en aproximadamente 450 mil millones de dólares.
Ese dinero provendrá primordialmente de las provincias productoras de petróleo. Por eso resulta verdaderamente sorprendente escuchar a diputados y diputadas de esas provincias defender este proyecto de ley, ya que serán los pueblos de ellas los que van a estar transfiriendo estos recursos a esos operadores. Estoy hablando de diputados y diputadas de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de Chubut, de Río Negro y primordialmente de Neuquén, como así también de Mendoza, de Salta, de La Pampa y de las futuras provincias petroleras, como las de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa y Chaco.
Los diputados y diputadas que de alguna manera permitan esta transferencia tendrán que enfrentar en el futuro a sus hijos y nietos, quienes les preguntarán lo siguiente: “¿qué hiciste o dónde estabas el día en que nos llevaron el petróleo, aquello que la Constitución de 1994 nos había dado en este país federal?”
El peronismo nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cualquier persona que conozca la historia del peronismo recordará el contrato que Juan Domingo Perón firmó con la empresa Standard Oil en 1954. Ese fue el primer gran proceso de privatización del petróleo en la Argentina. La empresa Standard Oil era en ese entonces el equivalente a la actual Chevron. Esta es la circularidad a la que nos somete el peronismo en lo relativo a la historia del petróleo.
También debe mencionarse la nacionalización llevada a cabo por el gobierno de Isabel Perón en 1974 en cuanto a la refinación y comercialización de petróleo en otro sentido.
Por otra parte, en 1993 el entonces presidente Carlos Saúl Menem, también peronista, efectuó la privatización de YPF.
Posteriormente, en 1999 el propio presidente Menem vendió la acción de oro de YPF, provocando así una herida de muerte al management de dicha empresa, que pretendía ser internacional.
En 2012 tuvo lugar la confiscación de esa empresa que el propio peronismo había privatizado.
Finalmente, en 2014 se efectuó el pago por esa confiscación a fin de tratar, extemporánea y tardíamente, que parezca una expropiación.
Pero en todas esas idas y vueltas que el peronismo ha tenido con el petróleo nunca nadie se animó a hacer lo que el Congreso Nacional hará hoy, que es regalar ese recurso. Se privatizó y se nacionalizó, pero nunca se regaló.
¿Por qué digo que se regalan el petróleo y el monto que he señalado? La respuesta es muy sencilla: porque lo que este proyecto de ley hace es permitir la extensión de los contratos en las mismas condiciones que tiene la ley vigente o en otras que prácticamente son similares. Todos sabemos que esos contratos son muy económicos y convenientes para las empresas. ¿Por qué? Porque recientemente en la cuenca neuquina, por ejemplo, las empresas, en las licitaciones que se hacían, no sólo estaban dispuestas a pagar las regalías que ahora les va a garantizar este proyecto de ley, sino también una participación en las ganancias, que es lo que se conoce como el acarreo y que ahora no tendrán que abonar.
A partir de ahora, cuando en 2025 venzan las concesiones las empresas no van a estar obligadas a competir por esas áreas. De esa manera los estados provinciales no podrán apropiarse de las rentas respecto de las cuales no solamente tienen derechos, sino que además las hubieran cobrado. Esas son las rentas que no van a percibir las provincias y de las que se apropiarán las empresas.
¿Por qué he señalado ese monto? Resulta muy fácil computarlo; es una cuenta que puede hacerse en un minuto y que puede entender cualquier persona. Actualmente, con el marco legal vigente las empresas petroleras se venden áreas entre sí. Ese valor que están dispuestas a pagar por esas áreas hubiera sido el que las provincias habrían cobrado si en 2025 se hubieran vuelto a licitar esas áreas.
Entonces, si uno toma simplemente ese valor de mercado y lo multiplica por las reservas que la Argentina tendría como remanentes en 2025, el resultado al que arriba es de 450 mil millones de dólares. Es una simple multiplicación: las reservas de 2025 por el valor que hoy se paga por ellas. Eso es lo que las provincias habrían cobrado si esto se hubiera licitado. Ese es el mecanismo que desaparece con este proyecto de ley.
Otra manera de calcular esto consiste simplemente en imaginar cuáles serían las regalías a las cuales se podrían licitar estas áreas en 2025, que es el año en el cual, en general, estarían venciendo las concesiones actuales. En otros países los yacimientos similares pagan más de un 25 por ciento en concepto de regalías, porque además abonan acreaje y otras cosas. De acuerdo con este proyecto de ley, las empresas pagarán un 15 por ciento de regalías. La diferencia del 10 por ciento en concepto de regalías multiplicada por las reservas que el país tendría en 2025 arroja como resultado un monto de 450 mil millones de dólares. Es una cuenta muy sencilla que podemos realizar
y computar.
Hay otros beneficios, como por ejemplo la devolución del 50 por ciento de las áreas exploratorias y la extensión de los plazos. Pero la simple extensión a perpetuidad de los contratos y el hecho de evitar a las empresas la posibilidad de tener que competir para licitar las áreas y pagar a los estados provinciales las rentas, constituyen el verdadero pecado y pérdida que los habitantes de esas provincias van a tener que sufrir de aquí en más.
Cuatrocientos cincuenta mil millones de dólares es dos veces la deuda externa argentina. Es decir que este Congreso en unos pocos minutos –y vaya si hemos discutido la deuda externa argentina- va a regalar el equivalente a dos veces la deuda externa argentina, el equivalente a la mitad del fondo soberano noruego del petróleo. Esto vamos a hacer nosotros, eso va a hacer este cuerpo dentro de unos minutos.
Nos dicen que esta ley es federal porque las provincias siguen licitando las áreas, pero las licitan con un tope de regalías. Entonces, ¿qué federalismo es ese? Es un federalismo burocrático, administrativo, pero en el que no hay absolutamente ninguna libertad para definir.
¿Por qué hacemos esto? Por la urgencia. Por esa locura en la cual la Argentina entra cuando tiene urgencias macroeconómicas. Esto es lo mismo que hizo Carlos Menem en el año 1999, porque vendió la acción de oro de Repsol por la urgencia macroeconómica de aquel momento como resultado de la crisis rusa, y volvemos a hacer lo mismo en esta historia circular de la relación que tiene el peronismo con el petróleo.
Nos dejan el desafío de construir sobre esto, ¿pero cómo vamos a construir sobre estos derechos que se otorgan?
Para nosotros el camino era exactamente el opuesto. Había que consolidar el marco institucional, cosa que esta ley no hace, y ser muy celoso con los recursos del pueblo argentino. Esta ley no resuelve en nada las incertidumbres institucionales del sector hidrocarburífero, y entonces tiene que ser muy generosa con los derechos y con lo que otorga. Por eso no podemos votar esta ley, porque no tiene sentido hacerlo.
Yo quiero terminar simplemente con una cita, que ya se mencionó acá, de un presidente argentino que también tuvo estas idas y venidas con el petróleo, y que hablaba de dos extremos y de la necesidad de la Argentina de encontrar un punto medio, algo que sea razonable.
Hablando de la política energética decía: “Hacer de esto una cuestión de amor propio es peligroso y estúpido… Estos nacionalistas de opereta han hecho tanto mal al país con sus estupideces como los colonialistas con su viveza. Unos negativos y otros excesivamente positivistas representan dos flagelos para la economía del país”. Son los extremos, los extremos de regalar el petróleo, los extremos de pensar que el nacionalismo va a resolverlos.
Este es un gobierno que nos ha dado los dos extremos cuando la Argentina lo que necesita es encontrar un punto medio que sea sostenible en el tiempo.

 

Monitor BCRA: Informe al 24 de Octubre de 2014

Informe:

Comparación entre los datos disponibles correspondientes al 24 de octubre y los anteriores al 17 de octubre.
Entre los últimos datos disponibles correspondientes al 24 de octubre y los anteriores al 17 de octubre, la brecha entre el límite permitido por la Carta Orgánica y el financiamiento otorgado al sector público se redujo a $25.077 millones (-$2.111 millones). Este efecto surge principalmente por una caída en el Límite Permitido por Carta Orgánica de -$2.281 millones, causado por una contracción en la base monetaria (-0,5%).

 

Metodología: 

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Discurso: Sesión por Obligatoriedad de sala de 4 años.

Señora presidenta: parece difícil que haya un proyecto que podamos abordar con más alegría y entusiasmo que éste, con el cual por supuesto estamos todos de acuerdo, porque rescatamos el valor de la educación, y primordialmente la educación pública, como un elemento transformador de la sociedad y de la generación de igualdad de oportunidades.
En un momento en que tenemos muchos relatos épicos, lo extraordinario sería que tomáramos la educación como la gesta épica más importante en un país donde el 50 por ciento de los chicos en edad de terminar el secundario no lo hace y donde hay 7 millones de adultos que no pudieron finalizarlo. Ésta es la gesta épica que la Argentina necesita para desarrollarse y tener una sociedad inclusiva.
Hay un dato, para mí bastante sorprendente, que explica por qué este proyecto es particularmente importante y por qué es necesario hacer algo más que lo que sugiere esta iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y que cuenta con dictamen de las comisiones.
Cuando computamos el retorno de la educación, es decir, cuál es para la sociedad el valor de educarse, nos encontramos con que por cada peso que se invierte a nivel primario, el retorno es de 3 pesos. Hay pocas inversiones sociales que tengan un retorno tan fuerte como la educación: por cada peso invertido, la sociedad recibe –en términos de mayores ingresos y mejoras en salud 3 pesos de todos aquellos que han pasado por el sistema educativo.
Cuando se hace el mismo cálculo pero considerando la educación temprana, o sea, el jardín de infantes, la relación es de uno a siete. En otras palabras, por cada peso que se invierte el retorno social es de 7 pesos. Es decir, más del doble que la educación primaria.
Obviamente, el foco en la educación temprana es absolutamente esencial; por eso debemos impulsarla con mayor entusiasmo y potencialidad.
Por las razones expuestas, la propuesta de nuestro bloque para el proyecto de ley en consideración que, por supuesto, votaremos afirmativamente tanto en general como en particular es que nos animemos un poco más y la obligatoriedad sea establecida desde los tres años; no desde los cuatro.
En esta Cámara hay varias iniciativas en el mismo sentido, de las cuales quiero mencionar particularmente una, porque a partir de la discusión con su autor entendí mejor esta problemática. Me refiero al proyecto de ley del señor diputado Mario Oporto contenido en el expediente 4.958 D.-2013, que también apunta a que la obligatoriedad sea a partir de los tres años. Me parece que deberíamos tomar en consideración esta iniciativa del Frente para la Victoria.
El señor diputado Oporto me comentó que cuando las escuelas diseñan su estructura edilicia para incluir las salas de cuatro, también tienen en cuenta las salas de tres. Es decir que la estructura edilicia está; el costo, en términos de infraestructura para las salas de tres y cuatro años, está dado, con lo cual está allanado el camino para dar el paso que proponemos.
En síntesis, invitamos a esta Honorable Cámara a dar un pasito más en este camino hacia la justicia social y la igualdad de oportunidades, estableciendo la obligatoriedad a partir de los tres años. Esta es simplemente la propuesta de nuestro bloque para el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

Señora presidenta: tenemos una propuesta de modificación del artículo 1°. La posición de la obligatoriedad de la educación a partir de los cuatro años es la que históricamente el PRO sostuvo en el Consejo Federal de Educación, pero creo que tenemos que ir por más, y por consiguiente la redacción que sugerimos es la siguiente: “Declárese obligatoria la educación inicial para niños de 3 y 4 años en el sistema educativo nacional”. Esta es la modificación que proponemos.

Monitor BCRA: Informe al 17 de Octubre de 2014

Informe:

Entre los últimos datos disponibles correspondientes al 17 de octubre y los anteriores al 1 de octubre, la brecha entre el límite permitido por la Carta Orgánica y el financiamiento otorgado al sector público se redujo de $49.021 a $27.188 (-$21.833 millones). Esta diferencia se debe principalmente a una corrección hacia atrás en la línea “Financiamiento al Sector Público” generada por un cambio en la metodología.

Hasta el mes de agosto se utilizan los adelantos transitorios, efectivamente otorgados, y las utilidades transferidas, reportadas en el resultado fiscal publicado por el Ministerio de Economía. A partir de septiembre se utiliza el estimador que antes, la emisión monetaria diaria, ya realizada, con destino a satisfacer las necesidades del fisco. La serie se irá corrigiendo mensualmente hacia atrás a medida que haya nuevos datos actualizados.

 

Metodología: 

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La trampa de los tres objetivos incomparables

El Gobierno enfrenta sus múltiples y cada vez más evidentes contradicciones de política económica tratando de resolver un trilema imposible.

Me explico. La conducción económica anhela tres objetivos bien concretos: estabilizar las reservas o hacerlas crecer; mantener controlado el tipo de cambio evitando el impacto distributivo de una devaluación, y liberar el cepo cambiario, el ingrediente más tóxico de la política económica.

Pero las políticas destructivas a la producción que el oficialismo sigue profundizando -por ejemplo, con la reciente sanción de la ley de (des)abastecimiento-, y cuyo único resultado fue una baja en la actividad económica y en las exportaciones, obligan al Gobierno a sacrificar, inexorablemente, al menos uno de estos objetivos.

Si quiere preservar las reservas y mantener estable el tipo de cambio, el resultado será una mayor caída de las exportaciones por el atraso cambiario, lo que obligará al Gobierno a seguir apretando el cepo. Si quiere liberar el cepo manteniendo estable el tipo de cambio, sólo lo podrá hacer a costa de perder reservas. Si quiere preservar las reservas y liberar el cepo, no tiene más remedio que dejar ir el tipo de cambio.

En los últimos cinco años, el gobierno nacional se ha debatido sobre cómo priorizar entre estos tres objetivos. Hasta 2011, cuando todavía quedaba resto en la recuperación de la economía, las exportaciones y las reservas crecían con un mercado cambiario libre. Pero hacia fines de 2011, la intervención masiva del Gobierno en los mercados, el creciente costo fiscal y el atraso cambiario minaron la competitividad argentina y estancaron las exportaciones.

Enfrentado con esa realidad, el Gobierno eligió apelar al cepo. Así sentía que preservaba las reservas y lograba sostener el tipo de cambio. Pero el resultado del nacimiento del cepo fue una inmediata recesión. En 2012 la economía cayó 0,4 por ciento según el IGA (Índice General de Actividad) de Orlando Ferreres. En el segundo trimestre de 2012,cuando el cepo empezó a hacerse sentir, el derrumbe en el nivel de actividad fue de 5 por ciento.

Ante este panorama, en 2013, de cara a las elecciones, el Gobierno cambió el rumbo. Liberó el cepo al tiempo que mantuvo la estabilidad cambiaria. Pero como las exportaciones seguían en caída, el resultado fue una pérdida de reservas (cayeron de 43.290 millones de dólares a 30.599 durante el año). La contraparte de la relajación de la restricción externa fue una recuperación de la economía, que creció 3,3 por ciento según Ferreres y 2,9 por ciento según el PBI Congreso. Con la llegada de Juan Carlos Fábrega al Banco Central, el foco se puso nuevamente en las reservas, y no queriéndose apretar más el cepo, lo que se eligió fue la devaluación (23 por ciento en enero de 2014).

Pero desde entonces, el Gobierno optó nuevamente por volver a la estrategia inicial: apretar el cepo como mecanismo para preservar las reservas y la estabilidad cambiaria. Una vez más, el efecto es una fuerte recesión, ya que la economía viene cayendo 1,1 por ciento interanual en el primer semestre, según los datos del IGA, pero con una caída interanual registrada al mes de agosto, de 4,5 por ciento. La industria, donde el cepo se hace sentir con mayor intensidad, muestra una caída de 3,3 por ciento en el año, según el IPI (Índice de Producción Industrial) de Ferreres, pero de 6,1 por ciento en agosto.

El reciente reemplazo de Juan Carlos Fábrega por Alejandro Vanoli presagia que esta estrategia de mayores controles se profundizará. Es que el Gobierno elige este camino cuando necesita más que nunca al Banco Central. Ya le pidió 73.300 millones en el año para financiar su déficit creciente, pero todavía necesita pedirle 110.000 millones más en los próximos tres meses. Vanoli enfrenta dos opciones para cumplir con este pedido. O emite billetes por esa cantidad, aumentando la inflación, la brecha, y precipitando una devaluación, o los obtiene forzando a los bancos a prestárselos vía encajes, preparando el camino para una crisis financiera en el mediano plazo.

¿Cómo se sale de la trampa? Logrando que en la Argentina se pueda -ya no es cuestión de querer- producir. Esto requiere que la política se dedique a pensar cómo gestionar mejor el Estado y no a pensar cómo gestionar mejor las empresas. Porque el Gobierno, al dedicarse a lo que no tiene que hacer, y no ocupándose de lo que sí debería hacer, termina imponiéndole a la producción un costo fiscal desmedido, genera costos de financiamiento imposibles de cubrir y sustrae toda la energía de producción desviándola al arduo trabajo de atajar penales y llenar formularios. Lamentablemente, a estas alturas de las circunstancias, no se visualiza que esto vaya a cambiar hasta que los argentinos elijan un gobierno que se dedique a gestionar y no a relatar.

Porque la economía en esto es como el amor, sostener una relación sólo a fuerza de relato o intenciones permite llegar hasta un cierto punto en el que, finalmente, eclosiona cuando la realidad se hace evidente.

Discurso: Sesión por Presupuesto

Señora presidenta: creo que son cuatro los temas que debemos tratar en lo que respecta a este presupuesto: su institucionalidad, su consistencia, sus aspectos distributivos -tema del cual ya se ha hablado- y su desprolijidades.
Entonces, voy a referirme a cada uno de esos aspectos por separado. Yo le comentaba al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda mi sorpresa por la poca cantidad de diputados que asistieron a las reuniones de comisión en la que se trató el presupuesto. Por ejemplo, recordaba que hace un mes o un mes y medio tratamos la expropiación de El Molino y estuvo prácticamente la mitad de la Cámara durante la discusión. Y cuando considerábamos este proyecto, que es sobre qué van a hacer los argentinos con sus impuestos, se notaba durante el trabajo de comisión mucho menor interés. Eso deriva de nuestras reglas de juego, de cómo nos organizamos, de cuál es la relevancia de la discusión de este presupuesto en este Congreso.
Recordábamos el artículo 37 de la ley de administración financiera, previo a la modificación del año 2006, cuando este Congreso definía el presupuesto. Ese artículo decía que quedan reservados al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como los cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, y los que impliquen un cambio en la distribución de finalidades. Es decir que el Congreso definía los montos, y si era necesario hacer cambios, este Congreso volvía a autorizarlos. Pero en el año 2006 esto se modificó y ahora hay un nuevo párrafo del mismo artículo 37 que dice que el jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucran a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de finalidades. Es decir que no hay más presupuesto. Este es un país que no tiene más presupuesto. Esto es letra muerta antes de ser aprobado, y me parece que eso es justamente lo que explica por qué, por más esfuerzo que se pueda hacer a nivel comisión, no hay debate ni presentaciones, porque uno sabe que al día siguiente las cosas pueden cambiar.
No hubo ningún ministro que viniera explicar gastos puntuales, partidas presupuestarias. No tuvimos debate; apenas acariciamos alguno. Voy a dar algunos ejemplos de cosas que me hubiera gustado debatir, no para decir si hay que hacerlo o no. No lo puedo hacer porque no tuve la explicación del funcionario correspondiente que viniera a informar si este gasto era conveniente.
Cito un ejemplo: veo que se destinan 3.000 millones de pesos en el año 2015 para Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Quizás está bien esa inversión. Es una empresa que hoy tiene una ganancia de 165 millones. Pero veo, por ejemplo, que no hay ninguna partida para la autopista ribereña, que le cambiaría la vida a cientos de miles de habitantes del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces, me habría gustado que alguien hubiese venido a explicarme por qué esos 3.000 millones se tenían que gastar en aquello y no en esto. Me parece que es un debate que, saliera como saliera, legitima el presupuesto. Creo que lo enriquece y puede hacer que tomemos mejores decisiones. Pero ese ejercicio faltó.
Yo planteé otro ejemplo: para los próximos años vamos a comprometer 5.000 millones de pesos en la reparación de los barcos de la Armada. Repito: no sé si eso está bien o mal. Ese monto es lo mismo que nos llevaría terminar la autopista a Pergamino y la autovía a Junín. Si me preguntan a mí a priori diría que me inclino por esto último. Pero alguien lo tiene que venir a explicar, y esa explicación no se dio.
Lo mismo sucede con Aerolíneas Argentinas: apenas si acariciamos este debate. Se destinaron 4.000 millones de dólares en los últimos cuatro años para financiar los vuelos internacionales de esa empresa. ¿Está bien, está mal, tiene sentido, hay otros usos mejores? Creo que como cuerpo podríamos hacer un trabajo muchísimo mejor en este sentido, independientemente de si después resulta bien o mal, o se decida en un sentido o en otro sobre las propuestas que hace el propio Poder Ejecutivo.
La realidad es que hoy no tenemos presupuesto. Debería haber un compromiso de todas las fuerzas políticas para cambiar esta situación. Creo que toda la oposición lo comparte y para finales de 2015, cuando una de ellas sea gobierno, deberíamos comprometernos a cambiar esto. Esta es una gran institucionalidad que la Argentina ha perdido.
En el caso puntual nuestro –el PRO en la ciudad de Buenos Aires es como era antes aquí, y cada vez que hay un cambio en el monto y en las finalidades hay que volver a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a discutir y a consensuar. Nosotros no tenemos mayoría en la Legislatura, entonces hay que hacer ese ejercicio de dejar de lado parte de la verdad de uno para tomar la verdad del otro. Creo que eso enriquece profundamente el diseño de las políticas públicas.
Para terminar este capítulo de la institucionalidad, aprovecho para referirme a lo que han dicho muchos diputados con respecto a la oficina presupuestaria. Esto figura en el dictamen del diputado Miguel Bazze; también está en proyectos nuestros del diputado Gribaudo y lo dijo asimismo la diputada Ciciliani. Esa oficina presupuestaria podrá servir para hacer un análisis apolítico de los números, para poder ir a preguntar cuál es la tasa de retorno de este proyecto, que análisis se hizo, cuál es el impacto distributivo, y de esa manera informar el debate.
El segundo punto tiene que ver con la consistencia. De esto se ha hablado muchísimo. Creo que es una práctica habitual que uno subestima gastos e ingresos y después, dado que la inflación es más alta que la anticipada, tiene que acomodarlo mediante otros mecanismos, como por ejemplo los decretos de necesidad y urgencia. Yo ya he mencionado acá un par de veces que mediante el último gran decreto de necesidad y urgencia de hace unos días -este año hemos tenido varios- se destinan 10.000 millones de pesos para sueldos de una repartición que no tiene empleados. Es decir que uno encuentra que se necesita mucho más control de ese ejercicio.
También se mencionó un presupuesto que en el año 2014 apuntaba a tener un superávit de 870 millones y terminó teniendo un déficit de 166.000 millones. Entonces, la pregunta es ¿cómo interpretamos el número que nos da el Ejecutivo? Si lo tomo como si fuera bueno, como si fuera real, como si se tomaran en serio los números, me ocurre lo que muy bien señaló el señor diputado Lozano en comisión: nos vienen a hacer una presentación según la cual la política fiscal tiene que ser contracíclica, estamos en una recesión y nos ofrecen un presupuesto que tiene un ajuste tremendo porque tiene un aumento de los recursos que es tres veces el de los gastos. Entonces, hay una inconsistencia entre el discurso teórico, conceptual e ideológico y los números que se presentan. Así que pareciera que ni ellos mismos se lo creen.
Asimismo, si los recursos crecen porque la inflación es del 15 por ciento y va a ser mayor, ¿cómo vamos a discutir el aumento de los gastos? Nosotros tenemos una estimación por la cual si tomo como cierta la inflación del 15 por ciento y después termina siendo del 30 por ciento, va a haber 362.000 millones más de ingresos. Entonces, ¿cómo nos vamos a asignar? ¿Los vamos a asignar a nuevos gastos? ¿Los vamos a asignar a bajar impuestos? Me parece que son debates que no pueden no tener lugar en el seno de esta casa.
Y si tomo lo que todos pensamos que va a pasar, esto es, que en realidad los gastos van a subir más o menos como está anticipado que van a aumentar los recursos, tenemos un déficit del PBI de casi cinco puntos. Y si esto se financia con emisión, sumándola a la emisión que ya tiene contenida este presupuesto, que son 161.000 millones, tenemos un crecimiento de la base monetaria realmente preocupante. Entonces, es importante que ayudemos a ver cómo se va a financiar esto, porque no está planteado en la realidad y entonces a partir del año que viene, con este presupuesto, nos podemos encontrar con una situación macroeconómica muy complicada.
El tercer punto tiene que ver con los efectos distributivos. Voy a hablar de distributivos en dos dimensiones y del rol fundamental que tiene el impuesto inflacionario. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha incorporado un impuesto más, que no está legislado, que es el impuesto inflacionario y que hoy recauda 3,5 puntos del PBI. A este impuesto no lo pagan los más pudientes; ya sabemos que es uno de los impuestos más regresivos que hay. Entonces, la estructura tributaria en la Argentina no está considerada ni ajustada por el hecho de que uno ha incorporado 3,5 puntos regresivos del PBI. Me parece que eso cambia dramáticamente, porque no me digan que eso no es un impuestazo, que se aplica justamente a la gente que tiene menos recursos. Pero también afecta al federalismo, porque el impuesto inflacionario, el financiamiento con emisión, son recursos que quedan para el gobierno nacional pero después la inflación la paga el correntino, el sanjuanino, el mendocino y cada uno de los habitantes de la Argentina. Por eso yo planteaba en comisión que en algún momento alguien en las provincias va a tener que plantear qué se hace con eso.
¿Por qué no coparticipar este impuesto? ¿Por qué no coparticipar esta fuente de recaudación? Son 18 mil millones de pesos para la provincia de Buenos Aires, son 7 mil millones para Córdoba y Santa Fe y 3 mil millones para Tucumán y Santiago del Estero. Esto sería así, por ejemplo, si se coparticipara lo que el gobierno obtiene por la emisión monetaria, de la misma manera en que se coparticipan los impuestos.
Teniendo en cuenta lo que dijo la diputada Ciciliani, si uno incorpora el impuesto inflacionario, no se cumple con las condiciones de la coparticipación federal. El impuesto inflacionario afecta el espectro redistributivo del gasto y de los ingresos y afecta el federalismo del presupuesto.
Estas son simplemente algunas pinceladas, algunos temas conceptuales relevantes y algunos errores que vemos en este presupuesto.
En los errores que tiene el presupuesto se nota la falta de respeto a la labor que tenemos que hacer acá con respecto a esta iniciativa. Es decir, si a mí me dan una partida de Presidencia y cuando sumo los ítems me faltan 800 millones de pesos, pregunto dónde están esos 800 millones porque, o es el financiamiento de la política del que hablaba la diputada Ciciliani, o es un error. No sé lo que es. Lo que sí sé es que tengo números y planillas que nos dieron para trabajar que no suman correctamente.
Por ejemplo, se imputan 2.800 millones para actividades centrales en el área de seguridad y 431 millones para acciones civiles. Si yo tomo los ítems del presupuesto y sumo los subítems, tengo faltantes. También hay partidas donde los números no están. Esto ya lo dije y supongo que será un error porque, por ejemplo, el sueldo del vicepresidente es cero. Esto me pareció algo bastante curioso y lo quería mencionar, aunque supongo que será un error.
También tenemos ítems en los cuales los subítems no corresponden con el ítem general. Esto ya se lo hemos dicho al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, más que nada pensando en el año que viene, para que podamos tener algo con lo que trabajar más ordenadamente.
En cuanto al tema del seguimiento federal del presupuesto, en los últimos años dejamos de conocer cómo se cumple el presupuesto según cada jurisdicción. Por ejemplo, el gobierno puede derivar los recursos del presupuesto de Vialidad de la provincia de Santa Fe o de la provincia de Córdoba a la provincia de Santa Cruz –lo digo simplemente como un ejemplo, no es que eso es lo que haya ocurrido- y no tenemos manera de controlar si eso ocurrió. Esto también hace que el trabajo que hagamos sea peor.
En definitiva, esto nos habla de que tenemos que recuperar el rol del Congreso con respecto a la elaboración del presupuesto, que hoy no tenemos y que tampoco vamos a tener el año que viene.
Ese tiene que ser el compromiso de todas las fuerzas que verdaderamente crean en la República Argentina, porque acá hay representantes del pueblo argentino con visiones absolutamente diferentes y nuestra obligación es construir un consenso con esas diferencias. Eso implica resignar parte de nuestra verdad para tomar la de otro en función del presupuesto de la Nación Argentina, que es la manera en que los argentinos gastan sus impuestos. Tenemos que recuperar el presupuesto para la República Argentina.
Hoy estamos aprobando un proyecto de ley que está vacío de contenido. Como dije antes, es letra muerta, pero donde lo que está muerto es la República y por ello tenemos que comprometernos a trabajar de manera diferente. El resto de la discusión, mañana puede ser borrado por el jefe de Gabinete de un plumazo.
Con ese espíritu, con ese objetivo, con ese compromiso y con ese futuro es que hemos abordado esta discusión.