Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el Programa de Ayuda Económica a Jóvenes denominado PRO.GRE.SAR

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina para que informe, a través de quien corresponda, ante las comisiones de Legislación del Trabajo y de Educación de la Cámara de Diputados Nacional, los motivos por los cuales fue anunciado oficialmente el día 22 de Enero de 2014 un programa de ayuda económica a los jóvenes de 18 a 24 años denominado “PRO.GRE.SAR”, cuando ya existía uno similar denominado “PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO” de mayo de 2008. Respecto a todo ello, se requiere la siguiente información:
1. ¿Qué funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social están (o estuvieron) afectados a la implementación del PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO? Remita la nómina de los mismos y sus currículums vitae.
2. ¿Cuáles fueron los créditos presupuestarios destinados al programa? Detalle el nivel de ejecución de los mismos para cada año calendario.
3. ¿Existe alguna comunicación oficial por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que indique si acaso el programa dejó de ejecutarse en algún momento? De ser así, remita toda documentación pertinente.
4. ¿Cuántas jóvenes entre 18 y 24 años se inscribieron en el programa? Remita las nóminas discriminadas, en lo posible, por provincia y municipio.
5. ¿Cuántos jóvenes cumplieron con el objetivo del Programa? Remita toda documentación y estadísticas que prueben el impacto social del mismo.
6. ¿Qué organismos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y/o de la Administración Pública Nacional intervinieron en el control del programa? Remita toda documentación pertinente.
7. ¿Qué instituciones de formación profesional, organizaciones empresariales y sindicales estuvieron afectadas al programa? Remita la nómina completa de las mismas y demás documentaciones pertinentes.
8. ¿Por qué se decidió implementar el PRO.GRE.SAR para atender, según anunció la Presidenta de la Nación el día 22 de enero, las necesidades laborales de 1.500.000 de jóvenes argentinos, cuando supuestamente el programa anterior, en un período de cinco años, debía haber contribuido a la inserción laboral de una buena parte de aquél universo?
9. ¿Por qué el PRO.GRE.SAR, a diferencia del PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO, incluye ahora la posibilidad de otorgar el beneficio aquellos jóvenes con trabajo precario, cuyo salario sea inferior al salario mínimo, vital y móvil?

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
El día 22 de enero de 2014, la Presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció públicamente en cadena nacional el lanzamiento de un plan de asistencia económica para jóvenes entre 18 y 24 años con el objetivo de promover su inserción laboral y la escolaridad denominado PRO.GRE.SAR (PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES DE LA ARGENTINA). El mismo está informado en los sitios web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del ANSES.
Como anunció la Presidente de la Nación, los beneficios se pagarán a través del ANSES, aunque será financiado con fondos del Tesoro Nacional. La asistencia correrá por cuenta del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social suministrará el apoyo para el cuidado de los hijos del beneficiario, en caso que lo necesite. Asimismo, el programa alcanzará un universo de más de 1.500.000 de jóvenes argentinos nativos o naturalizados, es decir, al 78% de jóvenes que carecen de empleo y están en los dos niveles de más bajos recursos.
Entendemos que el lanzamiento del PRO.GRE.SAR constituye una burla para la sociedad, y en particular hacia aquellos jóvenes argentinos que actualmente están sufriendo la precariedad laboral, ya que existía un programa similar lanzando en mayo de 2008 denominado PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO (Resoluciones del MTEySS n. 497 del 13 de mayo de 2008 y de la SE n. 261 del 13 de mayo de 2008).
Si bien el sitio web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (http://www.trabajo.gov.ar/jovenes/acciones.asp) exhibe una serie de instructivos del mencionado Programa y las resoluciones que le dieron vida, no ofrece ningún tipo de información adicional acerca de su ejecución, el universo de jóvenes beneficiados, el impacto social y laboral, etc.
Por lo expuesto en el párrafo anterior, entendemos que el anuncio del PRO.GRE.SAR podría constituir una suerte de duplicación de programas, si es que todavía sigue existiendo. Al respecto no deja de ser sugestivo los continuos pedidos de informes realizados por otros colegas de esta Cámara sobre el PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO (Expedientes 1435-D-2013, 4946-D-2012 y 0163-D-2013 y otros) que lamentablemente no fueron respondidos. Más aún, esta diputada presentó en 2012 un pedido de informes (Exp. 6384-D-2012) en el que denunciamos que parte del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo se estaba llevando a cabo en un local partidario identificado como “JP Descamisados”, y todavía no ha sido respondido por las autoridades competentes.
Por los motivos expuestos, Sr. Presidente, solicito que se apruebe el presente Proyecto de Resolución.

Expresar solidaridad con el Presidente de Shell en la Argentina, Ingeniero Juan José Aranguren.

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Expresar su solidaridad con el presidente de Shell en la Argentina, Ing. Juan José Aranguren, ante los ataques de carácter público que recibiera de funcionarios del gobierno nacional, al mismo tiempo que manifestar su preocupación y profundo repudio ante la mencionada situación que se fundamentarán a continuación.

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
Con gran preocupación hemos tomado conocimiento de las declaraciones de funcionarios del Gobierno nacional acusando públicamente a la petrolera anglo-holandesa de intentar desestabilizar la cotización de la divisa estadounidense al llevar adelante una maniobra de compra de la moneda por arriba de ocho pesos, cuando la cotización era menor.
El hecho tuvo lugar tras la subida abrupta del dólar en donde el Ing. Aranguren en su calidad de presidente de Shell Argentina quedó sindicado por el Ministro de Economía, Axel Kicillof, como el principal propulsor del salto en la cotización causando la escalada de la moneda.
Es importante recordar que el presidente de esta empresa no es la primera vez que resulta agredido por el gobierno, ya que el mismo ha recibido hasta el día de hoy más de medio centenar de pedidos de prisión y de boicot contra los productos de su empresa petrolera.
Pero, más allá de esta situación particular tan preocupante, no deja de ser relevante destacar que este tipo señalamientos atentan contra la democracia argentina, la cual debe de ser cuidada y protegida de las acciones de intolerancia, de persecuciones, escraches o cualquier intento de discrecionalidad en el uso de los recursos que el mismo Estado posee. Los límites del Estado los define la constitución, no el poder gobernante.
Por nuestra parte, debemos alertar como ya se ha hecho en otras oportunidades que se está ejerciendo una práctica comunicacional de desprestigio, ataque al buen nombre y honor de las personas.
Es así como empresarios, comerciantes, comunicadores sociales, consultores económicos y hasta asociaciones de consumidores, entre otros actores de la vida nacional, son consecuentemente atacados por funcionarios oficialistas y por los medios vinculados al poder gubernamental
Esta clase de acciones constituyen una situación inadmisible en un estado de derecho, del mismo modo que la descalificación del quien piensa diferente, el agravio, la persecución ideológica y la conversión de cada adversario en un enemigo destruyen la convivencia y representan un ataque a los derechos humanos fundamentales. los gobiernos.
Estos atropellos nos comprometen especialmente en la defensa de la libertad de empresa establecida en nuestra Constitución Nacional.
Es por ello que expresamos nuestro más enérgico repudio ante estos graves acontecimientos que tienen como responsables a los funcionarios del gobierno y en ; particular al Ministro de Economía de la Nación Axel Kicillof; y nos instituimos, por el mandato popular obtenido en las urnas, en aval y garantes de los derechos constitucionales y acompañamos con nuestra solidaridad al Ing. Juan José Aranguren y todos los hombres de bien que como empresarios conforman organizaciones que son sinónimo de progreso y adelanto y que “importan a la prosperidad de la nación y a la existencia del poder. Sin rentas no hay gobierno; sin gobierno, sin población, sin capitales, no hay Estado” (Juan Bautista Alberdi, Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, 1854; Obras Completas, Tomo IV; pág. 144).
Por lo expuesto Sr. Presidente, le solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.

Expresar preocupación y profundo repudio por la agresión contra Ignacio Otero y el equipo periodístico de Todo Noticias.

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su gran preocupación y profundo repudio por la agresión sufrida el 1 de enero de 2014 por Ignacio Otero y el equipo periodístico de Todo Noticias, por parte de un grupo de personas que acompañaban al titular de la AFIP Ricardo Echegaray en el aeropuerto de Río de Janeiro.

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:

 

Con gran preocupación hemos tomado conocimiento de la agresión sufrida por el periodista Ignacio Otero, el camarógrafo Marcelo Funes y el asistente Martín Magaldi.
El hecho se originó, según indicó el periodista, cuando intentó entrevistar al titular de la AFIP Ricardo Echegaray, en el aeropuerto de Río de Janeiro, en el marco de una nota sobre las vacaciones que estaba disfrutando el funcionario con familiares y amigos.
“Echegaray estaba viendo la situación, fue testigo de todo, no hizo nada. Además después del violento episodio, uno de los agresores ofreció una entrevista de Echegaray con TN si no se difundía la información sobre la brutal golpiza que duró diez minutos” agregó Otero.
Esta es una situación altamente inquietante que pone de manifiesto la violencia contra la prensa que intenta reflejar la profunda dicotomía en la gestión oficial que, en el caso de la AFIP, por una parte castiga con un cepo cambiario y porcentajes de retención a los ciudadanos que intentan viajar o comprar algún elemento en el exterior y por otra sus funcionarios se benefician con la impunidad y el despotismo en el ejercicio de sus cargos públicos.
Esto constituye un acto de barbarie y de censura inaceptable y en un atentado contra la libertad y la democracia, además de un hecho que marca el comienzo de un nivel de intimidación inusitado.
Desde hace un tiempo, nuestro país está ingresando en una peligrosa espiral de violencia semántica, censura directa, temor a represalias laborales, durísimas réplicas presidenciales o, como en este caso, el uso de la violencia física para amedrentar y acallar las voces que no uniforman su pensamiento al discurso oficial.
Estos atropellos nos comprometen especialmente en la defensa de la libertad de expresión y del derecho de los trabajadores de prensa y de los comunicadores de opinión, a realizar sus tareas en un clima de respeto y tolerancia, sin actitudes autoritarias ni herramientas de coerción por parte de los miembros de la estructura oficial y gozando plenamente de los resguardos constitutivos de la vida republicana.
A su vez debemos recordar que la libertad de expresión es el derecho que más veces aparece custodiado en nuestra Carta Magna y otorga a todos los ciudadanos que habitan nuestro suelo la sagrada posibilidad de manifestar toda clase de ideas u opiniones sin ningún tipo de condicionamiento ni represión.
En ella se la ampara y protege especialmente por considerarla como la madre de todas las libertades. Del mismo modo la Convención Americana de Derechos Humanos y múltiples tratados internacionales la enuncian particularmente.
Es por ello que expresamos nuestro más enérgico repudio ante este grave acontecimiento; nos instituimos, por el mandato popular obtenido en las urnas, en aval y garantes de los derechos constitucionales a la libre expresión y acompañamos con nuestra solidaridad a los periodistas Ignacio Otero, Marcelo Funes y Martín Magaldi.
Por lo expuesto Sr. Presidente, le solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.

Proyecto de Ley: indexación de Créditos Hipotecarios.

El Senado y Cámara de Diputados…

CREDITOS HIPOTECARIOS
Artículo 1°.- Exceptúase de lo dispuesto en los artículos 7º y 10 de la Ley Nº 23.928 y sus modificatorias, a los créditos hipotecarios para vivienda.
Artículo 2°.- De forma

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:

Desde hace más de una década que el déficit habitacional se está agravando en nuestro país. Mientras que en el Censo del año 2001 aproximadamente un millón de familias registraban problemas de vivienda precaria o hacinamiento, en el Censo del año 2010, estos guarismos se habrían duplicado. Entre los jóvenes, es acceso a la primera vivienda resulta una de las preocupaciones fundamentales.
Los intentos para resolver esta situación, desde el Estado y desde la banca pública, han resultado infructuosos o insuficientes, por lo que urge encontrar mecanismos que verdaderamente liberen la capacidad de la sociedad de responder a esta demanda.
El presente proyecto de ley busca este objetivo, habilitando una modalidad crediticia, la posibilidad de otorgamiento de créditos hipotecarios indexados para vivienda, que permitiría reducir sensiblemente las barreras de acceso a este tipo de créditos, haciendo alcanzable el sueño de la casa propia a prácticamente el conjunto de la población.
Esta medida es relevante porque un análisis del mercado financiero argentino nos ha permitido detectar que, en los últimos cinco años, los préstamos hipotecarios han venido creciendo por debajo del ritmo de expansión de los créditos en general, mostrando una marcada desaceleración principalmente respecto de los préstamos al consumo.
Como porcentaje del PBI, los créditos hipotecarios alcanzaron en 2013 el 1,7%, manteniéndose en los mismos niveles durante los últimos ocho años. En contrapartida, se observa un significativo incremento por parte de los préstamos personales y tarjetas de crédito, los cuales pasaron, entre 2005 y 2013, de 1,3% a 3,6%, y de 1,1% a 3,3% del PBI, respectivamente.
Uno de los motivos fundamentales que explica este estancamiento relativo de los créditos hipotecarios, se basa en la imposibilidad de actualizar el valor nominal del capital prestado por las entidades otorgantes en función de la variación en el nivel de precios de la economía que implica que, en préstamos de larga duración como son los hipotecarios, en las versiones a tasa fija la tasa de interés se ubique cercana a la inflación, lo que ocasiona que las cuotas iniciales a pagar por el solicitante del préstamo sean establecidas en torno a valores elevados, lo cual dificulta el acceso al crédito, y se constituye en una importante barrera, en especial, para los segmentos de la población de menores ingresos. Al mismo tiempo, los deudores, tratan de esquivar la modalidad de tasa variable, ya que asocian a la misma un riesgo futuro al que no desean exponerse.
El otorgamiento de créditos hipotecarios indexados para la vivienda permitiría superar estas barreras al acceso, debido a que abre la posibilidad para la aplicación de cuotas iniciales significativamente más reducidas, ajustadas a la evolución de los precios de una canasta de consumo, manteniendo, así, un valor real fijo a lo largo de los años, y relativamente estable la relación cuota/ingreso del prestatario. En este esquema la cuota del crédito hipotecario se asemejaría mucho más a un alquiler con un valor relativamente constante a lo largo del tiempo.
Para visualizar con mayor claridad la magnitud de los efectos prácticos de esta medida, cabe tomar en consideración un ejemplo concreto. En el caso de un crédito de $500.000 a pagar en quince años, y manteniendo una relación cuota/ingreso de 30%, el impedimento
actual a la indexación del capital prestado conduciría a la aplicación de, por lo menos, una tasa fija anual en torno al 24-25%, dando como resultado cuotas nominales fijas mensuales de un valor de aproximadamente $10.000. Por lo tanto, el ingreso mínimo que requeriría una familia para poder acceder al crédito debería encontrarse en torno a $33.300. En cambio, la posibilidad de actualizar el valor del capital otorgado a préstamo de acuerdo a la variación de los precios de una canasta de consumo, habilitaría la aplicación de, por ejemplo, una tasa fija de 5% anual, dando como resultado una cuota inicial de $4.000, lo cual baja marcadamente el ingreso mínimo necesario del hogar a $13.300, para obtenerlos mismos $500.000. De esta manera, como se puede ver, se abriría pronunciadamente el acceso a los créditos hipotecarios para la adquisición de una vivienda a un amplio segmento de la población.
Un antecedente muy elocuente de esta modalidad crediticia lo constituye la experiencia chilena. Desde 1967 se viene aplicando una unidad de cuenta indexada (denominada Unidad de Fomento), reajustable de acuerdo al índice de precios publicado por su Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para actualizar el valor de los capitales prestados por las entidades financieras. El éxito de esta medida, en lo referente al mercado hipotecario, se manifiesta en el hecho de que la cartera hipotecaria chilena representa un 17% de su PBI, mientras que en Argentina ése número alcanza la exigua cifra de 1,7%, como ya fue mencionado. No sorprende que en los últimos años, el país trasandino haya prácticamente resuelto su problema de déficit habitacional.
Asimismo, el tamaño del mercado hipotecario argentino se encuentra lejos de los niveles de otros países de la región con menores niveles de inflación, como Brasil, cuyos créditos hipotecarios representan un 4,1% de su PBI, o Perú, en donde alcanzan el 4,4%.
Estas evidencias demuestran el escaso desarrollo del mercado hipotecario nacional, y dan cuenta de la necesidad de estimular esta modalidad de financiamiento tan relevante para permitir un mayor acceso a la vivienda por parte de la población en general. La participación de los préstamos hipotecarios, respecto del total de préstamos al sector privado no financiero, ha venido declinando desde 2005, dado que para inicios de ése año representaban el 22,7% del total de los préstamos, mientras que para fines de 2013 sólo explican el 9%.
Adicionalmente, la estrechez del mercado hipotecario local se manifiesta en el crecimiento del ratio “inquilinos-propietarios” de la sociedad argentina, provocando que el porcentaje de los primeros respecto de los segundos haya crecido en todos los rangos etarios de la población desde el 2003 hasta la actualidad. Por tomar un ejemplo, a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares se desprende que el porcentaje de propietarios de su vivienda ha descendido desde niveles cercanos al 73% en 2003 hasta órdenes en torno al 69% en el presente, clara muestra del crecimiento del número relativo de inquilinos respecto de los propietarios, producto de las cada vez mayores dificultades existentes para la compra de una vivienda.
La apertura de la posibilidad de otorgar préstamos hipotecarios indexados permitiría entonces, vía una reducción notable del valor de las cuotas iniciales y de la relación cuota/ingreso desde el comienzo del crédito, aumentar considerablemente el acceso a financiamiento para la adquisición de inmuebles por parte de la población, y, lo que es más importante, lograría que segmentos poblacionales de menores ingresos puedan acceder a la compra de viviendas mediante esta modalidad crediticia.
A su vez, el crecimiento de los préstamos hipotecarios estimularía al sector inmobiliario, contribuyendo de esta manera a su reactivación, con un resultante impacto positivo también sobre el nivel de actividad general de la economía.
Conjuntamente, al expandir el mercado potencial de solicitantes de créditos hipotecarios, las entidades financieras otorgantes verían incrementada su cartera de clientes, fomentando de este modo un mayor desarrollo y crecimiento del sector financiero argentino.
Considerando que el derecho a la vivienda es uno de los derechos humanos más relevantes, el desarrollo de esta modalidad de financiamiento que mejoraría visiblemente las condiciones de acceso a los créditos hipotecarios y a la adquisición de una vivienda digna, se muestra como una medida que impactaría directa y positivamente sobre la calidad de vida y bienestar de la población.
Por otra parte debe destacarse que el mismo Poder Ejecutivo Nacional ha formulado excepciones a lo normado en los Arts. 7 y 10 de la Ley n° 23.928 en los Decretos 1096/2002, Art. 1° en relación a los valores negociables que emitan el Gobierno Nacional y el Banco Central de la República Argentina., y 1733/2004, Art. 1°, en función de los título de Deuda Pública que se emitan como consecuencia de la Operación de reestructuración de dicha deuda.
Asimismo, el Art. 52 de la Ley 26.078, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación el 22/12/2005, extiende las previsiones del artículo 1º del Decreto Nº 1733/2004, ratificado por el artículo 7º de la Ley Nº 26.017, a los títulos públicos provinciales que cuenten con la autorización prevista en el artículo 25 y al ejercicio de las facultades conferidas por el primer párrafo del artículo 26, ambos de la Ley Nº 25.917.
Ante las frecuentes variaciones de las tasas de interés y la progresiva desaparición del préstamo hipotecario es que el Estado debe hacerse cargo de su rol de generador de oportunidades para las personas que requieran un préstamo para su vivienda. Por ello y en la inteligencia de que el marco económico actual aplicable a los Créditos Hipotecarios necesita de medidas concretas para mejorar su funcionamiento es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.

 

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=171345

Argentina Digital, una ley a contramano del mundo

Este año el Premio Nobel de economía recayó en Jean Tirole. El comité Nobel explicó que el premio se le otorgó por sus contribuciones a la teoría de la regulación. En particular, se lo premió por sus aportes a entender cómo deben regularse las telecomunicaciones. De hecho, en 1999 Tirole publicó un libro llamado Competencia en Telecomunicaciones que hoy es algo así como la Biblia para aquellos que quieren entender cómo regular este complejo mercado. En ese libro, Tirole responde dos preguntas básicas: primero, cómo lograr una regulación que no menoscabe a la inversión; segundo, cómo lograr una regulación que no menoscabe los incentivos a innovar.
En la Cámara comenté sobre estas contribuciones de Tirole, sorprendido porque la Ley Argentina Digital, que el Congreso acaba de aprobar, justamente no permite realizar lo que Tirole recomienda hacer. En realidad la regulación que propone la ley nos atrasa 40 años.
Veamos un ejemplo. La Ley Argentina Digital desagrega las redes de comunicación. Esto quiere decir que obliga a terceros a poder usar cualquier red, por ejemplo, en la red de televisión por cable. En llamadas telefónicas esto ya era así porque si no un abonado de Personal no podría comunicarse con uno de Movistar. Esta es una buena idea, pero siempre y cuando los cargos de acceso estén bien definidos, para que -como le preocupaba a Tirole- no afecte la inversión y la innovación.
Acá es donde la ley se confunde. En su artículo 48 dice que estos cargos se harán tomando en cuenta los costos para asegurar un “margen razonable de operación”. Error, diría Tirole. De esa manera se reducen los incentivos a innovar ya que quien mejore sus costos anticipará una caída en el precio al que tendrá que ofrecer la red a terceros. Una mejor manera, dice Tirole, es solo fijar un precio máximo, quizás inicialmente en función de los costos. Definido el precio máximo, las empresas tendrán un incentivo a bajar sus costos y, aunque quizás en el proceso logren ganancias importantes, lo relevante es que podrán ofrecer el servicio más barato. Después, la competencia rápidamente se encargará de que esa mayor eficiencia se traslade al consumidor. Lamentablemente, la ley aprobada no habilita este esquema.
Hace 40 años, en los EE. UU. todos los estados regulaban por costos, tal cual propone la ley que se acaba de sancionar. Hoy sólo lo hacen tres estados, mientras que el resto implementa el sistema de precios máximos de Tirole. Así, el cambio regulatorio fue clave para que los costos de conexión –telefónica- cayeran de 17 a 2 centavos el minuto, y eso que hubo mucha inflación en estos 40 años.
Es sólo un ejemplo pero que lleva a varias reflexiones. ¿Por qué el oficialismo se niega a incorporar estos cambios que mejoran la ley? ¿Por qué tenemos que apoyarnos en modelos regulatorios ya perimidos en el mundo? ¿Por qué no consultamos con los expertos del mundo para legislar mejor? Y eso que ni hablamos del alto nivel de discreción que esta ley le otorga a la autoridad de aplicación y que seguramente afectará negativamente los niveles de inversión. Seguramente con eso tampoco coincidiría Tirole.
Se entiende que el objetivo del Gobierno con esta la ley es avanzar en el control de la información que le llega a la gente. Pero no por eso hay que hacer todo mal.

Proyecto de Ley: modificación a la Ley de Contrato de Trabajo para que se exhiban las cargas patronales en los recibos de sueldo.

El Senado y Cámara de Diputados…
CONTRATO DE TRABAJO, LEY 20.744. INCORPORACION DEL ARTICULO 140 BIS. INFORMACIÓN SOBRE CONTRIBUCIONES PATRONALES
ARTÍCULO 1º- Incorpórese el artículo 140 Bis de la ley 20.744 de Contrato de Trabajo el que quedará redactado de la siguiente forma:
Art. 140 Bis. – Anexo al Recibo de Sueldo. El empleador deberá entregar al trabajador una constancia escrita con la descripción de las contribuciones patronales efectuadas.
ARTÍCULO 2 º. De forma

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
La presente modificación de la Ley de Contrato de Trabajo tiene como objetivo, generar mayor información para los empleados formales respecto de su situación de empleo.
El costo total del empleo representa un tema que debe ser tratado en profundidad. Del mismo modo que la visualización de las deducciones por el impuesto a las ganancias ha provocado el debate sobre su conveniencia y oportunidad, creemos que la incorporación de este anexo, con la información de las contribuciones patronales, también propiciará la discusión y toma de conciencia del verdadero costo que cada empleador y, en definitiva, el sistema, debe asumir por cada uno de los trabajadores.
El sistema político unánimemente se expresa a favor de promover el empleo formal, pero hay poca conciencia social de la muy significativa carga tributaria que recae en esa relación laboral formal.
Esta contradicción se visualiza al comparar la relevancia económica y política de ambos institutos. Por el impuesto a las Ganancias para Personas Físicas se han recaudado en el año 2013 la suma de $ (millones) 79.224, suma que representa un 2.4 del PBI. El monto comprendido en este impuesto se ha tornado visible para un universo amplio de trabajadores y, ha sido fuertemente cuestionado. Por otro lado, las Contribuciones Patronales representaron un 4% del PBI con un valor de $ (millones) 133.550. Siendo un monto sustancialmente mayor que el primero, consideramos que es esencial su transparencia ya que estas cargas también redundan en una baja del salario que puede recibir el trabajador formal, además afectando integralmente todo el espectro de ingresos y no sólo el segmento de mayores ingresos como ocurre con el impuesto a las ganancias.
Esta dicotomía obedece, a que muchos empleados desconocen el valor real de lo que implica cada puesto de trabajo desde la óptica del empleador, es decir, en términos coloquiales, cuánto le cuesta económicamente a un empleador cada uno de sus trabajadores.
Actualmente, del salario bruto individual, un 17 % se destina al aporte personal englobado en los conceptos de seguridad social y obra social. Sobre dicha remuneración bruta, el empleador tributa un 23% adicional en concepto de contribución patronal, suma que permanece oculta para el trabajador.
De esta manera, con la adición propuesta en el Artículo 140 Bis del presente proyecto, el empleado formal podrá contar con una información mayor a la hora de evaluar su puesto laboral y los costos del mismo, ya no sólo desde el punto de vista personal sino con una visión más integradora y transparente. Consideramos será el primer paso en una toma de conciencia que apunte a reducir el costo laboral formal propiciando así una verdadera expansión del empleo formal y con éste de la inclusión.
Por todo lo expuesto, pedimos se sancione este proyecto de ley.

 

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=171257

Proyecto de Ley: modificación de la Ley de Depósitos Judiciales.

El Senado y Cámara de Diputados…
LEY DE DEPOSITOS JUDICIALES DE LOS TRIBUNALES NACIONALES Y FEDERALES
ARTICULO 1° – Modifíquese el Artículo 1° de la ley 26.764 que quedará redactado de la siguiente forma:
Art. 1° – Los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de todo el país se efectuarán en cualquier banco del país a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales permanecerán depositados en la institución bancaria en los que se encontraran a esa fecha y continuarán en dicha entidad hasta la extinción de las causas que le dieron origen y como pertenecientes a ellas.
En las causas en trámite ante los tribunales nacionales y federales que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley tengan cuentas abiertas en algún banco, los depósitos judiciales continuarán realizándose en dicha entidad y se mantendrán unificados hasta la extinción de las causas que le dieron origen.
ARTICULO 2° – Modifíquese el artículo 2° de la ley 21.799 que quedará redactado de la siguiente forma:
Art. 2°: Deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional, así como de las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las casas del banco ya instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar el respectivo servicio.
ARTICULO 3° – La reglamentación establecerá el procedimiento para calificar como Banco apto para ser destinatario de los depósitos referidos en el primer párrafo de la presente ley como así también los procesos necesarios para su implementación.
ARTICULO 4° – La presente ley entrará en vigencia a los treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
La Ley 26.764, independientemente que generó la oposición de los representantes del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de destacados juristas, representó, en la práctica, una suerte de obstáculo para el ejercicio profesional e impuso importantes molestias a los beneficiarios de los depósitos judiciales, toda vez que incrementó sustancialmente la saturación del servicio prestado por el Banco Nación, debido a que esta entidad, que prestaba un deficiente manejo de los depósitos civiles, tuvo que asumir los correspondientes a los fueros comercial y laboral.
Pero más allá del paso atrás en calidad de servicio, la concentración de la actividad en el Banco Nación durante el primer año de vigencia de la Ley produjo también una inusual disociación entre las tasas que recibieron los litigantes por sus depósitos y las tasas de mercado, con el evidente perjuicio en el valor patrimonial para dichos depositantes.
El supuesto “reordenamiento” de los depósitos judiciales fundado en una federalización de los mismos, tuvo como finalidad la búsqueda de fondos líquidos para el gobierno Nacional y el consecuente daño al sistema eficiente que hasta entonces ofrecía el Banco Ciudad.
Como argumento, se sostuvo desde el Gobierno Nacional que desde el Banco Nación se promovería el financiamiento de proyectos sociales que involucraran a todo el país y se alegó que este alcance federal establecido por la nueva norma sería el disparador para lograr ese objetivo.
Pero dicho proyecto iba en contra de lo mandado por la Constitución, ya que lejos de cumplir con lo prescripto por el Art. 129 de la Constitución Nacional, en tanto deben ser trasferidos los tribunales nacionales con competencia ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, se avanzó en sentido contrario, restándole autonomía jurisdiccional privando a su Banco de los fondos depositados en las causas que tramitan en dicho fuero, proceso que deberá ser revertido una vez cumplido el mandato Constitucional.
El escenario descripto finalmente redundó en un proceso discriminatorio contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente al resto de las jurisdicciones provinciales en tanto ellas sí logran retener en bancos locales estos depósitos, derecho del que se priva a la Ciudad Autónoma, al menos en lo que hace al funcionamiento de su justicia ordinaria.
Esto es particularmente relevante, siendo que los depósitos judiciales representan un recurso económico y social importante, por su dimensión cuantitativa y por las características de estabilidad que representan. En el caso de la Ciudad Autónoma, estos recursos permitían, a través del Banco Ciudad, el desarrollo de una agresiva política de crédito hipotecario.
Sin embargo, es necesario tener presente que estos recursos, que permanecen por largo tiempo depositados en la entidad financiera, no son de propiedad ni de los juzgados ni de los bancos, sino de los litigantes.
El sistema creado por la Ley 26.764, genera un poder judicial cautivo de un solo banco prestador de un servicio que, a falta de competencia, no tiene ningún incentivo por mejorar su servicio, la tasa de beneficio, atención, plazos, etc.
Este poder monopólico, agravado por la Ley 26.764, explica que las tasas de interés que reciben los litigantes se hayan alejado durante el último año, como nunca antes, de las condiciones de mercado, lo cual, o genera una pérdida patrimonial considerable para quienes litigan, o incentiva una inmediata dolarización de dichos depósitos a fin de resguardar su poder adquisitivo.
A título de ejemplo durante estos primeros meses de 2014 la tasa en pesos pagada por un depósito judicial promediaba el 10%, contra una tasa de mercado más cercana al 30% y una inflación cercana al 40%.
La única manera de remediar esta exacción que se hace del litigante a favor del Estado Nacional (un impuesto encubierto adicional), es permitiendo una libre competencia por parte de las entidades financieras para atraer estos depósitos. La libre competencia entre entidades, rápidamente llevaría la tasa ofertada por un depósito judicial a los niveles de mercado. Aún más, la inusual estabilidad de dichos fondos, dentro de lo que es normal en el sistema financiero argentino, redundaría en tasas que equipararían o incluso superarían las de mercado, permitiendo así, cuanto menos la preservación, sino la adición de fondos al proceso judicial, lo cual no solo protegería los activos de los litigantes sino que permitiría mayores márgenes para la resolución de controversias. Márgenes que hoy son reducidos por la acción predatoria que sobre estos recursos genera su inmovilización a tasas muy por debajo de las de mercado.
En otras palabras, la manera natural de salir de este esquema es liberando al Poder Judicial a determinar la entidad en la que puedan depositarse esos fondos libremente, con lo cual operaría la competencia que siempre redunda en un mejor y más ágil servicio prestado, así como en una mayor retribución por dichos fondos.
Por todo lo expuesto, pedimos se sancione este proyecto de ley.

 

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