Buscan despejar dudas en EE.UU.

NUEVA YORK.- Federico Sturzenegger, diputado nacional y referente económico de Pro, se topó en más de una ocasión con la misma inquietud durante su visita de casi una semana a Nueva York: cómo se garantizará la gobernabilidad en una eventual presidencial de Mauricio Macri.

“Nuestra experiencia en la ciudad, gobernando sin mayoría en la Legislatura, es enriquecedora, sana e importante. Uno gobierna consensuando y ese ejercicio que hemos tenido es único y nos ha dado mucha madurez”, comentó a LA NACION Sturzenegger, antes de regresar a Buenos Aires. “Gobernamos no sólo con el justicialismo, sino con el gobierno nacional en contra”, sintetizó.

En Nueva York, Sturzenegger estuvo en un seminario privado organizado por el BBVA sobre América latina, en el que compartió un panel con Mario Blejer y Marco Lavagna. Además, se reunió con empresarios, analistas e inversores en un desayuno organizado por el Consejo de las Américas, y mantuvo un encuentro con miembros de la comunidad argentina.

Sturzenegger buscó marcar diferencias entre Macri y el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, a quien muchos aquí ya ven como favorito para suceder a Cristina Kirchner. Para hacerlo, insistió en que Macri está mejor preparado que Scioli para conducir al país a una “reconstrucción democrática”.

La pequeña gira de Sturzenegger por Nueva York llega en momentos en los que comenzó a cimentarse aquí la noción de que las elecciones nacionales se definirán entre Macri y Scioli en una segunda vuelta electoral. Cualquiera de los dos, creen aquí, imprimirá una política económica más cercana a las expectativas de los mercados, aunque, en ese terreno, Scioli aún crea dudas.

Sturzenegger dejó definiciones económicas. Dijo que la Argentina no necesita un ajuste, y que Macri va a liberar las restricciones macroeconómicas, va a bajar la inflación a menos del 4 por ciento en tres años, y va a corregir el déficit fiscal y a bajar impuestos.

Además, desechó cualquier urgencia por acordar con los holdouts. “El mercado va sintetizando que no sea tan inmediato un acuerdo. En un momento, hubo una sensación de que se iba a acordar de un día para el otro, y ahora la gente va tomando más consciencia de las complejidades y de que para resolver el problema tenemos que ir al Congreso y la propuesta tiene que ser lógica y el problema puede no resolverse inmediatamente”, dijo.

Porque, junto a Guillo Dietrich, apoyamos el proyecto de ferrocarriles.

En las últimas semanas nos preguntaron insistentemente sobre que posición tomaría el PRO ante la ley de estatización de ferrocarriles. Incluso la Presidenta interpeló en la sesión de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo al presidente de nuestro bloque, Federico Pinedo, quien, rápido de reflejos, respondió con una sonrisa y haciendo la V del peronismo. Es que lo que Pinedo quiso decir es que mal podíamos opinar sobre un proyecto que no habíamos visto. Pedirnos una definición era pedirnos una posición en el plano de la ideología: estatización sí o no. No importaba el proyecto, importaba el relato.
Pero como nuestro espíritu no es apostar a un relato, sino a soluciones verdaderas, resistimos la tentación de expedirnos hasta que pudiéramos ver el proyecto. Hoy celebramos no haber tomado partido: la propuesta es interesante, incluso merece ser apoyado.
La historia es conocida. En 1950, poco después que un gobierno justicialista decidiera la nacionalización de los trenes, se había llegado a un transporte máximo de carga de 17.309 millones toneladas-km. Pero la administración estatal no logró sostener este resultado y la carga transportada fue declinando año tras año, independientemente del signo ideológico de los gobiernos que se sucedían en el poder. Con (otros) justicialistas, militares, desarrollistas o radicales la cosa fue de mal en peor. El resultado es que para 1992 se alcanzó un mínimo de 3.729 toneladas-km transportadas. Fue como consecuencia de ese fracaso que a principios de los años 90 otro gobierno justicialista decidió que había que tirar a la basura lo que ese mismo partido había decidido 40 años antes, y hacer algo con el transporte de cargas en Argentina
Declarado fracasado el experimento de nacionalización se traspasó la actividad al sector privado. El resultado fue que en los 20 años siguientes el sector creció casi sin pausa (la crisis del 2001 casi no se nota en la evolución del tráfico) llegando a 12.198 millones toneladas-km transportadas en 2011, momento desde el cual el cepo cambiario volvió a reducir el trafico de cargas (un 20%) hasta la actualidad.
Quizás esta descripción leída ligeramente no sugiera la necesidad de realizar un cambio en el sistema. Pero esa lectura sería incorrecta. En estos 20 años el transporte por ferrocarril siguió perdiendo terreno respecto al transporte en camión, a pesar que los costos privados y sociales de este tipo de transporte subieron fuertemente. Con ello no logró aportar a una baja del costo de transporte interno. Así los costos de logística se convirtieron en el escollo más grande a la competitividad de nuestro país. ¿Qué fue lo que falló?

La privatización implementada por el gobierno justicialista de los años 90 logró adjudicar los ramales de carga a empresas que tenían un interés económico especifico en algunas áreas geográficas. Así, por ejemplo, AGD (Aceitera General Deheza) tomó el control del Nuevo Central Argentino y la empresa Loma Negra el de Ferrosur Roca.

Estas empresas enfrentaron dos alternativas: mantener los ramales como parte subsidiaria de su producción o crecer la infraestructura apuntando al desarrollo general del transporte de cargas. No había impedimento alguno para que persiguieran esta segunda estrategia, pero decidieron no hacerlo. No eran empresas ferroviarias (eran cementeras o productores agrícolas), los costos de capital eran demasiado grandes y la inseguridad jurídica del país hacían a la inversión demasiado riesgosa. Entonces decidieron replegar la actividad a la mínima que les diera una rentabilidad en su negocio.
Creemos que el proyecto presentado parte de esta realidad para generar la posibilidad de una mejora para todos los actores. El concepto clave es ‘open access‘: la idea que cualquier operador, público o privado, puede usar las vías. En este esquema el Estado pone a disposición la infraestructura ferroviaria, la que puede ser usada por cualquier empresa creada para operar carga por ferrocarril, o por empresas individuales que elijan hacer lo que hoy hacen las adjudicatarias, mantener una operación pequeña y propia para sus necesidades de transporte. En la versión inicial del proyecto el ‘open access‘ se restringía al transporte de carga, pero a nuestra sugerencia, y en un giro novedoso para el oficialismo, éste aceptó modificar el proyecto para que el ‘open access‘ también rija para el transporte de pasajeros. Así, el proyecto pone al Estado donde tiene que estar, y lo obliga a competir de igual a igual con los privados donde no es esencial.

Si el modelo es exitoso, el uso de las vías se intensificará significativamente. Cada operador o empresa pagará al Estado para el uso de las vías. Los operadores actuales probablemente reciban con agrado el cambio que los libere del peso del mantenimiento de las vías y les permita concentrarse en su negocio compartiendo el costo de la infraestructura con otros jugadores. En una situación donde todos ganan, los actuales concesionarios no tienen porque salir perdiendo.

No es claro que la operatoria vaya a ser rentable para este operador Estatal, pero la carga por tren reporta importantes externalidades. Reduce el costo de mantenimiento de la infraestructura vial, permitirá mejorar la competitividad, y permitirá salvar muchas vidas en nuestra rutas. Solo el Estado puede internalizar estos beneficios.

Si esta empresa se gestiona con verdaderos criterios de optimización social, cobrará por el uso de cada operador un cargo fijo, maximizando el uso de las vías. La disponibilidad de esos contratos permitiría ir orientando hacia donde desarrollar la red. Las provincias podrán ser actoras del proceso. Y si la contabilidad de la empresa es transparente (debería ser obligada a presentar balances usando los criterios contables de cualquier sociedad comercial), la sociedad sabrá cuanto le sale la operatoria y el Congreso podrá evaluar si sus inversiones justifican las externalidades positivas del transporte de carga.
El gobierno llama al proyecto ‘de Creación de Ferrocarriles del Estado’, pero bien podría llamarse ‘para Incrementar la Participación Privada en el Transporte Ferroviario‘ o ‘para Incrementar la Competencia en el Transporte Ferroviario Argentino’. No importa el título, lo relevante es el contenido.

Durante años el relato ha sido la excusa para justificar políticas erradas, hoy el relato, se usa para justificar algo razonable. Quizás en el futuro podamos obviar la épica y elegir y discutir nuestras políticas sencillamente por si son buenas o no.

¿Es factible un nuevo contrato fiscal: mas Estado, pero con menos impuestos?

La Argentina necesita más Estado y menos impuestos. Parece una contradicción, pero sintetiza gran parte de la agenda del país para la próxima década. Hoy, tenemos una bajísima eficiencia en nuestro gasto público pero impuestos de país nórdico. Un objetivo, entonces, deberá ser alinear beneficios con costos, ya sea elevando la calidad del gasto, o bajando los impuestos hasta hacerlos más lógicos en función de la calidad ofertada.
No es ciencia ficción, el país necesita reducir la carga impositiva que el kirchnerismo llevó a niveles récord. Hay dos dimensiones básicas a considerar: las ineficiencias de cada impuesto y su impacto distributivo. Si de ineficiencia hablamos, un caso obvio son las retenciones. En algunos casos, como el del trigo, su impacto en la producción fue tan letal, que la recaudación es nula. Sorprendentemente, el costo fiscal de eliminarlas es relativamente bajo: si se sacan todas las retenciones, excepto las de la cosecha gruesa (maíz, soja y girasol) que bajarían 5 puntos porcentuales, se afrontaría un costo fiscal en 2016 de 0,46% del PBI. Pero gran parte de ello se compensa, porque la baja de los impuestos estimula una mayor producción con lo que el costo fiscal total sería menos de la mitad, sólo 0,21% del PBI.
Si hablamos de incidencia distributiva, hay que considerar los cuatro impuestos más importantes que pagan las familias: el inflacionario, los laborales, el IVA y a las ganancias. Estos impuestos recaudan 2,4%, 6,8%, 7,6% y 6,0% del PBI, respectivamente. Definen la estructura impositiva del país. En términos de incidencia, el inflacionario es el más regresivo, seguido por los impuestos al trabajo y el IVA. El impuesto a las ganancias lo paga el 9.6% que más gana de los trabajadores, y es, así, el más progresivo. La prioridad debería ser bajar la inflación, el más regresivo y el más distorsivo de los impuestos. Tan negativa es la inflación, que ha dejado de usarse en todo el mundo. Bajar el IVA es una manera de reducir homogéneamente la carga tributaria. Su regresividad aporta desde el punto de la incidencia distributiva, pero es un impuesto relativamente eficiente que no genera mayores distorsiones.
Los impuestos al trabajo han sido sujetos a una increíble confusión. Es prevaleciente en la izquierda argentina que estos impuestos no pueden bajarse porque son “salarios diferidos”. Pero esto no es correcto: lo que los trabajadores aportan resulta mucho mayor que lo que reciben como contraprestación. Quien gana el salario medio aportará a lo largo de su vida laboral unos 950.000 pesos, pero recibirá solo 350 mil de contraprestación, o 638 mil si es casado con dos hijos. Si la persona gana dos veces el salario medio, aportará 1.750.000 pesos en su vida laboral y solo recibirá una compensación de 658 mil o 1.059.000 si es casado con dos hijos. En la realidad, los aportes, son, en una gran parte, lisa y llanamente impuestos. Bajarlos reduciendo el componente impositivo -esto es sin afectar ningún beneficio laboral presente y futuro de los trabajadores- debería ser parte de la agenda. Una baja de aportes personales para salarios de menos de 10 mil pesos costaría un 0,25% del PBI, pero reportaría para todo este segmento un aumento en el salario de bolsillo inmediato y real de cerca del 10%.
El impuesto a las ganancias también presenta aristas complejas. La rigidez nominal en las escalas hace que sea la inflación y no el Congreso quien defina quién paga. Hoy, por la serie de engendros legales para su liquidación, encontramos gente con el mismo ingreso que paga diferente -hoy se paga en función de los ingresos obtenidos entre enero y agosto de 2013 y no por los ingresos actuales-. Y, paradójicamente, a pesar de ser, lejos, el impuesto más progresivo de todo nuestro sistema impositivo, es el más cuestionado. En parte, porque no presenta progresividad “dentro” del impuesto ya que casi todos se ven sujetos a la misma alícuota del 35%. El desafío es dotarlo de estabilidad y recuperar la progresividad entre sus contribuyentes.
La Argentina necesita más y mejor Estado con menos impuestos que sean más justos. Avanzar en ese camino nos permitirá poner la proa hacia un país mejor.

También los empresarios caen en el populismo

Mucho se habla en la Argentina del populismo de los políticos. Populismo, es, en esencia, la priorización del corto plazo, aun cuando los costos en el largo plazo sean importantes. Un ejemplo de manual de populismo es lo que el Gobierno ha hecho con el mercado de las carnes y el trigo. La política arranca con la prohibición de exportación. Al quedar el producto “atrapado” en el país, la sobreoferta produce una baja en su precio. En el corto plazo parece que la política funciona, pero a poco de andar se ven la consecuencias. En el caso de la carne, la caída en el stock ganadero; en el caso del trigo, la merma en la producción. Poco años después, la carne está más cara que en los Estados Unidos y el trigo lo importamos de Uruguay.

Pero, como en toda comunidad, los políticos son un reflejo de la sociedad misma. Y así como aquí existe el populismo de los políticos, también existe un populismo de los empresarios, entendido, también, como la priorización del corto plazo aun cuando los costos de largo plazo sean importantes. Es que el negocio que requiere cooperar o participar de las distintas formas de la corrupción estatal, o el negocio que se basa en lograr estructuras de mercado donde se reparten rentas y donde la competencia es artificialmente asfixiada, también conlleva el mismo dilema del populismo tradicional de los políticos. La ganancia es rápida, pero en el largo plazo las empresas argentinas terminarán valiendo mucho menos que lo que valdrían en un país con transparencia, donde el crecimiento esté determinado por la capacidad empresarial y no por la capacidad de obtener privilegios estatales. Si en el populismo tradicional el político engaña al ciudadano, en su cortoplacismo los empresarios se engañan a sí mismos.

En su libro Por qué fracasan las naciones, Daron Acemoglu y Jim Robinson argumentan que esa situación de uso del poder por parte de las elites para apropiar rentas del conjunto de la población lamentablemente es la regla en el mundo, y no la excepción. ¿Cómo nacen estas situaciones de reparto de rentas? ¿Y cómo se sostiene, luego, esta situación de corrupción latente?

Una clave puede obtenerse del trabajo de Hannah Arendt, la famosa socióloga judía de la segunda mitad del siglo XX. En 1962, Arendt fue enviada por la revista The New Yorker a cubrir el juicio contra Adolf Eichmann, el ex funcionario del régimen nazi encargado de la llegada de los trenes al campo de concentración de Auschwitz. En ese juicio, Hannah Arendt se sorprendió por la mediocridad del personaje, sorpresa que la llevó a desarrollar la idea de “la banalidad del mal”, su visión sobre cómo cuando los individuos banalizan o les restan importancia a las implicancias éticas de lo que hacen, y derivan la culpabilidad por sus actos a una entelequia superior, terminan ayudando a crear verdaderos monstruos sociales. Salvando las distancias, es claro que el empresariado argentino (y nuestra sociedad toda) sufre una patológica banalidad de la corrupción. Quizás sólo un puñado de empresarios y funcionarios sean corruptos, pero el resto los deja hacer. Este resto mira hacia el costado. “El sistema acá es así”, dicen todos.

Se permite de esta forma un entramado de negocios oscuros donde se reparten rentas y que genera una asociación político-empresaria cuya consecuencia es una sociedad con valores disminuidos y con menor riqueza.

Ciccone existe, pero no sólo porque existe Boudou, sino también porque existe Ciccone. Y Boudou y Ciccone existen porque muchos miran para otro lado, pensando que eso es parte del sistema.

Así, el empresariado es objeto de una condena social permanente que lo deja presa de las vicisitudes de la política, ya que no encuentra en la sociedad un aliado que lo defienda. Indefensos ante el avance de la política, los empresarios empiezan a sufrir tantas intervenciones y tanta carga tributaria que la economía se vuelve poco dinámica, el riesgo institucional se potencia y las empresas terminan valiendo mucho menos de lo que valdrían en un sistema más abierto y transparente.

A los dos días de asumir como presidente del Banco Ciudad recibí una llamada de una empresa que trabajaba con el banco hacía 15 años. El intermediario ofrecía una “contribución” mensual para seguir operando con la institución sin tener que someterse a la presión de pasar por un proceso licitatorio. Antes de cortarle, le dije que no dormiría hasta asegurarme de que su empresa no trabajara más con el banco. Pero lograr eso me costó más de un año. En el ínterin hicimos una licitación donde se presentó sólo ese oferente. Una vez que logramos quebrar el armado, algunos conocidos de la industria me felicitaron por haber roto la madeja. Pero esa felicitación suponía el reconocimiento de que conocían la situación. A pesar de eso, durante el tortuoso camino para corregir el problema no se habían hecho presentes.

Hasta que el empresariado no deje de banalizar la corrupción, no sólo no ayudará a aquellos funcionarios que quieren hacer una diferencia, sino que se condenará a sí mismo a un entorno donde dependerá del beneplácito del poderoso de turno. En los esquemas de connivencia con el poder la ganancia es de corto plazo y muy incierta. Las reglas de juego nunca son claras. Y el día que se cae en desgracia con las autoridades, todas las puertas se cierran. Ahí, empiezan los lamentos por no haber sabido defender un sistema basado en la capacidad. Entonces los empresarios finalmente entienden que hoy viven el largo plazo que ayer no ayudaron a construir.

Argentina Digital, una ley a contramano del mundo

Este año el Premio Nobel de economía recayó en Jean Tirole. El comité Nobel explicó que el premio se le otorgó por sus contribuciones a la teoría de la regulación. En particular, se lo premió por sus aportes a entender cómo deben regularse las telecomunicaciones. De hecho, en 1999 Tirole publicó un libro llamado Competencia en Telecomunicaciones que hoy es algo así como la Biblia para aquellos que quieren entender cómo regular este complejo mercado. En ese libro, Tirole responde dos preguntas básicas: primero, cómo lograr una regulación que no menoscabe a la inversión; segundo, cómo lograr una regulación que no menoscabe los incentivos a innovar.
En la Cámara comenté sobre estas contribuciones de Tirole, sorprendido porque la Ley Argentina Digital, que el Congreso acaba de aprobar, justamente no permite realizar lo que Tirole recomienda hacer. En realidad la regulación que propone la ley nos atrasa 40 años.
Veamos un ejemplo. La Ley Argentina Digital desagrega las redes de comunicación. Esto quiere decir que obliga a terceros a poder usar cualquier red, por ejemplo, en la red de televisión por cable. En llamadas telefónicas esto ya era así porque si no un abonado de Personal no podría comunicarse con uno de Movistar. Esta es una buena idea, pero siempre y cuando los cargos de acceso estén bien definidos, para que -como le preocupaba a Tirole- no afecte la inversión y la innovación.
Acá es donde la ley se confunde. En su artículo 48 dice que estos cargos se harán tomando en cuenta los costos para asegurar un “margen razonable de operación”. Error, diría Tirole. De esa manera se reducen los incentivos a innovar ya que quien mejore sus costos anticipará una caída en el precio al que tendrá que ofrecer la red a terceros. Una mejor manera, dice Tirole, es solo fijar un precio máximo, quizás inicialmente en función de los costos. Definido el precio máximo, las empresas tendrán un incentivo a bajar sus costos y, aunque quizás en el proceso logren ganancias importantes, lo relevante es que podrán ofrecer el servicio más barato. Después, la competencia rápidamente se encargará de que esa mayor eficiencia se traslade al consumidor. Lamentablemente, la ley aprobada no habilita este esquema.
Hace 40 años, en los EE. UU. todos los estados regulaban por costos, tal cual propone la ley que se acaba de sancionar. Hoy sólo lo hacen tres estados, mientras que el resto implementa el sistema de precios máximos de Tirole. Así, el cambio regulatorio fue clave para que los costos de conexión –telefónica- cayeran de 17 a 2 centavos el minuto, y eso que hubo mucha inflación en estos 40 años.
Es sólo un ejemplo pero que lleva a varias reflexiones. ¿Por qué el oficialismo se niega a incorporar estos cambios que mejoran la ley? ¿Por qué tenemos que apoyarnos en modelos regulatorios ya perimidos en el mundo? ¿Por qué no consultamos con los expertos del mundo para legislar mejor? Y eso que ni hablamos del alto nivel de discreción que esta ley le otorga a la autoridad de aplicación y que seguramente afectará negativamente los niveles de inversión. Seguramente con eso tampoco coincidiría Tirole.
Se entiende que el objetivo del Gobierno con esta la ley es avanzar en el control de la información que le llega a la gente. Pero no por eso hay que hacer todo mal.

Proyecto de Ley: modificaciones al Transporte Aerocomercial.

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1°.- Sustitúyese el Artículo 42º de la Ley Nº 19.030, por el que a continuación se indica:
“Artículo 42°.- Las tarifas se establecerán consultando los intereses de la Nación, de los usuarios y de los explotadores, con el concepto de tarifa económica retributiva correspondiente a cada ruta y tramo de ruta, no pudiendo, en ningún caso, fijarse tarifas mínimas para las rutas aéreas internas y regulares. Quedan sin efecto, por tanto, todas aquellas que se encontraren vigentes al momento de la sanción de la presente ley.”
Art. 2°.- De forma.

FUNDAMENTOS:

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo volver más accesible el transporte aeronáutico doméstico, generando una mayor interconexión e integración entre las diferentes regiones del país, lo cual, a su vez, traería aparejado un estímulo para el desarrollo de las economías regionales y la industria a nivel provincial y nacional. El federalismo es un objetivo esencial para la construcción de un país verdaderamente integrado y homogéneo, y el desarrollo de mecanismos de comunicación entre las ciudades del país es un vehículo fundamental para dicho proceso. Dadas las características de distancia y de densidad poblacional la apuesta más inteligente a la integración debe darse con el desarrollo del mercado aerocomercial. Sólo con un mercado aerocomercial pujante y con muchas frecuencias, serán competitivas nuestras industrias regionales, se llenarán los hoteles turísticos del interior, y tendrán mejor calidad de vida todos los habitantes del país.
Aun compartidos estos objetivos por todo el espectro político, algo debemos estar haciendo mal. Entre los años 2000 y 2013 la cantidad de pasajeros domésticos cada 100 habitantes en Argentina pasó de 18,7 a 20,4, es decir, aumentó tan sólo un 9%. Distinto es el caso de Chile, que con un mercado relativamente similar al de la Argentina, en el año 2000 transportaba 20,2 pasajeros cada 100 habitantes, pero que para el año 2013 pasó a transportar 54,0, observando, así, un crecimiento del 167% en ese período. Como se puede observar en los gráficos “Mercado Doméstico – Pasajeros cada 100 Habitantes” y “Mercado Doméstico – Evolución de los Pasajeros cada 100 Habitantes (%)”, Chile no fue la excepción a la regla, la cantidad de pasajeros transportados cada 100 habitantes para Brasil, Colombia, y Perú durante esos años aumentó un 170%, 117%, y 182% respectivamente. Este último caso es sorprendente. En el año 2000 los peruanos volaban la mitad que lo hacían los argentinos, hoy vuelan casi un 50% más.

Gráfico 1: Mercado Doméstico – Pasajeros cada 100 Habitantes (1)
cuadro 1 transp aereo
El gráfico 2 muestra los mismos números pero enfatizando el crecimiento porcentual desde el año 2000. Se ve inmediatamente el rezago relativo de nuestro país, al menos desde esa fecha.

Gráfico 2: Mercado Doméstico – Evolución de los Pasajeros cada 100 Habitantes (%) (2)
cuadro 2 transp aereo

Asimismo, si se presta atención a las frecuencias de vuelo de ciudades de similar tamaño, se puede ver desde otra óptica que los países del resto de la región cuentan con mayor interconexión en todos los segmentos poblacionales. En los cuadros “Frecuencias Semanales por Destino en Ciudades entre 200.000 y 300.000 Habitantes” y “Frecuencias Semanales por Destino en Ciudades entre 100.000 y 200.000 Habitantes” se puede observar que las ciudades Argentinas con esos rangos poblacionales cuentan con considerablemente menos frecuencias con respecto a otras de la región del mismo tamaño. Por ejemplo, la ciudad de Antofagasta (Chile), cuenta con 37,6 veces más frecuencias semanales que la equiparable Santiago del Estero (Argentina). Al tener la posibilidad de bajar los precios a niveles competitivos, se puede generar una mayor demanda volviendo viables nuevos destinos y nuevas frecuencias a horarios, días, y meses de poca actividad, fomentando aún más la interconexión entre las distintas regiones.

Cuadro 1: Frecuencias Semanales por Destino en Ciudades entre 200.000 y 300.000 Habitantes
cuadro 3 transp aereo

Cuadro 2: Frecuencias Semanales por Destino en Ciudades entre 100.000 y 200.000 Habitantes
cuadro 4 transp aereo

¿Qué es lo que puede estar pasando? Resulta que el sistema tarifario actual impide la venta de pasajes a precios menores a la tarifa mínima establecida, volviendo económicamente más inaccesible el transporte aéreo. Una tarifa mínima es equivalente a la imposición de un precio mínimo que, para que tenga efecto, suele estar por encima del precio de mercado. Lo que habitualmente sucede en estos casos es que, a un precio más alto se reduce el número de demandantes (al ser económicamente más inaccesible), dinámica que deriva en la materialización de un menor bienestar para los actuales y los potenciales usuarios del transporte aerocomercial.
La estipulación de tarifas mínimas elevadas permite que operen oferentes más ineficientes, que brindan un peor servicio, a costa de restringir el ingreso al mercado de otros que pudieran ofrecer uno mejor a un menor costo. Esto sucedía en Brasil, dónde las tarifas mínimas permitían que sean rentables negocios con altas e innecesarias estructuras de costos, protegidos por la imposición de precios de venta por arriba de los de mercado. Ese sistema acaparaba la poca demanda existente y limitaba su verdadero potencial anulando la competencia.
Con la eliminación de las bandas tarifarias, por el entonces presidente Lula da Silva, se le permitió la entrada a las operadoras de bajo costo. Una de las que ingresó en el mercado fue la aerolínea GOL en el año 2001, que hoy en día logró captar un 36,29% (3) del mercado doméstico (calculado en términos de pasajeros volados por kilómetro). Entre los años 2001 y 2003 el mercado doméstico brasilero se mantuvo estable, pero luego de este período de adaptación la industria se comenzó a desarrollar y para el 2013 había crecido un 239% (4) . Este incremento se debe, en gran parte, a que la eliminación de las bandas tarifarias permitió que los precios de los pasajes cayeran en promedio un 48% en términos reales entre los años 2006 y 2013.
Por otro parte, la flexibilidad tarifaria es una característica esencial y necesaria para el desarrollo de la industria principalmente por dos razones. Por un lado la demanda de pasajes varía enormemente entre los distintos meses del año, días de la semana, e incluso horarios del día. Por el otro lado, debido al alto costo que implica cada avión, resulta imprescindible que obtengan las máximas horas de vuelo posible por día. Al no poder ajustar la oferta, al estar obligados a tener operativos en todo momento los aviones, cuando hay una caída en la demanda, como es habitual en la industria, la respuesta suele ser bajar los precios para atraer más pasajeros. El piso de la banda tarifaria inhabilitaría esta opción, manteniendo baja la ocupación de los aviones en estos casos, y, por lo tanto, desincentivando la expansión de la oferta.
El estudio “Transporte Aéreo Argentino: La Regulación Económica y las Condiciones para la Competencia en el Sector” de CEPAL (2011) toma como casos de comparación a Argentina, Perú, y Chile, que poseen economías similares y se encuentran en la misma región, con la diferencia de que el primero implementa una banda tarifaria mientras que los otros dos no. Según el análisis que llevan a cabo, la diferencia entre las tarifas máximas y mínimas en un contexto de desregulación son considerablemente más pronunciadas. Sólo por tomar algunos ejemplos concretos, en el caso de la ruta Lima-Cusco en Perú la tarifa máxima puede llegar a ser 7,1 veces superior a la tarifa mínima, mientras que en el caso de la ruta Buenos Aires-Salta en Argentina, la diferencia es de tan sólo 1,9.
Dicho estudio muestra que, en comparación con Perú y Chile, Argentina tiene las tarifas por kilómetro mínimas más elevadas. En nuestro país, la misma es de US$ 0,14 por kilómetro, mientras que en Chile es de US$ 0,09 por kilómetro, y en Perú, US$ 0,07. Quitando las tarifas mínimas de las bandas tarifarias, se esperaría una reducción de los precios en las rutas domésticas, volviendo los valores más competitivos. En otras palabras la flexibilidad tarifaria a la baja le brinda a los oferentes la posibilidad de cobrar precios menores para fortalecer la demanda en los momentos en que esta decaiga, generando seguridad y las condiciones necesarias para poder invertir y expandir la industria.
En conclusión, la eliminación de las tarifas mínimas para el transporte aerocomercial abriría el camino a una posible reducción en el precio efectivo de los pasajes aéreos, tornándolos accesibles a un mayor segmento de la población argentina. Esta medida tendría como efecto subyacente el incremento de la conectividad entre las diferentes regiones del país, vinculando con mayor eficiencia distintas provincias, reduciendo los costos de transporte, y fomentando por ende el desarrollo industrial de las economías regionales. Simultáneamente, colaboraría en la transformación del sector aerocomercial, conduciéndolo hacia una situación de mayor dinamismo, eficiencia, y competitividad.
Por todo lo expuesto, solicitamos que se apruebe el presente proyecto de Ley.

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=169912

La trampa de los tres objetivos incomparables

El Gobierno enfrenta sus múltiples y cada vez más evidentes contradicciones de política económica tratando de resolver un trilema imposible.

Me explico. La conducción económica anhela tres objetivos bien concretos: estabilizar las reservas o hacerlas crecer; mantener controlado el tipo de cambio evitando el impacto distributivo de una devaluación, y liberar el cepo cambiario, el ingrediente más tóxico de la política económica.

Pero las políticas destructivas a la producción que el oficialismo sigue profundizando -por ejemplo, con la reciente sanción de la ley de (des)abastecimiento-, y cuyo único resultado fue una baja en la actividad económica y en las exportaciones, obligan al Gobierno a sacrificar, inexorablemente, al menos uno de estos objetivos.

Si quiere preservar las reservas y mantener estable el tipo de cambio, el resultado será una mayor caída de las exportaciones por el atraso cambiario, lo que obligará al Gobierno a seguir apretando el cepo. Si quiere liberar el cepo manteniendo estable el tipo de cambio, sólo lo podrá hacer a costa de perder reservas. Si quiere preservar las reservas y liberar el cepo, no tiene más remedio que dejar ir el tipo de cambio.

En los últimos cinco años, el gobierno nacional se ha debatido sobre cómo priorizar entre estos tres objetivos. Hasta 2011, cuando todavía quedaba resto en la recuperación de la economía, las exportaciones y las reservas crecían con un mercado cambiario libre. Pero hacia fines de 2011, la intervención masiva del Gobierno en los mercados, el creciente costo fiscal y el atraso cambiario minaron la competitividad argentina y estancaron las exportaciones.

Enfrentado con esa realidad, el Gobierno eligió apelar al cepo. Así sentía que preservaba las reservas y lograba sostener el tipo de cambio. Pero el resultado del nacimiento del cepo fue una inmediata recesión. En 2012 la economía cayó 0,4 por ciento según el IGA (Índice General de Actividad) de Orlando Ferreres. En el segundo trimestre de 2012,cuando el cepo empezó a hacerse sentir, el derrumbe en el nivel de actividad fue de 5 por ciento.

Ante este panorama, en 2013, de cara a las elecciones, el Gobierno cambió el rumbo. Liberó el cepo al tiempo que mantuvo la estabilidad cambiaria. Pero como las exportaciones seguían en caída, el resultado fue una pérdida de reservas (cayeron de 43.290 millones de dólares a 30.599 durante el año). La contraparte de la relajación de la restricción externa fue una recuperación de la economía, que creció 3,3 por ciento según Ferreres y 2,9 por ciento según el PBI Congreso. Con la llegada de Juan Carlos Fábrega al Banco Central, el foco se puso nuevamente en las reservas, y no queriéndose apretar más el cepo, lo que se eligió fue la devaluación (23 por ciento en enero de 2014).

Pero desde entonces, el Gobierno optó nuevamente por volver a la estrategia inicial: apretar el cepo como mecanismo para preservar las reservas y la estabilidad cambiaria. Una vez más, el efecto es una fuerte recesión, ya que la economía viene cayendo 1,1 por ciento interanual en el primer semestre, según los datos del IGA, pero con una caída interanual registrada al mes de agosto, de 4,5 por ciento. La industria, donde el cepo se hace sentir con mayor intensidad, muestra una caída de 3,3 por ciento en el año, según el IPI (Índice de Producción Industrial) de Ferreres, pero de 6,1 por ciento en agosto.

El reciente reemplazo de Juan Carlos Fábrega por Alejandro Vanoli presagia que esta estrategia de mayores controles se profundizará. Es que el Gobierno elige este camino cuando necesita más que nunca al Banco Central. Ya le pidió 73.300 millones en el año para financiar su déficit creciente, pero todavía necesita pedirle 110.000 millones más en los próximos tres meses. Vanoli enfrenta dos opciones para cumplir con este pedido. O emite billetes por esa cantidad, aumentando la inflación, la brecha, y precipitando una devaluación, o los obtiene forzando a los bancos a prestárselos vía encajes, preparando el camino para una crisis financiera en el mediano plazo.

¿Cómo se sale de la trampa? Logrando que en la Argentina se pueda -ya no es cuestión de querer- producir. Esto requiere que la política se dedique a pensar cómo gestionar mejor el Estado y no a pensar cómo gestionar mejor las empresas. Porque el Gobierno, al dedicarse a lo que no tiene que hacer, y no ocupándose de lo que sí debería hacer, termina imponiéndole a la producción un costo fiscal desmedido, genera costos de financiamiento imposibles de cubrir y sustrae toda la energía de producción desviándola al arduo trabajo de atajar penales y llenar formularios. Lamentablemente, a estas alturas de las circunstancias, no se visualiza que esto vaya a cambiar hasta que los argentinos elijan un gobierno que se dedique a gestionar y no a relatar.

Porque la economía en esto es como el amor, sostener una relación sólo a fuerza de relato o intenciones permite llegar hasta un cierto punto en el que, finalmente, eclosiona cuando la realidad se hace evidente.

Un incómodo espejo para la Argentina

Los científicos de las disciplinas más duras avanzan en el conocimiento realizando “experimentos”, creando situaciones controladas en las que van modificando de a una variable por vez para poder evaluar los efectos del cambio. En la discusión macroeconómica, la posibilidad de encontrar una situación que pueda permitir un análisis del estilo es remota, por la cantidad de variables que se mueven en todo momento.

Sin embargo, la historia comparada de la Argentina con la de Uruguay desde la crisis de 2001 replica de manera sorprendente, en el mundo real, las condiciones de esos experimentos de las ciencias duras. Los puntos de partida son llamativamente semejantes. En 2001, ambos países tuvieron una crisis de equiparable magnitud. Ese año, el PBI de Uruguay cayó 3,8%, seguido por un 7,7% en 2002. En la Argentina, los números fueron 4,4 y 10,9%. En Uruguay, el colapso implicó una devaluación del peso superior al 100%, mientras que en la Argentina se arrancó con una del 40%, que cuatro meses más tarde ya superaba el 200%. En los dos países, la crisis derivó en la quiebra y desarticulación de su sector financiero, y ambos entraron en default.

En el arranque de este drama rioplatense, la Argentina era un país más rico. El ingreso per cápita en dólares (en poder de compra equivalente) en Uruguay era de 8040, mientras que el de la Argentina estaba cerca de los 9137.

Pero desde el comienzo se vio que el enfoque con el que se encararía la resolución de los problemas sería diferente. La crisis financiera implicó restricciones a la disponibilidad de depósitos en la Argentina (el corralito y corralón), pero no en Uruguay. Allí se obligó a los bancos extranjeros a hacerse cargo y hacer frente al retiro de depósitos. Aquí se pesificaron las deudas. En Uruguay no.

El enfoque respecto de la reestructuración de la deuda también fue radicalmente diferente. En el caso de Uruguay, tuvo quitas promedio de 13 y 22% (sobre los tramos internacionales y locales), mientras que aquí las quitas llegaron al 75%. ¿Resultado? El país vecino se financia hoy a más de 30 años a una tasa cercana al 4%. La Argentina, después de una década, cayó nuevamente en default y su costo financiero es de más de 10%.

Durante la década, Uruguay se abrió a la inversión extranjera y al mundo. Hoy plataformas de exploración petrolera van camino hacia allí, donde la seguridad jurídica más que compensa su desventaja geológica. Y las pasteras vinieron a instalarse acá, hasta que la corrupción las espantó para que terminen al otro lado del río. Uruguay recibió inversión argentina en agro y brasileña en ganadería. Punta del Este se consolidó como balneario internacional. Las empresas de software empezaron a instalarse en Montevideo y ejecutivos argentinos se movían a Carrasco escapando de la inseguridad de la Argentina. Se podría afirmar, entonces, que sí fuimos exitosos en exportar la inversión.

En Uruguay, esa integración al mundo rindió sus frutos. Las exportaciones crecieron 340%, muy por encima de las de la Argentina, que a pesar del boom de la soja crecieron 210%. Hoy Uruguay exporta más carne que la Argentina y nos provee trigo y electricidad.

Así, Uruguay no conoció nuestra versión K del corralito, el cepo cambiario, ni el Cedín, ni la Supercard, ni el dólar blue, ni los Precios Cuidados, ni el Carne para Todos.

En términos de liderazgo político, Uruguay hizo una profunda transición ética, reduciendo drásticamente la percepción de corrupción en el país. En este plano, se parece hoy mucho menos a Brasil, México y la Argentina y mucho más a Chile. Pero mientras Uruguay consolidaba esta transición, aquí cerramos la década mintiendo en las estadísticas públicas y con un vicepresidente acusado de falsificar su firma en documentos públicos.

Y a pesar de que en Uruguay gobierna la izquierda, no gobiernan los populistas. Porque, probablemente, no hay nada más antipopular que el populismo. Sobre todo si uno se anima a mirar más allá de lo que pueda ocurrir en los próximos meses.

El resultado del populismo a ultranza que nos invade ha sido un déficit fiscal creciente. Y como el Gobierno no puede pedirle más impuestos a la gente se financia con emisión monetaria, esto es, inflación. Que llega aquí al 40%, cuando en Uruguay se mantiene en un dígito.

En definitiva, hoy Uruguay es un país más rico que la Argentina. En dólares de hoy, el ingreso per cápita está en 16.722, mientras que aquí esa cifra se ubica en 15.943.

Uruguay se muestra como un incómodo espejo de nuestra propia realidad, que nos indica que no son necesarias ni la épica, ni la rebelión, ni la agresión para mejorar la calidad de vida de la gente. Lo que se necesita es sentido común, un activo que nos falta entre tanto gas y tanta soja.

Gambetas innecesarias ante el desafío del momento

Como dijo Mauricio Macri esta semana en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), la Argentina, en el tema holdouts, juega como la selección nacional de fútbol en el Mundial Brasil 2014: definiendo en el último minuto. Pero, claro, una resolución tardía no está exenta de riesgos. Y no queda claro que el Gobierno esté sopesando correctamente los riesgos que asume con los beneficios que la demora pueda otorgarle.
Este jugar en el filo en el tema holdouts contrasta con el ímpetu (y la facilidad para escribir el cheque) que el Gobierno había puesto en los últimos meses a su intento de normalizar sus relaciones con el mundo. Así, se habían sucedido los acuerdos con el Ciadi (Tribunal Arbitral del Banco Mundial), el acuerdo con Repsol y finalmente con el Club de París. Se podrá plantear que fueron acuerdos caros (en particular con el Club de París, donde la insistencia de evitar un artículo IV del Fondo Monetario Internacional costó que el Club no pudiera dar ninguna concesión, ni siquiera perdonar los punitorios, lo cual le costó a la Argentina cientos, si no miles, de millones de dólares). Pero más allá de estos posibles cuestionamientos, era claro que se iba en una dirección y era la dirección correcta.
¿Por qué, después de años de cultivar el aislacionismo había cambiado el Gobierno su actitud respecto de este tema? Por un solo motivo: YPF. La petrolera con participación estatal convenció al Gobierno de que no era factible financiar con ahorro doméstico las inversiones en energía que la Argentina debe hacer. Y que tampoco podía hacerlo con sus propias ganancias. Es que la nacionalización de YPF implicó, paradójicamente, que la Argentina, a contrario sensu de lo que se piensa, perdiera parte de su renta petrolera. La renta petrolera es la diferencia entre lo que vale el petróleo extraído y el costo de producirlo. Esa diferencia es lo que una buena ley de hidrocarburos lograría captar para el Estado. Pero la YPF nacionalizada tiene un costo de financiamiento, el componente más importante del costo, que es cinco veces más caro que el de otras empresas del sector. La nacionalización implicó entonces pasar a producir con costos (financieros) mucho más altos, y que lo que antes era renta se transformara en un negocio de los que financian a YPF. En un inesperado giro, y hasta que no baje el costo del endeudamiento en nuestro país, la nacionalización desviará la renta petrolera en beneficio del capital.
En parte por estas dificultades de financiamiento de la YPF estatal-privada, es que en las últimas semanas se reavivó la discusión sobre la necesidad de una nueva ley de hidrocarburos. Esa ley, que en definitiva deberá discutir sobre los mecanismos para explotar el yacimiento de Vaca Muerta -con un potencial de varios PBI-, es virtualmente una de las discusiones más importantes que enfrente el Congreso. El debate deberá contestar varias preguntas clave. ¿Cómo lograr que el Estado apropie plenamente la renta petrolera?
Siendo que hoy tanto el Estado nacional, a través de retenciones e impuesto a las ganancias, y los provincias, a través de las regalías, compiten por esta renta, ¿cómo generar un mecanismo de reparto de los recursos que sea lógico y equitativo? ¿Cómo evitar la canibalización de la renta petrolera? Canibalización, vale decirlo, que el kirchnerismo inauguró hace 12 años cuando impuso retenciones al sector y que derivó en 10 años de declinación de la producción. Finalmente, ¿cómo lograr que los recursos de los hidrocarburos se usen de una manera equitativa, tanto para inversiones en infraestructura como con un sentido de equidad intertemporal?
Mucho se ha dicho sobre si Vaca Muerta nos transformará en Nigeria o en Noruega. Por eso vale la pena mirar el sistema al que convergió Noruega luego de un largo proceso de aprendizaje. Allí, con austeridad escandinava, el dinero del petróleo entra en un fondo del cual se retira sólo la ganancia real (es decir, la ganancia que supera la inflación). De esta manera se asegura que todo recurso que entra al fondo se convierte en un flujo de ingresos que durará para siempre sin que el capital subyacente sea licuado por el aumento de precios. Los noruegos transforman así lo transitorio en permanente, suavizando el efecto sobre la economía y asegurando que lo que hay lo disfrutarán en partes iguales la actual generación de noruegos, sus hijos, nietos, bisnietos y demás generaciones futuras.
Pero en vez de discutir sobre el largo plazo, en nuestro país perdemos la energía amañados en nuestros propios caminos, que no llevan a ninguna parte. Hoy comparto con mi hijo de 9 años su primer Mundial y me trae memorias del primero del que yo tengo recuerdos: Alemania 1974. La Argentina se parece al René Houseman que en aquel Mundial gambeteaba rápidamente, pero sin poder ir a ningún lado. Es tiempo de trabajar en equipo, y entre todos coordinar una estrategia para abordar los verdaderos problemas que enfrentamos. Así se ganan los partidos.

Proyecto de Ley: reducción de las cargas patronales.

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1. Todos los empleos registrados con la excepción de la modalidad contractual regulada por el artículo 18 de la ley 26.727 gozarán de una reducción de las cargas patronales establecidas en el régimen general con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social:
a) SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO, Leyes Nros. 24.241 y
26.425;
b) INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS, Ley N° 19.032 y sus modificatorias;
c) FONDO NACIONAL DE EMPLEO, Ley N° 24.013 y sus modificatorias;
d) RÉGIMEN NACIONAL DE ASIGNACIONES FAMILIARES, Ley N° 24.714 y
sus modificatorias.
e) REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES
AGRARIOS, Leyes Nros 25.191 y 26.727.
La reducción mencionada, se establecerá según la siguiente formula: 50% para todos aquellos que ganen el 50% del salario mínimo vital y móvil (SMVM). Por cada incremento de hasta el 25 % del equivalente al SMVM, el descuento se reducirá un 10%. El presente beneficio regirá para todos los ingresos inferiores o iguales al 150% del SMVM.

Tabla descriptiva
CUADRO 1

Las reducciones citadas no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de seguridad social. El poder ejecutivo tomara los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación señalada.
No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones previstas en la Ley N° 23.660 y sus modificatorias, con destino a las obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, previstas en la Ley N° 24.557 y sus modificatorias.
Artículo 2. Todos los empleos con la excepción de la modalidad contractual regulada por el artículo 18 de la ley 27727 gozarán de una reducción de los aportes personales establecidos en el régimen general con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social:
a) SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO, Leyes Nros. 24.241 y
26.425;
b) INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS, Ley N° 19.032 y sus modificatorias;
c) FONDO NACIONAL DE EMPLEO, Ley N° 24.013 y sus modificatorias;
d) RÉGIMEN NACIONAL DE ASIGNACIONES FAMILIARES, Ley N° 24.714 y
sus modificatorias.
e) REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES
AGRARIOS, Leyes Nros 25.191 y 26.727.
La reducción mencionada, se establecerá según la siguiente formula: 50% para todos aquellos que ganen el 50% del salario mínimo vital y móvil (SMVM) Por cada incremento de hasta el 25 % del equivalente al SMVM, el descuento se reducirá un 10%. El presente beneficio regirá para todos los ingresos inferiores o iguales al 150% del SMVM.

Tabla descriptiva
cUADRO 2

No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones previstas en la Ley N° 23.660 y sus modificatorias, con destino a las obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, previstas en la Ley N° 24.557 y sus modificatorias.
Articulo 3. De forma.-

 

FUNDAMENTOS:

Señor presidente:
No hay política más relevante a la construcción de una sociedad y economía robusta y digna que la defensa del empleo. No hay quien no se angustie con la informalización, o que no esté convencido de que un aumento del desempleo es el peor flagelo que le puede ocurrir a una sociedad.
Sin embargo, a pesar de toda esa energía emocional, el sistema político parece distraído respecto de los altísimos impuestos que paga el trabajo en la República Argentina. Por cada 1.000 pesos de remuneración neta que recibe un asalariado, empleador y empleado deben pagar 360 pesos de cargas para poder llevar adelante la contratación. Más allá de la retórica, el trabajo en Argentina parece ser tratado no como algo que hay que promover, sino como si fuera tabaco. La alta carga impositiva parece estar más focalizada en desalentar su consumo que en proveerlo.
Esto requiere una profunda reflexión para la sociedad argentina: ¿por qué ha elegido gravar el trabajo tan profusamente?
Muchos de los impuestos al trabajo financian el sistema jubilatorio. Pero recordemos en un sistema estatal como el que tenemos, la fuente del financiamiento no necesariamente tiene que estar atada al trabajo, máxime si estos impuestos no generan ninguna progresividad en nuestro sistema impositivo. Otra parte de los impuestos al trabajo financian la cobertura de salud. Esta parte hemos decidido no afectarla en este proyecto.
Impuestos tan altos al trabajo también se ubican en la raíz del debate sobre la informalidad. La misma no se combatirá con más controles, sino con una estructura tributaria que no la “premie” del modo en que actualmente lo hace. Visualizamos, a su vez, a la formalización laboral como el primer paso para una verdadera inclusión social.
En definitiva, los impuestos al trabajo son en gran medida responsables del alto nivel de informalidad laboral que Argentina sufre hace muchos años.
Hoy este problema se vuelve también más acuciante a su vez, ya que desde 2011, ha existido una variación prácticamente nula en el número de asalariados, y, dentro de ésa categoría, la evolución del empleo público y privado presentó tendencias contrapuestas. Mientras que el primer caso tendió a crecer, el segundo mostró estancamiento y por momentos, caídas. Cabe agregar que, en una comparación internacional, la tasa de desempleo se mantiene por encima del promedio latinoamericano, a pesar de que Argentina posee tasas de actividad menores.
Por su parte, la tasa de empleo no registrado se ubicó hacia el cuarto trimestre de 2013 en 33,5%, y se ha mantenido de manera continua en órdenes de entre 30% y 40% durante los últimos ocho años. Conjuntamente, el estudio de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares permite ver la existencia de una importante precariedad en los empleos a partir de un grupo de indicadores. En primer lugar, un número cercano al 25% del total de los asalariados es remunerado por debajo del salario mínimo, vital y móvil. Asimismo, se observa una serie de derechos laborales incumplidos ya que alrededor de un tercio de los asalariados no tiene obra social, no recibe aguinaldo, no se le realiza descuento jubilatorio ni disfruta de vacaciones pagas. Esta problemática se intensifica en algunos sectores de la población: las deficiencias son levemente mayores para las mujeres, y la inaccesibilidad a los derechos laborales citados alcanza a la mitad de los ocupados jóvenes y de los trabajadores sin secundaria completa.
En parte por esta problemática es que tampoco se ha logrado tener un avance significativo en materia de pobreza. De hecho, no podemos dejar de preguntarnos por qué un país como Argentina, que desde principios de 1990 creció un 80% en sus ingresos reales per cápita, no ha logrado hacer ninguna mejora en la reducción de la pobreza y la brecha de desigualdad.
Es interesante tomar el período desde 1990 porque no sólo permite una perspectiva histórica significativa, sino también porque presenta cuatro etapas bien contrastantes.
En la primera parte de los años 90, tuvo lugar una abrupta caída de la pobreza. Según datos de INDEC, luego de alcanzar un 47% en la hiperinflación de 1989 se redujo hasta el 16,1% en mayo de 1994. Este fenómeno fue producto del crecimiento económico y de la notable disminución en la tasa de inflación, que, como sabemos, la sufren los que menos tienen.
La segunda mitad de dicho decenio, con una economía en recesión y desempleo creciente, presenció un nuevo ciclo ascendente de la pobreza, que en este caso llegó a niveles impensados. Tras la irrupción de la crisis de 2001, superó el 55% hacia finales de 2002.
La primera parte de la década de 2000 trajo aparejado otro sendero de mejora en el combate de la problemática, de la mano del crecimiento económico y el empleo, y la misma disminuyó hasta ubicarse en torno al 26% a fines de 2006.
Pero en los años siguientes se produjo un nuevo deterioro. En contraposición a las publicaciones de un INDEC intervenido, que estimó la pobreza en 4,7% para el primer semestre de 2013, estimaciones privadas, entre las que vale destacar las del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ubicaron la pobreza en 27,5% a fines del 2013, un número que seguramente ha subido desde entonces como resultado de la inflación y la devaluación de este año.
Es evidente que la elevada volatilidad en los niveles de pobreza se encuentra estrechamente relacionada con la gran cantidad de trabajadores excluidos del sistema formal de empleo, y a los que entonces la crisis económica los deja sin reaseguro para poder enfrentar la volatilidad económica del país. Por ello, Argentina necesita un shock de inclusión laboral con prioridad en aquellos que menos ganan.
En otras palabras, podemos decir lo obvio: si nos interesa reducir la informalidad laboral y nos interesa el ingreso real de los trabajadores, es claro que nuestro país necesita bajar los impuestos al trabajo.
Cada persona que está contratada legalmente paga 14% de aportes y su empleador paga 17% de contribuciones. Esto significa que existe una brecha del 37% entre lo que un trabajador recibe en mano y lo que cuesta contratarlo. Estos impuestos los pagan todos por igual. Es esta brecha la que explica el crecimiento de la informalidad laboral.
Para dimensionar lo que hablamos, con 4.500 millones aplicados a suplir el ingreso que hoy se recauda con aportes y contribuciones, alcanzaría para eliminar estos cargos para todos los salarios inferiores a los 3.200 pesos mensuales. Esto permitiría que para el 12% de asalariados con menores ingresos se produzca un inmediato aumento de sus salarios del 16%. Aquellos que los emplean verían reducidos sus costos en un 15%, lo que también les permitiría incrementar, quizás algo más, lo que pagan a los trabajadores. Pero sobre todo, los incentivaría a contratar más gente. Gente que entraría en la formalidad y que empezaría a percibir un aporte para su jubilación y obra social.
La combinación de ambos efectos debería generar una explosión en el empleo trayendo a gente de la informalidad a la formalidad. La formalidad implica una mejora en la cobertura médica y previsional. Es el primer paso para la inclusión social.
Para tener inclusión tenemos que tenerla como objetivo. Si el objetivo es el clientelismo político o la corrupción nunca podremos avanzar significativamente.
Existe un significativo número de estudios realizados por parte de economistas, investigadores sociales y expertos en tributación, que brindan un serio sustento empírico al hecho de que la reducción de los aportes personales y las contribuciones patronales fomenta la disminución de la tasa de informalidad, incentivando a los empleadores a registrar a sus empleados en el sistema previsional y de seguridad social.
Un gran conjunto de evidencias coinciden en que este tipo de medidas tiende a traducirse en incrementos de la demanda laboral. Este efecto impacta de manera positiva sobre la sociedad de diversos modos: tiende a incrementar el empleo, mejora la competitividad de la economía, y, según las experiencias concretas analizadas, en algunos casos propicia un aumento salarial de los trabajadores.
James Heckman (Nobel de Economía en el año 2000), en un reconocido libro (1) que efectúa un compendio de diversos trabajos sobre empleo y regulación laboral escritos por varios economistas e investigadores de prestigio internacional sobre la situación latinoamericana, sostiene de manera clara que existe evidencia suficiente para sostener la idea de que una reducción de los costos laborales, mediante la disminución de los aportes personales y contribuciones patronales, impacta positivamente sobre los niveles de empleo de la economía.
Asimismo, cita dos trabajos de Daniel Hamermesh (2) , en los cuales este autor concluye con rigurosidad científica que dicho efecto existe, y, es más, estima que, en el caso de América Latina, un aumento del 10% en los costos laborales tendería a provocar un declinamiento en los niveles de empleo entre el 2% y el 6%. Por ende, si los primeros se reducen, se deduce de estas afirmaciones que el empleo registrado debería tender a incrementarse. A su vez, muchas investigaciones realizadas en diversos países y que estudian casos de distintos rincones del mundo llegan en su mayoría a la misma conclusión (3) .
Por otra parte, según varios trabajos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) (4) , el grado de evasión de los impuestos al trabajo tiende a ser bastante superior que el que se observa en el caso de los impuestos al consumo. Una reducción de los primeros tiene la ventaja adicional de disminuir el problema de la evasión, lo que aumenta la productividad y transparencia de la economía. Además, en el segundo de estos libros citados se sugiere que la reducción de las cargas patronales y personales, colabora con la resolución del problema de desempleo en el corto plazo, tal cual se desprende de la experiencia internacional, y mejora la competitividad de la economía. En el caso argentino una medida de esta naturaleza ayudaría a resolver dos ´problemas adicionales: reduce el sesgo a favor de las actividades informales y alienta una mayor cobertura previsional, moderando un conflicto social futuro potencialmente de gran envergadura.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.

 

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=163332