Discurso Sesión 26/08 sobre Modificaciones al Comercio

Señora presidenta: coincidimos totalmente con el objeto de este proyecto. De hecho, en el sector financiero tenemos este problema desde hace mucho tiempo, cuando uno pone el costo financiero total o la tasa. Creo que eso queda como una asignatura pendiente, como un caso muy claro de falta de transparencia en la transmisión de los precios.
Como lo señaló el señor diputado Gribaudo, tenemos comentarios muy específicos, por lo que voy a ir al grano puntualmente en cuatro artículos que nos hacen un poco de ruido y respecto de los cuales tenemos confianza en generar un cambio en su redacción.
El artículo 12 dice: “Toda vez que la oferta y/o promoción implique una rebaja de precios deberá figurar de manera clara, visible y legible en cada producto el precio anterior de dicho producto junto con el precio rebajado.” Hasta ahí está perfecto, pero a continuación hay una frase que dice: “Queda prohibida la oferta y/o promoción de un producto que por primera vez sale a la venta.” No entendemos esto porque cuando un producto sale a la venta muchas veces el oferente quiere justamente lanzarlo de manera promocional para que el cliente lo conozca y lo consuma.
En este sentido, daba el ejemplo de que Aerolíneas Argentinas quisiera desarrollar una nueva ruta comercial a Río Cuarto y probablemente hiciera su lanzamiento de una manera muy promocional para que se conozca.
Entonces, nuestra propuesta al señor miembro informante consiste en quitar esa última frase del artículo 12 que impide las promociones al lanzamiento.
Por su parte, el artículo 15 establece: “Se prohíbe anunciar al público actividades de oferta y/o promoción de ventas que correspondan a productos que no posean existencia real en el establecimiento comercial.” En este caso queda perfectamente comprendido el objetivo perseguido, es decir que no promocionen una oferta que en la práctica es inexistente. Sin embargo, el concepto de establecimiento comercial nos parece demasiado restrictivo, y por ese motivo sugerimos otra redacción que consideramos más afín al espíritu que se busca. Sería la siguiente: “Se prohíbe anunciar al público actividades de oferta y/o promoción que correspondan a productos que no posean existencia real a disposición del adquirente.” No importa tanto si están en ese local puntualmente sino si verdaderamente están disponibles para el cliente.
En cuanto al artículo 17, honestamente no lo entendemos porque dice que para hacer una oferta, el precio tiene que haber estado en su valor normal durante los 28 días consecutivos anteriores a la oferta. Aquí se me ocurría el ejemplo de un hotel en la costa atlántica o incluso también de Aerolíneas Argentinas, que deciden que hay que hacer una oferta por ejemplo los días martes porque el flujo es menor y quieren generar mayor demanda para su producto durante ese día. Entonces, estarían violando este artículo. Por tal motivo, me parece que habría que eliminar este artículo ya que imposibilitaría ciertas prácticas comerciales que favorecen al cliente y que serían totalmente naturales.
Tampoco entendemos muy bien el artículo 22, que dice: “Queda prohibida la oferta de productos o servicios al consumidor a un precio menor a su valor habitual, bajo la condición de que éste consiga adhesión de otras personas.” No se le está obligando nada a nadie, con lo cual no vemos cuál es el daño en llevar adelante este tipo de acciones comerciales.
Son solo cuatro artículos dentro de un proyecto que tiene todo un capítulo que viene de la ley del Gobierno de la Ciudad que busca la transparencia. Estamos de acuerdo con el proyecto pero simplemente en el capítulo de las ofertas nos encontramos con que la posibilidad de hacer ofertas y rebajas, que en realidad es algo bueno para el consumidor, se vería anulada con esto. Por eso hacemos estas sugerencias con el deseo de que puedan ser incorporadas estas modificaciones.

Discurso Sesión 15/07 sobre Actualización de la AUH

 

Señora presidenta:

Repasemos algunos números. La Asignación Universal por Hijo llega al 30 por ciento de los niños de la Argentina; también alcanza el 90 por ciento en los niños en los 3 deciles de menores ingresos en la Argentina.
Para una familia con tres hijos dentro de estos 3 deciles, representa un aumento del 50 por ciento en su ingreso medio.
En un trabajo del año pasado dos investigadores ‑Stampini y Tornarolli‑ compararon este programa con otros de Lationamérica y el Caribe. Llegaron a la conclusión de que se trata de uno de los programas más inclusivos, ambiciosos y progresistas de la región.
Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata se dedica a investigaciones sociales. Por ejemplo, en un trabajo de 2012, Guillermo Cruces y Leonardo Gasparini, demostraron que la Asignación Universal por Hijo implicó una reducción del 30 por ciento de la pobreza argentina. También implicó una disminución del 13 por ciento en la desigualdad, cuando uno compara los niveles de ingreso del decil más bajo y del decil más alto.
En un trabajo de este año, Leonardo Gasparini y el licenciado Garganta hablan sobre el impacto de la Asignación Universal por Hijo en el empleo. Encuentran que no hay absolutamente ninguna evidencia que afecte los niveles de participación, esa idea de que la Asignación Universal por Hijo iba a afectar la voluntad de trabajar. Sí encuentran que hay un efecto sobre la formalización: la gente se formaliza de manera más lenta. Ese es un tema sobre el cual desde este bloque hemos presentado algún proyecto y sería interesante analizar.
Por su parte, Salvia y Tuñón, de la UCA –que justamente no es un lugar muy favorable al gobierno- en un trabajo del año pasado encuentran que la Asignación Universal por Hijo es responsable de una reducción de más del 60 por ciento en la exclusión escolar, así como también de la reducción del trabajo infantil.
Es decir que por donde se lo mire este es un proyecto que hay que acompañar, porque justamente intenta mejorar este instrumento que ha tenido todos estos resultados tan positivos para la inclusión social en la Argentina.
Ahora bien, desde el punto de vista de nuestro trabajo en el Congreso, se da una cosa bastante particular, que tiene que ver con nuestro funcionamiento como cuerpo. El primer proyecto presentado sobre el deseo de actualizar fue el de la diputada Carrió, en 1997. Luego presentaron proyectos en ambas Cámaras Gerardo Milman, en 2010; Silvana Giudici, en julio de 2010; Juan Mario Pais, en agosto de 2010 –cuyo proyecto es exactamente igual al que trae el Ejecutivo en este momento-; Elena Corregido, Federico Pinedo; Héctor Piemonte, Luis Sacca, Alberto Pérez, Facundo Moyano, Víctor Hugo Maldonado, Miguel del Sel -también con el mismo índice de actualización que propone el gobierno-, Sergio Massa, Julio César Martínez, Mario Raúl Negri, Patricia Bullrich y Julio Cobos.
Entonces, desde el punto de vista de nuestro funcionamiento, somos 257 diputados pertenecientes a diferentes fuerzas políticas que estamos todos de acuerdo. Pero, además, no se trata de que tengamos que especular acerca de si estamos o no de acuerdo, sino que eso está escrito. Entonces, si 257 personas escriben que coinciden y, sin embargo, tienen que esperar a que el Ejecutivo envíe un proyecto, algo está diciendo que estamos funcionando mal como cuerpo legislativo.
Comento esto porque de alguna manera se traslada a la discusión de la universalización, que fue mencionada por los diputados preopinantes y por muchísimas otras personas. Silvia Augsburger, Claudio Lozano, Felipe Solá, Irma García, Martín Sabbatella, Juan Carlos Forconi, Sergio Panza, Mirta Pastoriza, Elena Corregido, José Martínez, Ricardo Alfonsín, Sergio Massa, Julio César Martínez y Patricia Bullrich también lo proponen.
Entonces, si nos abocáramos a ver un proyecto sobre el cual hay total consenso dentro de las fuerzas políticas, me parece que no tenemos que esperar que el Poder Ejecutivo lo mande para poder avanzar.
La diputada Bianchi pedía el compromiso de las fuerzas políticas con la Asignación Universal por Hijo, y por supuesto que lo tiene por parte del PRO. Nosotros pedimos el compromiso de ellos de trabajar en pos de la universalización, que incluso los diputados del Frente para la Victoria lo proponen.
Creo que debemos cambiar un poco el eje de la discusión y focalizarnos en los niños. La pregunta que cabe es: ¿por qué un trabajador formal que tiene un ingreso, por ejemplo, de entre 7500 y 9800 pesos, cobra una asignación familiar y el niño la recibe, pero si un monotributista tiene el mismo nivel de ingreso, no la percibe? ¿A ese niño lo consideramos diferente del hijo de un trabajador formal? No. Entonces, me parece que la universalización tiene que ver con ese punto: son más de 2.500.000 monotributistas, cuyos hijos no están incluidos. Esto es lo que comentaron la diputada González y el diputado Buryaile: aquellos padres que deciden enviar a sus hijos a colegios públicos de gestión privada también debieran ser incluidos. Creo que nos debemos ese debate y hay bastante consenso al respecto.
Por otra parte, estas son transferencias condicionales. Es decir que les pedimos a los padres que muestren los logros en educación y en salud. ¿Pero por qué, por ejemplo, a una persona que paga el impuesto a las ganancias, que toma la deducción especial por hijo y que a través de esa deducción cobra una ayuda para sus hijos, no le pedimos nada con respecto a la salud? ¿No nos preocupa la salud de ese niño porque su padre paga el impuesto a las ganancias?
Evidentemente, cuando cambiamos el foco del análisis y pensamos en el niño, nos damos cuenta de que el sistema carece de algunas cosas y que podría ser mejorado. Esto es parte de la agenda que está pendiente, que no incluye únicamente la cuestión de la universalización, sino también –y de manera primordial- el tema de la educación. Digo esto porque no sólo tenemos que defender el tema del 6 por ciento del producto bruto como parámetro para fijar el presupuesto educativo, sino también la calidad de la educación.
Por esa razón, solicito a la presidenta de la Comisión de Educación, aquí presente, que impulse la discusión sobre los institutos de evaluación de calidad educativa, que es el mecanismo por el cual debemos asegurarnos de que ese 6 por ciento del PBI que se destina a la educación nos permita alcanzar un buen nivel educativo. Días pasados me decía una persona: “Dime cómo es hoy tu sistema educativo y te diré cómo será tu país dentro de veinte años”. Por lo tanto, no solo tenemos que trabajar para que todos los chicos perciban la Asignación Universal por Hijo, sino también para que tengan un mejor futuro.

Código Procesal Penal de la Nación Modificación del Artículo 353 bis, ter, e incorporación del quarter, sobre juicio por flagrancia.

El Senado y Cámara de Diputados…
JUICIO POR FLAGRANCIA
Art. 1 Sustituyese el Título IX del Código Procesal de la Nación por el siguiente:
TITULO IX
Procedimiento de Flagrancia
Art. 2. Sustituyese el Art. 353 bis por el siguiente: El procedimiento de flagrancia que se establece en este Título es de aplicación a todos los hechos dolosos en los que se verificasen las circunstancias del Art. 285 y hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito. El Juez convocará a una audiencia inicial de flagrancia dentro de las 24 horas desde la detención, a la cual podrá asistir la víctima quien deberá ser notificada de su realización para ser escuchada y eventualmente ser tenida por parte querellante, y podrá solicitar declarar sin la presencia del imputado.
Art. 3. Sustituyese el Art. 353 ter.: Audiencia preliminar: A esta audiencia deberán asistir el Ministerio Público Fiscal, el imputado y su defensor. Este término podrá prorrogarse por otro tanto cuando el magistrado no hubiere podido realizarla por motivos de organización del tribunal o cuando lo solicitare el imputado para designar defensor.
Art. 4. Incorporase el Art. 353 cuater: Practicado el interrogatorio de identificación previsto en el Art. 297, el Fiscal informará al imputado el hecho que imputará y las pruebas obrantes en su contra. Asimismo solicitará al Juez la realización de todas las medidas necesarias a los efectos de la correcta identificación del imputado, la constatación fehaciente de su domicilio, la certificación de sus antecedentes, la realización del informe ambiental, el examen mental previsto en el Art. 78 -de corresponder-, la realización de los informes periciales y pruebas testimoniales que resulten imprescindibles para completar la instrucción y que aún no se hubieren realizado. Todo ello en el término de 10 días a contar desde esta audiencia.
La defensa podrá solicitar las medidas de prueba que considere pertinentes, como así también la declaración del imputado, en cuyo caso se lo invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente, y podrá quedar sujeto al interrogatorio de las partes.
Se trataran las cuestiones relativas a la libertad del imputado hasta la audiencia de clausura, que deberá ser fijada en este mismo acto.
Todas las cuestiones planteadas deberán ser resueltas por el Juez en forma oral e inmediata.
En esta audiencia o en cualquier momento del plazo establecido en este artículo, las partes podrán solicitar al Juez, bajo sanción de caducidad: la suspensión del juicio a prueba, o la realización de un acuerdo de juicio abreviado, y en esos casos, si mediara conformidad de las partes, el Juez será competente para dictar un pronunciamiento al respecto en forma inmediata, pudiéndose dar a conocer los fundamentos dentro de los tres (3) días posteriores.
Solo podrán introducirse en esta oportunidad, las nulidades relativas al procedimiento de detención.
De todo labrará acta sucinta el Secretario.
Art. 5. Incorporase el Art. 353 quinquies: Audiencia de clausura de la instrucción y de prisión preventiva: El Juez otorgará la palabra a la Querella y al Agente Fiscal para que se expidan sobre si corresponde sobreseer, o elevar la causa a juicio a cuyo efecto deberán acompañar por escrito la descripción del hecho y su calificación legal.
En tal oportunidad solicitaran si correspondiere, a su juicio, el dictado de la prisión preventiva. La Defensa formulará sus oposiciones en forma oral en los términos del Art. 349.
El juez resolverá de conformidad con lo dispuesto en el Art. 351, estableciendo en el caso que correspondiere el dictado de la prisión preventiva, pudiendo diferir la lectura de los fundamentos hasta un plazo de 3 días.
Art. 6. Incorpórese como Art. 353 sexies: Constitución del Juzgado o Tribunal. Ofrecimiento de Prueba. Audiencia. Fijación de fecha de debate. Dentro de un término no superior a las cuarenta y ocho (48) horas de recibido el caso en el órgano de debate, se notificará a las partes de la constitución del Tribunal y en el mismo acto se las citará a una audiencia oral, en un plazo que no podrá ser superior a 5 días para ofrecer la prueba para el debate.
En dicha audiencia, si el imputado estuviese en prisión preventiva, se debatirá sobre la necesidad de su vigencia. Además podrán introducirse las nulidades y excepciones que no hubieren sido planteadas con anterioridad.
Resueltas oralmente las incidencias, el tribunal fijará la fecha de debate en un plazo que no podrá exceder de (20) días desde la radicación.
Para los casos criminales cuya calificación legal no superase los quince (15) años de prisión, el juzgamiento lo realizará un único magistrado.
Art. 7. Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
En la actualidad una considerable cantidad de casos que llegan a conocimiento de nuestros tribunales podrían ser resueltos en tiempo rápido y de modo eficiente con total respeto de los derechos de los imputados. Este procedimiento es el denominado de flagrancia. Consiste precisamente en dotar a la Justicia de una herramienta mucho más ágil, rápida y eficaz para el juzgamiento de hechos en los que los autores fueron sorprendidos en el momento mismo de haberlos cometido, o en posesión de objetos o rastros que hicieren presumir que acaba de participar en la comisión de algún delito.
En algunas provincias ya está funcionando y ha logrado descomprimir a los tribunales de una manera sorprendente, lográndose juzgamientos en tiempos record, pero en muchas de ellas ha sido limitado a delitos cuyas penas no superasen los 15 años de prisión. Pero, a nuestro entender, el procedimiento de flagrancia no debe verse limitado a un grupo de casos en razón de la pena impuesta para el delito, puesto que la flagrancia impone una respuesta ágil del sistema judicial con independencia de la sanción que se asocia al delito, ya que se trata de supuestos, como adelantamos en los que el autor es sorprendido al momento de su comisión y no implican poner al imputado en una mayor o menor situación de indefensión. Al contrario, tanto el imputado como su defensor estarán en sendas audiencias orales al principio del proceso y al final del mismo, cara a cara con el Juez evitando la intermediación de los empleados judiciales para todos los actos del proceso.
Se ha abandonado un obstáculo que contenía el Art. 353 bis “in fine” en virtud del cual por la sola voluntad del imputado el procedimiento dejaba de ser sumario y pasaba a tramitar como cualquier otro proceso. A partir de nuestra propuesta todos los delitos flagrantes tramitaran por esta forma abreviadísima que permitirá en un plazo de 35 días hábiles a contar desde la detención, poder arribar a una sentencia de condena o a una absolución y terminar en un plazo razonabilísimo un proceso penal, lo que constituye una manda constitucional derivada el Pacto de San José de Costa Rica y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos incorporados a nuestra constitución en el Art. 75 inc. 22.
Por último, si bien es cierto se ha ganado en celeridad con el trámite actual de la instrucción sumaria; no lo es menos que las demoras se han acentuado en la etapa de debate y con este proyecto propendemos a una mayor oralización también de esta segunda etapa del proceso.
Este proceso que venimos a proponer, innova además adelantando la oralidad a todo el proceso de flagrancia, evitando así situaciones como las actuales en las que el imputado ni el resto de las partes tienen casi contacto directo con el Juez. Se produce una inmediación trascendente entre los distintos actores del proceso lo que facilitará el poder arribar a soluciones más justas y rápidas, como así también a soluciones alternativas a la solución de los conflictos en etapas procesales muy anteriores a lo que actualmente se producen, evitando dispendios jurisdiccionales absolutamente innecesarios. Adelantar a la etapa de instrucción el momento procesal oportuno para solicitar la aplicación de institutos como la suspensión del proceso a prueba o el juicio abreviado, constituyen un avance que ayudará a la mucho más pronta terminación de los procesos, y por tanto, a que el tiempo que los jueces se ahorraran en investigaciones largas e innecesarias, pueda ser aplicado a delitos más complejos.
En el orden práctico de la política criminal y su impacto con la demanda social de mayor protección ciudadana, esta iniciativa legislativa tiene por finalidad terminar con la soltura por Comisaría de detenidos sorprendidos al momento de cometer un delito de acción pública exigiendo la realización de una audiencia a las 24 horas de la detención del imputado con la finalidad de formalizar su aprehensión y su inmediata puesta a disposición del juez de turno. No podemos olvidar que este Código no recibe modificación alguna sustanciosa desde su sanción en 1991, es decir desde antes de la modificación de la Carta Magna, que al incorporar todos los instrumentos de derechos humanos al Art. 75 inc. 22, nos compele a avanzar en el sentido de la oralidad, publicidad, inmediación, continuidad contradictorio y acusatorio como notas distintivas de lo que debiera ser nuestro procedimiento penal. Es en este sentido que avanzamos en el proyecto que venimos a presentar.
Es por todo lo expuesto, Sr. Presidente, que solicitamos la aprobación del presente proyecto de Ley.

Proyecto de Ley: Ley de Responsabilidad Penal Administrativa de las Personas Jurídicas por actos contra la Administración Pública

El Senado y Cámara de Diputados…
Ley de Responsabilidad Penal Administrativa de las Personas Jurídicas
Generalidades y ámbito de Aplicación
ARTICULO 1º.- Esta Ley dispone sobre la responsabilidad penal administrativa de las personas jurídicas por los actos que cometieren contra la administración pública, nacional o extranjera.
ARTICULO 2º.- Las personas jurídicas serán responsables objetivamente, en el ámbito administrativo por los actos tipificados en la presente ley ya sea para su propio beneficio o de un tercero.
ARTICULO 3º.- La responsabilidad de la persona jurídica no excluye la responsabilidad individual de sus directores, Socios Gerentes, administradores o de cualquier socio participe en los actos tipificados por esta ley. Consecuentemente, a): La persona jurídica podrá ser responsable con independencia de la responsabilidad individual de las personas físicas; b) Los directores, Socios Gerentes, administradores y/o socios serán únicamente responsables por los actos tipificados en esta ley en la medida de su responsabilidad.
ARTICULO 4º.- La responsabilidad penal administrativa de la persona jurídica subsiste en caso de transformación, fusión, absorción o escisión o en cualquier otra modalidad societaria.
De las Prácticas Prohibidas
ARTICULO 5º.- Constituyen prácticas prohibidas contra la administración pública nacional o extranjera para los fines de esta ley, todos aquellos actos practicados por las personas jurídicas mencionadas en el Artículo 1 de esta Ley, que atenten
contra el patrimonio público nacional o extranjero, contra principios de la administración pública y compromisos internacionales asumidos por la República Argentina, los que se definen de la siguiente manera:
a) Entiéndase por “práctica corrupta” el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona;
b) Entiéndase por “práctica fraudulenta” cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación;
c) Entiéndase por “práctica de colusión” un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;
d) Entiéndase por “práctica coercitiva” el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones;
e) Entiéndase por “práctica de obstrucción” (i) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación o, (ii) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos de la Administración Pública Nacional a inspeccionar y auditar en los términos del Artículo 6 de esta Ley.
ARTICULO 6: En los contratos y licitaciones públicas se incluirá una cláusula que exija que todos los participantes en una licitación, proveedores y contratistas y sus subcontratistas sus agentes, personal, consultores, proveedores de bienes o servicios deben permitir al órgano de contralor revisar todas las cuentas, archivos
y otros documentos relacionados con la presentación de las ofertas y el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el órgano de contralor.
Del Régimen Penal Administrativo
ARTÍCULO 7: Las Personas Jurídicas consideradas responsables por los actos prohibidos previstos en la presente Ley serán objeto de las siguientes sanciones:
A) Multa de hasta 4 veces el valor de la Ganancia Neta del último ejercicio inmediato anterior a la instauración de este régimen penal administrativo, excluidos los impuestos, el cual nunca será menor a la ventaja obtenida, cuando fuere posible su estimación
B) Publicación de la decisión condenatoria. La publicación de la decisión será a expensas de la persona jurídica y deberá tener un extracto de la sentencia, explicación de la práctica prohibida y descripción de la pena. Será publicada por el plazo mínimo de 30 días en tres diarios de circulación nacional y en el sitio web del Registro Nacional de Empresas Sancionadas.
C) La aplicación de las sanciones previstas en esta Ley no excluye en cualquier hipótesis la obligación de la persona jurídica de reparar integralmente el daño causado.
D) En la hipótesis del A) de este artículo, cuando no sea posible obtener la ganancia neta de la empresa se aplicará una multa de $ 20,000 (pesos Veinte mil) a $ 200,000 (Pesos Dos cientos mil).
E) Inhabilitación de poder participar en licitaciones y cualquier tipo de contratos con la Administración Pública Nacional por el plazo mínimo de 3 años y por el plazo máximo de 20 años.
ARTICULO 7 En el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, el Fiscal de Control Administrativo Anticorrupción dependiente de la Oficina Anticorrupción, tendrá competencia concurrente para instaurar procesos administrativos de responsabilidad de personas jurídicas o para avocarse a los procesos ya iniciados con fundamento en Ley, así como para la supervisión de los procesos ya iniciados.
ARTICULO 8: Compete a la Oficina Anticorrupción, llevar a cabo el proceso de juzgamiento de los actos prohibidos de esta Ley contra la Administración Pública Extranjera de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 4 de la Convención para
Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, suscrita en París, el 17 de diciembre de 1997 y aprobada por la República Argentina, mediante Ley 25.319.
ARTÍCULO 9: La conclusión del Procedimiento Administrativo en la esfera de la Oficina Anticorrupción debe concluir dentro de los 180 días corridos contados desde el inicio de la actuación sumarial.
ARTICULO 10: Las resoluciones de la Oficina Anticorrupción previstas en este capítulo serán recurribles por ante la justicia en el fuero contencioso administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos.
ARTICULO 11: Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso administrativo a que dieran lugar las infracciones previstas en esta ley se regirán por los artículos 1101 y siguientes y 3982 bis del Código Civil, entendiendo por “acción civil”, la acción “penal administrativa”.
Del Acuerdo de Cooperación Extrajudicial
ARTÍCULO 12: La Autoridad Máxima de cada organismo estatal o cualquier entidad pública podrá celebrar un acuerdo de cooperación extra judicial con la persona jurídica responsable de realización de actos prohibidos tipificados en este Ley, siempre de que de este acuerdo resulte:
A) Cuando correspondiere, la identificación de las personas relacionadas con la infracción.
B) Todos los documentos e informes que acrediten la comisión de la infracción por parte de la persona jurídica.
C) La persona jurídica deba cesar inmediatamente de cometer la infracción a partir de celebrado el acuerdo de cooperación extra judicial.
D) La persona jurídica sea la primera en manifestarse sobre su interés en
colaborar en el esclarecimiento de la infracción
E) La persona jurídica admita su participación en la infracción, coopere plenamente a su costa, y concurra en todas las oportunidades en las que sea citada.
ARTICULO 13: El acuerdo de cooperación extrajudicial hará que la sanciones previstas en el en el Articulo 7 Incisos d) (inhabilitación) y e) (multas) sean reducidas en 2/3 (dos tercios).
ARTÍCULO 14: El acuerdo de cooperación extrajudicial no exime a la persona jurídica de reparar integralmente el daño causado.
ARTÍCULO 15: Los efectos del acuerdo de cooperación extrajudicial serán aplicados también a las personas jurídicas que integran el mismo grupo económico, de hecho o de derecho, que la persona jurídica que firme el acuerdo.
ARTÍCULO 16: La Persona Jurídica debe implementar un Programa Interno de Cumplimiento monitoreado por la Oficina Anticorrupción como consecuencia de la celebración de acuerdo de cooperación extrajudicial.
ARTÍCULO 17: En caso de incumplimiento del acuerdo, la persona jurídica no podrá celebrar un nuevo acuerdo de colaboración extrajudicial por un periodo de 3 años.
ARTÍCULO 18: La celebración del acuerdo de cooperación extrajudicial interrumpe el plazo de prescripción de los actos prohibidos por esta Ley.
De la Creación de un Registro Nacional de Empresas Sancionadas
ARTICULO 19: Crease en el ámbito de la Inspección General de Justicia un Registro Público de Empresas Sancionadas por esta Ley.
ARTICULO 20: El Registro Público de Empresas Sancionadas tendrá, entre
otras funciones, la de conservar un registro con la razón social, tipo de sanción y datos del expediente de la persona jurídica sancionada.
ARTÍCULO 21: Las autoridades competentes que celebren acuerdos de cooperación extrajudicial deben mantener informado al Registro Público de Empresas Sancionadas.
ARTÍCULO 22: Las multas obtenidas producto de esta Ley, serán destinadas principalmente a los órganos y entidades públicas que fueron afectadas por la infracción.
ARTÍCULO 23: De forma.

 

FUNDAMENTOS:

 
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de ley radica en introducir la responsabilidad penal administrativa de las personas jurídicas por actos de fraude y corrupción, que cometieren contra la administración pública nacional o extranjera.
La República Argentina, comprometida en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional ha asumido una serie de obligaciones internacionales destinadas a fortalecer la lucha contra la corrupción.
En primer lugar, la República Argentina ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA, Organización de Estados Americanos), adoptada por la OEA el 29 de marzo de 1996 y aprobada por la Argentina mediante Ley 24.759, promulgada el 13 de enero de 1997.
En segundo lugar, y de especial relevancia para la sanción de la presente ley, la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), suscripta en París, el 17 de diciembre de 1997 y aprobada por la República Argentina, mediante Ley 25.319 (publicada en el Boletín Oficial el 18/10/00).
Asimismo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU, Organización de Naciones Unidas), aprobada por Resolución N° 58/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 31 de octubre de 2003, suscripta en Mérida, México el 10 de diciembre del mismo año y aprobada por la República Argentina mediante Ley 26.097, promulgada el 6 de junio de 2006.
Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE)
La Convención de la OCDE es el primer instrumento internacional de alcance global sobre lucha contra la corrupción que se centra en la faz “activa” del cohecho trasnacional, es decir en “la oferta, la promesa o la concesión” de cualquier beneficio indebido, en lugar de hacerlo en su faz “pasiva”, configurada por la solicitud, aceptación o recepción de ese beneficio indebido. Este enfoque la distingue de otras convenciones anticorrupción. Su objetivo principal es penalizar a las empresas y personas que, en sus transacciones comerciales, ofrezcan, prometan den dinero o gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros, con el fin de beneficiarse en sus actividades económicas internacionales. De acuerdo a este instrumento internacional, la detección y sanción de los pagos ilegales es independiente de que el funcionario público sea acusado de haber recibido el pago ilegal o la dádiva comprometida. Nuestro país introdujo como delito el cohecho de funcionario públicos extranjeros en el artículo 258 bis del Código Penal, tal como lo exigía la Convención Interamericana contra la Corrupción (art. VIII) a través de la ley 25.188. Luego, en cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo de la OCDE introdujo modificaciones en su redacción. Su texto vigente es el siguiente:
ARTICULO 258 bis – Será reprimido con reclusión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que, directa o
indirectamente, ofreciere u otorgare a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero cualquier objeto de valor pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo, en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial .(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.825 B.O. 11/12/2003)
La deducción impositiva del cohecho se encuentra prohibida en nuestra legislación. El art. 37 de la ley Nº 20.628 (Impuesto a las Ganancias) dice:
“…cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas3, no se admitirá su deducción en el balance impositivo, estableciendo incluso que, en tal circunstancia, dicho gasto se encontrará sujeto al pago definitivo en una tasa del 35%”.
El Código Penal contempla penas de uno a seis años de reclusión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública para las personas naturales que hayan cometido éste delito.
Sin embargo, es muy importante destacar a los fines de este Proyecto, que la Republica Argentina ha sido evaluada en el marco de la Convención de la OCDE en su fase 3, cuyo informe se ha publicado en Diciembre de 2014 Específicamente en los párrafos 49 a 53 del informe, la OCDE expresa su consternación dado que después de 13 años que la Argentina es parte de la Convención todavía no tenga un régimen para sancionar a las personas jurídicas por soborno transnacional. Asimismo expresa su preocupación y le resulta extraño que la Argentina haya adoptado un régimen penal para las personas jurídicas por otros delitos (por ejemplo lavado de dinero), pero no por soborno transnacional, lo que después de 13 años parece, según los examinadores de la OCDE, no ser una prioridad para la Argentina.
Antecedentes Internacionales
1. LEY DE PRÁCTICAS CORRUPTAS EXTRANJERAS (EN INGLÉS “FCPA”). ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 (FCPA) (15 USC § 78dd-1, et seq.) es una ley federal de los Estados Unidos conocido principalmente por dos de sus principales disposiciones, que se ocupa de la contabilidad los requisitos de transparencia en virtud de la Ley de Valores de 1934 y otro relativo a la corrupción de funcionarios extranjeros. La Ley fue modificada en 1988 y en 1998.
La FCPA tiene dos enfoques principales respecto de (1) la divulgación y (2) la prohibición. El enfoque sobre la divulgación constituye la primera parte de la Ley y contiene disposiciones sobre contabilidad y registros. Esta sección establece que una corporación debe de mantener registros precisos de todas las transacciones que lleve a cabo. El segundo enfoque -el enfoque prohibitivo- de la FCPA prohíbe el soborno de negocios de Estados Unidos a funcionarios extranjeros. De manera específica, la Ley prohíbe a las compañías Americanas y a su representantes la utilización del correo u otro medio de comercio interestatal para llevar a cabo un pago ilícito a un funcionario extranjero o un político para utilizar su poder o influencia para ayudar a que la firma Americana obtenga o conserve negocios para sí misma o para cualquier otra persona.
La FCPA es aplicable respecto de todos los negocios de Estados Unidos e individuos al exigir su cumplimiento a todos los emisores de valores y empresas domésticas. Además de negocios de los Estados Unidos e individuos, la FCPA también resulta aplicable respecto de cualquier funcionario, director, empleado, agente, o intermediario de valores actuando a nombre de dichos emisores o empresas domésticas. Se considera que una persona tiene conocimiento de que un pago será utilizado para sobornar a un funcionario extranjero si la persona tiene conocimiento o tiene una creencia firme que el tercero está llevando a cabo dicha conducta o se tiene una certeza substancial de que dicho resultado se producirá.
Finalmente, las violaciones civiles y/o sentencias penales bajo la FCPA implican penas severas potenciales. Se establece como posible sanción una multa civil de hasta US$ 10,000 por violaciones civiles. Adicionalmente, sentencias penales de conformidad con la FCPA implican penas criminales para un individuo de hasta US$ 100,000, mientras que la multa máxima penal para una corporación de los Estados Unidos es de US$ 2 millones
2. LEY ANTI SOBORNO DEL REINO UNIDO / UK BRIBERY ACT. (2010)
La Ley de Soborno (2010) es una ley del Parlamento del Reino Unido que cubre la ley penal en relación con el soborno. Introducido al Parlamento en Discurso de la Reina en 2009, después de varias décadas de informes y proyectos de ley, la ley recibió la sanción real el 8 de abril de 2010, tras el apoyo de todos los partidos. Inicialmente programada para entrar en vigor en abril de 2010, esto fue cambiado al 1 de julio de 2011.
Las sanciones por la comisión de un crimen bajo la ley son un máximo de 10 años de prisión, además de una multa ilimitada, y el potencial para la confiscación de bienes en virtud de la Ley del Producto del Delito de 2002, así como la descalificación de Administración bajo la Compañía Directores Descalificación Ley de 1986. La Ley tiene una jurisdicción casi universal, lo que permite el procesamiento de una persona o empresa con vínculos con el Reino Unido, independientemente del lugar donde se produjo el crimen.
La ley también introduce un nuevo delito de ofrecer, prometer o conceder una ventaja financiera o de otro tipo a un funcionario público extranjero cuando tal ventaja no está permitida bajo la ley escrita aplicable a dicho funcionario extranjero. El sujeto activo debe tener la intención de que la ventaja dada u ofrecida influiría el funcionario extranjero en el desempeño de sus deberes como funcionario público y debe tener la intención de asegurar negocio o para obtener una ventaja comercial. La definición de “funcionarios públicos extranjeros” es muy amplia e incluye los que trabajan para organizaciones internacionales.
La Ley abarca tanto las actividades privadas y públicas. Los Tribunales del Reino Unido tienen jurisdicción sobre el soborno fuera del Reino Unido, donde la persona que comete el delito es un ciudadano británico o es residente habitual en el Reino Unido, un cuerpo incorporado en el Reino Unido o en una asociación escocesa. Cualquier empresa que realice su actividad en el Reino Unido estará sujeta a la falta de un delito prevenir el soborno en relación a la conducta que ocurre fuera del Reino Unido, incluso en los casos que la conducta no está relacionada con el aspecto del Reino Unido de su negocio. En este sentido, el alcance de la ley va más allá de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos (FCPA). Para las personas, la pena máxima es de 10 años de prisión y una multa ilimitada. Para las organizaciones comerciales de la pena es una multa ilimitada.
3. LEY ANTICORRUPCION DE BRASIL. LEY 12.846/2013
La Ley 12.846 se encuentra inspirada en leyes internacionales y en Convenciones Internacionales ratificadas por la República del Brasil, entre las que se encuentran la Foreign Corrupt Practices Act (1977) de los Estados Unidos, y la UK Bribery Act, sancionada en el Reino Unido en 2010.
La nueva ley prevé, a diferencia de la FCPA y UK Bribery Act, una Responsabilidad Civil y Administrativa Objetiva, NO CRIMINAL de las personas jurídicas que practiquen actos contra la administración pública nacional o extranjera (art. 1), por lo que su marco de aplicación es amplio. La responsabilidad de las personas jurídicas es objetiva. Esto también es importante en relación con la FCPA que exige un “criminal intent o mens rea”. La nueva ley permite la imposición de sanciones administrativas y judiciales a las personas jurídicas involucradas, que van hasta un 20% de su facturación bruta o multa de hasta 60 millones de Reales. La nueva ley creó también un acuerdo de leniencia. Esto también es muy novedoso y se ve también en la FCPA en los denominados “Deferral Prosecution Agreements” (DPAs) o “Non Prosecution Agreements” (NPAs). Esta Ley crea un Registro Nacional de Empresas Sancionadas, que facilitara la consulta e informaciones PUBLICAS sobre la instituciones afectadas por las sanciones legales. El hecho de que la sanción sea pública, también se contempla en los casos de la FCPA. Para los efectos de la Ley 12.846 se equipara a la administración pública extranjera con los organismos internacionales (art. 5 V. 1.2).
Necesidad de Contar con una Legislación propia, completa y moderna en nuestro país.
Nuestro país no puede ni debe desentenderse del problema que, en un contexto internacional, afecta con prácticas ilegales al conjunto de la economía y de la vida institucional nacional.
En sintonía con otros estados que desde sus gobiernos están realizando sistemáticos esfuerzos para combatir los delitos detallados tu-supra, entendemos que se hace imprescindible contar con una legislación propia, completa y moderna que nos lleve por ese camino. Este proyecto de Ley es congruente con ello y por eso solicitamos que se acompañe con su sanción.

Proyecto de Ley: Creación de los Consulados Honorarios

El Senado y Cámara de Diputados…
DE LOS AGENTES CONSULARES HONORARIOS
Artículo 1. Ejercicio de funciones consulares por jefes de la Oficina consular honoraria.
1. Las personas que el Ministerio de Relaciones Exteriores designe como titulares de Oficinas consulares honorarias podrán ejercer funciones consulares, con carácter limitado y por delegación, en concepto de auxiliares y colaboradores de los funcionarios diplomáticos o consulares de carrera de los que dependan en los términos establecidos por el Convenio de Viena de 24 de abril de 1963 y, en su caso, con arreglo a lo que determinen los convenios bilaterales así como de conformidad con lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos internos, tanto de la República Argentina como del Estado receptor.
2. Dichas personas, por el nombramiento como jefes de la Oficina consular honoraria, no adquirirán, en ningún caso, la condición de funcionarios de carrera o empleo de la Administración pública del Estado argentino, ni tendrán consideración de personas incorporadas a la misma por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el derecho administrativo en los términos establecidos por la legislación argentina en materia de funcionarios públicos del Estado, ni en carácter de empleo privado
3. Los jefes de la Oficina consular honoraria no tendrán que poseer necesariamente la nacionalidad argentina y podrán desarrollar todo tipo de actividad lícita al mismo tiempo que desempeñan las funciones consulares.
Artículo 2. Categorías de los Jefes de Oficina consular honoraria.
Con arreglo al artículo 9 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares, los Jefes de Oficina consular honoraria podrán ser de dos categorías:
Cónsules generales honorarios.
Cónsules honorarios.
Artículo 3. Nombramiento.
Los jefes de la Oficina consular honoraria serán nombrados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el informe favorable de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Convenio de Viena y previa tramitación y aprobación de la propuesta a que se refiere el artículo 4° del mismo Convenio.
Artículo 4. Propuesta de nombramiento.
1. Los jefes de la Oficina consular honoraria serán nombrados a propuesta del Jefe de la misión diplomática dentro de cuya jurisdicción se encuentre la Oficina consular honoraria.
Artículo 5. Contenido de la propuesta.
1. La solicitud de nombramiento que se hará por Despacho separado de la propuesta de establecimiento de la Oficina consular honoraria y tan sólo una vez que haya sido aprobada la creación de la misma deberá contener una explicación pormenorizada de la conveniencia de que se nombre el titular propuesto y en todo caso, hará referencia detallada a la concurrencia en la persona que se propone de las condiciones requeridas por el artículo siguiente.
2. En el supuesto de que la propuesta de nombramiento se refiriese a una persona de nacionalidad extranjera, habrán de explicarse las razones de haberla preferido a otra de nacionalidad argentina.
3. La propuesta contendrá las facultades que se proponga delegar en el jefe de oficina consular honoraria-
Artículo 6. Condiciones requeridas.
1. La persona en que recaiga la propuesta habrá de ser escogida entre los residentes argentinos mayores de edad en el lugar establecido como sede de la Oficina consular honoraria, que sean localmente conocidos por su honorabilidad y prestigio. En el supuesto de tratarse de nacional extranjero, habrá de conocer el idioma español o disponer en caso necesario de personal que lo conozca.
2. No podrán ser propuestos los nacionales argentinos que no sean mayores de edad o que no hayan cumplido los deberes establecidos por la legislación vigente.
3. Sólo podrá conferirse el nombramiento cuando las informaciones practicadas pongan de manifiesto la capacidad y voluntad de la persona propuesta para desempeñar con el apropiado decoro y dignidad y con la dedicación y atención necesarias las funciones representativas o de gestión que, como delegado o en sustitución del funcionario consular de carrera, puedan serle encomendadas.
4. En caso de que la persona propuesta lo sea para Cónsul general honorario, se requerirá, además que esté en posesión de título académico universitario o equivalente o que haya prestado especiales y relevantes servicios a los intereses argentinos o que ocupe un destacado puesto en el comercio, la industria o las finanzas. No podrá ser nombrado con esta categoría ningún jefe de Oficina consular honoraria cuando el Jefe de la Oficina consular de carrera de la que dependa no sea Cónsul general.
Artículo 7. Carta patente.
1. De acuerdo en el artículo 11 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares, el Jefe de la Oficina consular honoraria será provisto de carta patente que acredite su clase y en la que se indique su nombre completo, nacionalidad y categoría, circunscripción consular y la sede de la Oficina consular de carrera.
2. La carta patente será autorizada con su firma por el Jefe la Oficina consular de carrera o en su caso, del Jefe de la Misión diplomática del que dependa el agente consular honorario. Una vez firmada el Jefe de la Oficina consular de carrera la enviará al Jefe de la Misión para su notificación o remisión al Gobierno del Estado en cuyo territorio se van a ejercer las funciones de aquélla, con el fin de obtener el exequátur previsto en el artículo 12 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares.
Artículo 8. Admisión del Jefe de la Oficina consular honoraria, y toma de posesión.
La fecha de concesión del exequátur será comunicada por el Jefe de Misión al Ministerio, así como la de toma de posesión. Esta le será dada al interesado por el Jefe de la Oficina consular de carrera correspondiente o, en su caso, por el Jefe de Misión.
Artículo 9. Atribuciones.
1. Los jefes de la Oficina consular honoraria actuarán como auxiliares o delegados del funcionario consular de carrera del que dependan con los alcances de las facultades que les fueran delegadas por el acto de su designación. Por tanto sus atribuciones estarán en cada caso, determinadas por las instrucciones que de éste reciban, teniendo en cuenta, para el mejor servicio, las circunstancias propias de cada país.
2. En el ejercicio de sus funciones estarán especialmente facultados para prestar, en conexión con la Oficina consular de carrera o, en su caso, de la Misión diplomática de la que dependa, la asistencia y protección consular debida a los nacionales argentinos dentro de los límites permitidos por el Derecho internacional.
3. En todo momento dichas facultades o atribuciones podrán ser ampliadas o reducidas de acuerdo con las necesidades del servicio, sin otras limitaciones que las establecidas por la Ley y los Tratados internacionales.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los jefes de la Oficina consular honoraria podrán legalizar firmas en los documentos públicos expedidos por las autoridades locales, así como visar certificados de origen, facilitar, mediante la entrega y remisión de los correspondientes formularios, las inscripciones en el Registro de Matrícula de Nacionales de la Oficina consular de carrera o, en su caso, de la Misión diplomática de la que dependan, tramitar las solicitudes de pasaportes y hacer entrega de los mismos, renovar certificados de nacionalidad y prestar la debida asistencia y consejo a los argentinos residentes o transeúntes.
5. No podrán actuar en calidad de funcionarios encargados del Registro Civil. Sólo podrán ejercer la fe pública los jefes de la Oficina consular honoraria con arreglo a las condiciones requeridas por la reglamentación vigente, por causa justificada y previa autorización expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
6. Necesitarán autorización expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicada por conducto y a propuesta de la Oficina consular de carrera o, en su caso, de la Misión diplomática de la que dependan, para extender pasaportes y documentos de viaje, así como para expedir visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar a territorio nacional.
Artículo 10. Comunicación con las autoridades locales y con particulares.
Los jefes de la Oficina consular honoraria podrán dirigirse en el ejercicio de sus funciones:
A las autoridades locales competentes dentro de su circunscripción consular.
A las particulares, tanto directamente como por conducto del funcionario consular de carrera de quien dependan, cuando se considere conveniente para la índole del asunto.
Artículo 11. Uso de bandera y escudo nacionales.
1. Los jefes de la Oficina consular honoraria deberán colocar en el exterior de la Oficina consular la bandera y escudo oficiales, izando obligatoriamente la primera en las fiestas nacionales argentinas, en las locales y en las demás ocasiones en que así se le indique, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.3 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares. La bandera, escudo y sellos oficiales serán propiedad del Estado. Asimismo será de propiedad estatal el archivo consular, que deberá siempre estar claramente separado de la correspondencia particular del Jefe de la Oficina consular y de la de toda persona que trabaje con él, y de los objetos, libros y documentos referentes a su profesión o a sus negocios, según dispone el artículo 61 del mencionado Convenio.
2. Los jefes de la Oficina consular honoraria no podrá usar bandera o escudo oficiales en su domicilio cuando éste no coincida con la sede de la Oficina consular honoraria.
Artículo 12. Compensaciones económicas.
1. Los jefes de la Oficina consular honoraria no tendrá derecho a reclamar, a título personal, retribución alguna por el ejercicio de sus funciones.
2. No obstante, como compensación a los gastos ordinarios de oficina o despacho, los jefes de la Oficina consular honoraria tendrán derecho a una participación en la recaudación de los derechos consulares en la forma que reglamentariamente se determine.
3. Por otra parte en casos especialmente justificados y previo informe y propuesta correspondientes el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá proceder a asignar temporalmente a los jefes de la Oficina consular honoraria un empleado o empleados consulares en calidad de personal administrativo o técnico para que le asistan en el desempeño de sus funciones.
El empleado consular dependerá a todos los efectos de la Oficina consular de carrera de cuya circunscripción dependa o, en su caso, de la Misión diplomática.
El Jefe de la Oficina consular de carrera o, en su caso, el de la Misión diplomática será el único competente para el nombramiento y cese de los empleados consulares asignados a las Oficinas consulares honorarias.
Artículo 13. Obligación de remitir una Informe anual.
1. Los jefes de la Oficina consular honoraria deberán remitir antes del 31 de enero de cada año una Informe anual al Jefe de la Oficina consular de carrera del que dependa o, en su caso, al Jefe de Misión, para su curso al Ministerio de Relaciones Exteriores.
2. La misma contendrá los datos actualizados referentes al año anterior sobre la comunidad argentina en su circunscripción consular, actividades de los Centros argentinos, labor administrativa realizada, relaciones con las autoridades locales, datos generales sobre actividades culturales y comerciales, así como cualquier observación o dato de interés sobre el ejercicio de sus funciones consulares.
Artículo 14. Deber de custodia de la correspondencia.
Las Oficinas consulares honorarias tendrán la obligación de conservar, debidamente ordenada, la correspondencia recibida o enviada en el ejercicio de sus funciones, que se considerará propiedad del Estado y no podrá ser publicada ni comunicada a terceros sin autorización.
Los libros oficiales o las publicaciones que hayan podido ser remitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores u otros Organismos competentes se considerarán asimismo de propiedad pública, adscritos a la biblioteca consular de la Oficina.
Los jefes de la Oficina consular honoraria podrán disponer de aquellas publicaciones destinadas a su distribución gratuita.
Artículo 15. Encargado interino de la Oficina consular honoraria.
1. Si los jefes de la Oficina consular honoraria no pudieran ejercer sus funciones por ausentarse durante un período determinado de su residencia oficial, lo comunicarán en la debida antelación al Jefe de la Oficina consular de carrera de la que dependa. La comunicación deberá contener una propuesta de designación de la persona que pueda sustituirle provisionalmente en calidad de encargado interino. En la propuesta se indicará la edad, profesión, nacionalidad y el mayor número posible de datos personales sobre el sustituto.
2. El Jefe de la Oficina consular de carrera podrá aceptar la propuesta del agente consular interino o proponer a su vez un sustituto que, a su juicio, constituya un candidato más idóneo.
3. La designación y cese del encargado interino de la Oficina consular honoraria será comunicada a la Secretaría de Relaciones Exteriores dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en su caso, al Jefe de Misión, y notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor, conforme al artículo 15 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares.
4. Las atribuciones del encargado interino serán las mismas que las del titular, salvo que el Jefe de la Oficina consular de carrera considere conveniente limitarlas.
5. Para la determinación de la eventual compensación económica que pudiera corresponder al encargado interino por el ejercicio de funciones consulares se estará a lo dispuesto en el artículo 12.
Artículo 16. Nombramiento de la misma persona por un tercer Estado.
Los jefes de la Oficina consular honoraria de la República Argentina, en cualquiera de sus categorías, no podrán aceptar la representación honoraria de otro país sin autorización expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores, que la otorgará o denegará atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso y que excepcionalmente pudieran justificarlo. La atención interina de una Oficina consular honoraria de tercer país podrá ser autorizada por el Jefe de Misión previo informe del Jefe de la Oficina consular de carrera correspondiente.
Artículo 17. Cese de los agentes consulares honorarios.
El cese de los jefes de la Oficina consular honoraria podrá producirse por las siguientes causas:
Por revocación del exequátur por parte del Estado donde ejerce sus funciones o por la notificación del Estado receptor de que ha dejado de considerar al agente de que se trata como miembro del personal consular
Por su propia voluntad, de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo siguiente.
Por decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, bien directamente o a propuesta del Jefe de la Oficina consular de carrera correspondiente o, en su caso, del Jefe de Misión diplomática, cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo 19.
Artículo 18. Dimisión.
1. La dimisión del jefe de la Oficina consular honoraria será presentada, en escrito motivado, al Jefe de la Oficina consular de carrera de quien dependa o, en su caso, al Jefe de Misión, con seis meses
de antelación, a menos de existir motivo grave que justifique su cese en plazo menor o de modo inmediato.
2. De la misma se dará cuenta al Ministerio de Relaciones Exteriores por conducto del Jefe de Misión del que dependa. Cuando no haya Jefe de Misión, bien por ausencia, bien por falta de relaciones diplomáticas, la comunicación se efectuará directamente por la Oficina consular de carrera correspondiente.
Artículo 19. Condiciones que permiten proponer el cese.
1. Para proponer el cese de un jefe de Oficina consular honoraria en cualquiera de sus categorías se seguirán los mismos trámites que para su nombramiento.
2. El Ministerio de Relaciones Exteriores decidirá el cese de un jefe de la Oficina consular honoraria cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
Haber sido declarado persona non grata por el Estado receptor, con arreglo al artículo 23 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares.
La ausencia prolongada por más de un año del lugar de su residencia, a menos de haber recabado y recibido autorización para ello del Jefe de la Oficina consular de carrera o, en su caso, del Jefe de la Misión diplomática, y haber provisto previamente su interinidad.
El reiterado y comprobado incumplimiento de las instrucciones recibidas para el ejercicio de sus funciones; o grave infracción de las leyes argentinas o de las del país de residencia.
Haber realizado actos contrarios a la dignidad y decoro de su cargo.
Artículo 20. Suspensión temporal del jefe de la Oficina consular honoraria en el ejercicio de sus funciones.
1. Cuando se contemple la aplicación del cese por alguna de las causas enumeradas en los apartados b), c) y d) del artículo anterior y si las circunstancias del caso lo justifican, el Jefe de la Oficina consular de carrera podrá suspender temporalmente en sus funciones a los jefes de la Oficina consular honoraria dependientes de su jurisdicción.
2. Dará cuenta seguidamente al Jefe de Misión y al Ministerio de Relaciones Exteriores de la suspensión y de los motivos para ella y propondrá las medidas definitivas que al efecto estime deban adoptarse.
Artículo 21. Terminación del ejercicio de funciones consulares por parte de los jefes de la Oficina consular honoraria.
1. Los jefes de la Oficina consular honoraria que haya cesado deberá hacer entrega al Jefe de la Oficina consular de carrera correspondiente o, en su caso, al Jefe de la Misión diplomática del archivo consular a su cargo, así como de los sellos oficiales, escudo y bandera, devolviendo asimismo la carta patente en la que se hubiere extendido su nombramiento.
2. El Jefe de la Misión diplomática comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores y notificará al Gobierno del Estado receptor la terminación del ejercicio de sus funciones por el agente consular honorario.
Cuando no haya Jefe de Misión se estará a lo dispuesto en el artículo 18.2.
Artículo 22. De forma.
Cláusulas transitorias
CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA.
Las categorías de Jefe de Oficina consular honoraria previstas en la presente Ley serán tenidas en cuenta exclusivamente para el nombramiento de las sedes vacantes que puedan producirse a partir de la entrada en vigor del mismo.

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
El Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de Abril de 1963, receptada en el país por la Ley 17.081 establece las definiciones, requisitos, funciones y obligaciones del Servicio Consular.
Desde su celebración han pasado 52 años y sin embargo, nuestro país, a pesar de ser firmante del Convenio, no ha destinado esfuerzo alguno por darle operatividad a los consulados honorarios, más allá de la Ley 23.732, que establece el régimen de autorización a los ciudadanos argentinos a aceptar y usar condecoraciones y honores otorgados por los estados con los que Argentina mantiene relaciones y sobre la base de esta última, el nombramiento aislado de cónsules honorarios de Argentina en el exterior, establecido por las Leyes 25704, 26506 y 26507.
El fundamento de esta Ley es, básicamente, retomar el impulso sobre el tema, generando un marco legal que pueda establecer un punto de partida para reforzar nuestros lazos con el mundo y, al mismo tiempo, brindar asistencia a los argentinos residentes en el extranjero.
El establecimiento de Consulados Honorarios de la República Argentina en el Exterior podría lograr los siguientes objetivos, más allá de prestar ayuda consular a los residentes argentinos en el exterior:
1- Aclarar asuntos y coyunturas que deterioran la buena imagen y prestigio de Argentina y de los argentinos en el extranjero;
2- Promover actos académicos y de intercambio cultural entre organismos de su circunscripción y la Argentina, buscando los auspiciantes locales que puedan correr con los gastos;
3- Representar a la Argentina en eventos protocolares, oficiales y de instituciones gubernamentales, o privadas, en las que es importante que el país tenga presencia.
4- Prestar asistencia y orientación a los empresarios argentinos que visiten su área o que les soliciten información.
5- Difundir información sobre la Argentina, sobre su actualidad, sus instituciones y su política exterior, entre la población, las instituciones locales y la propia comunidad argentina.
6- Mantener contacto con los estudiantes argentinos en su localidad, para conocer sus necesidades y brindar apoyo cuando se requiera.
7- Colaborar con el Consulado General y la Embajada Argentina en la coordinación de las visitas oficiales de sus titulares, o de altos funcionarios, cuando el gobierno del país solicite apoyo para tales visitantes, que se dirijan al área donde se ubique el Consulado Honorario.
8- Informar a los extranjeros sobre disposiciones argentinas que estén causando inquietud o confusión.
9- Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre la República Argentina y el Estado receptor
10- Promover las relaciones amistosas entre la República Argentina y las ciudades de destino o residencia.
11- Informar a las instituciones y ciudades de destino de las características y posibilidades que ofrece la República Argentina para la inversión y relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas.
12- Proporcionar datos a las instituciones y personas interesadas de la República Argentina de las posibilidades de promoción de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas.
En la inteligencia que esta ley dotará al País de mejores y mayores recursos para nuestra política exterior brindando simultáneamente soluciones a los nacionales que viven en el exterior es que solicitamos se apruebe el presente proyecto de Ley.

 

http://www.diputados.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=176579

Pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre diversas cuestiones relacionadas con el personal existente en el “Instituto Nacional de Estadísticas y Censos”, que ingresó desde el 31 de diciembre del 2002 al 2013.

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para requerirle Información sobre el personal existente al 31 de diciembre de 2002, y el ingresado a partir de esa fecha hasta el 31 de diciembre del 2013, considerando el siguiente detalle:
1) Nombre y apellido.
2) Número de Cuil.
3) Fecha de ingreso del agente.
4) Tipo de relación laboral cuando ingresó o en 2002: planta permanente, planta de contratados, resolución 48, terceras instituciones, u otras.
5) Categoría, nivel , grado , tramo al ingresar o en 2002.
6) Fecha de egreso del agente.
7) Tipo de relación laboral cuando egreso.
8) Categoría, nivel, grado, tramo al egreso.
9) Motivo del egreso.
10) Ultimo nivel de educación completo.
11) Direcciones donde presta o prestó servicios.

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
Dados los distintos problemas de dominio público que se han generado en la situación laboral de los trabajadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se requiere conocer el detalle del personal Información sobre el personal existente al 31 de diciembre de 2002, y el ingresado a partir de esa fecha hasta el 31 de diciembre del 2013 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Consecuentemente, con este proyecto queremos expresar nuestra preocupación ante el desmantelamiento de las estadísticas públicas y la necesidad de medir objetivamente distintos indicadores fundamentales para las políticas públicas y para distintas áreas del quehacer social.
Queremos reafirmar también que una las funciones centrales del Congreso de la Nación, es la del control de la gestión gubernamental, que adquiere un rol prevalente y principal, frente a la propia función legislativa. No debemos resignarla bajo ningún aspecto, por mínimo que parezca, si realmente queremos ejercer con eficacia la representación popular que nos ha sido otorgada.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares al presente proyecto de resolución.

Discurso: Sesion por Re-estatización de Ferrocarriles

Señora presidenta: creo que con el tratamiento de este proyecto de ley hemos alcanzado algo más de normalidad, al menos para quienes integramos esta Cámara hace tan solo un año. Lo digo porque este fue un proceso del que participaron varias comisiones, en las que pudimos plantear nuestras opiniones. De hecho, alguna de las cosas que propusimos –tal como lo indicó la señora miembro informante- fueron tenidas en cuenta.
Pero como parecería que ese es el proceso natural y correcto de sanción de las leyes, tengo que hacer una reflexión al respecto: ojalá este sea el preludio de lo que va a venir en términos de cómo tratar y trabajar las diferentes iniciativas.
En este recinto hemos hablado mucho sobre la diversificación de la matriz productiva de la Argentina esto es algo que repetimos todo el tiempo , pero poco hemos dicho sobre la diversificación de la matriz del transporte. Al respecto, cabe señalar que para que un país se desarrolle plenamente, su matriz de transporte tiene que estar diversificada.
Existen muchos métodos de transporte: fluvial, ferroviario, vial y aéreo. Todos ellos son importantes, porque cada uno sirve a alguna economía regional o a alguna producción puntual. Así, por ejemplo, la minería utiliza al ferrocarril y la floricultura recurre al avión.
Si un país tiene una matriz productiva desbalanceada, no crecerá ordenadamente; si tiene una matriz de transporte también desbalanceada, tampoco podrá tener economías regionales pujantes y un crecimiento verdaderamente federal y balanceado. De esto se trata el proyecto de ley que estamos considerando en este momento.
En lo que hace específicamente a la actividad ferroviaria, sabemos que nuestro país creció desbalanceado en ese sentido. También sabemos que en lo que respecta al transporte de pasajeros y de cargas a través del ferrocarril se ha registrado un retroceso muy significativo.
Sería importante que hiciéramos un poco de historia. El partido que hoy representa al oficialismo en 1948 nacionalizó los ferrocarriles. Así, en 1950 se registró el nivel máximo de carga transportada –aclaro que me estoy refiriendo solamente a transporte de carga-, que fue de 17.300 millones de toneladas por kilómetro transportado. Esa fue una versión extrema del nacionalismo absoluto.
Por los motivos que fueren, ese sistema no funcionó muy bien. Tanto es así que en 1992, luego de una caída gradual, la cantidad de mercadería transportada llegó solo a 3.729 millones de toneladas. Es decir que de 17.300 millones de toneladas se pasó a 3.700 millones, lo que prácticamente representa un quinto del valor máximo. La miembro informante del proyecto señaló que la cantidad de vías se redujo a la mitad, pero la carga se redujo mucho más.
Así, el mismo partido que en 1948 había decidido la nacionalización extrema, a principios de 1990 tomó otra decisión, que fue la privatización extrema.
Entre 1992 y 2011 el nivel de carga transportada pasó de 3.700 millones de toneladas a 12.200 millones. Podríamos decir que algo se recuperó, pero en una economía que creció en estos últimos veinte años, la participación del tren en la carga transportada siguió cayendo. En consecuencia, no se logró revertir esa declinación secular que tuvieron los ferrocarriles en el transporte de la carga argentina.
Lo que tiene de interesante este proyecto es que no se ubica en ninguno de los dos extremos; no se ubica en el extremo del nacionalismo absoluto y tampoco en el de la privatización absoluta; lo que hace es buscar un balance, y en mi opinión lo encuentra. Como es un balance interesante, desde un primer momento dijimos que desde este bloque íbamos a acompañar la propuesta en tratamiento.
Ese balance radica en el hecho de que la infraestructura de vías estará en manos del Estado. Al respecto cabe señalar que esa infraestructura tiene un costo importante, pero también riesgos jurídicos e institucionales de expropiación importantes, que hacen difícil que el sector privado se anime a realizar esas inversiones. Como el Estado no se expropia a sí mismo, no corre ese riesgo y entonces tiene sentido que esa estructura la maneje el Estado.
Esa sería la parte más nacional del proyecto, pero este combina también la característica del acceso abierto a las redes sobre las vías, inicialmente, como se dijo, para transporte de carga, y a partir de nuestra sugerencia, también para transporte de pasajeros. Se habló del acceso abierto como la democratización del sistema de transporte en Argentina y me parece una expresión interesante.
El acceso abierto permite la competencia del operador estatal con operadores privados y de operadores privados entre sí. Creo que esto es extraordinariamente sano, no solo porque surgen ideas, innovaciones y posibilidades de hacer cosas sino que incluso obliga al operador estatal a estar mucho más despierto y atento. Lo digo desde la perspectiva de alguien que condujo un banco público. Los bancos públicos en la Argentina compiten con la banca privada, por lo que siempre se les exige brindar más servicios y mejorar la calidad de las prestaciones.
Este es un proyecto que pone al Estado donde tiene que estar y permite la competencia entre lo público y lo privado. Creo que esa competencia dará la posibilidad de un gran desarrollo de la industria y de nuevas posibilidades. De hecho, el ministro comentó que a través de los privados había surgido la iniciativa del tren Posadas-Encarnación. Piensen que hoy las máquinas diésel viajan a una velocidad de 160 kilómetros por hora, por lo que teniendo las vías en condiciones apropiadas para el transporte de pasajeros, imaginen la cantidad de servicios que se podrían ofrecer con ese tipo de tecnología. Considero que hoy no podemos ni avizorar lo que se puede lograr en términos de desarrollo y crecimiento en los próximos años.
En definitiva, apoyamos el proyecto porque recupera tanto la inversión pública la focaliza y orienta, y es claro dónde tiene que trabajar el Estado como la inversión privada.
La inversión en infraestructura ferroviaria en los próximos cinco o seis años tiene que superar los 16 mil millones de dólares; es decir que es una parte muy importante del plan de infraestructura y de inversiones en la Argentina.
Este es un proyecto que permite sumar nuevos actores al mercado y la actividad ferroviarios, todo lo cual resultará en una baja de costos. Ello es importante porque el transporte ferroviario implica la federalización del país al disminuir las distancias entre localidades. La inversión es más trabajo, pero en definitiva estamos hablando de un proyecto que crea más federalismo.
Antes de ceder la palabra al señor presidente de nuestro bloque, diputado Pinedo, me gustaría plantear un tema que se debatió en comisión pero lo dejo para una discusión futura. Me refiero a la figura jurídica de la sociedad del Estado. Esta figura tiene los beneficios y las contras que uno le pueda asignar, pero hay un aspecto que quiero resaltar para un debate futuro y es cómo realiza sus balances contables.
Los balances contables de una sociedad del Estado no están sujetos a las reglas de contabilidad habituales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas sino a las pautas de la Contaduría General de la Nación, que de hecho no están reglamentadas.
Pienso que si los balances de una empresa pública van a ser –como dijo el ministro homologables con el resto del sector privado, como ocurre con los balances de los bancos públicos, tenemos que darnos el tiempo para pensar que esos balances deben ser confeccionados con las mismas normas contables del resto de las empresas, lo que permitirá ganar en transparencia en la gestión pública, tanto en esta actividad como en cualquier otra.
Me hubiera gustado definir específicamente este tema en este proyecto. Sin embargo no fue incorporado, pero es interesante plantearlo para el debate.
Para terminar, este es un proyecto de ley que genera un marco regulatorio, que pienso es muy bueno para los últimos meses de este gobierno y, sobre todo, para que el gobierno que venga a partir de 2016 pueda hacer una política ferroviaria en serio y que la Argentina vuelva a desarrollar sus ferrocarriles, tanto de pasajeros como de cargas.

Discurso: Sesión por Acuerdos Comerciales con China

Señor presidente: los temas que me parece que tendríamos que discutir respecto de este convenio son cuatro: los desafíos del Convenio con China, los objetivos de lo que aquí se está trayendo a consideración, las adjudicaciones –de las cuales se ha hablado bastante y quiero hacer una última reflexión final acerca de cómo nos deja parado este tratado respecto al Mercosur.
China es la segunda economía más grande del mundo. Claramente cualquier intento de integración con la economía china es absolutamente esencial a la política de desarrollo de cualquier país. No nos ha ido tan bien en los últimos diez años. Entre los años 2003 y 2014 hemos logrado duplicar nuestras exportaciones a China, que representan entre el 6 y el 10 por ciento de las exportaciones totales de la Argentina. Por su parte, en los últimos diez años las importaciones aumentaron un 1400 por ciento. Las importaciones de China representan el 15 o 16 por ciento de las importaciones totales. Esto quiere decir que en los últimos diez años pasamos de tener un superávit interesante con respecto a China, de unos 1.700 millones, a tener hoy un déficit muy abultado, de casi 6.000 millones de dólares.
Entonces, cuando uno piensa en el desarrollo del comercio que hemos tenido con la segunda economía del mundo, pero a la vez en nuestra imposibilidad de colocar exportaciones al ritmo en que crecieron las importaciones, pareciera que cualquier convenio de cooperación con China tendría que focalizarse justamente en cómo abrirse y obtener mercados en ese país.
El gobierno ha usado últimamente muchísimo capital político y relacional con China. Uno no se sienta a hablar con el presidente de China todos los días. Y cuando lo hace, tiene que focalizarse en lo que es verdaderamente importante, esto es, abrir los mercados chinos para la producción argentina.
Cuando uno mira este convenio no encuentra absolutamente nada de eso. Es decir que los objetivos verdaderos nada tienen que ver con el desarrollo comercial para nuestros productores en el mercado chino, sino con otra cosa. Uno especula y piensa en que acá probablemente hubo una negociación por la cual los chinos accedieron a un swap de monedas que le da divisas al gobierno para llegar con el cepo cambiario hasta las elecciones, y a cambio de eso este gobierno ofrece dentro de este convenio concesiones para la asignación de la obra pública.
Pero cuando uno observa la naturaleza de este convenio, y en particular el artículo 4°, llega a una situación bastante exótica, podríamos decir. Este convenio nos pide que demos un cheque en blanco para los convenios futuros.
Señor presidente: me interesa particularmente que me escuche lo que voy a decir en este momento. El artículo 4° nos pide que digamos que el gobierno tiene capacidad de firmar los convenios en el futuro con la República de China. Pero usted sabe que en el último viaje de la presidenta a Beijing se firmaron los convenios, es decir que estos convenios ya están firmados. Sin embargo, no están puestos a disposición del Congreso para su análisis. Es decir, usted nos pide que aprobemos un cheque en blanco sobre algo que ya existe y que sería muy bueno que pudiéramos ver. Si lo pudiéramos ver, probablemente tendríamos una actitud mucho más favorable porque sabríamos de lo que estamos hablando.
Un diputado del Frente para la Victoria preguntó por qué nadie había dicho nada respecto del convenio con Europa. Nadie dijo nada porque las cartas estaban sobre la mesa y se sabía de lo que se estaba hablando. Pero en este caso eso no se da.
Me parece que no es bueno institucionalmente y creo que tampoco es bueno para los funcionarios del Poder Ejecutivo, porque cuando finalmente se confirme que YPF le paga 100 dólares el barril a Chevron, ¿quién va a estar para defender a los funcionarios, teniendo en cuenta que ese contrato fue secreto? Si no hubiera sido secreto, todos habríamos sido de la partida o compartido la responsabilidad. Y ni hablar del memorándum con Irán. No voy a hablar de ese tema. O el propio swap de monedas. En algún momento, después de diciembre, vamos a entender efectivamente cuáles fueron las condiciones de esos contratos, y hacerlo de manera secreta, a espaldas del Congreso, me parece que no es bueno institucionalmente ni para los funcionarios de este gobierno. Desde nuestro punto de vista, lo hace por supuesto imposible de votar.
Cuando uno mira el artículo 5°, que es el de la adjudicación directa, advierte que es un problema. Si los chinos tienen una oferta de licitación de obra pública más conveniente, entonces que se sometan a los considerandos de la licitación pública. Claramente esta es una concesión cuya contraprestación no está especificada en este convenio. Entonces, tal cual está, el convenio es simplemente una concesión. Y desde la oposición uno se pregunta: ¿qué obtuvo la Argentina a cambio de esto? Probablemente, lo que obtuvo esté en otro lado, pero no está explicitado acá. Entonces, lo que hoy se somete a consideración es simplemente una concesión.
Creo que vale mucho la pena poner las cartas sobre la mesa, y creo que tampoco convenció el argumento que dio el miembro informante de que porque esto ya se hizo con España o con Italia lo podemos hacer ahora. Si se hizo mal antes, no es justificación para hacerlo ahora.
Para terminar y dejar la palabra a mi colega, quiero referirme al último punto, que tiene que ver con el Mercosur. El artículo 8° del Tratado de Asunción dice: “Los Estados Partes se comprometen a preservar los compromisos asumidos hasta la fecha de la celebración del presente Tratado, inclusive los acuerdos firmados en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración, y a coordinar sus posiciones en las negociaciones comerciales externas que emprendan durante el período de transición. Para ello: (…)d) Extenderán automáticamente a los demás Estados Partes cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que concedan a un producto originario de o destinado a terceros países no miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración.”
Es decir que en la última sesión del año pasado tuvimos toda esta discusión sobre los parlamentarios del Mercosur, que el Mercosur esto y que el Mercosur lo otro, pero lo primero que hacemos ahora, a fines de febrero, es algo totalmente contrario al espíritu del Mercosur. Me parece que eso no ha estado presente en el debate y tendría que ser una parte importante.
En definitiva, tenemos objetivos que no están explicitados, objetivos ocultos, tenemos concesiones gratuitas dentro del marco de este convenio, tenemos una delegación de facultades del Congreso que consideramos inconstitucional, como ya lo explicó el señor diputado Pinedo.
Por todos estos motivos es que vamos a votar en contra de este proyecto. Los chinos tienen un dicho, que reza que toda crisis es una oportunidad. El único problema acá es que la crisis es nuestra y la oportunidad es de ellos.

Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el Programa de Ayuda Económica a Jóvenes denominado PRO.GRE.SAR

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina para que informe, a través de quien corresponda, ante las comisiones de Legislación del Trabajo y de Educación de la Cámara de Diputados Nacional, los motivos por los cuales fue anunciado oficialmente el día 22 de Enero de 2014 un programa de ayuda económica a los jóvenes de 18 a 24 años denominado “PRO.GRE.SAR”, cuando ya existía uno similar denominado “PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO” de mayo de 2008. Respecto a todo ello, se requiere la siguiente información:
1. ¿Qué funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social están (o estuvieron) afectados a la implementación del PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO? Remita la nómina de los mismos y sus currículums vitae.
2. ¿Cuáles fueron los créditos presupuestarios destinados al programa? Detalle el nivel de ejecución de los mismos para cada año calendario.
3. ¿Existe alguna comunicación oficial por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que indique si acaso el programa dejó de ejecutarse en algún momento? De ser así, remita toda documentación pertinente.
4. ¿Cuántas jóvenes entre 18 y 24 años se inscribieron en el programa? Remita las nóminas discriminadas, en lo posible, por provincia y municipio.
5. ¿Cuántos jóvenes cumplieron con el objetivo del Programa? Remita toda documentación y estadísticas que prueben el impacto social del mismo.
6. ¿Qué organismos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y/o de la Administración Pública Nacional intervinieron en el control del programa? Remita toda documentación pertinente.
7. ¿Qué instituciones de formación profesional, organizaciones empresariales y sindicales estuvieron afectadas al programa? Remita la nómina completa de las mismas y demás documentaciones pertinentes.
8. ¿Por qué se decidió implementar el PRO.GRE.SAR para atender, según anunció la Presidenta de la Nación el día 22 de enero, las necesidades laborales de 1.500.000 de jóvenes argentinos, cuando supuestamente el programa anterior, en un período de cinco años, debía haber contribuido a la inserción laboral de una buena parte de aquél universo?
9. ¿Por qué el PRO.GRE.SAR, a diferencia del PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO, incluye ahora la posibilidad de otorgar el beneficio aquellos jóvenes con trabajo precario, cuyo salario sea inferior al salario mínimo, vital y móvil?

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
El día 22 de enero de 2014, la Presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció públicamente en cadena nacional el lanzamiento de un plan de asistencia económica para jóvenes entre 18 y 24 años con el objetivo de promover su inserción laboral y la escolaridad denominado PRO.GRE.SAR (PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES DE LA ARGENTINA). El mismo está informado en los sitios web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del ANSES.
Como anunció la Presidente de la Nación, los beneficios se pagarán a través del ANSES, aunque será financiado con fondos del Tesoro Nacional. La asistencia correrá por cuenta del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social suministrará el apoyo para el cuidado de los hijos del beneficiario, en caso que lo necesite. Asimismo, el programa alcanzará un universo de más de 1.500.000 de jóvenes argentinos nativos o naturalizados, es decir, al 78% de jóvenes que carecen de empleo y están en los dos niveles de más bajos recursos.
Entendemos que el lanzamiento del PRO.GRE.SAR constituye una burla para la sociedad, y en particular hacia aquellos jóvenes argentinos que actualmente están sufriendo la precariedad laboral, ya que existía un programa similar lanzando en mayo de 2008 denominado PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO (Resoluciones del MTEySS n. 497 del 13 de mayo de 2008 y de la SE n. 261 del 13 de mayo de 2008).
Si bien el sitio web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (http://www.trabajo.gov.ar/jovenes/acciones.asp) exhibe una serie de instructivos del mencionado Programa y las resoluciones que le dieron vida, no ofrece ningún tipo de información adicional acerca de su ejecución, el universo de jóvenes beneficiados, el impacto social y laboral, etc.
Por lo expuesto en el párrafo anterior, entendemos que el anuncio del PRO.GRE.SAR podría constituir una suerte de duplicación de programas, si es que todavía sigue existiendo. Al respecto no deja de ser sugestivo los continuos pedidos de informes realizados por otros colegas de esta Cámara sobre el PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO (Expedientes 1435-D-2013, 4946-D-2012 y 0163-D-2013 y otros) que lamentablemente no fueron respondidos. Más aún, esta diputada presentó en 2012 un pedido de informes (Exp. 6384-D-2012) en el que denunciamos que parte del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo se estaba llevando a cabo en un local partidario identificado como “JP Descamisados”, y todavía no ha sido respondido por las autoridades competentes.
Por los motivos expuestos, Sr. Presidente, solicito que se apruebe el presente Proyecto de Resolución.

Expresar solidaridad con el Presidente de Shell en la Argentina, Ingeniero Juan José Aranguren.

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Expresar su solidaridad con el presidente de Shell en la Argentina, Ing. Juan José Aranguren, ante los ataques de carácter público que recibiera de funcionarios del gobierno nacional, al mismo tiempo que manifestar su preocupación y profundo repudio ante la mencionada situación que se fundamentarán a continuación.

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
Con gran preocupación hemos tomado conocimiento de las declaraciones de funcionarios del Gobierno nacional acusando públicamente a la petrolera anglo-holandesa de intentar desestabilizar la cotización de la divisa estadounidense al llevar adelante una maniobra de compra de la moneda por arriba de ocho pesos, cuando la cotización era menor.
El hecho tuvo lugar tras la subida abrupta del dólar en donde el Ing. Aranguren en su calidad de presidente de Shell Argentina quedó sindicado por el Ministro de Economía, Axel Kicillof, como el principal propulsor del salto en la cotización causando la escalada de la moneda.
Es importante recordar que el presidente de esta empresa no es la primera vez que resulta agredido por el gobierno, ya que el mismo ha recibido hasta el día de hoy más de medio centenar de pedidos de prisión y de boicot contra los productos de su empresa petrolera.
Pero, más allá de esta situación particular tan preocupante, no deja de ser relevante destacar que este tipo señalamientos atentan contra la democracia argentina, la cual debe de ser cuidada y protegida de las acciones de intolerancia, de persecuciones, escraches o cualquier intento de discrecionalidad en el uso de los recursos que el mismo Estado posee. Los límites del Estado los define la constitución, no el poder gobernante.
Por nuestra parte, debemos alertar como ya se ha hecho en otras oportunidades que se está ejerciendo una práctica comunicacional de desprestigio, ataque al buen nombre y honor de las personas.
Es así como empresarios, comerciantes, comunicadores sociales, consultores económicos y hasta asociaciones de consumidores, entre otros actores de la vida nacional, son consecuentemente atacados por funcionarios oficialistas y por los medios vinculados al poder gubernamental
Esta clase de acciones constituyen una situación inadmisible en un estado de derecho, del mismo modo que la descalificación del quien piensa diferente, el agravio, la persecución ideológica y la conversión de cada adversario en un enemigo destruyen la convivencia y representan un ataque a los derechos humanos fundamentales. los gobiernos.
Estos atropellos nos comprometen especialmente en la defensa de la libertad de empresa establecida en nuestra Constitución Nacional.
Es por ello que expresamos nuestro más enérgico repudio ante estos graves acontecimientos que tienen como responsables a los funcionarios del gobierno y en ; particular al Ministro de Economía de la Nación Axel Kicillof; y nos instituimos, por el mandato popular obtenido en las urnas, en aval y garantes de los derechos constitucionales y acompañamos con nuestra solidaridad al Ing. Juan José Aranguren y todos los hombres de bien que como empresarios conforman organizaciones que son sinónimo de progreso y adelanto y que “importan a la prosperidad de la nación y a la existencia del poder. Sin rentas no hay gobierno; sin gobierno, sin población, sin capitales, no hay Estado” (Juan Bautista Alberdi, Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, 1854; Obras Completas, Tomo IV; pág. 144).
Por lo expuesto Sr. Presidente, le solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.