Código Procesal Penal de la Nación Modificación del Artículo 353 bis, ter, e incorporación del quarter, sobre juicio por flagrancia.

El Senado y Cámara de Diputados…
JUICIO POR FLAGRANCIA
Art. 1 Sustituyese el Título IX del Código Procesal de la Nación por el siguiente:
TITULO IX
Procedimiento de Flagrancia
Art. 2. Sustituyese el Art. 353 bis por el siguiente: El procedimiento de flagrancia que se establece en este Título es de aplicación a todos los hechos dolosos en los que se verificasen las circunstancias del Art. 285 y hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito. El Juez convocará a una audiencia inicial de flagrancia dentro de las 24 horas desde la detención, a la cual podrá asistir la víctima quien deberá ser notificada de su realización para ser escuchada y eventualmente ser tenida por parte querellante, y podrá solicitar declarar sin la presencia del imputado.
Art. 3. Sustituyese el Art. 353 ter.: Audiencia preliminar: A esta audiencia deberán asistir el Ministerio Público Fiscal, el imputado y su defensor. Este término podrá prorrogarse por otro tanto cuando el magistrado no hubiere podido realizarla por motivos de organización del tribunal o cuando lo solicitare el imputado para designar defensor.
Art. 4. Incorporase el Art. 353 cuater: Practicado el interrogatorio de identificación previsto en el Art. 297, el Fiscal informará al imputado el hecho que imputará y las pruebas obrantes en su contra. Asimismo solicitará al Juez la realización de todas las medidas necesarias a los efectos de la correcta identificación del imputado, la constatación fehaciente de su domicilio, la certificación de sus antecedentes, la realización del informe ambiental, el examen mental previsto en el Art. 78 -de corresponder-, la realización de los informes periciales y pruebas testimoniales que resulten imprescindibles para completar la instrucción y que aún no se hubieren realizado. Todo ello en el término de 10 días a contar desde esta audiencia.
La defensa podrá solicitar las medidas de prueba que considere pertinentes, como así también la declaración del imputado, en cuyo caso se lo invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente, y podrá quedar sujeto al interrogatorio de las partes.
Se trataran las cuestiones relativas a la libertad del imputado hasta la audiencia de clausura, que deberá ser fijada en este mismo acto.
Todas las cuestiones planteadas deberán ser resueltas por el Juez en forma oral e inmediata.
En esta audiencia o en cualquier momento del plazo establecido en este artículo, las partes podrán solicitar al Juez, bajo sanción de caducidad: la suspensión del juicio a prueba, o la realización de un acuerdo de juicio abreviado, y en esos casos, si mediara conformidad de las partes, el Juez será competente para dictar un pronunciamiento al respecto en forma inmediata, pudiéndose dar a conocer los fundamentos dentro de los tres (3) días posteriores.
Solo podrán introducirse en esta oportunidad, las nulidades relativas al procedimiento de detención.
De todo labrará acta sucinta el Secretario.
Art. 5. Incorporase el Art. 353 quinquies: Audiencia de clausura de la instrucción y de prisión preventiva: El Juez otorgará la palabra a la Querella y al Agente Fiscal para que se expidan sobre si corresponde sobreseer, o elevar la causa a juicio a cuyo efecto deberán acompañar por escrito la descripción del hecho y su calificación legal.
En tal oportunidad solicitaran si correspondiere, a su juicio, el dictado de la prisión preventiva. La Defensa formulará sus oposiciones en forma oral en los términos del Art. 349.
El juez resolverá de conformidad con lo dispuesto en el Art. 351, estableciendo en el caso que correspondiere el dictado de la prisión preventiva, pudiendo diferir la lectura de los fundamentos hasta un plazo de 3 días.
Art. 6. Incorpórese como Art. 353 sexies: Constitución del Juzgado o Tribunal. Ofrecimiento de Prueba. Audiencia. Fijación de fecha de debate. Dentro de un término no superior a las cuarenta y ocho (48) horas de recibido el caso en el órgano de debate, se notificará a las partes de la constitución del Tribunal y en el mismo acto se las citará a una audiencia oral, en un plazo que no podrá ser superior a 5 días para ofrecer la prueba para el debate.
En dicha audiencia, si el imputado estuviese en prisión preventiva, se debatirá sobre la necesidad de su vigencia. Además podrán introducirse las nulidades y excepciones que no hubieren sido planteadas con anterioridad.
Resueltas oralmente las incidencias, el tribunal fijará la fecha de debate en un plazo que no podrá exceder de (20) días desde la radicación.
Para los casos criminales cuya calificación legal no superase los quince (15) años de prisión, el juzgamiento lo realizará un único magistrado.
Art. 7. Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
En la actualidad una considerable cantidad de casos que llegan a conocimiento de nuestros tribunales podrían ser resueltos en tiempo rápido y de modo eficiente con total respeto de los derechos de los imputados. Este procedimiento es el denominado de flagrancia. Consiste precisamente en dotar a la Justicia de una herramienta mucho más ágil, rápida y eficaz para el juzgamiento de hechos en los que los autores fueron sorprendidos en el momento mismo de haberlos cometido, o en posesión de objetos o rastros que hicieren presumir que acaba de participar en la comisión de algún delito.
En algunas provincias ya está funcionando y ha logrado descomprimir a los tribunales de una manera sorprendente, lográndose juzgamientos en tiempos record, pero en muchas de ellas ha sido limitado a delitos cuyas penas no superasen los 15 años de prisión. Pero, a nuestro entender, el procedimiento de flagrancia no debe verse limitado a un grupo de casos en razón de la pena impuesta para el delito, puesto que la flagrancia impone una respuesta ágil del sistema judicial con independencia de la sanción que se asocia al delito, ya que se trata de supuestos, como adelantamos en los que el autor es sorprendido al momento de su comisión y no implican poner al imputado en una mayor o menor situación de indefensión. Al contrario, tanto el imputado como su defensor estarán en sendas audiencias orales al principio del proceso y al final del mismo, cara a cara con el Juez evitando la intermediación de los empleados judiciales para todos los actos del proceso.
Se ha abandonado un obstáculo que contenía el Art. 353 bis “in fine” en virtud del cual por la sola voluntad del imputado el procedimiento dejaba de ser sumario y pasaba a tramitar como cualquier otro proceso. A partir de nuestra propuesta todos los delitos flagrantes tramitaran por esta forma abreviadísima que permitirá en un plazo de 35 días hábiles a contar desde la detención, poder arribar a una sentencia de condena o a una absolución y terminar en un plazo razonabilísimo un proceso penal, lo que constituye una manda constitucional derivada el Pacto de San José de Costa Rica y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos incorporados a nuestra constitución en el Art. 75 inc. 22.
Por último, si bien es cierto se ha ganado en celeridad con el trámite actual de la instrucción sumaria; no lo es menos que las demoras se han acentuado en la etapa de debate y con este proyecto propendemos a una mayor oralización también de esta segunda etapa del proceso.
Este proceso que venimos a proponer, innova además adelantando la oralidad a todo el proceso de flagrancia, evitando así situaciones como las actuales en las que el imputado ni el resto de las partes tienen casi contacto directo con el Juez. Se produce una inmediación trascendente entre los distintos actores del proceso lo que facilitará el poder arribar a soluciones más justas y rápidas, como así también a soluciones alternativas a la solución de los conflictos en etapas procesales muy anteriores a lo que actualmente se producen, evitando dispendios jurisdiccionales absolutamente innecesarios. Adelantar a la etapa de instrucción el momento procesal oportuno para solicitar la aplicación de institutos como la suspensión del proceso a prueba o el juicio abreviado, constituyen un avance que ayudará a la mucho más pronta terminación de los procesos, y por tanto, a que el tiempo que los jueces se ahorraran en investigaciones largas e innecesarias, pueda ser aplicado a delitos más complejos.
En el orden práctico de la política criminal y su impacto con la demanda social de mayor protección ciudadana, esta iniciativa legislativa tiene por finalidad terminar con la soltura por Comisaría de detenidos sorprendidos al momento de cometer un delito de acción pública exigiendo la realización de una audiencia a las 24 horas de la detención del imputado con la finalidad de formalizar su aprehensión y su inmediata puesta a disposición del juez de turno. No podemos olvidar que este Código no recibe modificación alguna sustanciosa desde su sanción en 1991, es decir desde antes de la modificación de la Carta Magna, que al incorporar todos los instrumentos de derechos humanos al Art. 75 inc. 22, nos compele a avanzar en el sentido de la oralidad, publicidad, inmediación, continuidad contradictorio y acusatorio como notas distintivas de lo que debiera ser nuestro procedimiento penal. Es en este sentido que avanzamos en el proyecto que venimos a presentar.
Es por todo lo expuesto, Sr. Presidente, que solicitamos la aprobación del presente proyecto de Ley.

Pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre diversas cuestiones relacionadas con el personal existente en el “Instituto Nacional de Estadísticas y Censos”, que ingresó desde el 31 de diciembre del 2002 al 2013.

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para requerirle Información sobre el personal existente al 31 de diciembre de 2002, y el ingresado a partir de esa fecha hasta el 31 de diciembre del 2013, considerando el siguiente detalle:
1) Nombre y apellido.
2) Número de Cuil.
3) Fecha de ingreso del agente.
4) Tipo de relación laboral cuando ingresó o en 2002: planta permanente, planta de contratados, resolución 48, terceras instituciones, u otras.
5) Categoría, nivel , grado , tramo al ingresar o en 2002.
6) Fecha de egreso del agente.
7) Tipo de relación laboral cuando egreso.
8) Categoría, nivel, grado, tramo al egreso.
9) Motivo del egreso.
10) Ultimo nivel de educación completo.
11) Direcciones donde presta o prestó servicios.

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
Dados los distintos problemas de dominio público que se han generado en la situación laboral de los trabajadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se requiere conocer el detalle del personal Información sobre el personal existente al 31 de diciembre de 2002, y el ingresado a partir de esa fecha hasta el 31 de diciembre del 2013 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Consecuentemente, con este proyecto queremos expresar nuestra preocupación ante el desmantelamiento de las estadísticas públicas y la necesidad de medir objetivamente distintos indicadores fundamentales para las políticas públicas y para distintas áreas del quehacer social.
Queremos reafirmar también que una las funciones centrales del Congreso de la Nación, es la del control de la gestión gubernamental, que adquiere un rol prevalente y principal, frente a la propia función legislativa. No debemos resignarla bajo ningún aspecto, por mínimo que parezca, si realmente queremos ejercer con eficacia la representación popular que nos ha sido otorgada.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares al presente proyecto de resolución.

Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el Programa de Ayuda Económica a Jóvenes denominado PRO.GRE.SAR

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina para que informe, a través de quien corresponda, ante las comisiones de Legislación del Trabajo y de Educación de la Cámara de Diputados Nacional, los motivos por los cuales fue anunciado oficialmente el día 22 de Enero de 2014 un programa de ayuda económica a los jóvenes de 18 a 24 años denominado “PRO.GRE.SAR”, cuando ya existía uno similar denominado “PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO” de mayo de 2008. Respecto a todo ello, se requiere la siguiente información:
1. ¿Qué funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social están (o estuvieron) afectados a la implementación del PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO? Remita la nómina de los mismos y sus currículums vitae.
2. ¿Cuáles fueron los créditos presupuestarios destinados al programa? Detalle el nivel de ejecución de los mismos para cada año calendario.
3. ¿Existe alguna comunicación oficial por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que indique si acaso el programa dejó de ejecutarse en algún momento? De ser así, remita toda documentación pertinente.
4. ¿Cuántas jóvenes entre 18 y 24 años se inscribieron en el programa? Remita las nóminas discriminadas, en lo posible, por provincia y municipio.
5. ¿Cuántos jóvenes cumplieron con el objetivo del Programa? Remita toda documentación y estadísticas que prueben el impacto social del mismo.
6. ¿Qué organismos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y/o de la Administración Pública Nacional intervinieron en el control del programa? Remita toda documentación pertinente.
7. ¿Qué instituciones de formación profesional, organizaciones empresariales y sindicales estuvieron afectadas al programa? Remita la nómina completa de las mismas y demás documentaciones pertinentes.
8. ¿Por qué se decidió implementar el PRO.GRE.SAR para atender, según anunció la Presidenta de la Nación el día 22 de enero, las necesidades laborales de 1.500.000 de jóvenes argentinos, cuando supuestamente el programa anterior, en un período de cinco años, debía haber contribuido a la inserción laboral de una buena parte de aquél universo?
9. ¿Por qué el PRO.GRE.SAR, a diferencia del PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO, incluye ahora la posibilidad de otorgar el beneficio aquellos jóvenes con trabajo precario, cuyo salario sea inferior al salario mínimo, vital y móvil?

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
El día 22 de enero de 2014, la Presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció públicamente en cadena nacional el lanzamiento de un plan de asistencia económica para jóvenes entre 18 y 24 años con el objetivo de promover su inserción laboral y la escolaridad denominado PRO.GRE.SAR (PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES DE LA ARGENTINA). El mismo está informado en los sitios web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del ANSES.
Como anunció la Presidente de la Nación, los beneficios se pagarán a través del ANSES, aunque será financiado con fondos del Tesoro Nacional. La asistencia correrá por cuenta del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social suministrará el apoyo para el cuidado de los hijos del beneficiario, en caso que lo necesite. Asimismo, el programa alcanzará un universo de más de 1.500.000 de jóvenes argentinos nativos o naturalizados, es decir, al 78% de jóvenes que carecen de empleo y están en los dos niveles de más bajos recursos.
Entendemos que el lanzamiento del PRO.GRE.SAR constituye una burla para la sociedad, y en particular hacia aquellos jóvenes argentinos que actualmente están sufriendo la precariedad laboral, ya que existía un programa similar lanzando en mayo de 2008 denominado PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO (Resoluciones del MTEySS n. 497 del 13 de mayo de 2008 y de la SE n. 261 del 13 de mayo de 2008).
Si bien el sitio web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (http://www.trabajo.gov.ar/jovenes/acciones.asp) exhibe una serie de instructivos del mencionado Programa y las resoluciones que le dieron vida, no ofrece ningún tipo de información adicional acerca de su ejecución, el universo de jóvenes beneficiados, el impacto social y laboral, etc.
Por lo expuesto en el párrafo anterior, entendemos que el anuncio del PRO.GRE.SAR podría constituir una suerte de duplicación de programas, si es que todavía sigue existiendo. Al respecto no deja de ser sugestivo los continuos pedidos de informes realizados por otros colegas de esta Cámara sobre el PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO (Expedientes 1435-D-2013, 4946-D-2012 y 0163-D-2013 y otros) que lamentablemente no fueron respondidos. Más aún, esta diputada presentó en 2012 un pedido de informes (Exp. 6384-D-2012) en el que denunciamos que parte del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo se estaba llevando a cabo en un local partidario identificado como “JP Descamisados”, y todavía no ha sido respondido por las autoridades competentes.
Por los motivos expuestos, Sr. Presidente, solicito que se apruebe el presente Proyecto de Resolución.

Expresar solidaridad con el Presidente de Shell en la Argentina, Ingeniero Juan José Aranguren.

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Expresar su solidaridad con el presidente de Shell en la Argentina, Ing. Juan José Aranguren, ante los ataques de carácter público que recibiera de funcionarios del gobierno nacional, al mismo tiempo que manifestar su preocupación y profundo repudio ante la mencionada situación que se fundamentarán a continuación.

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
Con gran preocupación hemos tomado conocimiento de las declaraciones de funcionarios del Gobierno nacional acusando públicamente a la petrolera anglo-holandesa de intentar desestabilizar la cotización de la divisa estadounidense al llevar adelante una maniobra de compra de la moneda por arriba de ocho pesos, cuando la cotización era menor.
El hecho tuvo lugar tras la subida abrupta del dólar en donde el Ing. Aranguren en su calidad de presidente de Shell Argentina quedó sindicado por el Ministro de Economía, Axel Kicillof, como el principal propulsor del salto en la cotización causando la escalada de la moneda.
Es importante recordar que el presidente de esta empresa no es la primera vez que resulta agredido por el gobierno, ya que el mismo ha recibido hasta el día de hoy más de medio centenar de pedidos de prisión y de boicot contra los productos de su empresa petrolera.
Pero, más allá de esta situación particular tan preocupante, no deja de ser relevante destacar que este tipo señalamientos atentan contra la democracia argentina, la cual debe de ser cuidada y protegida de las acciones de intolerancia, de persecuciones, escraches o cualquier intento de discrecionalidad en el uso de los recursos que el mismo Estado posee. Los límites del Estado los define la constitución, no el poder gobernante.
Por nuestra parte, debemos alertar como ya se ha hecho en otras oportunidades que se está ejerciendo una práctica comunicacional de desprestigio, ataque al buen nombre y honor de las personas.
Es así como empresarios, comerciantes, comunicadores sociales, consultores económicos y hasta asociaciones de consumidores, entre otros actores de la vida nacional, son consecuentemente atacados por funcionarios oficialistas y por los medios vinculados al poder gubernamental
Esta clase de acciones constituyen una situación inadmisible en un estado de derecho, del mismo modo que la descalificación del quien piensa diferente, el agravio, la persecución ideológica y la conversión de cada adversario en un enemigo destruyen la convivencia y representan un ataque a los derechos humanos fundamentales. los gobiernos.
Estos atropellos nos comprometen especialmente en la defensa de la libertad de empresa establecida en nuestra Constitución Nacional.
Es por ello que expresamos nuestro más enérgico repudio ante estos graves acontecimientos que tienen como responsables a los funcionarios del gobierno y en ; particular al Ministro de Economía de la Nación Axel Kicillof; y nos instituimos, por el mandato popular obtenido en las urnas, en aval y garantes de los derechos constitucionales y acompañamos con nuestra solidaridad al Ing. Juan José Aranguren y todos los hombres de bien que como empresarios conforman organizaciones que son sinónimo de progreso y adelanto y que “importan a la prosperidad de la nación y a la existencia del poder. Sin rentas no hay gobierno; sin gobierno, sin población, sin capitales, no hay Estado” (Juan Bautista Alberdi, Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, 1854; Obras Completas, Tomo IV; pág. 144).
Por lo expuesto Sr. Presidente, le solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.

Expresar preocupación y profundo repudio por la agresión contra Ignacio Otero y el equipo periodístico de Todo Noticias.

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su gran preocupación y profundo repudio por la agresión sufrida el 1 de enero de 2014 por Ignacio Otero y el equipo periodístico de Todo Noticias, por parte de un grupo de personas que acompañaban al titular de la AFIP Ricardo Echegaray en el aeropuerto de Río de Janeiro.

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:

 

Con gran preocupación hemos tomado conocimiento de la agresión sufrida por el periodista Ignacio Otero, el camarógrafo Marcelo Funes y el asistente Martín Magaldi.
El hecho se originó, según indicó el periodista, cuando intentó entrevistar al titular de la AFIP Ricardo Echegaray, en el aeropuerto de Río de Janeiro, en el marco de una nota sobre las vacaciones que estaba disfrutando el funcionario con familiares y amigos.
“Echegaray estaba viendo la situación, fue testigo de todo, no hizo nada. Además después del violento episodio, uno de los agresores ofreció una entrevista de Echegaray con TN si no se difundía la información sobre la brutal golpiza que duró diez minutos” agregó Otero.
Esta es una situación altamente inquietante que pone de manifiesto la violencia contra la prensa que intenta reflejar la profunda dicotomía en la gestión oficial que, en el caso de la AFIP, por una parte castiga con un cepo cambiario y porcentajes de retención a los ciudadanos que intentan viajar o comprar algún elemento en el exterior y por otra sus funcionarios se benefician con la impunidad y el despotismo en el ejercicio de sus cargos públicos.
Esto constituye un acto de barbarie y de censura inaceptable y en un atentado contra la libertad y la democracia, además de un hecho que marca el comienzo de un nivel de intimidación inusitado.
Desde hace un tiempo, nuestro país está ingresando en una peligrosa espiral de violencia semántica, censura directa, temor a represalias laborales, durísimas réplicas presidenciales o, como en este caso, el uso de la violencia física para amedrentar y acallar las voces que no uniforman su pensamiento al discurso oficial.
Estos atropellos nos comprometen especialmente en la defensa de la libertad de expresión y del derecho de los trabajadores de prensa y de los comunicadores de opinión, a realizar sus tareas en un clima de respeto y tolerancia, sin actitudes autoritarias ni herramientas de coerción por parte de los miembros de la estructura oficial y gozando plenamente de los resguardos constitutivos de la vida republicana.
A su vez debemos recordar que la libertad de expresión es el derecho que más veces aparece custodiado en nuestra Carta Magna y otorga a todos los ciudadanos que habitan nuestro suelo la sagrada posibilidad de manifestar toda clase de ideas u opiniones sin ningún tipo de condicionamiento ni represión.
En ella se la ampara y protege especialmente por considerarla como la madre de todas las libertades. Del mismo modo la Convención Americana de Derechos Humanos y múltiples tratados internacionales la enuncian particularmente.
Es por ello que expresamos nuestro más enérgico repudio ante este grave acontecimiento; nos instituimos, por el mandato popular obtenido en las urnas, en aval y garantes de los derechos constitucionales a la libre expresión y acompañamos con nuestra solidaridad a los periodistas Ignacio Otero, Marcelo Funes y Martín Magaldi.
Por lo expuesto Sr. Presidente, le solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.

Eliminación de los derechos de exportación de la semilla de girasol, aceite de girasol, girasol confitero y semilla descascarada.

El Senado y Cámara de Diputados…
Modificación de Derechos de Exportación de Girasol
Artículo 1. Elimínese los derechos de exportación de la semilla de girasol, aceite de girasol, girasol confitero y semilla descascarada, a partir de la promulgación de la presente ley.
Artículo 2. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
El cultivo de girasol tiene una larga tradición en la República Argentina. Nuestro país llegó a convertirse en líder mundial en exportaciones de aceite, lo que contribuye por lo menos en un 85% a la formación del precio del grano, que percibe el productor.
Concomitantemente al desarrollo de una oferta de materia prima tan significativa, se logró la instalación de un complejo industrial diseminado, entre el norte de la Provincia de Santa Fe y los puertos del sur bonaerense, que también incluye plantas de procesamiento en las provincias de Córdoba y La Pampa, entre otras.
En el caso de la Provincia de La Pampa, la industria del aceite es, sino la única, una de las pocas fuente de trabajo para varias localidades.
La cadena de valor se fue organizando en torno al formidable éxito exportador que se logró, sin dejar de abastecer en ningún momento el mercado argentino.
La fuerte competencia externa, combinada con elevados derechos de exportación y el atraso cambiario, perjudicó muy particularmente al cultivo, dificultando la inversión de los productores y complicando la situación de las empresas procesadoras así como las proveedoras de insumos. Esto ha causado la casi definitiva pérdida de mercados externos del complejo, ya que éste no recibió ningún tipo de acompañamiento oficial para hacer frente a una combinación tan adversa de factores.
Los derechos de exportación afectan directamente la rentabilidad del cultivo, agravándose aún más la situación cuando los precios internacionales bajan. Si se hubieran reducido los derechos de exportación, con un tipo de cambio de equilibrio, la cadena de valor del girasol hubiera podido resistir eficientemente el embate de los países de Europa Oriental ya que, por ejemplo, los rendimientos por hectárea obtenidos por el productor local, son mayores a los alcanzados por nuestros competidores.
Lamentablemente, no hubo atención oficial a los insistentes reclamos del complejo y la Argentina, como proveedor mundial de aceite de girasol, pasó del 55% en 2001/02, al 9% en 2013/14. Mientras tanto Ucrania, por ejemplo, crecía de una participación del 16,1 al 57,8%.
Con el nivel de producción actual, la industria aceitera se encuentra con una elevada capacidad ociosa, lo que induce a una menor demanda de mano de obra y a una sustantiva reducción de las horas trabajadas, sobre todo en aquellas plantas que no pueden complementar su molienda con el empleo de la soja.
De persistir esta situación nos encontraríamos a las puertas del cierre de plantas de procesamiento e industrialización, con el consiguiente efecto de la existencia personas desocupadas. Al destruir la cadena productiva de este cultivo, Argentina perdería el reconocido liderazgo mundial, científico y tecnológico conseguido en los últimos treinta años.
Como consecuencia de lo anterior, el valor de facturación global del complejo, que superaba no hace mucho los 2.300 millones de dólares, solamente alcanzará los 1.440 millones de dólares en 2014, siendo las exportaciones de apenas 464 millones de dólares, en el mejor de los casos, menos de un tercio de las obtenidas en 2006/07.
La orientación fiscal de la política oficial está consiguiendo resultados que van en contra, incluso, de sus propios intereses.
Así, con los impuestos actuales y la producción esperada por el Ministerio de Agricultura, de 2 millones de toneladas, la recaudación de Derechos, apenas alcanzará en el 2014 los 95,4 millones de dólares, restando base gravable a los restantes impuestos, incluso provinciales y locales.
Este sector que exporta el grueso de su producción con valor agregado, debe resignarse a perder significación, incluso en provincias donde el cultivo de girasol no tiene alternativas más eficientes, como son La Pampa, regiones de la Provincia de Buenos Aires o Chaco y el Norte de Santa Fe.
La cadena de valor de girasol genera aproximadamente un valor agregado del 53% al 55% del valor bruto de su producción. Por ende, constituye un sector que merece el cuidado de la política pública.
Los productores necesitan que esta oleaginosa aumente su rentabilidad y recupere su competitividad.
El complejo no está en condiciones de soportar otro año por debajo de lo que se suele llamar el “punto de equilibrio”. Esto es imprescindible para mantener en actividad a científicos, (reconocidos mundialmente), productores de insumos, productores de materia prima y una cadena industrial y comercial, que agrega valor y empleo de alta calidad, siempre y cuando no se la discrimine injustamente.
En este sentido y, considerando la importancia del cultivo y su cadena de valor asociada, distribuida a lo largo y ancho de ocho provincias argentinas, solicitamos la urgente eliminación de los derechos de exportación para el complejo aceitero que procesa girasol como así también para la exportación de materia prima, como grano sin procesar, de modo que sirva para la protección de la importante industria instalada en la Argentina que, como se dijo, está distribuida regionalmente de manera próxima a las fuentes de materia prima.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los Sres. Diputados den aprobación a la presente iniciativa.

Pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre el grado de ejecución física y financiera de las obras, hechas con recursos del fideicomiso de infraestructura hídrica (decreto 1381/01), y otras cuestiones conexas.

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien informar a esta Honorable Cámara lo siguiente:
– Grado de ejecución física y financiera de las obras financiadas total o parcialmente con recursos provenientes del denominado Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, creado por Decreto Nº 1381/01. Al respecto, detallar para cada obra, al menos: tipología y características técnicas generales; jurisdicción y localización exacta; monto total de la inversión comprometida, discriminando gasto en consultoría, expropiaciones y resto; porcentajes de ejecución física y financiera a la fecha; contratistas involucrados y mano de obra empleada; cumplimiento del plan de trabajos aprobado, indicando si los hubiere desvíos respecto de las previsiones contractuales y sus motivos; áreas productivas recuperadas (en hectáreas).
– Detalle mensual acerca del origen y la aplicación de los recursos integrados al referido fideicomiso, desde su constitución hasta la fecha, flujos mensuales discriminando por jurisdicción provincial.
– Plan de acción previsto a corto, mediano y largo plazo en materia de infraestructura hídrica, particularmente, precisiones acerca de aquellas obras proyectadas en la Cuenca del Río Salado de la Provincia de Buenos Aires y su vasta zona de influencia, en el marco del denominado Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado.
– Características del sistema de monitoreo utilizado para supervisar la efectiva ejecución de las obras de infraestructura hídrica comprometidas en el marco del Plan Federal de Control de Inundaciones.
– Toda otra información complementaria que estime pertinente.

 

FUNDAMENTOS:

 

 

Señor presidente:
Enorme preocupación genera entre los productores agropecuarios de diversas regiones de nuestro país la significativa demora registrada en la ejecución de un conjunto de obras de infraestructura hídrica comprometidas en el marco del Plan Federal de Control de Inundaciones, y sus inevitables consecuencias: caída de rindes agrícolas, principalmente de los cultivos soja y maíz, graves anegamientos y deterioro de rutas, caminos rurales y vías férreas, cuantiosos sobrecostos, etcétera.
Respecto al referido Plan Federal de Control de Inundaciones, cabe señalar que el mismo está a cargo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, siendo financiado con el producido del impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito o importación de combustibles, que fuera establecido en virtud de la Ley Nº 26.181 -en reemplazo de la Tasa de Infraestructura Hídrica creada por Decreto Nº 1381/01-, teniendo por objeto disminuir la frecuencia de las inundaciones, realizar un manejo equilibrado de los excedentes hídricos, prevenir eventuales desbordes, proteger la infraestructura vial, resguardar los centros urbanos y recuperar tierras productivas.
Asimismo, teniendo en cuenta la brutal sequía que actualmente afecta a varias provincias argentinas, considero oportuno el momento para realizar e intensificar todos los trabajos necesarios para prevenir futuras inundaciones en las zonas afectadas, aprovechando las facilidades de trabajo que esta situación presenta.
Este Honorable Cuerpo bajo ningún concepto puede permanecer ajeno ante la situación descrita, que afecta a miles de productores agropecuarios, generando un fuerte impacto negativo sobre nuestras economías regionales.
Es por ello que considero sumamente oportuno y necesario solicitar formalmente al Poder Ejecutivo las mayores precisiones al respecto, dando debida cuenta de su actuación en la ejecución de estas importantes obras de infraestructura, así como de la aplicación de los ingentes recursos públicos aquí involucrados ($1476,5 millones recaudados durante el ejercicio 2013 por el referido impuesto), de modo de poder completar un diagnóstico claro sobre el particular, y eventualmente promover desde el ámbito legislativo las acciones que se estimen pertinentes.
Por las razones expuestas, pongo a consideración de mis pares el presente proyecto de resolución.

Beneficio de Reparación Extraordinaria para los Derechohabientes de las víctimas del atentado de la AMIA

El Senado y Cámara de Diputados…
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º.- Tendrán derecho a percibir, por única vez, un beneficio extraordinario de reparación, a través de sus derechohabientes o por sí, en su caso, las personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas en ocasión del atentado perpetrado a la sede de la ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA), sita en la calle Pasteur Nº 633 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocurrido el 18 de julio de 1994, hayan o no iniciado juicio por daños y perjuicios contra el Estado Nacional.
El beneficio mencionado en el párrafo anterior, se instituye en cumplimiento del punto 6, contenido en el Acta de fecha 4 de marzo de 2005, firmada en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, en la audiencia celebrada en el marco del 122 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la petición Nº 12.204 del registro de la citada Comisión, en la que se reconoce la responsabilidad del Estado Nacional.
ARTICULO 2º. La reparación establecida por la presente ley tiene carácter de bien propio de la persona damnificada. En el caso de su fallecimiento, la indemnización respectiva, será distribuida haciendo aplicación analógica del orden de prelación establecido en los artículos 3.545 y concordantes del Código Civil.
Los efectos y beneficios de esta ley se aplicarán también a las uniones matrimoniales de hecho que tuviesen una antigüedad de por lo menos CINCO (5) años inmediatamente anteriores al hecho descripto en el artículo 1º de la presente ley, cuando ello se probare fehacientemente. En el supuesto que hubiera descendencia reconocida por el fallecido, el plazo de convivencia se reducirá a DOS (2) años.
La persona que hubiese estado unida de hecho concurrirá, respecto de la reparación establecida en la presente ley, en la proporción que hubiere correspondido al cónyuge. Si hubiera concurrencia del cónyuge supérstite y de quien hubiera probado unión de hecho concurrirán en partes iguales.
ARTICULO 3º.- Los efectos y beneficios de la presente ley corresponden a quienes acrediten los siguientes extremos:
a) El fallecimiento como consecuencia del hecho mencionado en el artículo 1º de la presente ley.
b) Haber sufrido lesiones graves o gravísimas como consecuencia del hecho mencionado en el artículo 1º de la presente ley.
ARTICULO 4º.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de la presente ley. La solicitud del beneficio se tramitará ante ese Ministerio, quien comprobará el cumplimiento de los recaudos necesarios para su otorgamiento. La solicitud de la reparación deberá efectuarse, bajo apercibimiento de caducidad, dentro de los TRESCIENTOS SESENTA (360) días de la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de la presente ley.
La resolución que deniegue en forma total o parcial la reparación, será recurrible dentro de los VEINTE (20) días hábiles judiciales de notificada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. El recurso se presentará fundado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien lo elevará a la Cámara con su opinión dentro de los DIEZ (10) días. La Cámara decidirá sin más trámite dentro del plazo de VEINTE (20) días de recibidas las actuaciones.
ARTICULO 5º- Las personas que hayan fallecido a consecuencia del atentado, tendrán derecho a percibir, por medio de sus derechohabientes, una reparación equivalente a la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado O, del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobada por el Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995) modificado por los Decretos Nros. 875/05 y 679/06, y sus modificatorios, por el coeficiente DOSCIENTOS (200).
ARTICULO 6º.- La reparación correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones gravísimas, según la clasificación que hace el Código Penal, será la suma equivalente a la prevista en el artículo 5 º, reducida en un TREINTA POR CIENTO (30%).
ARTICULO 7º.- La reparación correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones graves, según la clasificación que hace el Código Penal, será la suma equivalente a la prevista en el artículo 5 º, reducida en un CUARENTA POR CIENTO (40%).
ARTICULO 8º.- Los importes de las reparaciones previstos en la presente ley serán abonados en efectivo.
ARTICULO 9º.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendrá a su cargo la tramitación de los reclamos pertinentes, y luego requerirá al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, los importes necesarios para hacer frente al pago de la reparación.
ARTICULO 10º.- La reparación que estipula esta ley estará exenta de gravámenes, como así también estarán exentas de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las circunstancias o del vínculo, en jurisdicción nacional. La publicación de edictos en el Boletín Oficial será gratuita, cuando tuviere por única finalidad acreditar el vínculo hereditario con el causante a los fines previstos en esta ley.
ARTICULO 11º.- Si existieren acciones judiciales contra el Estado Nacional fundadas en los mismos hechos u omisiones a que se refiere la presente ley, al tiempo de obtener la reparación que la misma establece, quienes pretendan el cobro de la reparación, deberán desistir de la acción y del derecho ejercitados en los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por el mismo hecho.
En el supuesto que los beneficiarios o sus derechohabientes hubiesen percibido subsidios acordados por el Poder Ejecutivo nacional a raíz de los hechos mencionados en el artículo 1º de esta ley, los montos percibidos deberán deducirse del monto total que les corresponda como beneficio extraordinario, según las disposiciones de la presente norma.
Los beneficiarios o derechohabientes que hubieren obtenido y percibido por sentencia judicial una reparación inferior a la que deberían percibir conforme la presente ley, tendrán derecho a reclamar la diferencia a su favor. Si el monto judicialmente reconocido fuere superior al resultante a la aplicación de esta ley, no podrán acceder a la reparación que aquí se establece.
ARTICULO 12º.- La reparación obtenida por la presente ley es incompatible con cualquier acción judicial por daños y perjuicios promovidos contra el Estado Nacional derivados de las causales de los artículos 1º y 3º planteada por los beneficiarios o sus derechohabientes. La existencia de acciones judiciales por daños y perjuicios en trámite, al momento de hacerse efectiva la reparación a que hace mención el artículo 1º de la presente ley, implicará la necesaria opción por parte del interesado entre la prosecución del trámite judicial iniciado o la reparación que dispone la presente norma.
ARTICULO 13º.- El pago de la reparación a los damnificados, o derechohabientes que hubieren acreditado tal condición mediante declaración judicial, liberará al Estado nacional de la responsabilidad reconocida por el hecho que motiva la presente ley. Quienes hayan recibido la reparación en legal forma, quedarán subrogando al Estado Nacional si con posterioridad solicitasen igual beneficio otros derechohabientes con igual o mejor derecho.
ARTICULO 14º.- El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley dentro de los SESENTA (60) días contados desde su publicación.
ARTICULO 15º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
El presente proyecto es una reproducción del Expediente n° 0057-D-2011, que fuera presentado por los diputados FELLNER, EDUARDO ALFREDO y ROSSI, AGUSTIN OSCAR. El proyecto ha tenido tratamiento en comisiones, habiéndose logrado dictamen en el año 2011 (Orden del día n° 2215). Posteriormente no ha tenido tratamiento y considerando que es un compromiso internacionalmente asumido por el Estado Argentino corresponde reproducir los términos del citado expediente y sus fundamentos.
Como todos tristemente recordamos, el día 18 de Julio de 1994, nuestro país se vio sacudido por una de las máximas tragedias de su historia, cuando a causa del atentado perpetrado contra la sede de la ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA), perdieron su vida ochenta y cinco personas, resultando heridas, además, más de ciento cincuenta.
Por el año 1999, ante la falta total de justicia y la flagrante irregularidad de los procedimientos investigativos y judiciales posteriores, algunos organismos no gubernamentales que agruparon los reclamos de víctimas y familiares del atentado, efectuaron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dentro de ese marco, y en el proceso tramitado ante la CIDH, se convocó a las partes intervinientes a una audiencia que tuvo lugar el día 04 de Marzo de 2005, mediante la cual, se dio inicio al proceso de solución amistosa, en el contexto del artículo 41 del Reglamento de dicha Comisión, tal como se desprende del Acta suscripta en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, dentro del 122º período ordinario de sesiones de la CIDH.
En la misma, se reconoció la responsabilidad del Estado Nacional, suscribiéndose un acta, que posteriormente fue aprobada por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 812 del 12 de Julio de 2005.
Algunos de los incumplimientos asumidos por el Estado Nacional, se relacionaron con la violación de derechos humanos internacionalmente reconocidos por la Convención Americana, como el derecho a la vida (art. 4); derecho a la integridad física (art. 5); derecho a las garantías judiciales (art. 8 ) y derecho a la protección judicial (art. 25 ), etc.; reconociendo que existió incumplimiento de la función de prevención, por no haber adoptado las medidas idóneas y eficaces para intentar evitar el atentado, teniendo en cuenta que dos años antes se había producido un hecho terrorista contra la Embajada de Israel en Argentina; que existió, además, encubrimiento de los hechos, mediante un grave y deliberado incumplimiento de la función de investigación del ilícito ocurrido el 18 de julio de 1994 y porque este incumplimiento en materia de investigación adecuada, produjo una clara denegatoria de justicia, todo ello conforme fue declarado por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nro. 3 de la Ciudad de Buenos Aires en su sentencia de fecha 29 de octubre de 2004.
En el acta mencionada y en lo que hace directamente a las facultades y competencias de este Congreso; el Estado Nacional se comprometió, en el punto sexto del acuerdo, a promover la sanción de una ley de reparación para todas las víctimas del atentado.
Dando cumplimiento a ese punto, el Poder Ejecutivo Nacional, remite al H. Senado, el Mensaje N° 150/07 y Proyecto de Ley pertinente (expte.866/06), que ingresa en fecha 23/02/07 y caduca en fecha 29/02/08, sin obtener tratamiento alguno por parte de ese cuerpo.
Posteriormente, y ante ese hecho, remite también al Senado el Proyecto de Ley Nro. 25-PE-2008, mediante el cual se propicia indemnizar a las víctimas del atentado o sus derechohabientes, con el pago de un beneficio extraordinario que se estipularía a partir de multiplicar por un coeficiente determinado, la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado O, del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional.
En el trámite legislativo que se suscitó, en la Cámara de origen, el proyecto sufrió diversas modificaciones, siendo las más significativas las relacionadas al monto de las indemnizaciones, la forma de pago y el plazo de convivencia previa, para los casos de uniones matrimoniales de hecho.
En ese contexto, el Senado entendió que el coeficiente por el cual debía multiplicarse la remuneración mensual antedicha debía ser equivalente a doscientos y no a cien. De igual manera, se estipuló que el pago del beneficio debía efectuarse en efectivo y no en los bonos previstos por la legislación vigente en materia de consolidación de deudas del Estado Nacional.
Fuera del aspecto financiero, también modificó el plazo de convivencia previa para el caso de parejas convivientes de hecho, llevándolo a cinco años, en lugar de los dos previstos por el Proyecto original.
También, introdujo una norma ratificatoria del decreto que aprobó el acta, a pesar de no estar incluida dicha pretensión en el texto originario del proyecto.
Por último, introdujo algunas modificaciones relacionadas a los plazos de apelación de los recursos judiciales correspondientes y de la caducidad para la presentación de las peticiones pertinentes, que ciertamente, no resienten ni desnaturalizan, los aspectos modulares del mismo, sino que, por el contrario, otorgan mayores garantías procesales a los potenciales beneficiarios.
Con esa redacción, ingresa a esta H. Cámara de Diputados, bajo Expte. 50-S-09, de fecha 14 de Mayo de 2009.
Durante el tratamiento en la Cámara revisora, se producen diversas diferencias y opiniones, en relación a los cambios introducidos en el H. Senado, no llegándose a dictaminar por todas las comisiones competentes.
A grandes rasgos, las divergencias salientes se suscitan, una vez más, en los puntos relacionados precedentemente; siendo que algunos Diputados y Diputadas, propiciaban que el coeficiente se mantenga en CIEN y no en DOSCIENTOS, que el pago se concrete en bonos y no en efectivo, y mantenían los plazos procesales y de convivencia de las uniones de hecho, en la forma originaria y no como vino del H. Senado.
Por lo expuesto, y procurando unificar consensos, la iniciativa que ponemos a consideración de nuestros pares, contiene algunos aspectos normativos de una y otra sanción, siendo algunas de sus disposiciones y fundamentaciones las siguientes.
– Se elimina la ratificación del Decreto Nº 812 del 12 de julio de 2005, ya que el mismo no requiere acto legislativo alguno para otorgarle o refrendar su validez. Ello, en función de que dicho decreto es de mera administración y no recepta en su contenido, asuntos que sean de materia o competencia legislativas. De igual modo lo entendió el PEN al enviar el proyecto al Senado, cuyo original no contiene el requisito de la ratificación expresa de dicha norma. Además, se hace mención al asunto de competencia del Congreso, con un párrafo agregado al artículo posterior, que en rigor, pasaría a ser el primero del proyecto, y que lo relaciona directamente al punto 6 del acuerdo.
– Si bien es de mera redacción, parece adecuado clasificar a la reparación -al menos en su artículo inicial- como un “beneficio extraordinario”, tal como se menciona en el Proyecto del Poder Ejecutivo, en función de que el beneficio puede acumularse con otro obtenido (siempre y cuando no superen el de la ley con tal acumulación).
– Se elimina de la sanción del Senado la frase “VOCACION HEREDITARIA” del artículo correspondiente, ya que ese agregado puede resultar confuso, puesto que el carácter de “bien propio” no debe atribuirse sólo al caso de la sucesión, sino que en el caso de la indemnización de la persona que no falleció, el carácter “propio”, determinará que no es un bien ganancial, por ejemplo, para los casos de disolución de la sociedad conyugal.
– Se mantiene el pago en efectivo de los beneficios, ya que fue consensuado de esa forma con los familiares y derechohabientes de las víctimas.
– Por último, se mantiene el coeficiente a aplicar sobre la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado O, del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional en DOSCIENTOS (200).
Si bien, en este caso, la modificación que el Senado introdujo, transformando el coeficiente en “doscientos”, en lugar de los “cien” originales, parece diferenciarse de la propuesta del Ejecutivo, no es menos cierto, que el proyecto originario es del año 2007 (representado en 2008) y que el coeficiente duplicado, parece ser el más razonable y apropiado al contexto actual. Incluso en las versiones taquigráficas de la sesión de la Cámara Alta, se explicita que el monto fue acordado con las víctimas y contó, en ese momento, con el aval del Poder Ejecutivo Nacional
Algunas críticas que se han vertido en esta Cámara, sobre ese punto en particular, radican en el hecho de que en el caso de las leyes reparatorias de las víctimas de desaparición forzada de personas, Ley 24.411, el coeficiente que se utilizó fue el de “cien”. Lo cual es cierto, pero se debe destacar que en el momento de sanción de la norma el escalafón del SINAPA no era el mismo, ya que en este caso en concreto, no existía, como en la actualidad el grado 0.
No se puede suponer que porque una norma decía 100 y otra dice 200, la indemnización de una es superior a la otra. Una tomaba un escalafón de categoría A y otro de categoría A grado 0. Una se sancionó en el año 1994 con una realidad económica, con un valor del dólar, con un nivel de salarios, etc., y otra, tal vez en 2011, con otra realidad económica distinta. Cabe preguntarse quién podría indicar el medidor exacto para que ambas indemnizaciones sean equivalentes a través del tiempo transcurrido. El 100 y el 200, indican parámetros de cálculo, para llegar a un resultado y no que el Estado reconoce distintos niveles de ciudadanos, entre las víctimas de tales atrocidades. Tampoco resulta prudente comparar ambas indemnizaciones, tratando de recrear realidades económicas disímiles, proyectando si con tal o cual indemnización se podrían adquirir la misma cantidad de bienes en 1994 que en 2011.
Reiteramos se trata de parámetros, que en ambos casos 1994 y 2011 y esto es lo importante, contaron y cuentan con el acuerdo de las víctimas o sus derechohabientes y con el aval del Estado que es quien debe hacer frente a las obligaciones.
Es por lo expuesto, y por las razones que se ampliarán en el Recinto de Sesiones, que solicitamos a nuestros pares, nos acompañen en la sancionen del presente proyecto de Ley, resaltando que tal pretensión, se efectúa, respetando todas las opiniones vertidas sobre el particular y cuyas diferencias son de mera forma, ya que en el fondo de la cuestión, el acuerdo y el consenso es unánime. Por ello, los abajo firmantes intentamos amalgamar todas las redacciones subsistentes, pero con un objetivo primario fundamental; procurar subsanar la omisión del Estado Argentino durante tantos años y devolverles a las víctimas de ese lamentable suceso, su derecho a la dignidad y a la justicia, que no se logrará con el mero resarcimiento pecuniario, sino con la fuerza popular que conlleva la sanción de una ley votada por los representantes del Pueblo de la República, que es ni más ni menos, que el reconocimiento solidario que la Nación en su conjunto, le adeuda a sus compatriotas que fueron víctimas de ese terrible atentado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas legisladores y legisladoras que acompañen el presente proyecto.

Declarar como derecho fundamental de los ciudadanos el de relacionarse con la administración pública y con las empresas de servicios públicos a través de medios electrónicos (reproducción del expediente 5367-D-12).

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5367-D-2012

Código Civil: modificación del artículo 372, sobre reforma del régimen de alimentos para los convenios firmados y homologados en la República Argentina solicitando un seguro por muerte, incapacidad o discapacidad del alimentante (reproducción del expediente 2504-D-12).

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2504-D-2012