Discurso Sesión 15/07 sobre Actualización de la AUH

 

Señora presidenta:

Repasemos algunos números. La Asignación Universal por Hijo llega al 30 por ciento de los niños de la Argentina; también alcanza el 90 por ciento en los niños en los 3 deciles de menores ingresos en la Argentina.
Para una familia con tres hijos dentro de estos 3 deciles, representa un aumento del 50 por ciento en su ingreso medio.
En un trabajo del año pasado dos investigadores ‑Stampini y Tornarolli‑ compararon este programa con otros de Lationamérica y el Caribe. Llegaron a la conclusión de que se trata de uno de los programas más inclusivos, ambiciosos y progresistas de la región.
Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata se dedica a investigaciones sociales. Por ejemplo, en un trabajo de 2012, Guillermo Cruces y Leonardo Gasparini, demostraron que la Asignación Universal por Hijo implicó una reducción del 30 por ciento de la pobreza argentina. También implicó una disminución del 13 por ciento en la desigualdad, cuando uno compara los niveles de ingreso del decil más bajo y del decil más alto.
En un trabajo de este año, Leonardo Gasparini y el licenciado Garganta hablan sobre el impacto de la Asignación Universal por Hijo en el empleo. Encuentran que no hay absolutamente ninguna evidencia que afecte los niveles de participación, esa idea de que la Asignación Universal por Hijo iba a afectar la voluntad de trabajar. Sí encuentran que hay un efecto sobre la formalización: la gente se formaliza de manera más lenta. Ese es un tema sobre el cual desde este bloque hemos presentado algún proyecto y sería interesante analizar.
Por su parte, Salvia y Tuñón, de la UCA –que justamente no es un lugar muy favorable al gobierno- en un trabajo del año pasado encuentran que la Asignación Universal por Hijo es responsable de una reducción de más del 60 por ciento en la exclusión escolar, así como también de la reducción del trabajo infantil.
Es decir que por donde se lo mire este es un proyecto que hay que acompañar, porque justamente intenta mejorar este instrumento que ha tenido todos estos resultados tan positivos para la inclusión social en la Argentina.
Ahora bien, desde el punto de vista de nuestro trabajo en el Congreso, se da una cosa bastante particular, que tiene que ver con nuestro funcionamiento como cuerpo. El primer proyecto presentado sobre el deseo de actualizar fue el de la diputada Carrió, en 1997. Luego presentaron proyectos en ambas Cámaras Gerardo Milman, en 2010; Silvana Giudici, en julio de 2010; Juan Mario Pais, en agosto de 2010 –cuyo proyecto es exactamente igual al que trae el Ejecutivo en este momento-; Elena Corregido, Federico Pinedo; Héctor Piemonte, Luis Sacca, Alberto Pérez, Facundo Moyano, Víctor Hugo Maldonado, Miguel del Sel -también con el mismo índice de actualización que propone el gobierno-, Sergio Massa, Julio César Martínez, Mario Raúl Negri, Patricia Bullrich y Julio Cobos.
Entonces, desde el punto de vista de nuestro funcionamiento, somos 257 diputados pertenecientes a diferentes fuerzas políticas que estamos todos de acuerdo. Pero, además, no se trata de que tengamos que especular acerca de si estamos o no de acuerdo, sino que eso está escrito. Entonces, si 257 personas escriben que coinciden y, sin embargo, tienen que esperar a que el Ejecutivo envíe un proyecto, algo está diciendo que estamos funcionando mal como cuerpo legislativo.
Comento esto porque de alguna manera se traslada a la discusión de la universalización, que fue mencionada por los diputados preopinantes y por muchísimas otras personas. Silvia Augsburger, Claudio Lozano, Felipe Solá, Irma García, Martín Sabbatella, Juan Carlos Forconi, Sergio Panza, Mirta Pastoriza, Elena Corregido, José Martínez, Ricardo Alfonsín, Sergio Massa, Julio César Martínez y Patricia Bullrich también lo proponen.
Entonces, si nos abocáramos a ver un proyecto sobre el cual hay total consenso dentro de las fuerzas políticas, me parece que no tenemos que esperar que el Poder Ejecutivo lo mande para poder avanzar.
La diputada Bianchi pedía el compromiso de las fuerzas políticas con la Asignación Universal por Hijo, y por supuesto que lo tiene por parte del PRO. Nosotros pedimos el compromiso de ellos de trabajar en pos de la universalización, que incluso los diputados del Frente para la Victoria lo proponen.
Creo que debemos cambiar un poco el eje de la discusión y focalizarnos en los niños. La pregunta que cabe es: ¿por qué un trabajador formal que tiene un ingreso, por ejemplo, de entre 7500 y 9800 pesos, cobra una asignación familiar y el niño la recibe, pero si un monotributista tiene el mismo nivel de ingreso, no la percibe? ¿A ese niño lo consideramos diferente del hijo de un trabajador formal? No. Entonces, me parece que la universalización tiene que ver con ese punto: son más de 2.500.000 monotributistas, cuyos hijos no están incluidos. Esto es lo que comentaron la diputada González y el diputado Buryaile: aquellos padres que deciden enviar a sus hijos a colegios públicos de gestión privada también debieran ser incluidos. Creo que nos debemos ese debate y hay bastante consenso al respecto.
Por otra parte, estas son transferencias condicionales. Es decir que les pedimos a los padres que muestren los logros en educación y en salud. ¿Pero por qué, por ejemplo, a una persona que paga el impuesto a las ganancias, que toma la deducción especial por hijo y que a través de esa deducción cobra una ayuda para sus hijos, no le pedimos nada con respecto a la salud? ¿No nos preocupa la salud de ese niño porque su padre paga el impuesto a las ganancias?
Evidentemente, cuando cambiamos el foco del análisis y pensamos en el niño, nos damos cuenta de que el sistema carece de algunas cosas y que podría ser mejorado. Esto es parte de la agenda que está pendiente, que no incluye únicamente la cuestión de la universalización, sino también –y de manera primordial- el tema de la educación. Digo esto porque no sólo tenemos que defender el tema del 6 por ciento del producto bruto como parámetro para fijar el presupuesto educativo, sino también la calidad de la educación.
Por esa razón, solicito a la presidenta de la Comisión de Educación, aquí presente, que impulse la discusión sobre los institutos de evaluación de calidad educativa, que es el mecanismo por el cual debemos asegurarnos de que ese 6 por ciento del PBI que se destina a la educación nos permita alcanzar un buen nivel educativo. Días pasados me decía una persona: “Dime cómo es hoy tu sistema educativo y te diré cómo será tu país dentro de veinte años”. Por lo tanto, no solo tenemos que trabajar para que todos los chicos perciban la Asignación Universal por Hijo, sino también para que tengan un mejor futuro.

Proyecto de Ley: Ley de Responsabilidad Penal Administrativa de las Personas Jurídicas por actos contra la Administración Pública

El Senado y Cámara de Diputados…
Ley de Responsabilidad Penal Administrativa de las Personas Jurídicas
Generalidades y ámbito de Aplicación
ARTICULO 1º.- Esta Ley dispone sobre la responsabilidad penal administrativa de las personas jurídicas por los actos que cometieren contra la administración pública, nacional o extranjera.
ARTICULO 2º.- Las personas jurídicas serán responsables objetivamente, en el ámbito administrativo por los actos tipificados en la presente ley ya sea para su propio beneficio o de un tercero.
ARTICULO 3º.- La responsabilidad de la persona jurídica no excluye la responsabilidad individual de sus directores, Socios Gerentes, administradores o de cualquier socio participe en los actos tipificados por esta ley. Consecuentemente, a): La persona jurídica podrá ser responsable con independencia de la responsabilidad individual de las personas físicas; b) Los directores, Socios Gerentes, administradores y/o socios serán únicamente responsables por los actos tipificados en esta ley en la medida de su responsabilidad.
ARTICULO 4º.- La responsabilidad penal administrativa de la persona jurídica subsiste en caso de transformación, fusión, absorción o escisión o en cualquier otra modalidad societaria.
De las Prácticas Prohibidas
ARTICULO 5º.- Constituyen prácticas prohibidas contra la administración pública nacional o extranjera para los fines de esta ley, todos aquellos actos practicados por las personas jurídicas mencionadas en el Artículo 1 de esta Ley, que atenten
contra el patrimonio público nacional o extranjero, contra principios de la administración pública y compromisos internacionales asumidos por la República Argentina, los que se definen de la siguiente manera:
a) Entiéndase por “práctica corrupta” el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona;
b) Entiéndase por “práctica fraudulenta” cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación;
c) Entiéndase por “práctica de colusión” un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;
d) Entiéndase por “práctica coercitiva” el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones;
e) Entiéndase por “práctica de obstrucción” (i) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación o, (ii) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos de la Administración Pública Nacional a inspeccionar y auditar en los términos del Artículo 6 de esta Ley.
ARTICULO 6: En los contratos y licitaciones públicas se incluirá una cláusula que exija que todos los participantes en una licitación, proveedores y contratistas y sus subcontratistas sus agentes, personal, consultores, proveedores de bienes o servicios deben permitir al órgano de contralor revisar todas las cuentas, archivos
y otros documentos relacionados con la presentación de las ofertas y el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el órgano de contralor.
Del Régimen Penal Administrativo
ARTÍCULO 7: Las Personas Jurídicas consideradas responsables por los actos prohibidos previstos en la presente Ley serán objeto de las siguientes sanciones:
A) Multa de hasta 4 veces el valor de la Ganancia Neta del último ejercicio inmediato anterior a la instauración de este régimen penal administrativo, excluidos los impuestos, el cual nunca será menor a la ventaja obtenida, cuando fuere posible su estimación
B) Publicación de la decisión condenatoria. La publicación de la decisión será a expensas de la persona jurídica y deberá tener un extracto de la sentencia, explicación de la práctica prohibida y descripción de la pena. Será publicada por el plazo mínimo de 30 días en tres diarios de circulación nacional y en el sitio web del Registro Nacional de Empresas Sancionadas.
C) La aplicación de las sanciones previstas en esta Ley no excluye en cualquier hipótesis la obligación de la persona jurídica de reparar integralmente el daño causado.
D) En la hipótesis del A) de este artículo, cuando no sea posible obtener la ganancia neta de la empresa se aplicará una multa de $ 20,000 (pesos Veinte mil) a $ 200,000 (Pesos Dos cientos mil).
E) Inhabilitación de poder participar en licitaciones y cualquier tipo de contratos con la Administración Pública Nacional por el plazo mínimo de 3 años y por el plazo máximo de 20 años.
ARTICULO 7 En el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, el Fiscal de Control Administrativo Anticorrupción dependiente de la Oficina Anticorrupción, tendrá competencia concurrente para instaurar procesos administrativos de responsabilidad de personas jurídicas o para avocarse a los procesos ya iniciados con fundamento en Ley, así como para la supervisión de los procesos ya iniciados.
ARTICULO 8: Compete a la Oficina Anticorrupción, llevar a cabo el proceso de juzgamiento de los actos prohibidos de esta Ley contra la Administración Pública Extranjera de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 4 de la Convención para
Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, suscrita en París, el 17 de diciembre de 1997 y aprobada por la República Argentina, mediante Ley 25.319.
ARTÍCULO 9: La conclusión del Procedimiento Administrativo en la esfera de la Oficina Anticorrupción debe concluir dentro de los 180 días corridos contados desde el inicio de la actuación sumarial.
ARTICULO 10: Las resoluciones de la Oficina Anticorrupción previstas en este capítulo serán recurribles por ante la justicia en el fuero contencioso administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos.
ARTICULO 11: Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso administrativo a que dieran lugar las infracciones previstas en esta ley se regirán por los artículos 1101 y siguientes y 3982 bis del Código Civil, entendiendo por “acción civil”, la acción “penal administrativa”.
Del Acuerdo de Cooperación Extrajudicial
ARTÍCULO 12: La Autoridad Máxima de cada organismo estatal o cualquier entidad pública podrá celebrar un acuerdo de cooperación extra judicial con la persona jurídica responsable de realización de actos prohibidos tipificados en este Ley, siempre de que de este acuerdo resulte:
A) Cuando correspondiere, la identificación de las personas relacionadas con la infracción.
B) Todos los documentos e informes que acrediten la comisión de la infracción por parte de la persona jurídica.
C) La persona jurídica deba cesar inmediatamente de cometer la infracción a partir de celebrado el acuerdo de cooperación extra judicial.
D) La persona jurídica sea la primera en manifestarse sobre su interés en
colaborar en el esclarecimiento de la infracción
E) La persona jurídica admita su participación en la infracción, coopere plenamente a su costa, y concurra en todas las oportunidades en las que sea citada.
ARTICULO 13: El acuerdo de cooperación extrajudicial hará que la sanciones previstas en el en el Articulo 7 Incisos d) (inhabilitación) y e) (multas) sean reducidas en 2/3 (dos tercios).
ARTÍCULO 14: El acuerdo de cooperación extrajudicial no exime a la persona jurídica de reparar integralmente el daño causado.
ARTÍCULO 15: Los efectos del acuerdo de cooperación extrajudicial serán aplicados también a las personas jurídicas que integran el mismo grupo económico, de hecho o de derecho, que la persona jurídica que firme el acuerdo.
ARTÍCULO 16: La Persona Jurídica debe implementar un Programa Interno de Cumplimiento monitoreado por la Oficina Anticorrupción como consecuencia de la celebración de acuerdo de cooperación extrajudicial.
ARTÍCULO 17: En caso de incumplimiento del acuerdo, la persona jurídica no podrá celebrar un nuevo acuerdo de colaboración extrajudicial por un periodo de 3 años.
ARTÍCULO 18: La celebración del acuerdo de cooperación extrajudicial interrumpe el plazo de prescripción de los actos prohibidos por esta Ley.
De la Creación de un Registro Nacional de Empresas Sancionadas
ARTICULO 19: Crease en el ámbito de la Inspección General de Justicia un Registro Público de Empresas Sancionadas por esta Ley.
ARTICULO 20: El Registro Público de Empresas Sancionadas tendrá, entre
otras funciones, la de conservar un registro con la razón social, tipo de sanción y datos del expediente de la persona jurídica sancionada.
ARTÍCULO 21: Las autoridades competentes que celebren acuerdos de cooperación extrajudicial deben mantener informado al Registro Público de Empresas Sancionadas.
ARTÍCULO 22: Las multas obtenidas producto de esta Ley, serán destinadas principalmente a los órganos y entidades públicas que fueron afectadas por la infracción.
ARTÍCULO 23: De forma.

 

FUNDAMENTOS:

 
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de ley radica en introducir la responsabilidad penal administrativa de las personas jurídicas por actos de fraude y corrupción, que cometieren contra la administración pública nacional o extranjera.
La República Argentina, comprometida en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional ha asumido una serie de obligaciones internacionales destinadas a fortalecer la lucha contra la corrupción.
En primer lugar, la República Argentina ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA, Organización de Estados Americanos), adoptada por la OEA el 29 de marzo de 1996 y aprobada por la Argentina mediante Ley 24.759, promulgada el 13 de enero de 1997.
En segundo lugar, y de especial relevancia para la sanción de la presente ley, la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), suscripta en París, el 17 de diciembre de 1997 y aprobada por la República Argentina, mediante Ley 25.319 (publicada en el Boletín Oficial el 18/10/00).
Asimismo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU, Organización de Naciones Unidas), aprobada por Resolución N° 58/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 31 de octubre de 2003, suscripta en Mérida, México el 10 de diciembre del mismo año y aprobada por la República Argentina mediante Ley 26.097, promulgada el 6 de junio de 2006.
Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE)
La Convención de la OCDE es el primer instrumento internacional de alcance global sobre lucha contra la corrupción que se centra en la faz “activa” del cohecho trasnacional, es decir en “la oferta, la promesa o la concesión” de cualquier beneficio indebido, en lugar de hacerlo en su faz “pasiva”, configurada por la solicitud, aceptación o recepción de ese beneficio indebido. Este enfoque la distingue de otras convenciones anticorrupción. Su objetivo principal es penalizar a las empresas y personas que, en sus transacciones comerciales, ofrezcan, prometan den dinero o gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros, con el fin de beneficiarse en sus actividades económicas internacionales. De acuerdo a este instrumento internacional, la detección y sanción de los pagos ilegales es independiente de que el funcionario público sea acusado de haber recibido el pago ilegal o la dádiva comprometida. Nuestro país introdujo como delito el cohecho de funcionario públicos extranjeros en el artículo 258 bis del Código Penal, tal como lo exigía la Convención Interamericana contra la Corrupción (art. VIII) a través de la ley 25.188. Luego, en cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo de la OCDE introdujo modificaciones en su redacción. Su texto vigente es el siguiente:
ARTICULO 258 bis – Será reprimido con reclusión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que, directa o
indirectamente, ofreciere u otorgare a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero cualquier objeto de valor pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo, en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial .(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.825 B.O. 11/12/2003)
La deducción impositiva del cohecho se encuentra prohibida en nuestra legislación. El art. 37 de la ley Nº 20.628 (Impuesto a las Ganancias) dice:
“…cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas3, no se admitirá su deducción en el balance impositivo, estableciendo incluso que, en tal circunstancia, dicho gasto se encontrará sujeto al pago definitivo en una tasa del 35%”.
El Código Penal contempla penas de uno a seis años de reclusión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública para las personas naturales que hayan cometido éste delito.
Sin embargo, es muy importante destacar a los fines de este Proyecto, que la Republica Argentina ha sido evaluada en el marco de la Convención de la OCDE en su fase 3, cuyo informe se ha publicado en Diciembre de 2014 Específicamente en los párrafos 49 a 53 del informe, la OCDE expresa su consternación dado que después de 13 años que la Argentina es parte de la Convención todavía no tenga un régimen para sancionar a las personas jurídicas por soborno transnacional. Asimismo expresa su preocupación y le resulta extraño que la Argentina haya adoptado un régimen penal para las personas jurídicas por otros delitos (por ejemplo lavado de dinero), pero no por soborno transnacional, lo que después de 13 años parece, según los examinadores de la OCDE, no ser una prioridad para la Argentina.
Antecedentes Internacionales
1. LEY DE PRÁCTICAS CORRUPTAS EXTRANJERAS (EN INGLÉS “FCPA”). ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 (FCPA) (15 USC § 78dd-1, et seq.) es una ley federal de los Estados Unidos conocido principalmente por dos de sus principales disposiciones, que se ocupa de la contabilidad los requisitos de transparencia en virtud de la Ley de Valores de 1934 y otro relativo a la corrupción de funcionarios extranjeros. La Ley fue modificada en 1988 y en 1998.
La FCPA tiene dos enfoques principales respecto de (1) la divulgación y (2) la prohibición. El enfoque sobre la divulgación constituye la primera parte de la Ley y contiene disposiciones sobre contabilidad y registros. Esta sección establece que una corporación debe de mantener registros precisos de todas las transacciones que lleve a cabo. El segundo enfoque -el enfoque prohibitivo- de la FCPA prohíbe el soborno de negocios de Estados Unidos a funcionarios extranjeros. De manera específica, la Ley prohíbe a las compañías Americanas y a su representantes la utilización del correo u otro medio de comercio interestatal para llevar a cabo un pago ilícito a un funcionario extranjero o un político para utilizar su poder o influencia para ayudar a que la firma Americana obtenga o conserve negocios para sí misma o para cualquier otra persona.
La FCPA es aplicable respecto de todos los negocios de Estados Unidos e individuos al exigir su cumplimiento a todos los emisores de valores y empresas domésticas. Además de negocios de los Estados Unidos e individuos, la FCPA también resulta aplicable respecto de cualquier funcionario, director, empleado, agente, o intermediario de valores actuando a nombre de dichos emisores o empresas domésticas. Se considera que una persona tiene conocimiento de que un pago será utilizado para sobornar a un funcionario extranjero si la persona tiene conocimiento o tiene una creencia firme que el tercero está llevando a cabo dicha conducta o se tiene una certeza substancial de que dicho resultado se producirá.
Finalmente, las violaciones civiles y/o sentencias penales bajo la FCPA implican penas severas potenciales. Se establece como posible sanción una multa civil de hasta US$ 10,000 por violaciones civiles. Adicionalmente, sentencias penales de conformidad con la FCPA implican penas criminales para un individuo de hasta US$ 100,000, mientras que la multa máxima penal para una corporación de los Estados Unidos es de US$ 2 millones
2. LEY ANTI SOBORNO DEL REINO UNIDO / UK BRIBERY ACT. (2010)
La Ley de Soborno (2010) es una ley del Parlamento del Reino Unido que cubre la ley penal en relación con el soborno. Introducido al Parlamento en Discurso de la Reina en 2009, después de varias décadas de informes y proyectos de ley, la ley recibió la sanción real el 8 de abril de 2010, tras el apoyo de todos los partidos. Inicialmente programada para entrar en vigor en abril de 2010, esto fue cambiado al 1 de julio de 2011.
Las sanciones por la comisión de un crimen bajo la ley son un máximo de 10 años de prisión, además de una multa ilimitada, y el potencial para la confiscación de bienes en virtud de la Ley del Producto del Delito de 2002, así como la descalificación de Administración bajo la Compañía Directores Descalificación Ley de 1986. La Ley tiene una jurisdicción casi universal, lo que permite el procesamiento de una persona o empresa con vínculos con el Reino Unido, independientemente del lugar donde se produjo el crimen.
La ley también introduce un nuevo delito de ofrecer, prometer o conceder una ventaja financiera o de otro tipo a un funcionario público extranjero cuando tal ventaja no está permitida bajo la ley escrita aplicable a dicho funcionario extranjero. El sujeto activo debe tener la intención de que la ventaja dada u ofrecida influiría el funcionario extranjero en el desempeño de sus deberes como funcionario público y debe tener la intención de asegurar negocio o para obtener una ventaja comercial. La definición de “funcionarios públicos extranjeros” es muy amplia e incluye los que trabajan para organizaciones internacionales.
La Ley abarca tanto las actividades privadas y públicas. Los Tribunales del Reino Unido tienen jurisdicción sobre el soborno fuera del Reino Unido, donde la persona que comete el delito es un ciudadano británico o es residente habitual en el Reino Unido, un cuerpo incorporado en el Reino Unido o en una asociación escocesa. Cualquier empresa que realice su actividad en el Reino Unido estará sujeta a la falta de un delito prevenir el soborno en relación a la conducta que ocurre fuera del Reino Unido, incluso en los casos que la conducta no está relacionada con el aspecto del Reino Unido de su negocio. En este sentido, el alcance de la ley va más allá de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos (FCPA). Para las personas, la pena máxima es de 10 años de prisión y una multa ilimitada. Para las organizaciones comerciales de la pena es una multa ilimitada.
3. LEY ANTICORRUPCION DE BRASIL. LEY 12.846/2013
La Ley 12.846 se encuentra inspirada en leyes internacionales y en Convenciones Internacionales ratificadas por la República del Brasil, entre las que se encuentran la Foreign Corrupt Practices Act (1977) de los Estados Unidos, y la UK Bribery Act, sancionada en el Reino Unido en 2010.
La nueva ley prevé, a diferencia de la FCPA y UK Bribery Act, una Responsabilidad Civil y Administrativa Objetiva, NO CRIMINAL de las personas jurídicas que practiquen actos contra la administración pública nacional o extranjera (art. 1), por lo que su marco de aplicación es amplio. La responsabilidad de las personas jurídicas es objetiva. Esto también es importante en relación con la FCPA que exige un “criminal intent o mens rea”. La nueva ley permite la imposición de sanciones administrativas y judiciales a las personas jurídicas involucradas, que van hasta un 20% de su facturación bruta o multa de hasta 60 millones de Reales. La nueva ley creó también un acuerdo de leniencia. Esto también es muy novedoso y se ve también en la FCPA en los denominados “Deferral Prosecution Agreements” (DPAs) o “Non Prosecution Agreements” (NPAs). Esta Ley crea un Registro Nacional de Empresas Sancionadas, que facilitara la consulta e informaciones PUBLICAS sobre la instituciones afectadas por las sanciones legales. El hecho de que la sanción sea pública, también se contempla en los casos de la FCPA. Para los efectos de la Ley 12.846 se equipara a la administración pública extranjera con los organismos internacionales (art. 5 V. 1.2).
Necesidad de Contar con una Legislación propia, completa y moderna en nuestro país.
Nuestro país no puede ni debe desentenderse del problema que, en un contexto internacional, afecta con prácticas ilegales al conjunto de la economía y de la vida institucional nacional.
En sintonía con otros estados que desde sus gobiernos están realizando sistemáticos esfuerzos para combatir los delitos detallados tu-supra, entendemos que se hace imprescindible contar con una legislación propia, completa y moderna que nos lleve por ese camino. Este proyecto de Ley es congruente con ello y por eso solicitamos que se acompañe con su sanción.

Proyecto de Ley: Creación de los Consulados Honorarios

El Senado y Cámara de Diputados…
DE LOS AGENTES CONSULARES HONORARIOS
Artículo 1. Ejercicio de funciones consulares por jefes de la Oficina consular honoraria.
1. Las personas que el Ministerio de Relaciones Exteriores designe como titulares de Oficinas consulares honorarias podrán ejercer funciones consulares, con carácter limitado y por delegación, en concepto de auxiliares y colaboradores de los funcionarios diplomáticos o consulares de carrera de los que dependan en los términos establecidos por el Convenio de Viena de 24 de abril de 1963 y, en su caso, con arreglo a lo que determinen los convenios bilaterales así como de conformidad con lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos internos, tanto de la República Argentina como del Estado receptor.
2. Dichas personas, por el nombramiento como jefes de la Oficina consular honoraria, no adquirirán, en ningún caso, la condición de funcionarios de carrera o empleo de la Administración pública del Estado argentino, ni tendrán consideración de personas incorporadas a la misma por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el derecho administrativo en los términos establecidos por la legislación argentina en materia de funcionarios públicos del Estado, ni en carácter de empleo privado
3. Los jefes de la Oficina consular honoraria no tendrán que poseer necesariamente la nacionalidad argentina y podrán desarrollar todo tipo de actividad lícita al mismo tiempo que desempeñan las funciones consulares.
Artículo 2. Categorías de los Jefes de Oficina consular honoraria.
Con arreglo al artículo 9 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares, los Jefes de Oficina consular honoraria podrán ser de dos categorías:
Cónsules generales honorarios.
Cónsules honorarios.
Artículo 3. Nombramiento.
Los jefes de la Oficina consular honoraria serán nombrados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el informe favorable de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Convenio de Viena y previa tramitación y aprobación de la propuesta a que se refiere el artículo 4° del mismo Convenio.
Artículo 4. Propuesta de nombramiento.
1. Los jefes de la Oficina consular honoraria serán nombrados a propuesta del Jefe de la misión diplomática dentro de cuya jurisdicción se encuentre la Oficina consular honoraria.
Artículo 5. Contenido de la propuesta.
1. La solicitud de nombramiento que se hará por Despacho separado de la propuesta de establecimiento de la Oficina consular honoraria y tan sólo una vez que haya sido aprobada la creación de la misma deberá contener una explicación pormenorizada de la conveniencia de que se nombre el titular propuesto y en todo caso, hará referencia detallada a la concurrencia en la persona que se propone de las condiciones requeridas por el artículo siguiente.
2. En el supuesto de que la propuesta de nombramiento se refiriese a una persona de nacionalidad extranjera, habrán de explicarse las razones de haberla preferido a otra de nacionalidad argentina.
3. La propuesta contendrá las facultades que se proponga delegar en el jefe de oficina consular honoraria-
Artículo 6. Condiciones requeridas.
1. La persona en que recaiga la propuesta habrá de ser escogida entre los residentes argentinos mayores de edad en el lugar establecido como sede de la Oficina consular honoraria, que sean localmente conocidos por su honorabilidad y prestigio. En el supuesto de tratarse de nacional extranjero, habrá de conocer el idioma español o disponer en caso necesario de personal que lo conozca.
2. No podrán ser propuestos los nacionales argentinos que no sean mayores de edad o que no hayan cumplido los deberes establecidos por la legislación vigente.
3. Sólo podrá conferirse el nombramiento cuando las informaciones practicadas pongan de manifiesto la capacidad y voluntad de la persona propuesta para desempeñar con el apropiado decoro y dignidad y con la dedicación y atención necesarias las funciones representativas o de gestión que, como delegado o en sustitución del funcionario consular de carrera, puedan serle encomendadas.
4. En caso de que la persona propuesta lo sea para Cónsul general honorario, se requerirá, además que esté en posesión de título académico universitario o equivalente o que haya prestado especiales y relevantes servicios a los intereses argentinos o que ocupe un destacado puesto en el comercio, la industria o las finanzas. No podrá ser nombrado con esta categoría ningún jefe de Oficina consular honoraria cuando el Jefe de la Oficina consular de carrera de la que dependa no sea Cónsul general.
Artículo 7. Carta patente.
1. De acuerdo en el artículo 11 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares, el Jefe de la Oficina consular honoraria será provisto de carta patente que acredite su clase y en la que se indique su nombre completo, nacionalidad y categoría, circunscripción consular y la sede de la Oficina consular de carrera.
2. La carta patente será autorizada con su firma por el Jefe la Oficina consular de carrera o en su caso, del Jefe de la Misión diplomática del que dependa el agente consular honorario. Una vez firmada el Jefe de la Oficina consular de carrera la enviará al Jefe de la Misión para su notificación o remisión al Gobierno del Estado en cuyo territorio se van a ejercer las funciones de aquélla, con el fin de obtener el exequátur previsto en el artículo 12 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares.
Artículo 8. Admisión del Jefe de la Oficina consular honoraria, y toma de posesión.
La fecha de concesión del exequátur será comunicada por el Jefe de Misión al Ministerio, así como la de toma de posesión. Esta le será dada al interesado por el Jefe de la Oficina consular de carrera correspondiente o, en su caso, por el Jefe de Misión.
Artículo 9. Atribuciones.
1. Los jefes de la Oficina consular honoraria actuarán como auxiliares o delegados del funcionario consular de carrera del que dependan con los alcances de las facultades que les fueran delegadas por el acto de su designación. Por tanto sus atribuciones estarán en cada caso, determinadas por las instrucciones que de éste reciban, teniendo en cuenta, para el mejor servicio, las circunstancias propias de cada país.
2. En el ejercicio de sus funciones estarán especialmente facultados para prestar, en conexión con la Oficina consular de carrera o, en su caso, de la Misión diplomática de la que dependa, la asistencia y protección consular debida a los nacionales argentinos dentro de los límites permitidos por el Derecho internacional.
3. En todo momento dichas facultades o atribuciones podrán ser ampliadas o reducidas de acuerdo con las necesidades del servicio, sin otras limitaciones que las establecidas por la Ley y los Tratados internacionales.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los jefes de la Oficina consular honoraria podrán legalizar firmas en los documentos públicos expedidos por las autoridades locales, así como visar certificados de origen, facilitar, mediante la entrega y remisión de los correspondientes formularios, las inscripciones en el Registro de Matrícula de Nacionales de la Oficina consular de carrera o, en su caso, de la Misión diplomática de la que dependan, tramitar las solicitudes de pasaportes y hacer entrega de los mismos, renovar certificados de nacionalidad y prestar la debida asistencia y consejo a los argentinos residentes o transeúntes.
5. No podrán actuar en calidad de funcionarios encargados del Registro Civil. Sólo podrán ejercer la fe pública los jefes de la Oficina consular honoraria con arreglo a las condiciones requeridas por la reglamentación vigente, por causa justificada y previa autorización expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
6. Necesitarán autorización expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicada por conducto y a propuesta de la Oficina consular de carrera o, en su caso, de la Misión diplomática de la que dependan, para extender pasaportes y documentos de viaje, así como para expedir visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar a territorio nacional.
Artículo 10. Comunicación con las autoridades locales y con particulares.
Los jefes de la Oficina consular honoraria podrán dirigirse en el ejercicio de sus funciones:
A las autoridades locales competentes dentro de su circunscripción consular.
A las particulares, tanto directamente como por conducto del funcionario consular de carrera de quien dependan, cuando se considere conveniente para la índole del asunto.
Artículo 11. Uso de bandera y escudo nacionales.
1. Los jefes de la Oficina consular honoraria deberán colocar en el exterior de la Oficina consular la bandera y escudo oficiales, izando obligatoriamente la primera en las fiestas nacionales argentinas, en las locales y en las demás ocasiones en que así se le indique, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.3 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares. La bandera, escudo y sellos oficiales serán propiedad del Estado. Asimismo será de propiedad estatal el archivo consular, que deberá siempre estar claramente separado de la correspondencia particular del Jefe de la Oficina consular y de la de toda persona que trabaje con él, y de los objetos, libros y documentos referentes a su profesión o a sus negocios, según dispone el artículo 61 del mencionado Convenio.
2. Los jefes de la Oficina consular honoraria no podrá usar bandera o escudo oficiales en su domicilio cuando éste no coincida con la sede de la Oficina consular honoraria.
Artículo 12. Compensaciones económicas.
1. Los jefes de la Oficina consular honoraria no tendrá derecho a reclamar, a título personal, retribución alguna por el ejercicio de sus funciones.
2. No obstante, como compensación a los gastos ordinarios de oficina o despacho, los jefes de la Oficina consular honoraria tendrán derecho a una participación en la recaudación de los derechos consulares en la forma que reglamentariamente se determine.
3. Por otra parte en casos especialmente justificados y previo informe y propuesta correspondientes el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá proceder a asignar temporalmente a los jefes de la Oficina consular honoraria un empleado o empleados consulares en calidad de personal administrativo o técnico para que le asistan en el desempeño de sus funciones.
El empleado consular dependerá a todos los efectos de la Oficina consular de carrera de cuya circunscripción dependa o, en su caso, de la Misión diplomática.
El Jefe de la Oficina consular de carrera o, en su caso, el de la Misión diplomática será el único competente para el nombramiento y cese de los empleados consulares asignados a las Oficinas consulares honorarias.
Artículo 13. Obligación de remitir una Informe anual.
1. Los jefes de la Oficina consular honoraria deberán remitir antes del 31 de enero de cada año una Informe anual al Jefe de la Oficina consular de carrera del que dependa o, en su caso, al Jefe de Misión, para su curso al Ministerio de Relaciones Exteriores.
2. La misma contendrá los datos actualizados referentes al año anterior sobre la comunidad argentina en su circunscripción consular, actividades de los Centros argentinos, labor administrativa realizada, relaciones con las autoridades locales, datos generales sobre actividades culturales y comerciales, así como cualquier observación o dato de interés sobre el ejercicio de sus funciones consulares.
Artículo 14. Deber de custodia de la correspondencia.
Las Oficinas consulares honorarias tendrán la obligación de conservar, debidamente ordenada, la correspondencia recibida o enviada en el ejercicio de sus funciones, que se considerará propiedad del Estado y no podrá ser publicada ni comunicada a terceros sin autorización.
Los libros oficiales o las publicaciones que hayan podido ser remitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores u otros Organismos competentes se considerarán asimismo de propiedad pública, adscritos a la biblioteca consular de la Oficina.
Los jefes de la Oficina consular honoraria podrán disponer de aquellas publicaciones destinadas a su distribución gratuita.
Artículo 15. Encargado interino de la Oficina consular honoraria.
1. Si los jefes de la Oficina consular honoraria no pudieran ejercer sus funciones por ausentarse durante un período determinado de su residencia oficial, lo comunicarán en la debida antelación al Jefe de la Oficina consular de carrera de la que dependa. La comunicación deberá contener una propuesta de designación de la persona que pueda sustituirle provisionalmente en calidad de encargado interino. En la propuesta se indicará la edad, profesión, nacionalidad y el mayor número posible de datos personales sobre el sustituto.
2. El Jefe de la Oficina consular de carrera podrá aceptar la propuesta del agente consular interino o proponer a su vez un sustituto que, a su juicio, constituya un candidato más idóneo.
3. La designación y cese del encargado interino de la Oficina consular honoraria será comunicada a la Secretaría de Relaciones Exteriores dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en su caso, al Jefe de Misión, y notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor, conforme al artículo 15 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares.
4. Las atribuciones del encargado interino serán las mismas que las del titular, salvo que el Jefe de la Oficina consular de carrera considere conveniente limitarlas.
5. Para la determinación de la eventual compensación económica que pudiera corresponder al encargado interino por el ejercicio de funciones consulares se estará a lo dispuesto en el artículo 12.
Artículo 16. Nombramiento de la misma persona por un tercer Estado.
Los jefes de la Oficina consular honoraria de la República Argentina, en cualquiera de sus categorías, no podrán aceptar la representación honoraria de otro país sin autorización expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores, que la otorgará o denegará atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso y que excepcionalmente pudieran justificarlo. La atención interina de una Oficina consular honoraria de tercer país podrá ser autorizada por el Jefe de Misión previo informe del Jefe de la Oficina consular de carrera correspondiente.
Artículo 17. Cese de los agentes consulares honorarios.
El cese de los jefes de la Oficina consular honoraria podrá producirse por las siguientes causas:
Por revocación del exequátur por parte del Estado donde ejerce sus funciones o por la notificación del Estado receptor de que ha dejado de considerar al agente de que se trata como miembro del personal consular
Por su propia voluntad, de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo siguiente.
Por decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, bien directamente o a propuesta del Jefe de la Oficina consular de carrera correspondiente o, en su caso, del Jefe de Misión diplomática, cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo 19.
Artículo 18. Dimisión.
1. La dimisión del jefe de la Oficina consular honoraria será presentada, en escrito motivado, al Jefe de la Oficina consular de carrera de quien dependa o, en su caso, al Jefe de Misión, con seis meses
de antelación, a menos de existir motivo grave que justifique su cese en plazo menor o de modo inmediato.
2. De la misma se dará cuenta al Ministerio de Relaciones Exteriores por conducto del Jefe de Misión del que dependa. Cuando no haya Jefe de Misión, bien por ausencia, bien por falta de relaciones diplomáticas, la comunicación se efectuará directamente por la Oficina consular de carrera correspondiente.
Artículo 19. Condiciones que permiten proponer el cese.
1. Para proponer el cese de un jefe de Oficina consular honoraria en cualquiera de sus categorías se seguirán los mismos trámites que para su nombramiento.
2. El Ministerio de Relaciones Exteriores decidirá el cese de un jefe de la Oficina consular honoraria cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
Haber sido declarado persona non grata por el Estado receptor, con arreglo al artículo 23 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares.
La ausencia prolongada por más de un año del lugar de su residencia, a menos de haber recabado y recibido autorización para ello del Jefe de la Oficina consular de carrera o, en su caso, del Jefe de la Misión diplomática, y haber provisto previamente su interinidad.
El reiterado y comprobado incumplimiento de las instrucciones recibidas para el ejercicio de sus funciones; o grave infracción de las leyes argentinas o de las del país de residencia.
Haber realizado actos contrarios a la dignidad y decoro de su cargo.
Artículo 20. Suspensión temporal del jefe de la Oficina consular honoraria en el ejercicio de sus funciones.
1. Cuando se contemple la aplicación del cese por alguna de las causas enumeradas en los apartados b), c) y d) del artículo anterior y si las circunstancias del caso lo justifican, el Jefe de la Oficina consular de carrera podrá suspender temporalmente en sus funciones a los jefes de la Oficina consular honoraria dependientes de su jurisdicción.
2. Dará cuenta seguidamente al Jefe de Misión y al Ministerio de Relaciones Exteriores de la suspensión y de los motivos para ella y propondrá las medidas definitivas que al efecto estime deban adoptarse.
Artículo 21. Terminación del ejercicio de funciones consulares por parte de los jefes de la Oficina consular honoraria.
1. Los jefes de la Oficina consular honoraria que haya cesado deberá hacer entrega al Jefe de la Oficina consular de carrera correspondiente o, en su caso, al Jefe de la Misión diplomática del archivo consular a su cargo, así como de los sellos oficiales, escudo y bandera, devolviendo asimismo la carta patente en la que se hubiere extendido su nombramiento.
2. El Jefe de la Misión diplomática comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores y notificará al Gobierno del Estado receptor la terminación del ejercicio de sus funciones por el agente consular honorario.
Cuando no haya Jefe de Misión se estará a lo dispuesto en el artículo 18.2.
Artículo 22. De forma.
Cláusulas transitorias
CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA.
Las categorías de Jefe de Oficina consular honoraria previstas en la presente Ley serán tenidas en cuenta exclusivamente para el nombramiento de las sedes vacantes que puedan producirse a partir de la entrada en vigor del mismo.

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
El Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de Abril de 1963, receptada en el país por la Ley 17.081 establece las definiciones, requisitos, funciones y obligaciones del Servicio Consular.
Desde su celebración han pasado 52 años y sin embargo, nuestro país, a pesar de ser firmante del Convenio, no ha destinado esfuerzo alguno por darle operatividad a los consulados honorarios, más allá de la Ley 23.732, que establece el régimen de autorización a los ciudadanos argentinos a aceptar y usar condecoraciones y honores otorgados por los estados con los que Argentina mantiene relaciones y sobre la base de esta última, el nombramiento aislado de cónsules honorarios de Argentina en el exterior, establecido por las Leyes 25704, 26506 y 26507.
El fundamento de esta Ley es, básicamente, retomar el impulso sobre el tema, generando un marco legal que pueda establecer un punto de partida para reforzar nuestros lazos con el mundo y, al mismo tiempo, brindar asistencia a los argentinos residentes en el extranjero.
El establecimiento de Consulados Honorarios de la República Argentina en el Exterior podría lograr los siguientes objetivos, más allá de prestar ayuda consular a los residentes argentinos en el exterior:
1- Aclarar asuntos y coyunturas que deterioran la buena imagen y prestigio de Argentina y de los argentinos en el extranjero;
2- Promover actos académicos y de intercambio cultural entre organismos de su circunscripción y la Argentina, buscando los auspiciantes locales que puedan correr con los gastos;
3- Representar a la Argentina en eventos protocolares, oficiales y de instituciones gubernamentales, o privadas, en las que es importante que el país tenga presencia.
4- Prestar asistencia y orientación a los empresarios argentinos que visiten su área o que les soliciten información.
5- Difundir información sobre la Argentina, sobre su actualidad, sus instituciones y su política exterior, entre la población, las instituciones locales y la propia comunidad argentina.
6- Mantener contacto con los estudiantes argentinos en su localidad, para conocer sus necesidades y brindar apoyo cuando se requiera.
7- Colaborar con el Consulado General y la Embajada Argentina en la coordinación de las visitas oficiales de sus titulares, o de altos funcionarios, cuando el gobierno del país solicite apoyo para tales visitantes, que se dirijan al área donde se ubique el Consulado Honorario.
8- Informar a los extranjeros sobre disposiciones argentinas que estén causando inquietud o confusión.
9- Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre la República Argentina y el Estado receptor
10- Promover las relaciones amistosas entre la República Argentina y las ciudades de destino o residencia.
11- Informar a las instituciones y ciudades de destino de las características y posibilidades que ofrece la República Argentina para la inversión y relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas.
12- Proporcionar datos a las instituciones y personas interesadas de la República Argentina de las posibilidades de promoción de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas.
En la inteligencia que esta ley dotará al País de mejores y mayores recursos para nuestra política exterior brindando simultáneamente soluciones a los nacionales que viven en el exterior es que solicitamos se apruebe el presente proyecto de Ley.

 

http://www.diputados.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=176579

Proyecto de Ley: indexación de Créditos Hipotecarios.

El Senado y Cámara de Diputados…

CREDITOS HIPOTECARIOS
Artículo 1°.- Exceptúase de lo dispuesto en los artículos 7º y 10 de la Ley Nº 23.928 y sus modificatorias, a los créditos hipotecarios para vivienda.
Artículo 2°.- De forma

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:

Desde hace más de una década que el déficit habitacional se está agravando en nuestro país. Mientras que en el Censo del año 2001 aproximadamente un millón de familias registraban problemas de vivienda precaria o hacinamiento, en el Censo del año 2010, estos guarismos se habrían duplicado. Entre los jóvenes, es acceso a la primera vivienda resulta una de las preocupaciones fundamentales.
Los intentos para resolver esta situación, desde el Estado y desde la banca pública, han resultado infructuosos o insuficientes, por lo que urge encontrar mecanismos que verdaderamente liberen la capacidad de la sociedad de responder a esta demanda.
El presente proyecto de ley busca este objetivo, habilitando una modalidad crediticia, la posibilidad de otorgamiento de créditos hipotecarios indexados para vivienda, que permitiría reducir sensiblemente las barreras de acceso a este tipo de créditos, haciendo alcanzable el sueño de la casa propia a prácticamente el conjunto de la población.
Esta medida es relevante porque un análisis del mercado financiero argentino nos ha permitido detectar que, en los últimos cinco años, los préstamos hipotecarios han venido creciendo por debajo del ritmo de expansión de los créditos en general, mostrando una marcada desaceleración principalmente respecto de los préstamos al consumo.
Como porcentaje del PBI, los créditos hipotecarios alcanzaron en 2013 el 1,7%, manteniéndose en los mismos niveles durante los últimos ocho años. En contrapartida, se observa un significativo incremento por parte de los préstamos personales y tarjetas de crédito, los cuales pasaron, entre 2005 y 2013, de 1,3% a 3,6%, y de 1,1% a 3,3% del PBI, respectivamente.
Uno de los motivos fundamentales que explica este estancamiento relativo de los créditos hipotecarios, se basa en la imposibilidad de actualizar el valor nominal del capital prestado por las entidades otorgantes en función de la variación en el nivel de precios de la economía que implica que, en préstamos de larga duración como son los hipotecarios, en las versiones a tasa fija la tasa de interés se ubique cercana a la inflación, lo que ocasiona que las cuotas iniciales a pagar por el solicitante del préstamo sean establecidas en torno a valores elevados, lo cual dificulta el acceso al crédito, y se constituye en una importante barrera, en especial, para los segmentos de la población de menores ingresos. Al mismo tiempo, los deudores, tratan de esquivar la modalidad de tasa variable, ya que asocian a la misma un riesgo futuro al que no desean exponerse.
El otorgamiento de créditos hipotecarios indexados para la vivienda permitiría superar estas barreras al acceso, debido a que abre la posibilidad para la aplicación de cuotas iniciales significativamente más reducidas, ajustadas a la evolución de los precios de una canasta de consumo, manteniendo, así, un valor real fijo a lo largo de los años, y relativamente estable la relación cuota/ingreso del prestatario. En este esquema la cuota del crédito hipotecario se asemejaría mucho más a un alquiler con un valor relativamente constante a lo largo del tiempo.
Para visualizar con mayor claridad la magnitud de los efectos prácticos de esta medida, cabe tomar en consideración un ejemplo concreto. En el caso de un crédito de $500.000 a pagar en quince años, y manteniendo una relación cuota/ingreso de 30%, el impedimento
actual a la indexación del capital prestado conduciría a la aplicación de, por lo menos, una tasa fija anual en torno al 24-25%, dando como resultado cuotas nominales fijas mensuales de un valor de aproximadamente $10.000. Por lo tanto, el ingreso mínimo que requeriría una familia para poder acceder al crédito debería encontrarse en torno a $33.300. En cambio, la posibilidad de actualizar el valor del capital otorgado a préstamo de acuerdo a la variación de los precios de una canasta de consumo, habilitaría la aplicación de, por ejemplo, una tasa fija de 5% anual, dando como resultado una cuota inicial de $4.000, lo cual baja marcadamente el ingreso mínimo necesario del hogar a $13.300, para obtenerlos mismos $500.000. De esta manera, como se puede ver, se abriría pronunciadamente el acceso a los créditos hipotecarios para la adquisición de una vivienda a un amplio segmento de la población.
Un antecedente muy elocuente de esta modalidad crediticia lo constituye la experiencia chilena. Desde 1967 se viene aplicando una unidad de cuenta indexada (denominada Unidad de Fomento), reajustable de acuerdo al índice de precios publicado por su Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para actualizar el valor de los capitales prestados por las entidades financieras. El éxito de esta medida, en lo referente al mercado hipotecario, se manifiesta en el hecho de que la cartera hipotecaria chilena representa un 17% de su PBI, mientras que en Argentina ése número alcanza la exigua cifra de 1,7%, como ya fue mencionado. No sorprende que en los últimos años, el país trasandino haya prácticamente resuelto su problema de déficit habitacional.
Asimismo, el tamaño del mercado hipotecario argentino se encuentra lejos de los niveles de otros países de la región con menores niveles de inflación, como Brasil, cuyos créditos hipotecarios representan un 4,1% de su PBI, o Perú, en donde alcanzan el 4,4%.
Estas evidencias demuestran el escaso desarrollo del mercado hipotecario nacional, y dan cuenta de la necesidad de estimular esta modalidad de financiamiento tan relevante para permitir un mayor acceso a la vivienda por parte de la población en general. La participación de los préstamos hipotecarios, respecto del total de préstamos al sector privado no financiero, ha venido declinando desde 2005, dado que para inicios de ése año representaban el 22,7% del total de los préstamos, mientras que para fines de 2013 sólo explican el 9%.
Adicionalmente, la estrechez del mercado hipotecario local se manifiesta en el crecimiento del ratio “inquilinos-propietarios” de la sociedad argentina, provocando que el porcentaje de los primeros respecto de los segundos haya crecido en todos los rangos etarios de la población desde el 2003 hasta la actualidad. Por tomar un ejemplo, a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares se desprende que el porcentaje de propietarios de su vivienda ha descendido desde niveles cercanos al 73% en 2003 hasta órdenes en torno al 69% en el presente, clara muestra del crecimiento del número relativo de inquilinos respecto de los propietarios, producto de las cada vez mayores dificultades existentes para la compra de una vivienda.
La apertura de la posibilidad de otorgar préstamos hipotecarios indexados permitiría entonces, vía una reducción notable del valor de las cuotas iniciales y de la relación cuota/ingreso desde el comienzo del crédito, aumentar considerablemente el acceso a financiamiento para la adquisición de inmuebles por parte de la población, y, lo que es más importante, lograría que segmentos poblacionales de menores ingresos puedan acceder a la compra de viviendas mediante esta modalidad crediticia.
A su vez, el crecimiento de los préstamos hipotecarios estimularía al sector inmobiliario, contribuyendo de esta manera a su reactivación, con un resultante impacto positivo también sobre el nivel de actividad general de la economía.
Conjuntamente, al expandir el mercado potencial de solicitantes de créditos hipotecarios, las entidades financieras otorgantes verían incrementada su cartera de clientes, fomentando de este modo un mayor desarrollo y crecimiento del sector financiero argentino.
Considerando que el derecho a la vivienda es uno de los derechos humanos más relevantes, el desarrollo de esta modalidad de financiamiento que mejoraría visiblemente las condiciones de acceso a los créditos hipotecarios y a la adquisición de una vivienda digna, se muestra como una medida que impactaría directa y positivamente sobre la calidad de vida y bienestar de la población.
Por otra parte debe destacarse que el mismo Poder Ejecutivo Nacional ha formulado excepciones a lo normado en los Arts. 7 y 10 de la Ley n° 23.928 en los Decretos 1096/2002, Art. 1° en relación a los valores negociables que emitan el Gobierno Nacional y el Banco Central de la República Argentina., y 1733/2004, Art. 1°, en función de los título de Deuda Pública que se emitan como consecuencia de la Operación de reestructuración de dicha deuda.
Asimismo, el Art. 52 de la Ley 26.078, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación el 22/12/2005, extiende las previsiones del artículo 1º del Decreto Nº 1733/2004, ratificado por el artículo 7º de la Ley Nº 26.017, a los títulos públicos provinciales que cuenten con la autorización prevista en el artículo 25 y al ejercicio de las facultades conferidas por el primer párrafo del artículo 26, ambos de la Ley Nº 25.917.
Ante las frecuentes variaciones de las tasas de interés y la progresiva desaparición del préstamo hipotecario es que el Estado debe hacerse cargo de su rol de generador de oportunidades para las personas que requieran un préstamo para su vivienda. Por ello y en la inteligencia de que el marco económico actual aplicable a los Créditos Hipotecarios necesita de medidas concretas para mejorar su funcionamiento es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.

 

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=171345

Proyecto de Ley: modificación a la Ley de Contrato de Trabajo para que se exhiban las cargas patronales en los recibos de sueldo.

El Senado y Cámara de Diputados…
CONTRATO DE TRABAJO, LEY 20.744. INCORPORACION DEL ARTICULO 140 BIS. INFORMACIÓN SOBRE CONTRIBUCIONES PATRONALES
ARTÍCULO 1º- Incorpórese el artículo 140 Bis de la ley 20.744 de Contrato de Trabajo el que quedará redactado de la siguiente forma:
Art. 140 Bis. – Anexo al Recibo de Sueldo. El empleador deberá entregar al trabajador una constancia escrita con la descripción de las contribuciones patronales efectuadas.
ARTÍCULO 2 º. De forma

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
La presente modificación de la Ley de Contrato de Trabajo tiene como objetivo, generar mayor información para los empleados formales respecto de su situación de empleo.
El costo total del empleo representa un tema que debe ser tratado en profundidad. Del mismo modo que la visualización de las deducciones por el impuesto a las ganancias ha provocado el debate sobre su conveniencia y oportunidad, creemos que la incorporación de este anexo, con la información de las contribuciones patronales, también propiciará la discusión y toma de conciencia del verdadero costo que cada empleador y, en definitiva, el sistema, debe asumir por cada uno de los trabajadores.
El sistema político unánimemente se expresa a favor de promover el empleo formal, pero hay poca conciencia social de la muy significativa carga tributaria que recae en esa relación laboral formal.
Esta contradicción se visualiza al comparar la relevancia económica y política de ambos institutos. Por el impuesto a las Ganancias para Personas Físicas se han recaudado en el año 2013 la suma de $ (millones) 79.224, suma que representa un 2.4 del PBI. El monto comprendido en este impuesto se ha tornado visible para un universo amplio de trabajadores y, ha sido fuertemente cuestionado. Por otro lado, las Contribuciones Patronales representaron un 4% del PBI con un valor de $ (millones) 133.550. Siendo un monto sustancialmente mayor que el primero, consideramos que es esencial su transparencia ya que estas cargas también redundan en una baja del salario que puede recibir el trabajador formal, además afectando integralmente todo el espectro de ingresos y no sólo el segmento de mayores ingresos como ocurre con el impuesto a las ganancias.
Esta dicotomía obedece, a que muchos empleados desconocen el valor real de lo que implica cada puesto de trabajo desde la óptica del empleador, es decir, en términos coloquiales, cuánto le cuesta económicamente a un empleador cada uno de sus trabajadores.
Actualmente, del salario bruto individual, un 17 % se destina al aporte personal englobado en los conceptos de seguridad social y obra social. Sobre dicha remuneración bruta, el empleador tributa un 23% adicional en concepto de contribución patronal, suma que permanece oculta para el trabajador.
De esta manera, con la adición propuesta en el Artículo 140 Bis del presente proyecto, el empleado formal podrá contar con una información mayor a la hora de evaluar su puesto laboral y los costos del mismo, ya no sólo desde el punto de vista personal sino con una visión más integradora y transparente. Consideramos será el primer paso en una toma de conciencia que apunte a reducir el costo laboral formal propiciando así una verdadera expansión del empleo formal y con éste de la inclusión.
Por todo lo expuesto, pedimos se sancione este proyecto de ley.

 

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=171257

Proyecto de Ley: modificación de la Ley de Depósitos Judiciales.

El Senado y Cámara de Diputados…
LEY DE DEPOSITOS JUDICIALES DE LOS TRIBUNALES NACIONALES Y FEDERALES
ARTICULO 1° – Modifíquese el Artículo 1° de la ley 26.764 que quedará redactado de la siguiente forma:
Art. 1° – Los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de todo el país se efectuarán en cualquier banco del país a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales permanecerán depositados en la institución bancaria en los que se encontraran a esa fecha y continuarán en dicha entidad hasta la extinción de las causas que le dieron origen y como pertenecientes a ellas.
En las causas en trámite ante los tribunales nacionales y federales que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley tengan cuentas abiertas en algún banco, los depósitos judiciales continuarán realizándose en dicha entidad y se mantendrán unificados hasta la extinción de las causas que le dieron origen.
ARTICULO 2° – Modifíquese el artículo 2° de la ley 21.799 que quedará redactado de la siguiente forma:
Art. 2°: Deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional, así como de las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las casas del banco ya instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar el respectivo servicio.
ARTICULO 3° – La reglamentación establecerá el procedimiento para calificar como Banco apto para ser destinatario de los depósitos referidos en el primer párrafo de la presente ley como así también los procesos necesarios para su implementación.
ARTICULO 4° – La presente ley entrará en vigencia a los treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
La Ley 26.764, independientemente que generó la oposición de los representantes del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de destacados juristas, representó, en la práctica, una suerte de obstáculo para el ejercicio profesional e impuso importantes molestias a los beneficiarios de los depósitos judiciales, toda vez que incrementó sustancialmente la saturación del servicio prestado por el Banco Nación, debido a que esta entidad, que prestaba un deficiente manejo de los depósitos civiles, tuvo que asumir los correspondientes a los fueros comercial y laboral.
Pero más allá del paso atrás en calidad de servicio, la concentración de la actividad en el Banco Nación durante el primer año de vigencia de la Ley produjo también una inusual disociación entre las tasas que recibieron los litigantes por sus depósitos y las tasas de mercado, con el evidente perjuicio en el valor patrimonial para dichos depositantes.
El supuesto “reordenamiento” de los depósitos judiciales fundado en una federalización de los mismos, tuvo como finalidad la búsqueda de fondos líquidos para el gobierno Nacional y el consecuente daño al sistema eficiente que hasta entonces ofrecía el Banco Ciudad.
Como argumento, se sostuvo desde el Gobierno Nacional que desde el Banco Nación se promovería el financiamiento de proyectos sociales que involucraran a todo el país y se alegó que este alcance federal establecido por la nueva norma sería el disparador para lograr ese objetivo.
Pero dicho proyecto iba en contra de lo mandado por la Constitución, ya que lejos de cumplir con lo prescripto por el Art. 129 de la Constitución Nacional, en tanto deben ser trasferidos los tribunales nacionales con competencia ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, se avanzó en sentido contrario, restándole autonomía jurisdiccional privando a su Banco de los fondos depositados en las causas que tramitan en dicho fuero, proceso que deberá ser revertido una vez cumplido el mandato Constitucional.
El escenario descripto finalmente redundó en un proceso discriminatorio contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente al resto de las jurisdicciones provinciales en tanto ellas sí logran retener en bancos locales estos depósitos, derecho del que se priva a la Ciudad Autónoma, al menos en lo que hace al funcionamiento de su justicia ordinaria.
Esto es particularmente relevante, siendo que los depósitos judiciales representan un recurso económico y social importante, por su dimensión cuantitativa y por las características de estabilidad que representan. En el caso de la Ciudad Autónoma, estos recursos permitían, a través del Banco Ciudad, el desarrollo de una agresiva política de crédito hipotecario.
Sin embargo, es necesario tener presente que estos recursos, que permanecen por largo tiempo depositados en la entidad financiera, no son de propiedad ni de los juzgados ni de los bancos, sino de los litigantes.
El sistema creado por la Ley 26.764, genera un poder judicial cautivo de un solo banco prestador de un servicio que, a falta de competencia, no tiene ningún incentivo por mejorar su servicio, la tasa de beneficio, atención, plazos, etc.
Este poder monopólico, agravado por la Ley 26.764, explica que las tasas de interés que reciben los litigantes se hayan alejado durante el último año, como nunca antes, de las condiciones de mercado, lo cual, o genera una pérdida patrimonial considerable para quienes litigan, o incentiva una inmediata dolarización de dichos depósitos a fin de resguardar su poder adquisitivo.
A título de ejemplo durante estos primeros meses de 2014 la tasa en pesos pagada por un depósito judicial promediaba el 10%, contra una tasa de mercado más cercana al 30% y una inflación cercana al 40%.
La única manera de remediar esta exacción que se hace del litigante a favor del Estado Nacional (un impuesto encubierto adicional), es permitiendo una libre competencia por parte de las entidades financieras para atraer estos depósitos. La libre competencia entre entidades, rápidamente llevaría la tasa ofertada por un depósito judicial a los niveles de mercado. Aún más, la inusual estabilidad de dichos fondos, dentro de lo que es normal en el sistema financiero argentino, redundaría en tasas que equipararían o incluso superarían las de mercado, permitiendo así, cuanto menos la preservación, sino la adición de fondos al proceso judicial, lo cual no solo protegería los activos de los litigantes sino que permitiría mayores márgenes para la resolución de controversias. Márgenes que hoy son reducidos por la acción predatoria que sobre estos recursos genera su inmovilización a tasas muy por debajo de las de mercado.
En otras palabras, la manera natural de salir de este esquema es liberando al Poder Judicial a determinar la entidad en la que puedan depositarse esos fondos libremente, con lo cual operaría la competencia que siempre redunda en un mejor y más ágil servicio prestado, así como en una mayor retribución por dichos fondos.
Por todo lo expuesto, pedimos se sancione este proyecto de ley.

 

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=171256

Proyecto de Ley: modificaciones al Transporte Aerocomercial.

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1°.- Sustitúyese el Artículo 42º de la Ley Nº 19.030, por el que a continuación se indica:
“Artículo 42°.- Las tarifas se establecerán consultando los intereses de la Nación, de los usuarios y de los explotadores, con el concepto de tarifa económica retributiva correspondiente a cada ruta y tramo de ruta, no pudiendo, en ningún caso, fijarse tarifas mínimas para las rutas aéreas internas y regulares. Quedan sin efecto, por tanto, todas aquellas que se encontraren vigentes al momento de la sanción de la presente ley.”
Art. 2°.- De forma.

FUNDAMENTOS:

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo volver más accesible el transporte aeronáutico doméstico, generando una mayor interconexión e integración entre las diferentes regiones del país, lo cual, a su vez, traería aparejado un estímulo para el desarrollo de las economías regionales y la industria a nivel provincial y nacional. El federalismo es un objetivo esencial para la construcción de un país verdaderamente integrado y homogéneo, y el desarrollo de mecanismos de comunicación entre las ciudades del país es un vehículo fundamental para dicho proceso. Dadas las características de distancia y de densidad poblacional la apuesta más inteligente a la integración debe darse con el desarrollo del mercado aerocomercial. Sólo con un mercado aerocomercial pujante y con muchas frecuencias, serán competitivas nuestras industrias regionales, se llenarán los hoteles turísticos del interior, y tendrán mejor calidad de vida todos los habitantes del país.
Aun compartidos estos objetivos por todo el espectro político, algo debemos estar haciendo mal. Entre los años 2000 y 2013 la cantidad de pasajeros domésticos cada 100 habitantes en Argentina pasó de 18,7 a 20,4, es decir, aumentó tan sólo un 9%. Distinto es el caso de Chile, que con un mercado relativamente similar al de la Argentina, en el año 2000 transportaba 20,2 pasajeros cada 100 habitantes, pero que para el año 2013 pasó a transportar 54,0, observando, así, un crecimiento del 167% en ese período. Como se puede observar en los gráficos “Mercado Doméstico – Pasajeros cada 100 Habitantes” y “Mercado Doméstico – Evolución de los Pasajeros cada 100 Habitantes (%)”, Chile no fue la excepción a la regla, la cantidad de pasajeros transportados cada 100 habitantes para Brasil, Colombia, y Perú durante esos años aumentó un 170%, 117%, y 182% respectivamente. Este último caso es sorprendente. En el año 2000 los peruanos volaban la mitad que lo hacían los argentinos, hoy vuelan casi un 50% más.

Gráfico 1: Mercado Doméstico – Pasajeros cada 100 Habitantes (1)
cuadro 1 transp aereo
El gráfico 2 muestra los mismos números pero enfatizando el crecimiento porcentual desde el año 2000. Se ve inmediatamente el rezago relativo de nuestro país, al menos desde esa fecha.

Gráfico 2: Mercado Doméstico – Evolución de los Pasajeros cada 100 Habitantes (%) (2)
cuadro 2 transp aereo

Asimismo, si se presta atención a las frecuencias de vuelo de ciudades de similar tamaño, se puede ver desde otra óptica que los países del resto de la región cuentan con mayor interconexión en todos los segmentos poblacionales. En los cuadros “Frecuencias Semanales por Destino en Ciudades entre 200.000 y 300.000 Habitantes” y “Frecuencias Semanales por Destino en Ciudades entre 100.000 y 200.000 Habitantes” se puede observar que las ciudades Argentinas con esos rangos poblacionales cuentan con considerablemente menos frecuencias con respecto a otras de la región del mismo tamaño. Por ejemplo, la ciudad de Antofagasta (Chile), cuenta con 37,6 veces más frecuencias semanales que la equiparable Santiago del Estero (Argentina). Al tener la posibilidad de bajar los precios a niveles competitivos, se puede generar una mayor demanda volviendo viables nuevos destinos y nuevas frecuencias a horarios, días, y meses de poca actividad, fomentando aún más la interconexión entre las distintas regiones.

Cuadro 1: Frecuencias Semanales por Destino en Ciudades entre 200.000 y 300.000 Habitantes
cuadro 3 transp aereo

Cuadro 2: Frecuencias Semanales por Destino en Ciudades entre 100.000 y 200.000 Habitantes
cuadro 4 transp aereo

¿Qué es lo que puede estar pasando? Resulta que el sistema tarifario actual impide la venta de pasajes a precios menores a la tarifa mínima establecida, volviendo económicamente más inaccesible el transporte aéreo. Una tarifa mínima es equivalente a la imposición de un precio mínimo que, para que tenga efecto, suele estar por encima del precio de mercado. Lo que habitualmente sucede en estos casos es que, a un precio más alto se reduce el número de demandantes (al ser económicamente más inaccesible), dinámica que deriva en la materialización de un menor bienestar para los actuales y los potenciales usuarios del transporte aerocomercial.
La estipulación de tarifas mínimas elevadas permite que operen oferentes más ineficientes, que brindan un peor servicio, a costa de restringir el ingreso al mercado de otros que pudieran ofrecer uno mejor a un menor costo. Esto sucedía en Brasil, dónde las tarifas mínimas permitían que sean rentables negocios con altas e innecesarias estructuras de costos, protegidos por la imposición de precios de venta por arriba de los de mercado. Ese sistema acaparaba la poca demanda existente y limitaba su verdadero potencial anulando la competencia.
Con la eliminación de las bandas tarifarias, por el entonces presidente Lula da Silva, se le permitió la entrada a las operadoras de bajo costo. Una de las que ingresó en el mercado fue la aerolínea GOL en el año 2001, que hoy en día logró captar un 36,29% (3) del mercado doméstico (calculado en términos de pasajeros volados por kilómetro). Entre los años 2001 y 2003 el mercado doméstico brasilero se mantuvo estable, pero luego de este período de adaptación la industria se comenzó a desarrollar y para el 2013 había crecido un 239% (4) . Este incremento se debe, en gran parte, a que la eliminación de las bandas tarifarias permitió que los precios de los pasajes cayeran en promedio un 48% en términos reales entre los años 2006 y 2013.
Por otro parte, la flexibilidad tarifaria es una característica esencial y necesaria para el desarrollo de la industria principalmente por dos razones. Por un lado la demanda de pasajes varía enormemente entre los distintos meses del año, días de la semana, e incluso horarios del día. Por el otro lado, debido al alto costo que implica cada avión, resulta imprescindible que obtengan las máximas horas de vuelo posible por día. Al no poder ajustar la oferta, al estar obligados a tener operativos en todo momento los aviones, cuando hay una caída en la demanda, como es habitual en la industria, la respuesta suele ser bajar los precios para atraer más pasajeros. El piso de la banda tarifaria inhabilitaría esta opción, manteniendo baja la ocupación de los aviones en estos casos, y, por lo tanto, desincentivando la expansión de la oferta.
El estudio “Transporte Aéreo Argentino: La Regulación Económica y las Condiciones para la Competencia en el Sector” de CEPAL (2011) toma como casos de comparación a Argentina, Perú, y Chile, que poseen economías similares y se encuentran en la misma región, con la diferencia de que el primero implementa una banda tarifaria mientras que los otros dos no. Según el análisis que llevan a cabo, la diferencia entre las tarifas máximas y mínimas en un contexto de desregulación son considerablemente más pronunciadas. Sólo por tomar algunos ejemplos concretos, en el caso de la ruta Lima-Cusco en Perú la tarifa máxima puede llegar a ser 7,1 veces superior a la tarifa mínima, mientras que en el caso de la ruta Buenos Aires-Salta en Argentina, la diferencia es de tan sólo 1,9.
Dicho estudio muestra que, en comparación con Perú y Chile, Argentina tiene las tarifas por kilómetro mínimas más elevadas. En nuestro país, la misma es de US$ 0,14 por kilómetro, mientras que en Chile es de US$ 0,09 por kilómetro, y en Perú, US$ 0,07. Quitando las tarifas mínimas de las bandas tarifarias, se esperaría una reducción de los precios en las rutas domésticas, volviendo los valores más competitivos. En otras palabras la flexibilidad tarifaria a la baja le brinda a los oferentes la posibilidad de cobrar precios menores para fortalecer la demanda en los momentos en que esta decaiga, generando seguridad y las condiciones necesarias para poder invertir y expandir la industria.
En conclusión, la eliminación de las tarifas mínimas para el transporte aerocomercial abriría el camino a una posible reducción en el precio efectivo de los pasajes aéreos, tornándolos accesibles a un mayor segmento de la población argentina. Esta medida tendría como efecto subyacente el incremento de la conectividad entre las diferentes regiones del país, vinculando con mayor eficiencia distintas provincias, reduciendo los costos de transporte, y fomentando por ende el desarrollo industrial de las economías regionales. Simultáneamente, colaboraría en la transformación del sector aerocomercial, conduciéndolo hacia una situación de mayor dinamismo, eficiencia, y competitividad.
Por todo lo expuesto, solicitamos que se apruebe el presente proyecto de Ley.

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=169912