“Sería casi absurdo que Vanoli siga en un gobierno de Macri”

– ¿Qué diagnóstico hace sobre la marcha del dólar de aquí a diciembre? ¿En caso de ganar, qué tipo de cambio recibirían?

El Gobierno mantendrá la evolución del dólar oficial como hasta ahora, devaluando un poquito todos los días, aunque menos que la tasa de inflación. Creemos que la brecha estará controlada en los valores actuales.

– ¿Cómo piensa impactará el proceso electoral sobre el dólar?

Dependerá del escenario que se vaya planteando. Macri ayudará a la estabilidad del dólar. Scioli ayudará a la inestabilidad.

– Cristina dijo que el fallo Griesa costaría al país US$ 22.000 millones, ¿es así?

Ni por asomo. Hay litigantes en muchas situaciones y no todos los casos deben ser resueltos de igual manera. Por ejemplo, hay 3.000 millones de dólares de deuda en default cuyos tenedores nunca aparecieron.

– ¿A cuánto aumentaría la deuda si Macri negocia un acuerdo con los buitres y reconoce sus reclamos?

Depende de lo que se negocie. Pero cualquier cosa que se haga lo tiene que aprobar el Congreso y ello es bueno porque las políticas deben ser consensuadas.

– ¿Van a negociar con los buitres?

Macri dijo que resolverá este tema. Se habla poco de los costos de mantener la situación actual: por ejemplo, ¿nadie se pregunta por qué YPF debe financiarse al 9% cuando Petrobras se financia al 4,5%?

– El país no crece hace un lustro, ¿por qué lo haría a partir del 10 de diciembre si gana Macri?

Porque creo que para retorne el crecimiento en este país es relevante que haya una justicia independiente, que haya un Congreso que no permita que el Ejecutivo cambie todas la reglas de juego de un día para otro y que deje de mentir como primer paso para recuperar la confianza perdida. Todo esto es más importante que la deuda y Mauricio rápidamente lo corregirá. También trabajar sobre la logística o disminuir el costo fiscal, para mejorar la competitividad del país, es más importante que la deuda. A veces se dice que hay sectores poco competitivos, pero eso es porque el Estado no genera las condiciones para que lo sean.

– ¿A qué tasa de inflación aspiran el PRO a llegar dentro de 4 años?

Nos proponemos que sea entre 0 y 4% en diciembre de 2019. Desinflar la economía luego de tantos años de inflación, y hacerlo preservando el crecimiento económico, será un desafío. Pero se puede hacer y llegar con una economía creciendo por arriba de 5%.

– ¿Alejandro Vanoli debe completar su mandato o Mauricio Macri, si gana las elecciones, debería tener la autonomía para designar alguien de su confianza?

La idea de un banco central independiente es para evitar que el Poder Ejecutivo obligue al titular de la autoridad monetaria a financiar el déficit fiscal con inflación. Pero tener un presidente del Banco Central que quiere emitir y un Poder Ejecutivo que considera que hay que erradicar la tasa de inflación, seria un caso único en el mundo.

– ¿Pero Vanoli quedaría en un eventual gobierno de Mauricio Macri?

Digo que seria casi absurdo que Vanoli siga en un gobierno de Macri. Por un lado, un Presidente que no quiere una tasa de inflación como la actual y, por el otro, un titular del Banco Central que sí la quiere. Además, Macri piensa que el cepo es malo y el actual presidente del Banco Central que quiere mantener el cepo. Sería raro.

Gradualismo económico con shock institucional

Si hay shock va a ser institucional. El nuevo gobierno tiene que demostrar rápido que la justicia será independiente, que se desarmará el aparato “oficialista” en la prensa, que el Congreso operará como un verdadero ámbito de discusión y que el Indec volverá a la verdad. Todo eso tiene que ser inmediato. La economía no pide ni necesita un shock. Argentina no viene acumulando déficits externos que deban corregirse con una baja del gasto. Si algo sucederá es lo contrario, de la mano de entradas de capitales, el gasto agregado de la economía se expandirá. El hecho que la cuenta corriente no necesita una corrección también permite avizorar una salida del cepo relativamente tranquila. Ni siquiera en lo fiscal se necesita un shock. La economía tiene niveles de deuda muy bajos que no exigen un reacomodamiento fiscal para contener su crecimiento. Pero esto no quiere decir que no queden desafíos, hay que reemplazar el impuesto inflacionario por otras fuentes de financiamiento y gestionar mucho mejor, el gasto público para que rápidamente pueda el Gobierno dar mejores servicios y prestaciones con una menor carga impositiva. Los desafíos son institucionales y de gestión, pero no de la macro que no requiere cambios abruptos.

Buscan despejar dudas en EE.UU.

NUEVA YORK.- Federico Sturzenegger, diputado nacional y referente económico de Pro, se topó en más de una ocasión con la misma inquietud durante su visita de casi una semana a Nueva York: cómo se garantizará la gobernabilidad en una eventual presidencial de Mauricio Macri.

“Nuestra experiencia en la ciudad, gobernando sin mayoría en la Legislatura, es enriquecedora, sana e importante. Uno gobierna consensuando y ese ejercicio que hemos tenido es único y nos ha dado mucha madurez”, comentó a LA NACION Sturzenegger, antes de regresar a Buenos Aires. “Gobernamos no sólo con el justicialismo, sino con el gobierno nacional en contra”, sintetizó.

En Nueva York, Sturzenegger estuvo en un seminario privado organizado por el BBVA sobre América latina, en el que compartió un panel con Mario Blejer y Marco Lavagna. Además, se reunió con empresarios, analistas e inversores en un desayuno organizado por el Consejo de las Américas, y mantuvo un encuentro con miembros de la comunidad argentina.

Sturzenegger buscó marcar diferencias entre Macri y el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, a quien muchos aquí ya ven como favorito para suceder a Cristina Kirchner. Para hacerlo, insistió en que Macri está mejor preparado que Scioli para conducir al país a una “reconstrucción democrática”.

La pequeña gira de Sturzenegger por Nueva York llega en momentos en los que comenzó a cimentarse aquí la noción de que las elecciones nacionales se definirán entre Macri y Scioli en una segunda vuelta electoral. Cualquiera de los dos, creen aquí, imprimirá una política económica más cercana a las expectativas de los mercados, aunque, en ese terreno, Scioli aún crea dudas.

Sturzenegger dejó definiciones económicas. Dijo que la Argentina no necesita un ajuste, y que Macri va a liberar las restricciones macroeconómicas, va a bajar la inflación a menos del 4 por ciento en tres años, y va a corregir el déficit fiscal y a bajar impuestos.

Además, desechó cualquier urgencia por acordar con los holdouts. “El mercado va sintetizando que no sea tan inmediato un acuerdo. En un momento, hubo una sensación de que se iba a acordar de un día para el otro, y ahora la gente va tomando más consciencia de las complejidades y de que para resolver el problema tenemos que ir al Congreso y la propuesta tiene que ser lógica y el problema puede no resolverse inmediatamente”, dijo.

¿Un billete de 500 pesos? No, todo lo contrario: suprimamos el de 100.

Durante los últimos años ha sido una industria. Todo diputado o senador opositor que se precie de serlo debía presentar su proyecto de emisión de un billete de mayor denominación al de 100 pesos. El argumento se ve, en principio, irrefutable: hoy el billete vale una mínima fracción de lo que valía 10 o 15 años atrás, y el Gobierno seguramente no quiere emitir mayores denominaciones porque sería equivalente a admitir el aumento de precios que el Indec vanamente quiere ocultar. Así, el objetivo del proyecto, en realidad, es el de desenmascarar la mentira del Indec.

A este coro se sumaron recientemente las cámaras de banqueros. También ellos sufren la baja denominación: las colas en sucursales se hacen interminables, los cajeros se vacían rápidamente, dejando altos costos de su reposición, que son embolsados por las empresas que son contratadas para recargarlos. ¿Cuál es el sentido de sostener todos estos costos adicionales?

Honestamente, no conozco los motivos por los cuales el Gobierno decide no emitir un billete de mayor denominación, pero tengo el mío propio por el cual considero que no debería hacerlo. Es más, yo sería más revolucionario aun: eliminaría el billete de $ 100 sin reemplazarlo por ninguno de mayor denominación. Idealmente, me gustaría que sólo quedaran las monedas.

Cuando cuento esto, la gente se ríe con ganas. Claro, piensan que estoy bromeando. Mis ex colegas banqueros, que recuerdan mi paso por el Banco Ciudad, se sonríen y pasan a otra cosa, entendiendo que fue un sarcasmo, una reducción al absurdo, uno de los tantos que uno usa para comentar las locuras de este gobierno. Y la verdad es que en política monetaria han hecho todo mal (si no, no estaríamos en el podio de la inflación mundial), excepto, y lo digo en serio, esto: el no emitir billetes mayores a $ 100.

Si a esta altura todavía no lo he perdido como lector, es porque querrá saber por qué digo que digo esto en serio. Vamos entonces al meollo del asunto: el efectivo facilita enormemente las transacciones de la economía informal. Obviamente, muchas operaciones formales se hacen con efectivo, pero las informales sólo pueden hacerse con efectivo. Entonces, ¿cual sería el motivo por el cual querríamos mejorarle la eficiencia a la informalidad? Es claro que los billetes de mayor denominación harían justamente eso.

A mi entender, el camino que debemos recorrer es el inverso. En vez de facilitar las transacciones de la informalidad debemos fomentar los mecanismos de pago formales. Por lo pronto, obligar a que todos los individuos tengan una cuenta bancaria gratuita (fui presidente de un banco y sé que se puede hacer), obligar a su uso, haciendo que ciertos pagos deban hacerse por este mecanismo (por ejemplo, pagar el celular). Al mismo tiempo, habilitar y estimular todos los mecanismos posibles de pagos electrónicos y por celulares. Permitir que los smartphones operen como posnet (la tecnología está), evitando la excusa de que “no puedo poner el posnet en mi negocio porque es caro”. Si en Kenya M-pesa ha logrado que gran parte de las transacciones de pago se hagan por celular, ¿por qué no podría hacerse en la Argentina? Un país que mira hacia adelante llamaría a Apple para desarrollar sus versiones de dinero electrónico en nuestro territorio, y expandiría el uso de la SUBE como medio de pago generalizado.

Facilitar el uso de medios electrónicos y dificultar al máximo el uso del efectivo no hará desaparecer la informalidad, pero la acotará, le hará su trabajo más laborioso, y así, de a poquito, nos permitirá ir debilitando al enemigo. Al incorporar más economía a la formalidad podremos bajar los impuestos que hoy pagan los que ya están en el sistema. Reducir las denominaciones, en realidad, nos ayuda a acercarnos a un sistema más justo.

Hace unos años protagonicé en el Banco Ciudad una cruzada menor, pero que en esencia era la misma: el pago electrónico de las libranzas judiciales. Con ayuda del Banco Central, hicimos una conversión forzosa a medios electrónicos, transparentando los honorarios que los abogados cobraban de sus clientes y que en efectivo muchas veces superaban los límites establecidos por ley. La propuesta recibió impugnaciones judiciales, juicios, jueces enojados, hasta que la Corte Suprema avaló el método y concluyó los reclamos y, con ello, los abusos.

Entiendo la chicana política y las razones económicas que se esgrimen para justificar un billete de mayor denominación, pero en realidad son proyectos que nos harían avanzar en la dirección incorrecta.

Si no levantamos la vista, el billete de mayor denominación pareciera llevarnos a una parte más verde del valle. Pero para ir a otro valle, uno fructífero de verdad, hay que avanzar en la dirección opuesta.

Es sólo cuestión de levantar la mirada y ver un poco más allá.

Porque, junto a Guillo Dietrich, apoyamos el proyecto de ferrocarriles.

En las últimas semanas nos preguntaron insistentemente sobre que posición tomaría el PRO ante la ley de estatización de ferrocarriles. Incluso la Presidenta interpeló en la sesión de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo al presidente de nuestro bloque, Federico Pinedo, quien, rápido de reflejos, respondió con una sonrisa y haciendo la V del peronismo. Es que lo que Pinedo quiso decir es que mal podíamos opinar sobre un proyecto que no habíamos visto. Pedirnos una definición era pedirnos una posición en el plano de la ideología: estatización sí o no. No importaba el proyecto, importaba el relato.
Pero como nuestro espíritu no es apostar a un relato, sino a soluciones verdaderas, resistimos la tentación de expedirnos hasta que pudiéramos ver el proyecto. Hoy celebramos no haber tomado partido: la propuesta es interesante, incluso merece ser apoyado.
La historia es conocida. En 1950, poco después que un gobierno justicialista decidiera la nacionalización de los trenes, se había llegado a un transporte máximo de carga de 17.309 millones toneladas-km. Pero la administración estatal no logró sostener este resultado y la carga transportada fue declinando año tras año, independientemente del signo ideológico de los gobiernos que se sucedían en el poder. Con (otros) justicialistas, militares, desarrollistas o radicales la cosa fue de mal en peor. El resultado es que para 1992 se alcanzó un mínimo de 3.729 toneladas-km transportadas. Fue como consecuencia de ese fracaso que a principios de los años 90 otro gobierno justicialista decidió que había que tirar a la basura lo que ese mismo partido había decidido 40 años antes, y hacer algo con el transporte de cargas en Argentina
Declarado fracasado el experimento de nacionalización se traspasó la actividad al sector privado. El resultado fue que en los 20 años siguientes el sector creció casi sin pausa (la crisis del 2001 casi no se nota en la evolución del tráfico) llegando a 12.198 millones toneladas-km transportadas en 2011, momento desde el cual el cepo cambiario volvió a reducir el trafico de cargas (un 20%) hasta la actualidad.
Quizás esta descripción leída ligeramente no sugiera la necesidad de realizar un cambio en el sistema. Pero esa lectura sería incorrecta. En estos 20 años el transporte por ferrocarril siguió perdiendo terreno respecto al transporte en camión, a pesar que los costos privados y sociales de este tipo de transporte subieron fuertemente. Con ello no logró aportar a una baja del costo de transporte interno. Así los costos de logística se convirtieron en el escollo más grande a la competitividad de nuestro país. ¿Qué fue lo que falló?

La privatización implementada por el gobierno justicialista de los años 90 logró adjudicar los ramales de carga a empresas que tenían un interés económico especifico en algunas áreas geográficas. Así, por ejemplo, AGD (Aceitera General Deheza) tomó el control del Nuevo Central Argentino y la empresa Loma Negra el de Ferrosur Roca.

Estas empresas enfrentaron dos alternativas: mantener los ramales como parte subsidiaria de su producción o crecer la infraestructura apuntando al desarrollo general del transporte de cargas. No había impedimento alguno para que persiguieran esta segunda estrategia, pero decidieron no hacerlo. No eran empresas ferroviarias (eran cementeras o productores agrícolas), los costos de capital eran demasiado grandes y la inseguridad jurídica del país hacían a la inversión demasiado riesgosa. Entonces decidieron replegar la actividad a la mínima que les diera una rentabilidad en su negocio.
Creemos que el proyecto presentado parte de esta realidad para generar la posibilidad de una mejora para todos los actores. El concepto clave es ‘open access‘: la idea que cualquier operador, público o privado, puede usar las vías. En este esquema el Estado pone a disposición la infraestructura ferroviaria, la que puede ser usada por cualquier empresa creada para operar carga por ferrocarril, o por empresas individuales que elijan hacer lo que hoy hacen las adjudicatarias, mantener una operación pequeña y propia para sus necesidades de transporte. En la versión inicial del proyecto el ‘open access‘ se restringía al transporte de carga, pero a nuestra sugerencia, y en un giro novedoso para el oficialismo, éste aceptó modificar el proyecto para que el ‘open access‘ también rija para el transporte de pasajeros. Así, el proyecto pone al Estado donde tiene que estar, y lo obliga a competir de igual a igual con los privados donde no es esencial.

Si el modelo es exitoso, el uso de las vías se intensificará significativamente. Cada operador o empresa pagará al Estado para el uso de las vías. Los operadores actuales probablemente reciban con agrado el cambio que los libere del peso del mantenimiento de las vías y les permita concentrarse en su negocio compartiendo el costo de la infraestructura con otros jugadores. En una situación donde todos ganan, los actuales concesionarios no tienen porque salir perdiendo.

No es claro que la operatoria vaya a ser rentable para este operador Estatal, pero la carga por tren reporta importantes externalidades. Reduce el costo de mantenimiento de la infraestructura vial, permitirá mejorar la competitividad, y permitirá salvar muchas vidas en nuestra rutas. Solo el Estado puede internalizar estos beneficios.

Si esta empresa se gestiona con verdaderos criterios de optimización social, cobrará por el uso de cada operador un cargo fijo, maximizando el uso de las vías. La disponibilidad de esos contratos permitiría ir orientando hacia donde desarrollar la red. Las provincias podrán ser actoras del proceso. Y si la contabilidad de la empresa es transparente (debería ser obligada a presentar balances usando los criterios contables de cualquier sociedad comercial), la sociedad sabrá cuanto le sale la operatoria y el Congreso podrá evaluar si sus inversiones justifican las externalidades positivas del transporte de carga.
El gobierno llama al proyecto ‘de Creación de Ferrocarriles del Estado’, pero bien podría llamarse ‘para Incrementar la Participación Privada en el Transporte Ferroviario‘ o ‘para Incrementar la Competencia en el Transporte Ferroviario Argentino’. No importa el título, lo relevante es el contenido.

Durante años el relato ha sido la excusa para justificar políticas erradas, hoy el relato, se usa para justificar algo razonable. Quizás en el futuro podamos obviar la épica y elegir y discutir nuestras políticas sencillamente por si son buenas o no.

¿Es factible un nuevo contrato fiscal: mas Estado, pero con menos impuestos?

La Argentina necesita más Estado y menos impuestos. Parece una contradicción, pero sintetiza gran parte de la agenda del país para la próxima década. Hoy, tenemos una bajísima eficiencia en nuestro gasto público pero impuestos de país nórdico. Un objetivo, entonces, deberá ser alinear beneficios con costos, ya sea elevando la calidad del gasto, o bajando los impuestos hasta hacerlos más lógicos en función de la calidad ofertada.
No es ciencia ficción, el país necesita reducir la carga impositiva que el kirchnerismo llevó a niveles récord. Hay dos dimensiones básicas a considerar: las ineficiencias de cada impuesto y su impacto distributivo. Si de ineficiencia hablamos, un caso obvio son las retenciones. En algunos casos, como el del trigo, su impacto en la producción fue tan letal, que la recaudación es nula. Sorprendentemente, el costo fiscal de eliminarlas es relativamente bajo: si se sacan todas las retenciones, excepto las de la cosecha gruesa (maíz, soja y girasol) que bajarían 5 puntos porcentuales, se afrontaría un costo fiscal en 2016 de 0,46% del PBI. Pero gran parte de ello se compensa, porque la baja de los impuestos estimula una mayor producción con lo que el costo fiscal total sería menos de la mitad, sólo 0,21% del PBI.
Si hablamos de incidencia distributiva, hay que considerar los cuatro impuestos más importantes que pagan las familias: el inflacionario, los laborales, el IVA y a las ganancias. Estos impuestos recaudan 2,4%, 6,8%, 7,6% y 6,0% del PBI, respectivamente. Definen la estructura impositiva del país. En términos de incidencia, el inflacionario es el más regresivo, seguido por los impuestos al trabajo y el IVA. El impuesto a las ganancias lo paga el 9.6% que más gana de los trabajadores, y es, así, el más progresivo. La prioridad debería ser bajar la inflación, el más regresivo y el más distorsivo de los impuestos. Tan negativa es la inflación, que ha dejado de usarse en todo el mundo. Bajar el IVA es una manera de reducir homogéneamente la carga tributaria. Su regresividad aporta desde el punto de la incidencia distributiva, pero es un impuesto relativamente eficiente que no genera mayores distorsiones.
Los impuestos al trabajo han sido sujetos a una increíble confusión. Es prevaleciente en la izquierda argentina que estos impuestos no pueden bajarse porque son “salarios diferidos”. Pero esto no es correcto: lo que los trabajadores aportan resulta mucho mayor que lo que reciben como contraprestación. Quien gana el salario medio aportará a lo largo de su vida laboral unos 950.000 pesos, pero recibirá solo 350 mil de contraprestación, o 638 mil si es casado con dos hijos. Si la persona gana dos veces el salario medio, aportará 1.750.000 pesos en su vida laboral y solo recibirá una compensación de 658 mil o 1.059.000 si es casado con dos hijos. En la realidad, los aportes, son, en una gran parte, lisa y llanamente impuestos. Bajarlos reduciendo el componente impositivo -esto es sin afectar ningún beneficio laboral presente y futuro de los trabajadores- debería ser parte de la agenda. Una baja de aportes personales para salarios de menos de 10 mil pesos costaría un 0,25% del PBI, pero reportaría para todo este segmento un aumento en el salario de bolsillo inmediato y real de cerca del 10%.
El impuesto a las ganancias también presenta aristas complejas. La rigidez nominal en las escalas hace que sea la inflación y no el Congreso quien defina quién paga. Hoy, por la serie de engendros legales para su liquidación, encontramos gente con el mismo ingreso que paga diferente -hoy se paga en función de los ingresos obtenidos entre enero y agosto de 2013 y no por los ingresos actuales-. Y, paradójicamente, a pesar de ser, lejos, el impuesto más progresivo de todo nuestro sistema impositivo, es el más cuestionado. En parte, porque no presenta progresividad “dentro” del impuesto ya que casi todos se ven sujetos a la misma alícuota del 35%. El desafío es dotarlo de estabilidad y recuperar la progresividad entre sus contribuyentes.
La Argentina necesita más y mejor Estado con menos impuestos que sean más justos. Avanzar en ese camino nos permitirá poner la proa hacia un país mejor.

También los empresarios caen en el populismo

Mucho se habla en la Argentina del populismo de los políticos. Populismo, es, en esencia, la priorización del corto plazo, aun cuando los costos en el largo plazo sean importantes. Un ejemplo de manual de populismo es lo que el Gobierno ha hecho con el mercado de las carnes y el trigo. La política arranca con la prohibición de exportación. Al quedar el producto “atrapado” en el país, la sobreoferta produce una baja en su precio. En el corto plazo parece que la política funciona, pero a poco de andar se ven la consecuencias. En el caso de la carne, la caída en el stock ganadero; en el caso del trigo, la merma en la producción. Poco años después, la carne está más cara que en los Estados Unidos y el trigo lo importamos de Uruguay.

Pero, como en toda comunidad, los políticos son un reflejo de la sociedad misma. Y así como aquí existe el populismo de los políticos, también existe un populismo de los empresarios, entendido, también, como la priorización del corto plazo aun cuando los costos de largo plazo sean importantes. Es que el negocio que requiere cooperar o participar de las distintas formas de la corrupción estatal, o el negocio que se basa en lograr estructuras de mercado donde se reparten rentas y donde la competencia es artificialmente asfixiada, también conlleva el mismo dilema del populismo tradicional de los políticos. La ganancia es rápida, pero en el largo plazo las empresas argentinas terminarán valiendo mucho menos que lo que valdrían en un país con transparencia, donde el crecimiento esté determinado por la capacidad empresarial y no por la capacidad de obtener privilegios estatales. Si en el populismo tradicional el político engaña al ciudadano, en su cortoplacismo los empresarios se engañan a sí mismos.

En su libro Por qué fracasan las naciones, Daron Acemoglu y Jim Robinson argumentan que esa situación de uso del poder por parte de las elites para apropiar rentas del conjunto de la población lamentablemente es la regla en el mundo, y no la excepción. ¿Cómo nacen estas situaciones de reparto de rentas? ¿Y cómo se sostiene, luego, esta situación de corrupción latente?

Una clave puede obtenerse del trabajo de Hannah Arendt, la famosa socióloga judía de la segunda mitad del siglo XX. En 1962, Arendt fue enviada por la revista The New Yorker a cubrir el juicio contra Adolf Eichmann, el ex funcionario del régimen nazi encargado de la llegada de los trenes al campo de concentración de Auschwitz. En ese juicio, Hannah Arendt se sorprendió por la mediocridad del personaje, sorpresa que la llevó a desarrollar la idea de “la banalidad del mal”, su visión sobre cómo cuando los individuos banalizan o les restan importancia a las implicancias éticas de lo que hacen, y derivan la culpabilidad por sus actos a una entelequia superior, terminan ayudando a crear verdaderos monstruos sociales. Salvando las distancias, es claro que el empresariado argentino (y nuestra sociedad toda) sufre una patológica banalidad de la corrupción. Quizás sólo un puñado de empresarios y funcionarios sean corruptos, pero el resto los deja hacer. Este resto mira hacia el costado. “El sistema acá es así”, dicen todos.

Se permite de esta forma un entramado de negocios oscuros donde se reparten rentas y que genera una asociación político-empresaria cuya consecuencia es una sociedad con valores disminuidos y con menor riqueza.

Ciccone existe, pero no sólo porque existe Boudou, sino también porque existe Ciccone. Y Boudou y Ciccone existen porque muchos miran para otro lado, pensando que eso es parte del sistema.

Así, el empresariado es objeto de una condena social permanente que lo deja presa de las vicisitudes de la política, ya que no encuentra en la sociedad un aliado que lo defienda. Indefensos ante el avance de la política, los empresarios empiezan a sufrir tantas intervenciones y tanta carga tributaria que la economía se vuelve poco dinámica, el riesgo institucional se potencia y las empresas terminan valiendo mucho menos de lo que valdrían en un sistema más abierto y transparente.

A los dos días de asumir como presidente del Banco Ciudad recibí una llamada de una empresa que trabajaba con el banco hacía 15 años. El intermediario ofrecía una “contribución” mensual para seguir operando con la institución sin tener que someterse a la presión de pasar por un proceso licitatorio. Antes de cortarle, le dije que no dormiría hasta asegurarme de que su empresa no trabajara más con el banco. Pero lograr eso me costó más de un año. En el ínterin hicimos una licitación donde se presentó sólo ese oferente. Una vez que logramos quebrar el armado, algunos conocidos de la industria me felicitaron por haber roto la madeja. Pero esa felicitación suponía el reconocimiento de que conocían la situación. A pesar de eso, durante el tortuoso camino para corregir el problema no se habían hecho presentes.

Hasta que el empresariado no deje de banalizar la corrupción, no sólo no ayudará a aquellos funcionarios que quieren hacer una diferencia, sino que se condenará a sí mismo a un entorno donde dependerá del beneplácito del poderoso de turno. En los esquemas de connivencia con el poder la ganancia es de corto plazo y muy incierta. Las reglas de juego nunca son claras. Y el día que se cae en desgracia con las autoridades, todas las puertas se cierran. Ahí, empiezan los lamentos por no haber sabido defender un sistema basado en la capacidad. Entonces los empresarios finalmente entienden que hoy viven el largo plazo que ayer no ayudaron a construir.

Argentina Digital, una ley a contramano del mundo

Este año el Premio Nobel de economía recayó en Jean Tirole. El comité Nobel explicó que el premio se le otorgó por sus contribuciones a la teoría de la regulación. En particular, se lo premió por sus aportes a entender cómo deben regularse las telecomunicaciones. De hecho, en 1999 Tirole publicó un libro llamado Competencia en Telecomunicaciones que hoy es algo así como la Biblia para aquellos que quieren entender cómo regular este complejo mercado. En ese libro, Tirole responde dos preguntas básicas: primero, cómo lograr una regulación que no menoscabe a la inversión; segundo, cómo lograr una regulación que no menoscabe los incentivos a innovar.
En la Cámara comenté sobre estas contribuciones de Tirole, sorprendido porque la Ley Argentina Digital, que el Congreso acaba de aprobar, justamente no permite realizar lo que Tirole recomienda hacer. En realidad la regulación que propone la ley nos atrasa 40 años.
Veamos un ejemplo. La Ley Argentina Digital desagrega las redes de comunicación. Esto quiere decir que obliga a terceros a poder usar cualquier red, por ejemplo, en la red de televisión por cable. En llamadas telefónicas esto ya era así porque si no un abonado de Personal no podría comunicarse con uno de Movistar. Esta es una buena idea, pero siempre y cuando los cargos de acceso estén bien definidos, para que -como le preocupaba a Tirole- no afecte la inversión y la innovación.
Acá es donde la ley se confunde. En su artículo 48 dice que estos cargos se harán tomando en cuenta los costos para asegurar un “margen razonable de operación”. Error, diría Tirole. De esa manera se reducen los incentivos a innovar ya que quien mejore sus costos anticipará una caída en el precio al que tendrá que ofrecer la red a terceros. Una mejor manera, dice Tirole, es solo fijar un precio máximo, quizás inicialmente en función de los costos. Definido el precio máximo, las empresas tendrán un incentivo a bajar sus costos y, aunque quizás en el proceso logren ganancias importantes, lo relevante es que podrán ofrecer el servicio más barato. Después, la competencia rápidamente se encargará de que esa mayor eficiencia se traslade al consumidor. Lamentablemente, la ley aprobada no habilita este esquema.
Hace 40 años, en los EE. UU. todos los estados regulaban por costos, tal cual propone la ley que se acaba de sancionar. Hoy sólo lo hacen tres estados, mientras que el resto implementa el sistema de precios máximos de Tirole. Así, el cambio regulatorio fue clave para que los costos de conexión –telefónica- cayeran de 17 a 2 centavos el minuto, y eso que hubo mucha inflación en estos 40 años.
Es sólo un ejemplo pero que lleva a varias reflexiones. ¿Por qué el oficialismo se niega a incorporar estos cambios que mejoran la ley? ¿Por qué tenemos que apoyarnos en modelos regulatorios ya perimidos en el mundo? ¿Por qué no consultamos con los expertos del mundo para legislar mejor? Y eso que ni hablamos del alto nivel de discreción que esta ley le otorga a la autoridad de aplicación y que seguramente afectará negativamente los niveles de inversión. Seguramente con eso tampoco coincidiría Tirole.
Se entiende que el objetivo del Gobierno con esta la ley es avanzar en el control de la información que le llega a la gente. Pero no por eso hay que hacer todo mal.

La trampa de los tres objetivos incomparables

El Gobierno enfrenta sus múltiples y cada vez más evidentes contradicciones de política económica tratando de resolver un trilema imposible.

Me explico. La conducción económica anhela tres objetivos bien concretos: estabilizar las reservas o hacerlas crecer; mantener controlado el tipo de cambio evitando el impacto distributivo de una devaluación, y liberar el cepo cambiario, el ingrediente más tóxico de la política económica.

Pero las políticas destructivas a la producción que el oficialismo sigue profundizando -por ejemplo, con la reciente sanción de la ley de (des)abastecimiento-, y cuyo único resultado fue una baja en la actividad económica y en las exportaciones, obligan al Gobierno a sacrificar, inexorablemente, al menos uno de estos objetivos.

Si quiere preservar las reservas y mantener estable el tipo de cambio, el resultado será una mayor caída de las exportaciones por el atraso cambiario, lo que obligará al Gobierno a seguir apretando el cepo. Si quiere liberar el cepo manteniendo estable el tipo de cambio, sólo lo podrá hacer a costa de perder reservas. Si quiere preservar las reservas y liberar el cepo, no tiene más remedio que dejar ir el tipo de cambio.

En los últimos cinco años, el gobierno nacional se ha debatido sobre cómo priorizar entre estos tres objetivos. Hasta 2011, cuando todavía quedaba resto en la recuperación de la economía, las exportaciones y las reservas crecían con un mercado cambiario libre. Pero hacia fines de 2011, la intervención masiva del Gobierno en los mercados, el creciente costo fiscal y el atraso cambiario minaron la competitividad argentina y estancaron las exportaciones.

Enfrentado con esa realidad, el Gobierno eligió apelar al cepo. Así sentía que preservaba las reservas y lograba sostener el tipo de cambio. Pero el resultado del nacimiento del cepo fue una inmediata recesión. En 2012 la economía cayó 0,4 por ciento según el IGA (Índice General de Actividad) de Orlando Ferreres. En el segundo trimestre de 2012,cuando el cepo empezó a hacerse sentir, el derrumbe en el nivel de actividad fue de 5 por ciento.

Ante este panorama, en 2013, de cara a las elecciones, el Gobierno cambió el rumbo. Liberó el cepo al tiempo que mantuvo la estabilidad cambiaria. Pero como las exportaciones seguían en caída, el resultado fue una pérdida de reservas (cayeron de 43.290 millones de dólares a 30.599 durante el año). La contraparte de la relajación de la restricción externa fue una recuperación de la economía, que creció 3,3 por ciento según Ferreres y 2,9 por ciento según el PBI Congreso. Con la llegada de Juan Carlos Fábrega al Banco Central, el foco se puso nuevamente en las reservas, y no queriéndose apretar más el cepo, lo que se eligió fue la devaluación (23 por ciento en enero de 2014).

Pero desde entonces, el Gobierno optó nuevamente por volver a la estrategia inicial: apretar el cepo como mecanismo para preservar las reservas y la estabilidad cambiaria. Una vez más, el efecto es una fuerte recesión, ya que la economía viene cayendo 1,1 por ciento interanual en el primer semestre, según los datos del IGA, pero con una caída interanual registrada al mes de agosto, de 4,5 por ciento. La industria, donde el cepo se hace sentir con mayor intensidad, muestra una caída de 3,3 por ciento en el año, según el IPI (Índice de Producción Industrial) de Ferreres, pero de 6,1 por ciento en agosto.

El reciente reemplazo de Juan Carlos Fábrega por Alejandro Vanoli presagia que esta estrategia de mayores controles se profundizará. Es que el Gobierno elige este camino cuando necesita más que nunca al Banco Central. Ya le pidió 73.300 millones en el año para financiar su déficit creciente, pero todavía necesita pedirle 110.000 millones más en los próximos tres meses. Vanoli enfrenta dos opciones para cumplir con este pedido. O emite billetes por esa cantidad, aumentando la inflación, la brecha, y precipitando una devaluación, o los obtiene forzando a los bancos a prestárselos vía encajes, preparando el camino para una crisis financiera en el mediano plazo.

¿Cómo se sale de la trampa? Logrando que en la Argentina se pueda -ya no es cuestión de querer- producir. Esto requiere que la política se dedique a pensar cómo gestionar mejor el Estado y no a pensar cómo gestionar mejor las empresas. Porque el Gobierno, al dedicarse a lo que no tiene que hacer, y no ocupándose de lo que sí debería hacer, termina imponiéndole a la producción un costo fiscal desmedido, genera costos de financiamiento imposibles de cubrir y sustrae toda la energía de producción desviándola al arduo trabajo de atajar penales y llenar formularios. Lamentablemente, a estas alturas de las circunstancias, no se visualiza que esto vaya a cambiar hasta que los argentinos elijan un gobierno que se dedique a gestionar y no a relatar.

Porque la economía en esto es como el amor, sostener una relación sólo a fuerza de relato o intenciones permite llegar hasta un cierto punto en el que, finalmente, eclosiona cuando la realidad se hace evidente.

Un incómodo espejo para la Argentina

Los científicos de las disciplinas más duras avanzan en el conocimiento realizando “experimentos”, creando situaciones controladas en las que van modificando de a una variable por vez para poder evaluar los efectos del cambio. En la discusión macroeconómica, la posibilidad de encontrar una situación que pueda permitir un análisis del estilo es remota, por la cantidad de variables que se mueven en todo momento.

Sin embargo, la historia comparada de la Argentina con la de Uruguay desde la crisis de 2001 replica de manera sorprendente, en el mundo real, las condiciones de esos experimentos de las ciencias duras. Los puntos de partida son llamativamente semejantes. En 2001, ambos países tuvieron una crisis de equiparable magnitud. Ese año, el PBI de Uruguay cayó 3,8%, seguido por un 7,7% en 2002. En la Argentina, los números fueron 4,4 y 10,9%. En Uruguay, el colapso implicó una devaluación del peso superior al 100%, mientras que en la Argentina se arrancó con una del 40%, que cuatro meses más tarde ya superaba el 200%. En los dos países, la crisis derivó en la quiebra y desarticulación de su sector financiero, y ambos entraron en default.

En el arranque de este drama rioplatense, la Argentina era un país más rico. El ingreso per cápita en dólares (en poder de compra equivalente) en Uruguay era de 8040, mientras que el de la Argentina estaba cerca de los 9137.

Pero desde el comienzo se vio que el enfoque con el que se encararía la resolución de los problemas sería diferente. La crisis financiera implicó restricciones a la disponibilidad de depósitos en la Argentina (el corralito y corralón), pero no en Uruguay. Allí se obligó a los bancos extranjeros a hacerse cargo y hacer frente al retiro de depósitos. Aquí se pesificaron las deudas. En Uruguay no.

El enfoque respecto de la reestructuración de la deuda también fue radicalmente diferente. En el caso de Uruguay, tuvo quitas promedio de 13 y 22% (sobre los tramos internacionales y locales), mientras que aquí las quitas llegaron al 75%. ¿Resultado? El país vecino se financia hoy a más de 30 años a una tasa cercana al 4%. La Argentina, después de una década, cayó nuevamente en default y su costo financiero es de más de 10%.

Durante la década, Uruguay se abrió a la inversión extranjera y al mundo. Hoy plataformas de exploración petrolera van camino hacia allí, donde la seguridad jurídica más que compensa su desventaja geológica. Y las pasteras vinieron a instalarse acá, hasta que la corrupción las espantó para que terminen al otro lado del río. Uruguay recibió inversión argentina en agro y brasileña en ganadería. Punta del Este se consolidó como balneario internacional. Las empresas de software empezaron a instalarse en Montevideo y ejecutivos argentinos se movían a Carrasco escapando de la inseguridad de la Argentina. Se podría afirmar, entonces, que sí fuimos exitosos en exportar la inversión.

En Uruguay, esa integración al mundo rindió sus frutos. Las exportaciones crecieron 340%, muy por encima de las de la Argentina, que a pesar del boom de la soja crecieron 210%. Hoy Uruguay exporta más carne que la Argentina y nos provee trigo y electricidad.

Así, Uruguay no conoció nuestra versión K del corralito, el cepo cambiario, ni el Cedín, ni la Supercard, ni el dólar blue, ni los Precios Cuidados, ni el Carne para Todos.

En términos de liderazgo político, Uruguay hizo una profunda transición ética, reduciendo drásticamente la percepción de corrupción en el país. En este plano, se parece hoy mucho menos a Brasil, México y la Argentina y mucho más a Chile. Pero mientras Uruguay consolidaba esta transición, aquí cerramos la década mintiendo en las estadísticas públicas y con un vicepresidente acusado de falsificar su firma en documentos públicos.

Y a pesar de que en Uruguay gobierna la izquierda, no gobiernan los populistas. Porque, probablemente, no hay nada más antipopular que el populismo. Sobre todo si uno se anima a mirar más allá de lo que pueda ocurrir en los próximos meses.

El resultado del populismo a ultranza que nos invade ha sido un déficit fiscal creciente. Y como el Gobierno no puede pedirle más impuestos a la gente se financia con emisión monetaria, esto es, inflación. Que llega aquí al 40%, cuando en Uruguay se mantiene en un dígito.

En definitiva, hoy Uruguay es un país más rico que la Argentina. En dólares de hoy, el ingreso per cápita está en 16.722, mientras que aquí esa cifra se ubica en 15.943.

Uruguay se muestra como un incómodo espejo de nuestra propia realidad, que nos indica que no son necesarias ni la épica, ni la rebelión, ni la agresión para mejorar la calidad de vida de la gente. Lo que se necesita es sentido común, un activo que nos falta entre tanto gas y tanta soja.