Argentina Digital, una ley a contramano del mundo

Este año el Premio Nobel de economía recayó en Jean Tirole. El comité Nobel explicó que el premio se le otorgó por sus contribuciones a la teoría de la regulación. En particular, se lo premió por sus aportes a entender cómo deben regularse las telecomunicaciones. De hecho, en 1999 Tirole publicó un libro llamado Competencia en Telecomunicaciones que hoy es algo así como la Biblia para aquellos que quieren entender cómo regular este complejo mercado. En ese libro, Tirole responde dos preguntas básicas: primero, cómo lograr una regulación que no menoscabe a la inversión; segundo, cómo lograr una regulación que no menoscabe los incentivos a innovar.
En la Cámara comenté sobre estas contribuciones de Tirole, sorprendido porque la Ley Argentina Digital, que el Congreso acaba de aprobar, justamente no permite realizar lo que Tirole recomienda hacer. En realidad la regulación que propone la ley nos atrasa 40 años.
Veamos un ejemplo. La Ley Argentina Digital desagrega las redes de comunicación. Esto quiere decir que obliga a terceros a poder usar cualquier red, por ejemplo, en la red de televisión por cable. En llamadas telefónicas esto ya era así porque si no un abonado de Personal no podría comunicarse con uno de Movistar. Esta es una buena idea, pero siempre y cuando los cargos de acceso estén bien definidos, para que -como le preocupaba a Tirole- no afecte la inversión y la innovación.
Acá es donde la ley se confunde. En su artículo 48 dice que estos cargos se harán tomando en cuenta los costos para asegurar un “margen razonable de operación”. Error, diría Tirole. De esa manera se reducen los incentivos a innovar ya que quien mejore sus costos anticipará una caída en el precio al que tendrá que ofrecer la red a terceros. Una mejor manera, dice Tirole, es solo fijar un precio máximo, quizás inicialmente en función de los costos. Definido el precio máximo, las empresas tendrán un incentivo a bajar sus costos y, aunque quizás en el proceso logren ganancias importantes, lo relevante es que podrán ofrecer el servicio más barato. Después, la competencia rápidamente se encargará de que esa mayor eficiencia se traslade al consumidor. Lamentablemente, la ley aprobada no habilita este esquema.
Hace 40 años, en los EE. UU. todos los estados regulaban por costos, tal cual propone la ley que se acaba de sancionar. Hoy sólo lo hacen tres estados, mientras que el resto implementa el sistema de precios máximos de Tirole. Así, el cambio regulatorio fue clave para que los costos de conexión –telefónica- cayeran de 17 a 2 centavos el minuto, y eso que hubo mucha inflación en estos 40 años.
Es sólo un ejemplo pero que lleva a varias reflexiones. ¿Por qué el oficialismo se niega a incorporar estos cambios que mejoran la ley? ¿Por qué tenemos que apoyarnos en modelos regulatorios ya perimidos en el mundo? ¿Por qué no consultamos con los expertos del mundo para legislar mejor? Y eso que ni hablamos del alto nivel de discreción que esta ley le otorga a la autoridad de aplicación y que seguramente afectará negativamente los niveles de inversión. Seguramente con eso tampoco coincidiría Tirole.
Se entiende que el objetivo del Gobierno con esta la ley es avanzar en el control de la información que le llega a la gente. Pero no por eso hay que hacer todo mal.

Culture and Social Resistance to Reform: a Theory about the Endogeneity of Public Beliefs with an Application to the Case of Argentina

Joint with Sergio Pernice, October 2003.