Discurso Sesión 26/08 sobre Modificaciones al Comercio

Señora presidenta: coincidimos totalmente con el objeto de este proyecto. De hecho, en el sector financiero tenemos este problema desde hace mucho tiempo, cuando uno pone el costo financiero total o la tasa. Creo que eso queda como una asignatura pendiente, como un caso muy claro de falta de transparencia en la transmisión de los precios.
Como lo señaló el señor diputado Gribaudo, tenemos comentarios muy específicos, por lo que voy a ir al grano puntualmente en cuatro artículos que nos hacen un poco de ruido y respecto de los cuales tenemos confianza en generar un cambio en su redacción.
El artículo 12 dice: “Toda vez que la oferta y/o promoción implique una rebaja de precios deberá figurar de manera clara, visible y legible en cada producto el precio anterior de dicho producto junto con el precio rebajado.” Hasta ahí está perfecto, pero a continuación hay una frase que dice: “Queda prohibida la oferta y/o promoción de un producto que por primera vez sale a la venta.” No entendemos esto porque cuando un producto sale a la venta muchas veces el oferente quiere justamente lanzarlo de manera promocional para que el cliente lo conozca y lo consuma.
En este sentido, daba el ejemplo de que Aerolíneas Argentinas quisiera desarrollar una nueva ruta comercial a Río Cuarto y probablemente hiciera su lanzamiento de una manera muy promocional para que se conozca.
Entonces, nuestra propuesta al señor miembro informante consiste en quitar esa última frase del artículo 12 que impide las promociones al lanzamiento.
Por su parte, el artículo 15 establece: “Se prohíbe anunciar al público actividades de oferta y/o promoción de ventas que correspondan a productos que no posean existencia real en el establecimiento comercial.” En este caso queda perfectamente comprendido el objetivo perseguido, es decir que no promocionen una oferta que en la práctica es inexistente. Sin embargo, el concepto de establecimiento comercial nos parece demasiado restrictivo, y por ese motivo sugerimos otra redacción que consideramos más afín al espíritu que se busca. Sería la siguiente: “Se prohíbe anunciar al público actividades de oferta y/o promoción que correspondan a productos que no posean existencia real a disposición del adquirente.” No importa tanto si están en ese local puntualmente sino si verdaderamente están disponibles para el cliente.
En cuanto al artículo 17, honestamente no lo entendemos porque dice que para hacer una oferta, el precio tiene que haber estado en su valor normal durante los 28 días consecutivos anteriores a la oferta. Aquí se me ocurría el ejemplo de un hotel en la costa atlántica o incluso también de Aerolíneas Argentinas, que deciden que hay que hacer una oferta por ejemplo los días martes porque el flujo es menor y quieren generar mayor demanda para su producto durante ese día. Entonces, estarían violando este artículo. Por tal motivo, me parece que habría que eliminar este artículo ya que imposibilitaría ciertas prácticas comerciales que favorecen al cliente y que serían totalmente naturales.
Tampoco entendemos muy bien el artículo 22, que dice: “Queda prohibida la oferta de productos o servicios al consumidor a un precio menor a su valor habitual, bajo la condición de que éste consiga adhesión de otras personas.” No se le está obligando nada a nadie, con lo cual no vemos cuál es el daño en llevar adelante este tipo de acciones comerciales.
Son solo cuatro artículos dentro de un proyecto que tiene todo un capítulo que viene de la ley del Gobierno de la Ciudad que busca la transparencia. Estamos de acuerdo con el proyecto pero simplemente en el capítulo de las ofertas nos encontramos con que la posibilidad de hacer ofertas y rebajas, que en realidad es algo bueno para el consumidor, se vería anulada con esto. Por eso hacemos estas sugerencias con el deseo de que puedan ser incorporadas estas modificaciones.

Discurso: Sesion por Re-estatización de Ferrocarriles

Señora presidenta: creo que con el tratamiento de este proyecto de ley hemos alcanzado algo más de normalidad, al menos para quienes integramos esta Cámara hace tan solo un año. Lo digo porque este fue un proceso del que participaron varias comisiones, en las que pudimos plantear nuestras opiniones. De hecho, alguna de las cosas que propusimos –tal como lo indicó la señora miembro informante- fueron tenidas en cuenta.
Pero como parecería que ese es el proceso natural y correcto de sanción de las leyes, tengo que hacer una reflexión al respecto: ojalá este sea el preludio de lo que va a venir en términos de cómo tratar y trabajar las diferentes iniciativas.
En este recinto hemos hablado mucho sobre la diversificación de la matriz productiva de la Argentina esto es algo que repetimos todo el tiempo , pero poco hemos dicho sobre la diversificación de la matriz del transporte. Al respecto, cabe señalar que para que un país se desarrolle plenamente, su matriz de transporte tiene que estar diversificada.
Existen muchos métodos de transporte: fluvial, ferroviario, vial y aéreo. Todos ellos son importantes, porque cada uno sirve a alguna economía regional o a alguna producción puntual. Así, por ejemplo, la minería utiliza al ferrocarril y la floricultura recurre al avión.
Si un país tiene una matriz productiva desbalanceada, no crecerá ordenadamente; si tiene una matriz de transporte también desbalanceada, tampoco podrá tener economías regionales pujantes y un crecimiento verdaderamente federal y balanceado. De esto se trata el proyecto de ley que estamos considerando en este momento.
En lo que hace específicamente a la actividad ferroviaria, sabemos que nuestro país creció desbalanceado en ese sentido. También sabemos que en lo que respecta al transporte de pasajeros y de cargas a través del ferrocarril se ha registrado un retroceso muy significativo.
Sería importante que hiciéramos un poco de historia. El partido que hoy representa al oficialismo en 1948 nacionalizó los ferrocarriles. Así, en 1950 se registró el nivel máximo de carga transportada –aclaro que me estoy refiriendo solamente a transporte de carga-, que fue de 17.300 millones de toneladas por kilómetro transportado. Esa fue una versión extrema del nacionalismo absoluto.
Por los motivos que fueren, ese sistema no funcionó muy bien. Tanto es así que en 1992, luego de una caída gradual, la cantidad de mercadería transportada llegó solo a 3.729 millones de toneladas. Es decir que de 17.300 millones de toneladas se pasó a 3.700 millones, lo que prácticamente representa un quinto del valor máximo. La miembro informante del proyecto señaló que la cantidad de vías se redujo a la mitad, pero la carga se redujo mucho más.
Así, el mismo partido que en 1948 había decidido la nacionalización extrema, a principios de 1990 tomó otra decisión, que fue la privatización extrema.
Entre 1992 y 2011 el nivel de carga transportada pasó de 3.700 millones de toneladas a 12.200 millones. Podríamos decir que algo se recuperó, pero en una economía que creció en estos últimos veinte años, la participación del tren en la carga transportada siguió cayendo. En consecuencia, no se logró revertir esa declinación secular que tuvieron los ferrocarriles en el transporte de la carga argentina.
Lo que tiene de interesante este proyecto es que no se ubica en ninguno de los dos extremos; no se ubica en el extremo del nacionalismo absoluto y tampoco en el de la privatización absoluta; lo que hace es buscar un balance, y en mi opinión lo encuentra. Como es un balance interesante, desde un primer momento dijimos que desde este bloque íbamos a acompañar la propuesta en tratamiento.
Ese balance radica en el hecho de que la infraestructura de vías estará en manos del Estado. Al respecto cabe señalar que esa infraestructura tiene un costo importante, pero también riesgos jurídicos e institucionales de expropiación importantes, que hacen difícil que el sector privado se anime a realizar esas inversiones. Como el Estado no se expropia a sí mismo, no corre ese riesgo y entonces tiene sentido que esa estructura la maneje el Estado.
Esa sería la parte más nacional del proyecto, pero este combina también la característica del acceso abierto a las redes sobre las vías, inicialmente, como se dijo, para transporte de carga, y a partir de nuestra sugerencia, también para transporte de pasajeros. Se habló del acceso abierto como la democratización del sistema de transporte en Argentina y me parece una expresión interesante.
El acceso abierto permite la competencia del operador estatal con operadores privados y de operadores privados entre sí. Creo que esto es extraordinariamente sano, no solo porque surgen ideas, innovaciones y posibilidades de hacer cosas sino que incluso obliga al operador estatal a estar mucho más despierto y atento. Lo digo desde la perspectiva de alguien que condujo un banco público. Los bancos públicos en la Argentina compiten con la banca privada, por lo que siempre se les exige brindar más servicios y mejorar la calidad de las prestaciones.
Este es un proyecto que pone al Estado donde tiene que estar y permite la competencia entre lo público y lo privado. Creo que esa competencia dará la posibilidad de un gran desarrollo de la industria y de nuevas posibilidades. De hecho, el ministro comentó que a través de los privados había surgido la iniciativa del tren Posadas-Encarnación. Piensen que hoy las máquinas diésel viajan a una velocidad de 160 kilómetros por hora, por lo que teniendo las vías en condiciones apropiadas para el transporte de pasajeros, imaginen la cantidad de servicios que se podrían ofrecer con ese tipo de tecnología. Considero que hoy no podemos ni avizorar lo que se puede lograr en términos de desarrollo y crecimiento en los próximos años.
En definitiva, apoyamos el proyecto porque recupera tanto la inversión pública la focaliza y orienta, y es claro dónde tiene que trabajar el Estado como la inversión privada.
La inversión en infraestructura ferroviaria en los próximos cinco o seis años tiene que superar los 16 mil millones de dólares; es decir que es una parte muy importante del plan de infraestructura y de inversiones en la Argentina.
Este es un proyecto que permite sumar nuevos actores al mercado y la actividad ferroviarios, todo lo cual resultará en una baja de costos. Ello es importante porque el transporte ferroviario implica la federalización del país al disminuir las distancias entre localidades. La inversión es más trabajo, pero en definitiva estamos hablando de un proyecto que crea más federalismo.
Antes de ceder la palabra al señor presidente de nuestro bloque, diputado Pinedo, me gustaría plantear un tema que se debatió en comisión pero lo dejo para una discusión futura. Me refiero a la figura jurídica de la sociedad del Estado. Esta figura tiene los beneficios y las contras que uno le pueda asignar, pero hay un aspecto que quiero resaltar para un debate futuro y es cómo realiza sus balances contables.
Los balances contables de una sociedad del Estado no están sujetos a las reglas de contabilidad habituales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas sino a las pautas de la Contaduría General de la Nación, que de hecho no están reglamentadas.
Pienso que si los balances de una empresa pública van a ser –como dijo el ministro homologables con el resto del sector privado, como ocurre con los balances de los bancos públicos, tenemos que darnos el tiempo para pensar que esos balances deben ser confeccionados con las mismas normas contables del resto de las empresas, lo que permitirá ganar en transparencia en la gestión pública, tanto en esta actividad como en cualquier otra.
Me hubiera gustado definir específicamente este tema en este proyecto. Sin embargo no fue incorporado, pero es interesante plantearlo para el debate.
Para terminar, este es un proyecto de ley que genera un marco regulatorio, que pienso es muy bueno para los últimos meses de este gobierno y, sobre todo, para que el gobierno que venga a partir de 2016 pueda hacer una política ferroviaria en serio y que la Argentina vuelva a desarrollar sus ferrocarriles, tanto de pasajeros como de cargas.

Discurso: Sesión por Acuerdos Comerciales con China

Señor presidente: los temas que me parece que tendríamos que discutir respecto de este convenio son cuatro: los desafíos del Convenio con China, los objetivos de lo que aquí se está trayendo a consideración, las adjudicaciones –de las cuales se ha hablado bastante y quiero hacer una última reflexión final acerca de cómo nos deja parado este tratado respecto al Mercosur.
China es la segunda economía más grande del mundo. Claramente cualquier intento de integración con la economía china es absolutamente esencial a la política de desarrollo de cualquier país. No nos ha ido tan bien en los últimos diez años. Entre los años 2003 y 2014 hemos logrado duplicar nuestras exportaciones a China, que representan entre el 6 y el 10 por ciento de las exportaciones totales de la Argentina. Por su parte, en los últimos diez años las importaciones aumentaron un 1400 por ciento. Las importaciones de China representan el 15 o 16 por ciento de las importaciones totales. Esto quiere decir que en los últimos diez años pasamos de tener un superávit interesante con respecto a China, de unos 1.700 millones, a tener hoy un déficit muy abultado, de casi 6.000 millones de dólares.
Entonces, cuando uno piensa en el desarrollo del comercio que hemos tenido con la segunda economía del mundo, pero a la vez en nuestra imposibilidad de colocar exportaciones al ritmo en que crecieron las importaciones, pareciera que cualquier convenio de cooperación con China tendría que focalizarse justamente en cómo abrirse y obtener mercados en ese país.
El gobierno ha usado últimamente muchísimo capital político y relacional con China. Uno no se sienta a hablar con el presidente de China todos los días. Y cuando lo hace, tiene que focalizarse en lo que es verdaderamente importante, esto es, abrir los mercados chinos para la producción argentina.
Cuando uno mira este convenio no encuentra absolutamente nada de eso. Es decir que los objetivos verdaderos nada tienen que ver con el desarrollo comercial para nuestros productores en el mercado chino, sino con otra cosa. Uno especula y piensa en que acá probablemente hubo una negociación por la cual los chinos accedieron a un swap de monedas que le da divisas al gobierno para llegar con el cepo cambiario hasta las elecciones, y a cambio de eso este gobierno ofrece dentro de este convenio concesiones para la asignación de la obra pública.
Pero cuando uno observa la naturaleza de este convenio, y en particular el artículo 4°, llega a una situación bastante exótica, podríamos decir. Este convenio nos pide que demos un cheque en blanco para los convenios futuros.
Señor presidente: me interesa particularmente que me escuche lo que voy a decir en este momento. El artículo 4° nos pide que digamos que el gobierno tiene capacidad de firmar los convenios en el futuro con la República de China. Pero usted sabe que en el último viaje de la presidenta a Beijing se firmaron los convenios, es decir que estos convenios ya están firmados. Sin embargo, no están puestos a disposición del Congreso para su análisis. Es decir, usted nos pide que aprobemos un cheque en blanco sobre algo que ya existe y que sería muy bueno que pudiéramos ver. Si lo pudiéramos ver, probablemente tendríamos una actitud mucho más favorable porque sabríamos de lo que estamos hablando.
Un diputado del Frente para la Victoria preguntó por qué nadie había dicho nada respecto del convenio con Europa. Nadie dijo nada porque las cartas estaban sobre la mesa y se sabía de lo que se estaba hablando. Pero en este caso eso no se da.
Me parece que no es bueno institucionalmente y creo que tampoco es bueno para los funcionarios del Poder Ejecutivo, porque cuando finalmente se confirme que YPF le paga 100 dólares el barril a Chevron, ¿quién va a estar para defender a los funcionarios, teniendo en cuenta que ese contrato fue secreto? Si no hubiera sido secreto, todos habríamos sido de la partida o compartido la responsabilidad. Y ni hablar del memorándum con Irán. No voy a hablar de ese tema. O el propio swap de monedas. En algún momento, después de diciembre, vamos a entender efectivamente cuáles fueron las condiciones de esos contratos, y hacerlo de manera secreta, a espaldas del Congreso, me parece que no es bueno institucionalmente ni para los funcionarios de este gobierno. Desde nuestro punto de vista, lo hace por supuesto imposible de votar.
Cuando uno mira el artículo 5°, que es el de la adjudicación directa, advierte que es un problema. Si los chinos tienen una oferta de licitación de obra pública más conveniente, entonces que se sometan a los considerandos de la licitación pública. Claramente esta es una concesión cuya contraprestación no está especificada en este convenio. Entonces, tal cual está, el convenio es simplemente una concesión. Y desde la oposición uno se pregunta: ¿qué obtuvo la Argentina a cambio de esto? Probablemente, lo que obtuvo esté en otro lado, pero no está explicitado acá. Entonces, lo que hoy se somete a consideración es simplemente una concesión.
Creo que vale mucho la pena poner las cartas sobre la mesa, y creo que tampoco convenció el argumento que dio el miembro informante de que porque esto ya se hizo con España o con Italia lo podemos hacer ahora. Si se hizo mal antes, no es justificación para hacerlo ahora.
Para terminar y dejar la palabra a mi colega, quiero referirme al último punto, que tiene que ver con el Mercosur. El artículo 8° del Tratado de Asunción dice: “Los Estados Partes se comprometen a preservar los compromisos asumidos hasta la fecha de la celebración del presente Tratado, inclusive los acuerdos firmados en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración, y a coordinar sus posiciones en las negociaciones comerciales externas que emprendan durante el período de transición. Para ello: (…)d) Extenderán automáticamente a los demás Estados Partes cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que concedan a un producto originario de o destinado a terceros países no miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración.”
Es decir que en la última sesión del año pasado tuvimos toda esta discusión sobre los parlamentarios del Mercosur, que el Mercosur esto y que el Mercosur lo otro, pero lo primero que hacemos ahora, a fines de febrero, es algo totalmente contrario al espíritu del Mercosur. Me parece que eso no ha estado presente en el debate y tendría que ser una parte importante.
En definitiva, tenemos objetivos que no están explicitados, objetivos ocultos, tenemos concesiones gratuitas dentro del marco de este convenio, tenemos una delegación de facultades del Congreso que consideramos inconstitucional, como ya lo explicó el señor diputado Pinedo.
Por todos estos motivos es que vamos a votar en contra de este proyecto. Los chinos tienen un dicho, que reza que toda crisis es una oportunidad. El único problema acá es que la crisis es nuestra y la oportunidad es de ellos.

Discurso: Sesión por Ley Argentina Digital

Señora presidenta: este año se otorgó el premio Nobel de Economía a un economista francés: Jean Tirole, quien dedicó toda su vida al estudio de la regulación, en particular, de las comunicaciones y las redes. De hecho, en el año 1999 escribió un libro titulado Competencia en Telecomunicaciones, que fue uno de los motivos principales por los cuales el comité le otorgó dicho premio.
En ese libro el economista francés determinaba los parámetros con los cuales los sistemas de telecomunicaciones tenían que ser regulados. Por eso, en mi presentación trataré de exponer la sorpresa ante el hecho de que muchas de las recomendaciones que este premio Nobel ha hecho no puedan ser aplicadas con este proyecto de ley que hoy se va a votar en este recinto.
Obviamente el mercado de las telecomunicaciones es muy complejo a título regulatorio. Ha tenido muchísimos cambios. A fines de la década del 80 y a principios de la del 90 apareció la telefonía de larga distancia como un factor que de alguna manera redujo el poder de las redes locales. Luego aparecieron los teléfonos móviles, que redujeron el poder de mercado de los teléfonos fijos. Luego surgió la posibilidad de hablar por teléfono a través de internet, que también redujo de alguna manera el poder de la telefonía móvil. Luego surgió la televisión por internet, que básicamente disminuyó el poder del cable. Ahora apareció la televisión por demanda, como Netflix y Apple, que básicamente eliminan la grilla. Por lo tanto, ponemos mucha energía y atención en algunas cosas pero la tecnología nos va superando.
Noten qué desafío representa este mercado para la regulación. A principios de los años 90, tal como decía con antelación, apareció una tecnología que permitía proveer competitivamente tecnología a larga distancia. Esto ocurrió en los Estados Unidos, donde surgieron nuevas empresas que en un primer momento compitieron libremente porque la tecnología hacía que cualquiera pudiera ingresar. Pero luego cambió la tecnología al desarrollarse una red de fibra óptica y con ello era necesario aplicar una regulación. Si hay una red fija, en este caso de fibra óptica, debe ser regulada. Por lo tanto, un mercado que era desregulado y competitivo, debido a la tecnología y a las características de las redes fue asimilado más a la telefonía básica que requería tener una regulación.
Fíjense a su vez que las telefónicas que tenían una red de cobre, que únicamente servía para la transmisión de voz, de repente cuando apareció un dispositivo con una tecnología llamada ADSL les permitió irrumpir en el mercado de internet.
Hay muchísimas modificaciones y cambios en la tecnología que exigen que el marco regulatorio sea complejo y dinámico.
Dado el poco tiempo del que dispongo para hacer uso de la palabra, voy a dar cinco títulos, o preocupaciones. Luego voy a expresar alguna de las preocupaciones que manifiesta Tirole en su trabajo de regulación de telecomunicaciones y que no se pueden hacer con este proyecto de ley.
La primera objeción que tengo que hacer es que este proyecto de ley tiene amplísimos poderes de delegación, por lo que genera amplias incertidumbres para el que entre a este mercado porque no sabe cuáles son las reglas de juego, o cuál va a ser el poder o cómo va a ser la aplicación discrecional de la norma que hará el Poder Ejecutivo.
Hay que dar certeza sobre el marco regulatorio para dar certidumbre a la hora de hacer las inversiones. Creo que este proyecto avanza en un sentido exactamente inverso y difícilmente promueva inversiones cuando no se sabe dónde se mete el inversor.
La segunda observación que quiero hacer es que por medio del proyecto se regulan prácticamente todos los segmentos. Hay que regular los segmentos donde hay poder de mercado y los que son monopólicos, pero no hay que hacer esto en los sectores competitivos porque es muy importante que queden libres. Esto genera incentivos y seguridad para que el empresario pueda sentirse seguro a la hora de invertir. Si ustedes combinan la lectura de los artículos 6 y 48, queda claro que todo queda bajo la órbita de una regulación.
La tercera objeción que surge es que es muy difícil pensar en este proyecto sin adecuar apropiadamente la ley de medios. Por medio de este proyecto se produce la desagregación de las redes que significa permitir que la telefonía participe también en el mercado audiovisual. Esto aumenta la competencia, pero una vez que ésta se produzca y ocurra en el ámbito geográfico no tendrá sentido contar con segmentación para que otros proveedores no puedan competir porque terminará reduciendo la competencia y no acrecentándola, que es el objetivo último para que el sistema genere mejor calidad de servicios y mejores precios para los consumidores. Por ello, resulta casi imposible pensar en la posibilidad de aprobar este proyecto sin una adecuación de la ley de medios a fin de retomar ciertos elementos de competencia que aquella norma redujo y que ahora pasan a ser redundantes.
La cuarta objeción que debo plantear es que cuando uno lee el artículo 10 se advierte claramente que está hecho contra Clarín; esto es algo que podemos decir con todas las letras. Además, nos induce a error, porque el artículo plantea la situación de quienes comparten una licencia TIC con una licencia audiovisual. Por este motivo reitero que claramente fue redactado para cercenar y acotar el poder de ese medio.
El problema es que en el futuro todos los operadores van a tener una licencia TIC y otra audiovisual; esto no se va a poder segmentar. En consecuencia, este proyecto, que ha sido pensado para atacar a un medio en particular, en cierto sentido va a generar una limitación que les diría que es casi inaplicable en términos de exigencias para las futuras empresas, sean grandes o pequeñas, ya que –como dije- van a compartir licencias TIC y del mercado audiovisual.
Por otra parte quiero plantear una objeción sobre la que poco se ha dicho. Este es un proyecto que contiene indicaciones que van en contra de la ley 25.000, que tiene estatus de tratado, o sea que está por encima de las normas de carácter general. En este sentido, creo que la redacción del artículo 87 puede ser un problema.
Por otra parte, según Tirole hay dos elementos fundamentales en la regulación. El primero es que en telecomunicaciones hay mercados que soportan a otros mercados. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos entraron las empresas de larga distancia, un proveedor de telefonía básica llamado AT&T planteó que si le sacaban los clientes de larga distancia le estarían quitando los más valiosos, con lo cual no tendría forma de sostener la red de la manera en la que lo venía haciendo.
Este es un mercado en el que hay que dejar abierta la posibilidad de que haya subsidios cruzados para mantener los servicios de menor rentabilidad en un contexto en el que la red se desagregue. Al respecto aclaro que nosotros estamos de acuerdo con esto; el tema es que al desagregar la red uno permite que los clientes de mayor valor salgan del sistema, con lo cual hay que apoyar, sostener o permitir mecanismos de rentabilidad a quien provee la infraestructura básica. Sin embargo, esto es algo que el inciso c) del artículo 10 del proyecto no permite.
El segundo elemento que menciona Tirole es muy importante, porque se refiere a la forma en la que hay que fijar el precio de acceso a las redes, y define dos modalidades: a través de los costos o mediante el sistema de precios máximos. En este último se fija un precio máximo y luego las empresas pueden conseguir mejoras por eficiencia.
Ahora bien, ¿por qué decía Tirole que esto es importante? Porque uno no quiere cercenar los incentivos a innovar que tienen las empresas. Por el contrario, si se paga por costos las empresas tienen menos incentivos a innovar, ya que si bajan los costos también deben bajar lo que cobran a los usuarios.
Tengamos en cuenta que en 1985 en Estados Unidos cincuenta Estados regulaban por costos y ninguno por precios máximos. Hoy, cuarenta y siete Estados regulan por precios máximos y solo tres por costos. Esto permitió que el costo de la interconexión y de acceso a las redes cayera por minuto de telefonía de 17 centavos a 2 centavos.
Lamentablemente, el artículo 48 del proyecto en discusión no permite esa modalidad, a pesar de que es lo que hoy se está usando en todo el mundo. Creo que este es un problema dramático, porque significa que todavía no están dados los incentivos para que haya una mejora en la calidad.
Es una pena que estemos tratando un proyecto que –como dijo el señor miembro informante- pretende mirar hacia el futuro pero que en términos de su técnica regulatoria está treinta años en el pasado.

Discurso: Sesión por Yerba Mate y DNU

Señora presidenta: voy a compartir el tiempo del que dispongo para hacer uso de la palabra con el diputado Baldassi.
Los proyectos que aprobamos acá tienen ganadores
y perdedores, y el objetivo es que los ganadores sean muchos y los perdedores pocos. Sin embargo, ambos proyectos presentan la característica de tener muchos perdedores y pocos ganadores.
Tomemos el proyecto de ley contenido en el expediente 5.908-D.-2014, por el que se modifica la ley 25.564. El Instituto Nacional de la Yerba Mate surge de un problema muy concreto: la situación de muchos productores que se enfrentan con pocos compradores de yerba para su elaboración. Pocos compradores contra muchos productores da origen a cierto poder de mercado para los primeros, que debe ser regulado.
El artículo 4°, inciso r) de la ley 25.564, dispone que el Instituto Nacional de la Yerba Mate acordará semestralmente entre los distintos sectores que participan en él el precio de la materia prima. Esto es lo que dice la teoría económica; es el caso espejo de un monopolio donde uno regula el precio estableciendo un valor máximo. Aquí, se pone un precio mínimo.
El proyecto en consideración introduce un cambio fundamental en la ley, ya que a partir de la modificación propuesta, el inciso r) del artículo 4° quedaría redactado de la siguiente manera: “Acordar semestralmente entre los distintos sectores participantes del Instituto Nacional de la Yerba Mate el precio de la materia prima y de la yerba mate elaborada.” Es decir que será el Instituto, en el que participan productores, distribuidores y elaboradores, quien fijará el precio final. En otras palabras, se estará cartelizando esta industria por ley.
Estamos hablando de una ley que básicamente crea un monopolio, y a mí me enseñaron que los monopolios no son buenos. Desde el oficialismo se sostiene permanentemente que son los monopolios y su búsqueda de renta lo que genera inflación en la Argentina. Sin embargo, ahora se pretende crear uno por ley.
Similar situación se daría si las autopartistas dijeran que están siendo abusadas por las compañías de automóviles, que son pocas, y que es necesario tomar alguna medida, y entonces nosotros cartelizamos la industria del automóvil para que las automotrices fijen el precio. Seguramente estarán mejor las autopartistas y las automotrices, pero luego será obligatorio cumplir con los precios que ese cartel fije para el monopolio creado por ley. Ciertamente es una solución curiosa a este problema. Es como si dijéramos que los productores que venden a Carrefour, Walmart y Coto están siendo abusados o no pueden conseguir el precio que creen merecer porque se trata de compradores muy importantes, y entonces la solución es cartelizarlos disponiendo por ley la obligatoriedad de pagar los precios que esa cartelización produzca.
En este contexto, como dijimos durante la reunión de comisión, quienes van a perder son los consumidores. Por eso afirmo que con este proyecto muchos pierden y pocos los productores de esta industria- ganan.
Debemos defender a los consumidores porque somos quienes los representamos en este Congreso.
Igual situación se presenta con el proyecto de ley registrado bajo el expediente 222-S.-2012, referido al fraccionamiento en origen, porque los pocos que se benefician son los productores de un área geográfica particular en detrimento de quienes trabajan en otras zonas. El tema ha salido en los diarios e incluso recibimos cartas de los sectores afectados; por eso se introdujo una modificación en el proyecto.
También en este caso pierden los consumidores, y en este punto me permito hacer una analogía. Imaginemos por un momento que la provincia de Neuquén pidiera que el gas sea envasado y fraccionado en origen. Entonces, en vez de ser enviado por un gasoducto, el gas debería ser envasado en garrafas en origen. Pensemos en cuál sería el precio del gas para los consumidores. De la misma manera, imaginemos qué ocurriría si el petróleo se refinara en origen en vez de ser transportado en estado crudo para luego ser distribuido en los cincuenta o sesenta productos que salen de una refinería ubicada en un punto más cercano a los consumidores. Las empresas desarrollan centros logísticos que básicamente reducen los costos y permiten que el producto llegue con un precio menor a los consumidores.
En consecuencia, esta segunda iniciativa también es un ejemplo donde pocos ganan y muchos pierden. Realmente es sorprendente que el oficialismo insista con proyectos donde –repito- muchos pierden y pocos ganan. (Aplausos.)

Señora presidenta: quiero hacer referencia al DNU 529, que dispone una ampliación presupuestaria de 199 mil millones de pesos.
No parece ser normal en este momento y con estos tiempos una ampliación presupuestaria cercana al 25 por ciento del presupuesto, ni parece acorde a instituciones sólidas.
Tampoco puede ser normal que de esos 199 mil millones, 126 mil no estén financiados y no se sepa si se financiarán con inflación o con deuda, y que no haya ninguna discusión al respecto.
Cuando uno revisa los gastos tampoco puede ser normal encontrar una partida de 10 mil millones de pesos para pagar salarios en reparticiones que no tienen empleados.
Uno se pregunta si ese es el motivo por el cual no se somete al estudio y consideración del Congreso este tipo de gastos. A nosotros nos pagan el sueldo por hacer esto, y creo que lo podemos hacer en un tiempo exiguo.
Me parece que decretos de esta naturaleza son una muestra de la falta de institucionalidad.

Discurso: Sesión por Ley de Hidrocarburos

Señora presidenta: vamos llegando al final de este debate o de esta sucesión de monólogos. Creo que la única sensación que podemos tener es la de tristeza porque dentro de pocos minutos vamos a votar este proyecto de ley. Muchos señores diputados van a apretar el botón que tienen en sus bancas y que dice “sí”. Cuando terminen los aplausos y los slogans lo único que habrá ocurrido será que el pueblo argentino habrá transferido a los operadores petroleros cifras millonarias, que yo estimo en aproximadamente 450 mil millones de dólares.
Ese dinero provendrá primordialmente de las provincias productoras de petróleo. Por eso resulta verdaderamente sorprendente escuchar a diputados y diputadas de esas provincias defender este proyecto de ley, ya que serán los pueblos de ellas los que van a estar transfiriendo estos recursos a esos operadores. Estoy hablando de diputados y diputadas de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de Chubut, de Río Negro y primordialmente de Neuquén, como así también de Mendoza, de Salta, de La Pampa y de las futuras provincias petroleras, como las de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa y Chaco.
Los diputados y diputadas que de alguna manera permitan esta transferencia tendrán que enfrentar en el futuro a sus hijos y nietos, quienes les preguntarán lo siguiente: “¿qué hiciste o dónde estabas el día en que nos llevaron el petróleo, aquello que la Constitución de 1994 nos había dado en este país federal?”
El peronismo nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cualquier persona que conozca la historia del peronismo recordará el contrato que Juan Domingo Perón firmó con la empresa Standard Oil en 1954. Ese fue el primer gran proceso de privatización del petróleo en la Argentina. La empresa Standard Oil era en ese entonces el equivalente a la actual Chevron. Esta es la circularidad a la que nos somete el peronismo en lo relativo a la historia del petróleo.
También debe mencionarse la nacionalización llevada a cabo por el gobierno de Isabel Perón en 1974 en cuanto a la refinación y comercialización de petróleo en otro sentido.
Por otra parte, en 1993 el entonces presidente Carlos Saúl Menem, también peronista, efectuó la privatización de YPF.
Posteriormente, en 1999 el propio presidente Menem vendió la acción de oro de YPF, provocando así una herida de muerte al management de dicha empresa, que pretendía ser internacional.
En 2012 tuvo lugar la confiscación de esa empresa que el propio peronismo había privatizado.
Finalmente, en 2014 se efectuó el pago por esa confiscación a fin de tratar, extemporánea y tardíamente, que parezca una expropiación.
Pero en todas esas idas y vueltas que el peronismo ha tenido con el petróleo nunca nadie se animó a hacer lo que el Congreso Nacional hará hoy, que es regalar ese recurso. Se privatizó y se nacionalizó, pero nunca se regaló.
¿Por qué digo que se regalan el petróleo y el monto que he señalado? La respuesta es muy sencilla: porque lo que este proyecto de ley hace es permitir la extensión de los contratos en las mismas condiciones que tiene la ley vigente o en otras que prácticamente son similares. Todos sabemos que esos contratos son muy económicos y convenientes para las empresas. ¿Por qué? Porque recientemente en la cuenca neuquina, por ejemplo, las empresas, en las licitaciones que se hacían, no sólo estaban dispuestas a pagar las regalías que ahora les va a garantizar este proyecto de ley, sino también una participación en las ganancias, que es lo que se conoce como el acarreo y que ahora no tendrán que abonar.
A partir de ahora, cuando en 2025 venzan las concesiones las empresas no van a estar obligadas a competir por esas áreas. De esa manera los estados provinciales no podrán apropiarse de las rentas respecto de las cuales no solamente tienen derechos, sino que además las hubieran cobrado. Esas son las rentas que no van a percibir las provincias y de las que se apropiarán las empresas.
¿Por qué he señalado ese monto? Resulta muy fácil computarlo; es una cuenta que puede hacerse en un minuto y que puede entender cualquier persona. Actualmente, con el marco legal vigente las empresas petroleras se venden áreas entre sí. Ese valor que están dispuestas a pagar por esas áreas hubiera sido el que las provincias habrían cobrado si en 2025 se hubieran vuelto a licitar esas áreas.
Entonces, si uno toma simplemente ese valor de mercado y lo multiplica por las reservas que la Argentina tendría como remanentes en 2025, el resultado al que arriba es de 450 mil millones de dólares. Es una simple multiplicación: las reservas de 2025 por el valor que hoy se paga por ellas. Eso es lo que las provincias habrían cobrado si esto se hubiera licitado. Ese es el mecanismo que desaparece con este proyecto de ley.
Otra manera de calcular esto consiste simplemente en imaginar cuáles serían las regalías a las cuales se podrían licitar estas áreas en 2025, que es el año en el cual, en general, estarían venciendo las concesiones actuales. En otros países los yacimientos similares pagan más de un 25 por ciento en concepto de regalías, porque además abonan acreaje y otras cosas. De acuerdo con este proyecto de ley, las empresas pagarán un 15 por ciento de regalías. La diferencia del 10 por ciento en concepto de regalías multiplicada por las reservas que el país tendría en 2025 arroja como resultado un monto de 450 mil millones de dólares. Es una cuenta muy sencilla que podemos realizar
y computar.
Hay otros beneficios, como por ejemplo la devolución del 50 por ciento de las áreas exploratorias y la extensión de los plazos. Pero la simple extensión a perpetuidad de los contratos y el hecho de evitar a las empresas la posibilidad de tener que competir para licitar las áreas y pagar a los estados provinciales las rentas, constituyen el verdadero pecado y pérdida que los habitantes de esas provincias van a tener que sufrir de aquí en más.
Cuatrocientos cincuenta mil millones de dólares es dos veces la deuda externa argentina. Es decir que este Congreso en unos pocos minutos –y vaya si hemos discutido la deuda externa argentina- va a regalar el equivalente a dos veces la deuda externa argentina, el equivalente a la mitad del fondo soberano noruego del petróleo. Esto vamos a hacer nosotros, eso va a hacer este cuerpo dentro de unos minutos.
Nos dicen que esta ley es federal porque las provincias siguen licitando las áreas, pero las licitan con un tope de regalías. Entonces, ¿qué federalismo es ese? Es un federalismo burocrático, administrativo, pero en el que no hay absolutamente ninguna libertad para definir.
¿Por qué hacemos esto? Por la urgencia. Por esa locura en la cual la Argentina entra cuando tiene urgencias macroeconómicas. Esto es lo mismo que hizo Carlos Menem en el año 1999, porque vendió la acción de oro de Repsol por la urgencia macroeconómica de aquel momento como resultado de la crisis rusa, y volvemos a hacer lo mismo en esta historia circular de la relación que tiene el peronismo con el petróleo.
Nos dejan el desafío de construir sobre esto, ¿pero cómo vamos a construir sobre estos derechos que se otorgan?
Para nosotros el camino era exactamente el opuesto. Había que consolidar el marco institucional, cosa que esta ley no hace, y ser muy celoso con los recursos del pueblo argentino. Esta ley no resuelve en nada las incertidumbres institucionales del sector hidrocarburífero, y entonces tiene que ser muy generosa con los derechos y con lo que otorga. Por eso no podemos votar esta ley, porque no tiene sentido hacerlo.
Yo quiero terminar simplemente con una cita, que ya se mencionó acá, de un presidente argentino que también tuvo estas idas y venidas con el petróleo, y que hablaba de dos extremos y de la necesidad de la Argentina de encontrar un punto medio, algo que sea razonable.
Hablando de la política energética decía: “Hacer de esto una cuestión de amor propio es peligroso y estúpido… Estos nacionalistas de opereta han hecho tanto mal al país con sus estupideces como los colonialistas con su viveza. Unos negativos y otros excesivamente positivistas representan dos flagelos para la economía del país”. Son los extremos, los extremos de regalar el petróleo, los extremos de pensar que el nacionalismo va a resolverlos.
Este es un gobierno que nos ha dado los dos extremos cuando la Argentina lo que necesita es encontrar un punto medio que sea sostenible en el tiempo.

 

Discurso: Sesión por Presupuesto

Señora presidenta: creo que son cuatro los temas que debemos tratar en lo que respecta a este presupuesto: su institucionalidad, su consistencia, sus aspectos distributivos -tema del cual ya se ha hablado- y su desprolijidades.
Entonces, voy a referirme a cada uno de esos aspectos por separado. Yo le comentaba al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda mi sorpresa por la poca cantidad de diputados que asistieron a las reuniones de comisión en la que se trató el presupuesto. Por ejemplo, recordaba que hace un mes o un mes y medio tratamos la expropiación de El Molino y estuvo prácticamente la mitad de la Cámara durante la discusión. Y cuando considerábamos este proyecto, que es sobre qué van a hacer los argentinos con sus impuestos, se notaba durante el trabajo de comisión mucho menor interés. Eso deriva de nuestras reglas de juego, de cómo nos organizamos, de cuál es la relevancia de la discusión de este presupuesto en este Congreso.
Recordábamos el artículo 37 de la ley de administración financiera, previo a la modificación del año 2006, cuando este Congreso definía el presupuesto. Ese artículo decía que quedan reservados al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como los cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, y los que impliquen un cambio en la distribución de finalidades. Es decir que el Congreso definía los montos, y si era necesario hacer cambios, este Congreso volvía a autorizarlos. Pero en el año 2006 esto se modificó y ahora hay un nuevo párrafo del mismo artículo 37 que dice que el jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucran a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de finalidades. Es decir que no hay más presupuesto. Este es un país que no tiene más presupuesto. Esto es letra muerta antes de ser aprobado, y me parece que eso es justamente lo que explica por qué, por más esfuerzo que se pueda hacer a nivel comisión, no hay debate ni presentaciones, porque uno sabe que al día siguiente las cosas pueden cambiar.
No hubo ningún ministro que viniera explicar gastos puntuales, partidas presupuestarias. No tuvimos debate; apenas acariciamos alguno. Voy a dar algunos ejemplos de cosas que me hubiera gustado debatir, no para decir si hay que hacerlo o no. No lo puedo hacer porque no tuve la explicación del funcionario correspondiente que viniera a informar si este gasto era conveniente.
Cito un ejemplo: veo que se destinan 3.000 millones de pesos en el año 2015 para Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Quizás está bien esa inversión. Es una empresa que hoy tiene una ganancia de 165 millones. Pero veo, por ejemplo, que no hay ninguna partida para la autopista ribereña, que le cambiaría la vida a cientos de miles de habitantes del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces, me habría gustado que alguien hubiese venido a explicarme por qué esos 3.000 millones se tenían que gastar en aquello y no en esto. Me parece que es un debate que, saliera como saliera, legitima el presupuesto. Creo que lo enriquece y puede hacer que tomemos mejores decisiones. Pero ese ejercicio faltó.
Yo planteé otro ejemplo: para los próximos años vamos a comprometer 5.000 millones de pesos en la reparación de los barcos de la Armada. Repito: no sé si eso está bien o mal. Ese monto es lo mismo que nos llevaría terminar la autopista a Pergamino y la autovía a Junín. Si me preguntan a mí a priori diría que me inclino por esto último. Pero alguien lo tiene que venir a explicar, y esa explicación no se dio.
Lo mismo sucede con Aerolíneas Argentinas: apenas si acariciamos este debate. Se destinaron 4.000 millones de dólares en los últimos cuatro años para financiar los vuelos internacionales de esa empresa. ¿Está bien, está mal, tiene sentido, hay otros usos mejores? Creo que como cuerpo podríamos hacer un trabajo muchísimo mejor en este sentido, independientemente de si después resulta bien o mal, o se decida en un sentido o en otro sobre las propuestas que hace el propio Poder Ejecutivo.
La realidad es que hoy no tenemos presupuesto. Debería haber un compromiso de todas las fuerzas políticas para cambiar esta situación. Creo que toda la oposición lo comparte y para finales de 2015, cuando una de ellas sea gobierno, deberíamos comprometernos a cambiar esto. Esta es una gran institucionalidad que la Argentina ha perdido.
En el caso puntual nuestro –el PRO en la ciudad de Buenos Aires es como era antes aquí, y cada vez que hay un cambio en el monto y en las finalidades hay que volver a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a discutir y a consensuar. Nosotros no tenemos mayoría en la Legislatura, entonces hay que hacer ese ejercicio de dejar de lado parte de la verdad de uno para tomar la verdad del otro. Creo que eso enriquece profundamente el diseño de las políticas públicas.
Para terminar este capítulo de la institucionalidad, aprovecho para referirme a lo que han dicho muchos diputados con respecto a la oficina presupuestaria. Esto figura en el dictamen del diputado Miguel Bazze; también está en proyectos nuestros del diputado Gribaudo y lo dijo asimismo la diputada Ciciliani. Esa oficina presupuestaria podrá servir para hacer un análisis apolítico de los números, para poder ir a preguntar cuál es la tasa de retorno de este proyecto, que análisis se hizo, cuál es el impacto distributivo, y de esa manera informar el debate.
El segundo punto tiene que ver con la consistencia. De esto se ha hablado muchísimo. Creo que es una práctica habitual que uno subestima gastos e ingresos y después, dado que la inflación es más alta que la anticipada, tiene que acomodarlo mediante otros mecanismos, como por ejemplo los decretos de necesidad y urgencia. Yo ya he mencionado acá un par de veces que mediante el último gran decreto de necesidad y urgencia de hace unos días -este año hemos tenido varios- se destinan 10.000 millones de pesos para sueldos de una repartición que no tiene empleados. Es decir que uno encuentra que se necesita mucho más control de ese ejercicio.
También se mencionó un presupuesto que en el año 2014 apuntaba a tener un superávit de 870 millones y terminó teniendo un déficit de 166.000 millones. Entonces, la pregunta es ¿cómo interpretamos el número que nos da el Ejecutivo? Si lo tomo como si fuera bueno, como si fuera real, como si se tomaran en serio los números, me ocurre lo que muy bien señaló el señor diputado Lozano en comisión: nos vienen a hacer una presentación según la cual la política fiscal tiene que ser contracíclica, estamos en una recesión y nos ofrecen un presupuesto que tiene un ajuste tremendo porque tiene un aumento de los recursos que es tres veces el de los gastos. Entonces, hay una inconsistencia entre el discurso teórico, conceptual e ideológico y los números que se presentan. Así que pareciera que ni ellos mismos se lo creen.
Asimismo, si los recursos crecen porque la inflación es del 15 por ciento y va a ser mayor, ¿cómo vamos a discutir el aumento de los gastos? Nosotros tenemos una estimación por la cual si tomo como cierta la inflación del 15 por ciento y después termina siendo del 30 por ciento, va a haber 362.000 millones más de ingresos. Entonces, ¿cómo nos vamos a asignar? ¿Los vamos a asignar a nuevos gastos? ¿Los vamos a asignar a bajar impuestos? Me parece que son debates que no pueden no tener lugar en el seno de esta casa.
Y si tomo lo que todos pensamos que va a pasar, esto es, que en realidad los gastos van a subir más o menos como está anticipado que van a aumentar los recursos, tenemos un déficit del PBI de casi cinco puntos. Y si esto se financia con emisión, sumándola a la emisión que ya tiene contenida este presupuesto, que son 161.000 millones, tenemos un crecimiento de la base monetaria realmente preocupante. Entonces, es importante que ayudemos a ver cómo se va a financiar esto, porque no está planteado en la realidad y entonces a partir del año que viene, con este presupuesto, nos podemos encontrar con una situación macroeconómica muy complicada.
El tercer punto tiene que ver con los efectos distributivos. Voy a hablar de distributivos en dos dimensiones y del rol fundamental que tiene el impuesto inflacionario. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha incorporado un impuesto más, que no está legislado, que es el impuesto inflacionario y que hoy recauda 3,5 puntos del PBI. A este impuesto no lo pagan los más pudientes; ya sabemos que es uno de los impuestos más regresivos que hay. Entonces, la estructura tributaria en la Argentina no está considerada ni ajustada por el hecho de que uno ha incorporado 3,5 puntos regresivos del PBI. Me parece que eso cambia dramáticamente, porque no me digan que eso no es un impuestazo, que se aplica justamente a la gente que tiene menos recursos. Pero también afecta al federalismo, porque el impuesto inflacionario, el financiamiento con emisión, son recursos que quedan para el gobierno nacional pero después la inflación la paga el correntino, el sanjuanino, el mendocino y cada uno de los habitantes de la Argentina. Por eso yo planteaba en comisión que en algún momento alguien en las provincias va a tener que plantear qué se hace con eso.
¿Por qué no coparticipar este impuesto? ¿Por qué no coparticipar esta fuente de recaudación? Son 18 mil millones de pesos para la provincia de Buenos Aires, son 7 mil millones para Córdoba y Santa Fe y 3 mil millones para Tucumán y Santiago del Estero. Esto sería así, por ejemplo, si se coparticipara lo que el gobierno obtiene por la emisión monetaria, de la misma manera en que se coparticipan los impuestos.
Teniendo en cuenta lo que dijo la diputada Ciciliani, si uno incorpora el impuesto inflacionario, no se cumple con las condiciones de la coparticipación federal. El impuesto inflacionario afecta el espectro redistributivo del gasto y de los ingresos y afecta el federalismo del presupuesto.
Estas son simplemente algunas pinceladas, algunos temas conceptuales relevantes y algunos errores que vemos en este presupuesto.
En los errores que tiene el presupuesto se nota la falta de respeto a la labor que tenemos que hacer acá con respecto a esta iniciativa. Es decir, si a mí me dan una partida de Presidencia y cuando sumo los ítems me faltan 800 millones de pesos, pregunto dónde están esos 800 millones porque, o es el financiamiento de la política del que hablaba la diputada Ciciliani, o es un error. No sé lo que es. Lo que sí sé es que tengo números y planillas que nos dieron para trabajar que no suman correctamente.
Por ejemplo, se imputan 2.800 millones para actividades centrales en el área de seguridad y 431 millones para acciones civiles. Si yo tomo los ítems del presupuesto y sumo los subítems, tengo faltantes. También hay partidas donde los números no están. Esto ya lo dije y supongo que será un error porque, por ejemplo, el sueldo del vicepresidente es cero. Esto me pareció algo bastante curioso y lo quería mencionar, aunque supongo que será un error.
También tenemos ítems en los cuales los subítems no corresponden con el ítem general. Esto ya se lo hemos dicho al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, más que nada pensando en el año que viene, para que podamos tener algo con lo que trabajar más ordenadamente.
En cuanto al tema del seguimiento federal del presupuesto, en los últimos años dejamos de conocer cómo se cumple el presupuesto según cada jurisdicción. Por ejemplo, el gobierno puede derivar los recursos del presupuesto de Vialidad de la provincia de Santa Fe o de la provincia de Córdoba a la provincia de Santa Cruz –lo digo simplemente como un ejemplo, no es que eso es lo que haya ocurrido- y no tenemos manera de controlar si eso ocurrió. Esto también hace que el trabajo que hagamos sea peor.
En definitiva, esto nos habla de que tenemos que recuperar el rol del Congreso con respecto a la elaboración del presupuesto, que hoy no tenemos y que tampoco vamos a tener el año que viene.
Ese tiene que ser el compromiso de todas las fuerzas que verdaderamente crean en la República Argentina, porque acá hay representantes del pueblo argentino con visiones absolutamente diferentes y nuestra obligación es construir un consenso con esas diferencias. Eso implica resignar parte de nuestra verdad para tomar la de otro en función del presupuesto de la Nación Argentina, que es la manera en que los argentinos gastan sus impuestos. Tenemos que recuperar el presupuesto para la República Argentina.
Hoy estamos aprobando un proyecto de ley que está vacío de contenido. Como dije antes, es letra muerta, pero donde lo que está muerto es la República y por ello tenemos que comprometernos a trabajar de manera diferente. El resto de la discusión, mañana puede ser borrado por el jefe de Gabinete de un plumazo.
Con ese espíritu, con ese objetivo, con ese compromiso y con ese futuro es que hemos abordado esta discusión.

Discurso: Sesión por Ley de Abastecimiento

Señora presidenta: el artículo 3º del proyecto de ley de modificación de la ley de abastecimiento, señala: “Serán pasibles de las sanciones que se establecen en el artículo 5º y, en su caso, en el artículo 6º, quienes:…”, y luego en el inciso d), expresa: “Intermediaren o permitieren intermediar innecesariamente o crearen artificialmente etapas en la distribución y comercialización;”.
Sinceramente, me pregunté qué quieren decir con eso; a qué casos se refieren. Así, vino a mi mente un cuento muy breve de un colega economista –Juan Carlos de Pablo-, que se los quiero leer. Son cuatro párrafos muy divertidos. Dice así: “Julián vivía de su sueldo, el cual no le alcanzaba para comprar todo lo que él y su familia querían. Por eso Julián vivía continuamente angustiado, hasta que un día, reflexionando sobre su situación personal, encontró lo que según él era la explicación cabal de su problema: la existencia de una gigantesca intermediación que encarecía innecesariamente el precio de todos los productos que él y su familia consumían.
“Julián, individuo consistente, pensó que algo había que hacer al respecto. Dotado de una buena labia y ágil prosa comenzó una campaña sistemática destinada a la eliminación de todo tipo de intermediación, para lo cual, entre otras cosas, dictó conferencias, participó en debates por radio y televisión, publicó artículos en periódicos y realizó marchas y concentraciones.
“La campaña tuvo un éxito completo, pues al poco tiempo en el país donde Julián vivía desapareció de repente cualquier forma de intermediación.
“Una semana después, Julián quería comer un poco de queso, pero no sabía dónde ir para adquirirlo porque la propaganda, por parasitaria, había sido eliminada. Luego de mucho preguntar tuvo que trasladarse hasta la provincia de La Rioja, porque el transporte de cargas, por parasitario, también había sido eliminado. Tuvo que comprar una horma de 200 kilogramos, porque el fraccionamiento, por parasitario, ya no existía. Tuvo que abonar al contado, porque las instituciones crediticias, por parasitarias, habían sido eliminadas, y se lo dieron en la mano, porque la industria del envase, por parasitaria, había quebrado.
“Lo peor de todo fue que Julián trabajaba de electricista en una empresa que se dedicaba durante todo el año a almacenar…” –según esta ley, sería “acaparar”- “…sidra para las fiestas, y como dicha empresa también cerró, Julián además se quedó sin trabajo. Pobre Julián.”
¿Por qué comento esto? Porque cuando uno mira el artículo al que hacía referencia y las cosas que quedan sancionadas con esta ley, advierte que es toda la actividad económica, es básicamente el ejercicio de la profesión de comercio y producción: reevaluar existencias –pregunten a YPF si reevaluó existencias; lo hace todos los días-, acaparar materias primas o formar existencias superiores a las necesarias, reducir sin causa la producción habitual, desviar el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin causa. Es decir, esta es la práctica del comercio, de la producción; son cosas que ocurren.
Entonces esta ley lo que está haciendo es volver pasible de sanción cualquier actividad comercial y productiva en la Argentina. Eso es lo que genera incertidumbre y lo que hace que esta ley ocasione daños, porque al generar esa incertidumbre hará que haya menos oferta y menos producción.
En la comisión hablamos de que se trata de defender a los consumidores, pero al respecto existen dos enfoques. Por un lado están quienes señalan que, para defender a los consumidores, hay que defender la competencia, pues defendiendo la competencia los mercados trabajarán necesariamente en bien de ellos.
La otra postura es la de poner al Estado a defender a los consumidores, pero para eso tiene que querer hacerlo, y además, tiene que poder defenderlos. ¿Querrá el Estado defenderlos? ¿Podrá hacerlo? Repasemos un poco estas dos cuestiones.
Ayer le comentaba al secretario Costa dos ejemplos muy puntuales, en los que este gobierno, teniendo la posibilidad de defender a los consumidores, no lo ha hecho. Porque hay que entender que el Estado también es una organización, una institución, tiene mucha concentración, posee intereses propios y los defiende. Esos intereses propios no necesariamente son de los consumidores.
¿Qué ejemplo le daba yo al secretario Costa, sobre el cual no hizo comentarios? Le recordaba que hace aproximadamente diez años la empresa Repsol fue condenada con una multa por una práctica anticompetitiva en el mercado del GLP. ¿Qué era lo que hacía esa empresa? Cobraba el GLP por encima de lo que se llama la paridad de importación, es decir, la paridad a la cual ese producto se puede comprar en el mercado internacional. Ponerlo por encima era una clara indicación de que estaba abusando de su poder de mercado.
Le pregunté entonces al señor secretario cómo era posible que la empresa YPF, ahora con mayoría estatal, desde el mes de julio cobrara las naftas por encima de la paridad de importación. Está llevando a cabo exactamente la misma política que hace diez años implicaba abusar de su poder de mercado e ir en contra de los consumidores. ¿Entonces por qué no hace nada el gobierno? ¿Por qué no pone primeros a los consumidores en este caso puntual y actúa en consecuencia? Está la evidencia y es exactamente la misma situación anterior.
El otro ejemplo que dábamos era el de Aerolíneas, una empresa que no permite que los precios de los pasajes aéreos caigan. Hay competidores que piden por favor cobrar menos por los pasajes; en efecto, piden cobrar menos, no más. Un gobierno que se preocupe por los consumidores nunca va a decir que no se puede cobrar menos, que no se puede competir o que no se pueden traer a la Argentina aviones para aumentar la competencia.
Entonces, ¿quiere este gobierno defender a los consumidores? Aquí tengo pruebas y ejemplos de que el Estado deja de lado el interés de los consumidores para atender el suyo propio, que en estos dos ejemplos que he mencionado consiste en la apropiación de rentas por parte de empresas públicas.
Por eso es que uno confía mucho más en la competencia que en el propio Estado, que va a terminar defendiendo, como digo, sus propios intereses.
Ahora bien, asumamos por un momento que el Estado efectivamente quiere defender a los consumidores. ¿Puede hacerlo? Al respecto se generó una discusión bastante técnica en la reunión de comisiones que se realizó ayer, con los secretarios Costa y Álvarez. Les preguntábamos cómo se van a determinar las actitudes, acciones o conductas pasibles de ser sancionadas en estos proyectos, porque si no hay una manera de hacerlo, entonces lo que simplemente nos queda es la discrecionalidad y la arbitrariedad del funcionario.
Les preguntábamos, por ejemplo, cómo se determinan las “ganancias extraordinarias”, cómo se va a definir que alguien las tiene, pero no obtuvimos respuesta. Les preguntábamos cómo se iba a imputar el retorno que un capital necesita tener en función de su riesgo o cómo se iba a medir el riesgo de la actividad empresarial, porque no es lo mismo invertir en minería que en petróleo, en agricultura o en servicios. Pero tampoco obtuvimos respuesta.
También les preguntábamos cuándo se iba a considerar que había un acaparamiento de materia prima como algo violatorio de la ley, y nos hablaron de algo relativo a la teoría de la simulación, aunque no vemos cuál es la relación.
Asimismo, preguntamos cuándo una reevaluación de stock iba a generar una conducta sancionable, pero tampoco obtuvimos respuesta.
Finalmente preguntamos cómo se iba a tomar en cuenta lo inflación, porque cuando uno tiene un beneficio y un cierto capital, debe mantener el valor real de ese capital. Tampoco logramos una respuesta.
Lo que sí tenemos es una ley que lo que en realidad hace es transferir al Estado una amplia capacidad sancionatoria respecto de todas las actividades productivas, sin que se pueda determinar de ninguna manera cómo se va a poner en práctica. Esto significa discrecionalidad y arbitrariedad en manos del Estado, lo que finalmente genera menor oferta, menor capacidad productiva y, eventualmente, precios más altos para los clientes.
Entiendo que los ejemplos más relevantes en la materia los dio hace un rato el señor diputado Barletta. En cuanto a la carne se refiere, a alguien se le ocurrió que se estaba desviando al mercado internacional la producción que tenía que ir al mercado local, y entonces prohibieron las exportaciones de carne. Cinco años después tenemos cinco millones de cabezas de ganado menos en stock y tenemos la carne más cara que en los Estados Unidos. Evidentemente no funcionó.
El otro ejemplo es el de la energía. Se consideró que al productor había que pagarle 2,5 dólares el millón de BTU de gas y terminamos pagando 16 dólares por el gas catarí. Eso es lo que estamos pagando por la energía, en vez de pagarle al productor local. No funcionó. En la Argentina Tenemos un déficit energético y diez años de declinación de la producción de gas y petróleo.
La señora diputada Conti pedía que razonemos. Yo les pido que miremos cuáles son los efectos y las consecuencias de las políticas que se implementan.
Después tenemos otro caso, que está todos los días en los periódicos. Me refiero al precio del dólar, que tiene en vilo a todos los argentinos. Lo que esta ley permite hacer es lo que este gobierno hizo hace algunos años con el cepo cambiario. ¿Cuál fue el resultado? El estancamiento económico; tenemos menos dólares, y la gente los paga más caros. En este momento se está pagando 15 pesos por dólar en el mercado informal. Y la situación va a ser cada vez peor, porque lo que hay que generar es producción y capacidad de oferta de bienes, y con discrecionalidad y arbitrariedad lo que se crea es exactamente lo mismo que hasta ahora. Entonces, aquel al que se pensaba beneficiar es justamente el que termina más perjudicado.
Existen innumerables experiencias en la historia argentina y en nuestra realidad cotidiana actual. ¿Esto es lo que se quiere generalizar, llevándolo a todo el sistema económico?
Creo que esta ley claramente va a generar daño, no va a ayudar al bienestar general sino que va a perjudicar, y por supuesto que va a ayudar al Estado, en el sentido de que –como ya se ha dicho- le dará más herramientas de coerción, de apriete y de dominación.
Quiero terminar con una reflexión: no hay libertad política si no hay liberad económica. Repito: no hay libertad política si no hay libertad económica. Esta ley nos aleja de la libertad económica y será perjudicial para los productores y, sobre todo, para los consumidores de la República Argentina.

Discurso: Sesión por Re-estructuración de Deuda

Señora presidenta: los últimos años nos han encontrado trabajando juntos en el tema de la deuda, no sólo por el apoyo y la opinión que tenemos sobre los canjes de 2005 y 2010 sino también respecto del apoyo a la ley 26.886, el viaje a Washington, el swap con China y la conformación de una oferta de bancos privados para resolver el problema a fines de julio de este año.
Realmente hemos tenido una visión bastante compartida; sin embargo, hoy nos encontramos en una posición diametralmente opuesta. La señora presidenta decía ayer por cadena nacional que no entendía cómo un opositor, pensando en el bien del país, podía votar en contra de esto; nosotros decimos que no entendemos cómo un legislador, pensando en el bien del país, puede votar a favor.
Vamos a desarrollar nuestra visión de por qué pensamos que esto no es favorable a los intereses del país y de los argentinos.
Primero, ¿resuelve el problema del litigio que Argentina tiene con los holdouts? No lo resuelve ni lo mueve en un sentido u otro.
¿Resuelve el problema de los bonistas que aceptaron una fenomenal quita del 73 por ciento sobre la deuda argentina, y que con ello ayudaron al gobierno? No lo resuelve. Todo lo contrario, porque ese grupo de gente en este momento no sólo no está cobrando sus bonos sino que con este proyecto del Poder Ejecutivo se sabe que algunos, por problemas estatutarios o de confianza, no pueden aceptar el cambio de jurisdicción, con lo cual, lo que se les dice a ellos es que su deuda va a seguir en default. No es una manera de proteger a aquellos que confiaron en la Argentina.
Pero lo más importante –y acá es donde creo que hay una gran diferencia con la presentación que hizo el señor diputado Feletti es que esto no es bueno patrimonialmente para el Estado, porque justamente lo que él dice es que hay que defender los canjes de 2005 y 2010 y yo no veo que en ninguna circunstancia esos canjes hayan estado más amenazados que en este momento. ¿Por qué digo esto? Porque con el camino que ha elegido transitar la Argentina se abre la posibilidad de que los bonos que se emitieron en aquellos dos canjes –de 2005 y 2010 sean acelerados.
Si esos bonos son acelerados, vamos a tener que volver a reestructurarlos. Esta fue la pregunta que hicimos ayer al secretario Zannini y al ministro Kicillof. Le preguntamos si en caso de tener que volver a reestructurarlos, se podrán volver a conseguir las mismas condiciones que Néstor Kirchner consiguió en 2005. Probablemente no se puedan conseguir esas condiciones. Entonces, hay que poner en el lado de los pasivos el riesgo al cual en este momento estamos sometidos, comparándolo con aquel éxito que tuvo el gobierno de Néstor Kirchner en su reestructuración de deuda. Hay un cambio fundamental, y nos cuesta ver cómo es que el gobierno no es consciente del riesgo que existe en este momento.
¿Qué resuelve efectivamente esta norma? Resuelve tener un lugar donde depositar el dinero a fin de mes para los bonos Par. Y como parte de las cosas que se pretenden hacer mediante este proyecto se podrían hacer sin intervención del Congreso, supongo que también se pretende dar alguna cobertura legal a los funcionarios que tienen que tomar esas decisiones. Eso sí lo resuelve.
Ahora bien, ¿a qué costo resuelve eso? Simplemente por tener un lugar donde depositar el dinero el 30 de septiembre, ¿qué costos está asumiendo la sociedad argentina y qué costos están asumiendo nuestros hijos y nuestros nietos? Porque las señales que da el Estado argentino es que no está dispuesto a cumplir con las reglas de juego que ese mismo Estado argentino se impuso. Y cuando haya que salir a buscar financiamiento para Vaca Muerta, para infraestructura, para servicios o para industria tanto el Estado como el sector privado , la gente nos va a preguntar si en nuestro país se cumple la ley y si nuestro Estado cumple con su palabra, y creo que este proyecto nos aleja de eso. Pienso que va a implicar que en el futuro el financiamiento que obtenga la Argentina –que lo va a necesitar, y el gran desafío va a ser aplicarlo correctamente va a ser más caro y más oneroso. También va a tener un costo para la economía: en actividad, en cepo cambiario, en inversiones, en inflación; no necesito explayarme sobre este tema porque ya lo explicó el señor diputado Vaquié. Esto también lo debemos poner en el pasivo de esta solución que propone el gobierno.
Y otra cosa más: al poner que los temas de deuda son de orden público, de alguna manera estamos eliminando la posibilidad de prorrogar la jurisdicción, que –como decía el señor diputado Tonelli es algo que el propio gobierno ha elegido hacer. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos ayer en comisión, para eso existen las plazas financieras. Uno emite en Nueva York o en Londres porque en esos lugares hay una institucionalidad que permite acceder al financiamiento más barato. Y en el futuro, si nosotros validamos este concepto legislativo, cuando emitamos en Nueva York o en Londres, la gente va a ver que en realidad es riesgo argentino, que verdaderamente estamos emitiendo con legislación argentina. Esto va a producir un mayor costo para nuestras empresas y para nuestro Estado, y lo vamos a estar pagando en el futuro.
Tampoco sabemos siquiera si esta es una operación que se puede hacer. ¿Se puede cambiar el agente pagador sin la colaboración del Banco de Nueva York, que hoy tiene bloqueada esa ayuda por el juez Griesa? Entonces, también nos embarcamos en una solución que ni siquiera sabemos si se puede llevar a la práctica. Esto también se lo preguntamos ayer al señor ministro y no supo o no quiso responder si esta operación se puede hacer o no.
Tampoco hemos trabajado lo suficiente, porque si el gran problema de esta restructuración es la cláusula RUFO, volvemos a insistir en que no entendemos por qué el gobierno no ha dado ciertos pasos; por ejemplo –como decía el diputado Vaquié , trabajar con los bonistas para sacar esa cláusula RUFO. Si uno tiene un problema, se tiene que poner a trabajar para tratar de resolverlo, y sinceramente no podemos entender por qué el gobierno no lo ha hecho.
Tampoco podemos entender, porque la respuesta no fue clara ni convincente, que no hayamos cuestionado suficientemente los intereses del fallo del juez Griesa que hace a una peor liquidación y una peor situación para el Estado argentino.
Si el Congreso aprueba este proyecto, comete un error que van a pagar, en términos de mayores costos financieros, nuestros hijos y nuestros nietos. Este no es el camino por el que la Argentina va a recuperar la inversión y el empleo ni el modo de construir el país en el que muchos argentinos quieren vivir; me refiero a un país previsible y en crecimiento.