Discurso Sesión 26/08 sobre Modificaciones al Comercio

Señora presidenta: coincidimos totalmente con el objeto de este proyecto. De hecho, en el sector financiero tenemos este problema desde hace mucho tiempo, cuando uno pone el costo financiero total o la tasa. Creo que eso queda como una asignatura pendiente, como un caso muy claro de falta de transparencia en la transmisión de los precios.
Como lo señaló el señor diputado Gribaudo, tenemos comentarios muy específicos, por lo que voy a ir al grano puntualmente en cuatro artículos que nos hacen un poco de ruido y respecto de los cuales tenemos confianza en generar un cambio en su redacción.
El artículo 12 dice: “Toda vez que la oferta y/o promoción implique una rebaja de precios deberá figurar de manera clara, visible y legible en cada producto el precio anterior de dicho producto junto con el precio rebajado.” Hasta ahí está perfecto, pero a continuación hay una frase que dice: “Queda prohibida la oferta y/o promoción de un producto que por primera vez sale a la venta.” No entendemos esto porque cuando un producto sale a la venta muchas veces el oferente quiere justamente lanzarlo de manera promocional para que el cliente lo conozca y lo consuma.
En este sentido, daba el ejemplo de que Aerolíneas Argentinas quisiera desarrollar una nueva ruta comercial a Río Cuarto y probablemente hiciera su lanzamiento de una manera muy promocional para que se conozca.
Entonces, nuestra propuesta al señor miembro informante consiste en quitar esa última frase del artículo 12 que impide las promociones al lanzamiento.
Por su parte, el artículo 15 establece: “Se prohíbe anunciar al público actividades de oferta y/o promoción de ventas que correspondan a productos que no posean existencia real en el establecimiento comercial.” En este caso queda perfectamente comprendido el objetivo perseguido, es decir que no promocionen una oferta que en la práctica es inexistente. Sin embargo, el concepto de establecimiento comercial nos parece demasiado restrictivo, y por ese motivo sugerimos otra redacción que consideramos más afín al espíritu que se busca. Sería la siguiente: “Se prohíbe anunciar al público actividades de oferta y/o promoción que correspondan a productos que no posean existencia real a disposición del adquirente.” No importa tanto si están en ese local puntualmente sino si verdaderamente están disponibles para el cliente.
En cuanto al artículo 17, honestamente no lo entendemos porque dice que para hacer una oferta, el precio tiene que haber estado en su valor normal durante los 28 días consecutivos anteriores a la oferta. Aquí se me ocurría el ejemplo de un hotel en la costa atlántica o incluso también de Aerolíneas Argentinas, que deciden que hay que hacer una oferta por ejemplo los días martes porque el flujo es menor y quieren generar mayor demanda para su producto durante ese día. Entonces, estarían violando este artículo. Por tal motivo, me parece que habría que eliminar este artículo ya que imposibilitaría ciertas prácticas comerciales que favorecen al cliente y que serían totalmente naturales.
Tampoco entendemos muy bien el artículo 22, que dice: “Queda prohibida la oferta de productos o servicios al consumidor a un precio menor a su valor habitual, bajo la condición de que éste consiga adhesión de otras personas.” No se le está obligando nada a nadie, con lo cual no vemos cuál es el daño en llevar adelante este tipo de acciones comerciales.
Son solo cuatro artículos dentro de un proyecto que tiene todo un capítulo que viene de la ley del Gobierno de la Ciudad que busca la transparencia. Estamos de acuerdo con el proyecto pero simplemente en el capítulo de las ofertas nos encontramos con que la posibilidad de hacer ofertas y rebajas, que en realidad es algo bueno para el consumidor, se vería anulada con esto. Por eso hacemos estas sugerencias con el deseo de que puedan ser incorporadas estas modificaciones.

Monitor BCRA: Informe al 14 de agosto de 2015

Informe: 

Por segunda semana consecutiva, entre los días 8 y 14 del mes de agosto no existieron nuevas transferencias de utilidades por parte del BCRA al Tesoro, ni se expandió el stock de Adelantos Transitorios (AT) otorgados. De este modo, el monto de asistencia total ex-plicado por estos dos conceptos en lo que va del año continúa siendo de $64.600 millones, de los cuales $30.900 constituyen AT adicionales, y $33.700 son utilidades.
Por lo tanto, aún siguen quedando disponibles unos $44.424,1 millones para ser transferidos al gobierno en forma de utilidades, mientras que el margen de AT disponible a la fecha lo estimamos en torno a los $23.500 millones.
Cabe destacar que la semana pasada se conoció el balance fiscal del Sector Público Na-cional no financiero, correspondiente al mes de junio, en el cual los ingresos corrientes resultaron algo superiores a lo que venía siendo su tendencia previa (presentando un creci-miento del 38,6% interanual, explicado en parte por el pago que las telefónicas realizaron ese mes por la licitación de la red 4G). A los efectos del Monitor, dicha alza en los ingresos del fisco ocasiona también un ligero incremento en el tope, estipulado por ley, para el otorgamiento posterior de AT.
Por otra parte, la base monetaria sigue acelerando su ritmo de expansión. Ubicándose en torno a los $533.000 millones, el crecimiento interanual de la misma ya supera el 38%. En particular, durante la semana en cuestión, el aumento neto de base para satisfacer las necesidades del Tesoro se ubicó en $819 millones, cuyo monto total ya acumula en lo que va del año una expansión neta de $69.947 millones.

Metodología: 

http://www.mancur-olson.com.ar/noticia/1131/metodologia-del-monitor-del-bcra

Monitor BCRA: Informe al 7 de agosto de 2015

Informe:

En el transcurso de la semana comprendida entre el 1 y el 7 de agosto, no tuvo lugar ningún incremento neto en el monto de Adelantos Transitorios (AT) otorgados al gobierno nacional (respecto de la última publicación del Monitor, con datos al 31 de julio), como así tampoco en las transferencias de utilidades.
De esta forma, el stock de AT se mantuvo inalterado, totalizando en lo que va del año un aumento neto de los mismos en $30.900 millones. De acuerdo a nuestras estimaciones, el margen aún vigente a la fecha para la expansión de los AT ronda aproximadamente en torno a los $17.000 millones.
Mientras tanto, las utilidades transferidas siguen representando $33.700 millones. Dado que el tope de utilidades a traspasar a lo largo del año 2015 es de $78.124,1 millones (en función de lo estipulado en el balance consolidado anual del BCRA), todavía quedarían disponibles unos $44.424,1 millones.
Por otra parte, el ritmo de expansión de la base monetaria no aminora su aceleración. Tan sólo entre el 30 de julio y el 4 de agosto creció $33.599 millones, pasando de $507.309 millones a un pico de $540.908. Si se compara la primera semana de agosto con igual período de 2014, las cifras muestran un aumento del 37,5% interanual. Específicamente, durante la semana en cuestión, tuvo lugar una expansión neta de la base monetaria por $8.127 millones destinados a satisfacer necesidades de financiamiento del Sector Público. Así pues, el monto total de asistencia monetaria al Tesoro Nacional ya acumula $69.128 millones en lo que va de 2015, un 57% más que el existente a la misma fecha del año pasado.

 

Metodología:

http://mancur-olson.com.ar/noticia/1131/metodologia-del-monitor-del-bcra

Monitor BCRA: Informe al 31 de Julio de 2015

Informe: 

En lo que va del año, hasta el 31 de julio, el BCRA ha transferido al Gobierno Nacional $33.700 millones en concepto de utilidades, y otorgó Adelantos Transitorios (AT) netos por $30.900 millones, de lo cual resulta un monto total de asistencia monetaria por $64.600 millones. Respecto de la última publicación del Monitor, los AT aumentaron en $10.000 millones (otorgados entre el 15 y el 23 de julio), mientras que se transfirieron utilidades por $8.700 millones adicionales (entre el 20 y el 24 de julio).
Aún existe un margen disponible para transferir utilidades por $44.424,102 millones, y, según nuestras estimaciones, se pueden otorgar adelantos por aproximadamente $15.684 millones adicionales.
Según la información publicada hasta el 31 de julio, en el 2015 la expansión neta de la base monetaria para satisfacer necesidades de financiamiento del Sector Público alcanzó los $61.001 millones, un 56,3% superior a la existente a la misma fecha el año pasado.

 

Metodología: 

http://www.mancur-olson.com.ar/noticia/1131/metodologia-del-monitor-del-bcra

 

Monitor BCRA: Informe al 17 de Julio de 2015

Informe:

En lo que va del presente año, hasta el 17 de julio, el BCRA ha otorgado al Gobierno nacional $20.900 millones en concepto de Adelantos Transitorios netos, y $25.000 millones de utilidades, totalizando un monto de $45.900 millones. Todavía queda un margen disponible para transferir utilidades por $53.124,102 millones, y nuestras estimaciones indican que se pueden otorgar (hasta esa fecha) adelantos por aproximadamente $25.438 millones adicionales.
De acuerdo a la usual dinámica de las necesidades de financiamiento del Sector Público Nacional, en el último trimestre del año se concentran fuertemente las erogaciones y vencimientos, por lo que los desequilibrios obligarán a una mayor demanda de fondos por parte del Gobierno nacional (más aún en plena carrera electoral). Este es uno de los motivos del relanzamiento del Monitor del BCRA para el presente ejercicio fiscal recién en el mes de julio.
Por su parte, la base monetaria viene experimentando desde el mes de mayo una aceleración marcada en su ritmo de crecimiento, en comparación con su evolución durante el mandato de Fábrega al frente del BCRA y también en relación a los primeros meses de la gestión del actual presidente Vanoli. Al 24 de julio (último dato disponible) la base monetaria se ubicaba en $519.403 millones, un guarismo aproximadamente 35% más elevado que el promedio del mes de julio del año previo.
Según la información publicada hasta el 17 de julio, la expansión neta de la base monetaria explicada por necesidades del Sector Público viene aumentando a velocidad récord, alcanzando los $51.623 millones, un monto cerca del 58% superior en términos interanuales al del 2014.

Metodología:

http://www.mancur-olson.com.ar/noticia/1131/metodologia-del-monitor-del-bcra

Discurso Sesión 15/07 sobre Actualización de la AUH

 

Señora presidenta:

Repasemos algunos números. La Asignación Universal por Hijo llega al 30 por ciento de los niños de la Argentina; también alcanza el 90 por ciento en los niños en los 3 deciles de menores ingresos en la Argentina.
Para una familia con tres hijos dentro de estos 3 deciles, representa un aumento del 50 por ciento en su ingreso medio.
En un trabajo del año pasado dos investigadores ‑Stampini y Tornarolli‑ compararon este programa con otros de Lationamérica y el Caribe. Llegaron a la conclusión de que se trata de uno de los programas más inclusivos, ambiciosos y progresistas de la región.
Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata se dedica a investigaciones sociales. Por ejemplo, en un trabajo de 2012, Guillermo Cruces y Leonardo Gasparini, demostraron que la Asignación Universal por Hijo implicó una reducción del 30 por ciento de la pobreza argentina. También implicó una disminución del 13 por ciento en la desigualdad, cuando uno compara los niveles de ingreso del decil más bajo y del decil más alto.
En un trabajo de este año, Leonardo Gasparini y el licenciado Garganta hablan sobre el impacto de la Asignación Universal por Hijo en el empleo. Encuentran que no hay absolutamente ninguna evidencia que afecte los niveles de participación, esa idea de que la Asignación Universal por Hijo iba a afectar la voluntad de trabajar. Sí encuentran que hay un efecto sobre la formalización: la gente se formaliza de manera más lenta. Ese es un tema sobre el cual desde este bloque hemos presentado algún proyecto y sería interesante analizar.
Por su parte, Salvia y Tuñón, de la UCA –que justamente no es un lugar muy favorable al gobierno- en un trabajo del año pasado encuentran que la Asignación Universal por Hijo es responsable de una reducción de más del 60 por ciento en la exclusión escolar, así como también de la reducción del trabajo infantil.
Es decir que por donde se lo mire este es un proyecto que hay que acompañar, porque justamente intenta mejorar este instrumento que ha tenido todos estos resultados tan positivos para la inclusión social en la Argentina.
Ahora bien, desde el punto de vista de nuestro trabajo en el Congreso, se da una cosa bastante particular, que tiene que ver con nuestro funcionamiento como cuerpo. El primer proyecto presentado sobre el deseo de actualizar fue el de la diputada Carrió, en 1997. Luego presentaron proyectos en ambas Cámaras Gerardo Milman, en 2010; Silvana Giudici, en julio de 2010; Juan Mario Pais, en agosto de 2010 –cuyo proyecto es exactamente igual al que trae el Ejecutivo en este momento-; Elena Corregido, Federico Pinedo; Héctor Piemonte, Luis Sacca, Alberto Pérez, Facundo Moyano, Víctor Hugo Maldonado, Miguel del Sel -también con el mismo índice de actualización que propone el gobierno-, Sergio Massa, Julio César Martínez, Mario Raúl Negri, Patricia Bullrich y Julio Cobos.
Entonces, desde el punto de vista de nuestro funcionamiento, somos 257 diputados pertenecientes a diferentes fuerzas políticas que estamos todos de acuerdo. Pero, además, no se trata de que tengamos que especular acerca de si estamos o no de acuerdo, sino que eso está escrito. Entonces, si 257 personas escriben que coinciden y, sin embargo, tienen que esperar a que el Ejecutivo envíe un proyecto, algo está diciendo que estamos funcionando mal como cuerpo legislativo.
Comento esto porque de alguna manera se traslada a la discusión de la universalización, que fue mencionada por los diputados preopinantes y por muchísimas otras personas. Silvia Augsburger, Claudio Lozano, Felipe Solá, Irma García, Martín Sabbatella, Juan Carlos Forconi, Sergio Panza, Mirta Pastoriza, Elena Corregido, José Martínez, Ricardo Alfonsín, Sergio Massa, Julio César Martínez y Patricia Bullrich también lo proponen.
Entonces, si nos abocáramos a ver un proyecto sobre el cual hay total consenso dentro de las fuerzas políticas, me parece que no tenemos que esperar que el Poder Ejecutivo lo mande para poder avanzar.
La diputada Bianchi pedía el compromiso de las fuerzas políticas con la Asignación Universal por Hijo, y por supuesto que lo tiene por parte del PRO. Nosotros pedimos el compromiso de ellos de trabajar en pos de la universalización, que incluso los diputados del Frente para la Victoria lo proponen.
Creo que debemos cambiar un poco el eje de la discusión y focalizarnos en los niños. La pregunta que cabe es: ¿por qué un trabajador formal que tiene un ingreso, por ejemplo, de entre 7500 y 9800 pesos, cobra una asignación familiar y el niño la recibe, pero si un monotributista tiene el mismo nivel de ingreso, no la percibe? ¿A ese niño lo consideramos diferente del hijo de un trabajador formal? No. Entonces, me parece que la universalización tiene que ver con ese punto: son más de 2.500.000 monotributistas, cuyos hijos no están incluidos. Esto es lo que comentaron la diputada González y el diputado Buryaile: aquellos padres que deciden enviar a sus hijos a colegios públicos de gestión privada también debieran ser incluidos. Creo que nos debemos ese debate y hay bastante consenso al respecto.
Por otra parte, estas son transferencias condicionales. Es decir que les pedimos a los padres que muestren los logros en educación y en salud. ¿Pero por qué, por ejemplo, a una persona que paga el impuesto a las ganancias, que toma la deducción especial por hijo y que a través de esa deducción cobra una ayuda para sus hijos, no le pedimos nada con respecto a la salud? ¿No nos preocupa la salud de ese niño porque su padre paga el impuesto a las ganancias?
Evidentemente, cuando cambiamos el foco del análisis y pensamos en el niño, nos damos cuenta de que el sistema carece de algunas cosas y que podría ser mejorado. Esto es parte de la agenda que está pendiente, que no incluye únicamente la cuestión de la universalización, sino también –y de manera primordial- el tema de la educación. Digo esto porque no sólo tenemos que defender el tema del 6 por ciento del producto bruto como parámetro para fijar el presupuesto educativo, sino también la calidad de la educación.
Por esa razón, solicito a la presidenta de la Comisión de Educación, aquí presente, que impulse la discusión sobre los institutos de evaluación de calidad educativa, que es el mecanismo por el cual debemos asegurarnos de que ese 6 por ciento del PBI que se destina a la educación nos permita alcanzar un buen nivel educativo. Días pasados me decía una persona: “Dime cómo es hoy tu sistema educativo y te diré cómo será tu país dentro de veinte años”. Por lo tanto, no solo tenemos que trabajar para que todos los chicos perciban la Asignación Universal por Hijo, sino también para que tengan un mejor futuro.

An Estimation of CPI Biases in Argentina 1985-2005 and its Implications on Real Income Growth and Income Distribution.

In Rafael Di Tella and Edward Glaeser (eds.) Argentine Exceptionalism, joint with Pablo Gluzmann, forthcoming.

“Sería casi absurdo que Vanoli siga en un gobierno de Macri”

– ¿Qué diagnóstico hace sobre la marcha del dólar de aquí a diciembre? ¿En caso de ganar, qué tipo de cambio recibirían?

El Gobierno mantendrá la evolución del dólar oficial como hasta ahora, devaluando un poquito todos los días, aunque menos que la tasa de inflación. Creemos que la brecha estará controlada en los valores actuales.

– ¿Cómo piensa impactará el proceso electoral sobre el dólar?

Dependerá del escenario que se vaya planteando. Macri ayudará a la estabilidad del dólar. Scioli ayudará a la inestabilidad.

– Cristina dijo que el fallo Griesa costaría al país US$ 22.000 millones, ¿es así?

Ni por asomo. Hay litigantes en muchas situaciones y no todos los casos deben ser resueltos de igual manera. Por ejemplo, hay 3.000 millones de dólares de deuda en default cuyos tenedores nunca aparecieron.

– ¿A cuánto aumentaría la deuda si Macri negocia un acuerdo con los buitres y reconoce sus reclamos?

Depende de lo que se negocie. Pero cualquier cosa que se haga lo tiene que aprobar el Congreso y ello es bueno porque las políticas deben ser consensuadas.

– ¿Van a negociar con los buitres?

Macri dijo que resolverá este tema. Se habla poco de los costos de mantener la situación actual: por ejemplo, ¿nadie se pregunta por qué YPF debe financiarse al 9% cuando Petrobras se financia al 4,5%?

– El país no crece hace un lustro, ¿por qué lo haría a partir del 10 de diciembre si gana Macri?

Porque creo que para retorne el crecimiento en este país es relevante que haya una justicia independiente, que haya un Congreso que no permita que el Ejecutivo cambie todas la reglas de juego de un día para otro y que deje de mentir como primer paso para recuperar la confianza perdida. Todo esto es más importante que la deuda y Mauricio rápidamente lo corregirá. También trabajar sobre la logística o disminuir el costo fiscal, para mejorar la competitividad del país, es más importante que la deuda. A veces se dice que hay sectores poco competitivos, pero eso es porque el Estado no genera las condiciones para que lo sean.

– ¿A qué tasa de inflación aspiran el PRO a llegar dentro de 4 años?

Nos proponemos que sea entre 0 y 4% en diciembre de 2019. Desinflar la economía luego de tantos años de inflación, y hacerlo preservando el crecimiento económico, será un desafío. Pero se puede hacer y llegar con una economía creciendo por arriba de 5%.

– ¿Alejandro Vanoli debe completar su mandato o Mauricio Macri, si gana las elecciones, debería tener la autonomía para designar alguien de su confianza?

La idea de un banco central independiente es para evitar que el Poder Ejecutivo obligue al titular de la autoridad monetaria a financiar el déficit fiscal con inflación. Pero tener un presidente del Banco Central que quiere emitir y un Poder Ejecutivo que considera que hay que erradicar la tasa de inflación, seria un caso único en el mundo.

– ¿Pero Vanoli quedaría en un eventual gobierno de Mauricio Macri?

Digo que seria casi absurdo que Vanoli siga en un gobierno de Macri. Por un lado, un Presidente que no quiere una tasa de inflación como la actual y, por el otro, un titular del Banco Central que sí la quiere. Además, Macri piensa que el cepo es malo y el actual presidente del Banco Central que quiere mantener el cepo. Sería raro.

Proyecto de Ley: Ley de Responsabilidad Penal Administrativa de las Personas Jurídicas por actos contra la Administración Pública

El Senado y Cámara de Diputados…
Ley de Responsabilidad Penal Administrativa de las Personas Jurídicas
Generalidades y ámbito de Aplicación
ARTICULO 1º.- Esta Ley dispone sobre la responsabilidad penal administrativa de las personas jurídicas por los actos que cometieren contra la administración pública, nacional o extranjera.
ARTICULO 2º.- Las personas jurídicas serán responsables objetivamente, en el ámbito administrativo por los actos tipificados en la presente ley ya sea para su propio beneficio o de un tercero.
ARTICULO 3º.- La responsabilidad de la persona jurídica no excluye la responsabilidad individual de sus directores, Socios Gerentes, administradores o de cualquier socio participe en los actos tipificados por esta ley. Consecuentemente, a): La persona jurídica podrá ser responsable con independencia de la responsabilidad individual de las personas físicas; b) Los directores, Socios Gerentes, administradores y/o socios serán únicamente responsables por los actos tipificados en esta ley en la medida de su responsabilidad.
ARTICULO 4º.- La responsabilidad penal administrativa de la persona jurídica subsiste en caso de transformación, fusión, absorción o escisión o en cualquier otra modalidad societaria.
De las Prácticas Prohibidas
ARTICULO 5º.- Constituyen prácticas prohibidas contra la administración pública nacional o extranjera para los fines de esta ley, todos aquellos actos practicados por las personas jurídicas mencionadas en el Artículo 1 de esta Ley, que atenten
contra el patrimonio público nacional o extranjero, contra principios de la administración pública y compromisos internacionales asumidos por la República Argentina, los que se definen de la siguiente manera:
a) Entiéndase por “práctica corrupta” el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona;
b) Entiéndase por “práctica fraudulenta” cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación;
c) Entiéndase por “práctica de colusión” un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;
d) Entiéndase por “práctica coercitiva” el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones;
e) Entiéndase por “práctica de obstrucción” (i) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación o, (ii) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos de la Administración Pública Nacional a inspeccionar y auditar en los términos del Artículo 6 de esta Ley.
ARTICULO 6: En los contratos y licitaciones públicas se incluirá una cláusula que exija que todos los participantes en una licitación, proveedores y contratistas y sus subcontratistas sus agentes, personal, consultores, proveedores de bienes o servicios deben permitir al órgano de contralor revisar todas las cuentas, archivos
y otros documentos relacionados con la presentación de las ofertas y el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el órgano de contralor.
Del Régimen Penal Administrativo
ARTÍCULO 7: Las Personas Jurídicas consideradas responsables por los actos prohibidos previstos en la presente Ley serán objeto de las siguientes sanciones:
A) Multa de hasta 4 veces el valor de la Ganancia Neta del último ejercicio inmediato anterior a la instauración de este régimen penal administrativo, excluidos los impuestos, el cual nunca será menor a la ventaja obtenida, cuando fuere posible su estimación
B) Publicación de la decisión condenatoria. La publicación de la decisión será a expensas de la persona jurídica y deberá tener un extracto de la sentencia, explicación de la práctica prohibida y descripción de la pena. Será publicada por el plazo mínimo de 30 días en tres diarios de circulación nacional y en el sitio web del Registro Nacional de Empresas Sancionadas.
C) La aplicación de las sanciones previstas en esta Ley no excluye en cualquier hipótesis la obligación de la persona jurídica de reparar integralmente el daño causado.
D) En la hipótesis del A) de este artículo, cuando no sea posible obtener la ganancia neta de la empresa se aplicará una multa de $ 20,000 (pesos Veinte mil) a $ 200,000 (Pesos Dos cientos mil).
E) Inhabilitación de poder participar en licitaciones y cualquier tipo de contratos con la Administración Pública Nacional por el plazo mínimo de 3 años y por el plazo máximo de 20 años.
ARTICULO 7 En el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, el Fiscal de Control Administrativo Anticorrupción dependiente de la Oficina Anticorrupción, tendrá competencia concurrente para instaurar procesos administrativos de responsabilidad de personas jurídicas o para avocarse a los procesos ya iniciados con fundamento en Ley, así como para la supervisión de los procesos ya iniciados.
ARTICULO 8: Compete a la Oficina Anticorrupción, llevar a cabo el proceso de juzgamiento de los actos prohibidos de esta Ley contra la Administración Pública Extranjera de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 4 de la Convención para
Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, suscrita en París, el 17 de diciembre de 1997 y aprobada por la República Argentina, mediante Ley 25.319.
ARTÍCULO 9: La conclusión del Procedimiento Administrativo en la esfera de la Oficina Anticorrupción debe concluir dentro de los 180 días corridos contados desde el inicio de la actuación sumarial.
ARTICULO 10: Las resoluciones de la Oficina Anticorrupción previstas en este capítulo serán recurribles por ante la justicia en el fuero contencioso administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos.
ARTICULO 11: Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso administrativo a que dieran lugar las infracciones previstas en esta ley se regirán por los artículos 1101 y siguientes y 3982 bis del Código Civil, entendiendo por “acción civil”, la acción “penal administrativa”.
Del Acuerdo de Cooperación Extrajudicial
ARTÍCULO 12: La Autoridad Máxima de cada organismo estatal o cualquier entidad pública podrá celebrar un acuerdo de cooperación extra judicial con la persona jurídica responsable de realización de actos prohibidos tipificados en este Ley, siempre de que de este acuerdo resulte:
A) Cuando correspondiere, la identificación de las personas relacionadas con la infracción.
B) Todos los documentos e informes que acrediten la comisión de la infracción por parte de la persona jurídica.
C) La persona jurídica deba cesar inmediatamente de cometer la infracción a partir de celebrado el acuerdo de cooperación extra judicial.
D) La persona jurídica sea la primera en manifestarse sobre su interés en
colaborar en el esclarecimiento de la infracción
E) La persona jurídica admita su participación en la infracción, coopere plenamente a su costa, y concurra en todas las oportunidades en las que sea citada.
ARTICULO 13: El acuerdo de cooperación extrajudicial hará que la sanciones previstas en el en el Articulo 7 Incisos d) (inhabilitación) y e) (multas) sean reducidas en 2/3 (dos tercios).
ARTÍCULO 14: El acuerdo de cooperación extrajudicial no exime a la persona jurídica de reparar integralmente el daño causado.
ARTÍCULO 15: Los efectos del acuerdo de cooperación extrajudicial serán aplicados también a las personas jurídicas que integran el mismo grupo económico, de hecho o de derecho, que la persona jurídica que firme el acuerdo.
ARTÍCULO 16: La Persona Jurídica debe implementar un Programa Interno de Cumplimiento monitoreado por la Oficina Anticorrupción como consecuencia de la celebración de acuerdo de cooperación extrajudicial.
ARTÍCULO 17: En caso de incumplimiento del acuerdo, la persona jurídica no podrá celebrar un nuevo acuerdo de colaboración extrajudicial por un periodo de 3 años.
ARTÍCULO 18: La celebración del acuerdo de cooperación extrajudicial interrumpe el plazo de prescripción de los actos prohibidos por esta Ley.
De la Creación de un Registro Nacional de Empresas Sancionadas
ARTICULO 19: Crease en el ámbito de la Inspección General de Justicia un Registro Público de Empresas Sancionadas por esta Ley.
ARTICULO 20: El Registro Público de Empresas Sancionadas tendrá, entre
otras funciones, la de conservar un registro con la razón social, tipo de sanción y datos del expediente de la persona jurídica sancionada.
ARTÍCULO 21: Las autoridades competentes que celebren acuerdos de cooperación extrajudicial deben mantener informado al Registro Público de Empresas Sancionadas.
ARTÍCULO 22: Las multas obtenidas producto de esta Ley, serán destinadas principalmente a los órganos y entidades públicas que fueron afectadas por la infracción.
ARTÍCULO 23: De forma.

 

FUNDAMENTOS:

 
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de ley radica en introducir la responsabilidad penal administrativa de las personas jurídicas por actos de fraude y corrupción, que cometieren contra la administración pública nacional o extranjera.
La República Argentina, comprometida en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional ha asumido una serie de obligaciones internacionales destinadas a fortalecer la lucha contra la corrupción.
En primer lugar, la República Argentina ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA, Organización de Estados Americanos), adoptada por la OEA el 29 de marzo de 1996 y aprobada por la Argentina mediante Ley 24.759, promulgada el 13 de enero de 1997.
En segundo lugar, y de especial relevancia para la sanción de la presente ley, la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), suscripta en París, el 17 de diciembre de 1997 y aprobada por la República Argentina, mediante Ley 25.319 (publicada en el Boletín Oficial el 18/10/00).
Asimismo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU, Organización de Naciones Unidas), aprobada por Resolución N° 58/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 31 de octubre de 2003, suscripta en Mérida, México el 10 de diciembre del mismo año y aprobada por la República Argentina mediante Ley 26.097, promulgada el 6 de junio de 2006.
Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE)
La Convención de la OCDE es el primer instrumento internacional de alcance global sobre lucha contra la corrupción que se centra en la faz “activa” del cohecho trasnacional, es decir en “la oferta, la promesa o la concesión” de cualquier beneficio indebido, en lugar de hacerlo en su faz “pasiva”, configurada por la solicitud, aceptación o recepción de ese beneficio indebido. Este enfoque la distingue de otras convenciones anticorrupción. Su objetivo principal es penalizar a las empresas y personas que, en sus transacciones comerciales, ofrezcan, prometan den dinero o gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros, con el fin de beneficiarse en sus actividades económicas internacionales. De acuerdo a este instrumento internacional, la detección y sanción de los pagos ilegales es independiente de que el funcionario público sea acusado de haber recibido el pago ilegal o la dádiva comprometida. Nuestro país introdujo como delito el cohecho de funcionario públicos extranjeros en el artículo 258 bis del Código Penal, tal como lo exigía la Convención Interamericana contra la Corrupción (art. VIII) a través de la ley 25.188. Luego, en cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo de la OCDE introdujo modificaciones en su redacción. Su texto vigente es el siguiente:
ARTICULO 258 bis – Será reprimido con reclusión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que, directa o
indirectamente, ofreciere u otorgare a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero cualquier objeto de valor pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo, en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial .(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.825 B.O. 11/12/2003)
La deducción impositiva del cohecho se encuentra prohibida en nuestra legislación. El art. 37 de la ley Nº 20.628 (Impuesto a las Ganancias) dice:
“…cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas3, no se admitirá su deducción en el balance impositivo, estableciendo incluso que, en tal circunstancia, dicho gasto se encontrará sujeto al pago definitivo en una tasa del 35%”.
El Código Penal contempla penas de uno a seis años de reclusión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública para las personas naturales que hayan cometido éste delito.
Sin embargo, es muy importante destacar a los fines de este Proyecto, que la Republica Argentina ha sido evaluada en el marco de la Convención de la OCDE en su fase 3, cuyo informe se ha publicado en Diciembre de 2014 Específicamente en los párrafos 49 a 53 del informe, la OCDE expresa su consternación dado que después de 13 años que la Argentina es parte de la Convención todavía no tenga un régimen para sancionar a las personas jurídicas por soborno transnacional. Asimismo expresa su preocupación y le resulta extraño que la Argentina haya adoptado un régimen penal para las personas jurídicas por otros delitos (por ejemplo lavado de dinero), pero no por soborno transnacional, lo que después de 13 años parece, según los examinadores de la OCDE, no ser una prioridad para la Argentina.
Antecedentes Internacionales
1. LEY DE PRÁCTICAS CORRUPTAS EXTRANJERAS (EN INGLÉS “FCPA”). ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 (FCPA) (15 USC § 78dd-1, et seq.) es una ley federal de los Estados Unidos conocido principalmente por dos de sus principales disposiciones, que se ocupa de la contabilidad los requisitos de transparencia en virtud de la Ley de Valores de 1934 y otro relativo a la corrupción de funcionarios extranjeros. La Ley fue modificada en 1988 y en 1998.
La FCPA tiene dos enfoques principales respecto de (1) la divulgación y (2) la prohibición. El enfoque sobre la divulgación constituye la primera parte de la Ley y contiene disposiciones sobre contabilidad y registros. Esta sección establece que una corporación debe de mantener registros precisos de todas las transacciones que lleve a cabo. El segundo enfoque -el enfoque prohibitivo- de la FCPA prohíbe el soborno de negocios de Estados Unidos a funcionarios extranjeros. De manera específica, la Ley prohíbe a las compañías Americanas y a su representantes la utilización del correo u otro medio de comercio interestatal para llevar a cabo un pago ilícito a un funcionario extranjero o un político para utilizar su poder o influencia para ayudar a que la firma Americana obtenga o conserve negocios para sí misma o para cualquier otra persona.
La FCPA es aplicable respecto de todos los negocios de Estados Unidos e individuos al exigir su cumplimiento a todos los emisores de valores y empresas domésticas. Además de negocios de los Estados Unidos e individuos, la FCPA también resulta aplicable respecto de cualquier funcionario, director, empleado, agente, o intermediario de valores actuando a nombre de dichos emisores o empresas domésticas. Se considera que una persona tiene conocimiento de que un pago será utilizado para sobornar a un funcionario extranjero si la persona tiene conocimiento o tiene una creencia firme que el tercero está llevando a cabo dicha conducta o se tiene una certeza substancial de que dicho resultado se producirá.
Finalmente, las violaciones civiles y/o sentencias penales bajo la FCPA implican penas severas potenciales. Se establece como posible sanción una multa civil de hasta US$ 10,000 por violaciones civiles. Adicionalmente, sentencias penales de conformidad con la FCPA implican penas criminales para un individuo de hasta US$ 100,000, mientras que la multa máxima penal para una corporación de los Estados Unidos es de US$ 2 millones
2. LEY ANTI SOBORNO DEL REINO UNIDO / UK BRIBERY ACT. (2010)
La Ley de Soborno (2010) es una ley del Parlamento del Reino Unido que cubre la ley penal en relación con el soborno. Introducido al Parlamento en Discurso de la Reina en 2009, después de varias décadas de informes y proyectos de ley, la ley recibió la sanción real el 8 de abril de 2010, tras el apoyo de todos los partidos. Inicialmente programada para entrar en vigor en abril de 2010, esto fue cambiado al 1 de julio de 2011.
Las sanciones por la comisión de un crimen bajo la ley son un máximo de 10 años de prisión, además de una multa ilimitada, y el potencial para la confiscación de bienes en virtud de la Ley del Producto del Delito de 2002, así como la descalificación de Administración bajo la Compañía Directores Descalificación Ley de 1986. La Ley tiene una jurisdicción casi universal, lo que permite el procesamiento de una persona o empresa con vínculos con el Reino Unido, independientemente del lugar donde se produjo el crimen.
La ley también introduce un nuevo delito de ofrecer, prometer o conceder una ventaja financiera o de otro tipo a un funcionario público extranjero cuando tal ventaja no está permitida bajo la ley escrita aplicable a dicho funcionario extranjero. El sujeto activo debe tener la intención de que la ventaja dada u ofrecida influiría el funcionario extranjero en el desempeño de sus deberes como funcionario público y debe tener la intención de asegurar negocio o para obtener una ventaja comercial. La definición de “funcionarios públicos extranjeros” es muy amplia e incluye los que trabajan para organizaciones internacionales.
La Ley abarca tanto las actividades privadas y públicas. Los Tribunales del Reino Unido tienen jurisdicción sobre el soborno fuera del Reino Unido, donde la persona que comete el delito es un ciudadano británico o es residente habitual en el Reino Unido, un cuerpo incorporado en el Reino Unido o en una asociación escocesa. Cualquier empresa que realice su actividad en el Reino Unido estará sujeta a la falta de un delito prevenir el soborno en relación a la conducta que ocurre fuera del Reino Unido, incluso en los casos que la conducta no está relacionada con el aspecto del Reino Unido de su negocio. En este sentido, el alcance de la ley va más allá de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos (FCPA). Para las personas, la pena máxima es de 10 años de prisión y una multa ilimitada. Para las organizaciones comerciales de la pena es una multa ilimitada.
3. LEY ANTICORRUPCION DE BRASIL. LEY 12.846/2013
La Ley 12.846 se encuentra inspirada en leyes internacionales y en Convenciones Internacionales ratificadas por la República del Brasil, entre las que se encuentran la Foreign Corrupt Practices Act (1977) de los Estados Unidos, y la UK Bribery Act, sancionada en el Reino Unido en 2010.
La nueva ley prevé, a diferencia de la FCPA y UK Bribery Act, una Responsabilidad Civil y Administrativa Objetiva, NO CRIMINAL de las personas jurídicas que practiquen actos contra la administración pública nacional o extranjera (art. 1), por lo que su marco de aplicación es amplio. La responsabilidad de las personas jurídicas es objetiva. Esto también es importante en relación con la FCPA que exige un “criminal intent o mens rea”. La nueva ley permite la imposición de sanciones administrativas y judiciales a las personas jurídicas involucradas, que van hasta un 20% de su facturación bruta o multa de hasta 60 millones de Reales. La nueva ley creó también un acuerdo de leniencia. Esto también es muy novedoso y se ve también en la FCPA en los denominados “Deferral Prosecution Agreements” (DPAs) o “Non Prosecution Agreements” (NPAs). Esta Ley crea un Registro Nacional de Empresas Sancionadas, que facilitara la consulta e informaciones PUBLICAS sobre la instituciones afectadas por las sanciones legales. El hecho de que la sanción sea pública, también se contempla en los casos de la FCPA. Para los efectos de la Ley 12.846 se equipara a la administración pública extranjera con los organismos internacionales (art. 5 V. 1.2).
Necesidad de Contar con una Legislación propia, completa y moderna en nuestro país.
Nuestro país no puede ni debe desentenderse del problema que, en un contexto internacional, afecta con prácticas ilegales al conjunto de la economía y de la vida institucional nacional.
En sintonía con otros estados que desde sus gobiernos están realizando sistemáticos esfuerzos para combatir los delitos detallados tu-supra, entendemos que se hace imprescindible contar con una legislación propia, completa y moderna que nos lleve por ese camino. Este proyecto de Ley es congruente con ello y por eso solicitamos que se acompañe con su sanción.