Proyecto de Ley: Creación de los Consulados Honorarios

El Senado y Cámara de Diputados…
DE LOS AGENTES CONSULARES HONORARIOS
Artículo 1. Ejercicio de funciones consulares por jefes de la Oficina consular honoraria.
1. Las personas que el Ministerio de Relaciones Exteriores designe como titulares de Oficinas consulares honorarias podrán ejercer funciones consulares, con carácter limitado y por delegación, en concepto de auxiliares y colaboradores de los funcionarios diplomáticos o consulares de carrera de los que dependan en los términos establecidos por el Convenio de Viena de 24 de abril de 1963 y, en su caso, con arreglo a lo que determinen los convenios bilaterales así como de conformidad con lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos internos, tanto de la República Argentina como del Estado receptor.
2. Dichas personas, por el nombramiento como jefes de la Oficina consular honoraria, no adquirirán, en ningún caso, la condición de funcionarios de carrera o empleo de la Administración pública del Estado argentino, ni tendrán consideración de personas incorporadas a la misma por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el derecho administrativo en los términos establecidos por la legislación argentina en materia de funcionarios públicos del Estado, ni en carácter de empleo privado
3. Los jefes de la Oficina consular honoraria no tendrán que poseer necesariamente la nacionalidad argentina y podrán desarrollar todo tipo de actividad lícita al mismo tiempo que desempeñan las funciones consulares.
Artículo 2. Categorías de los Jefes de Oficina consular honoraria.
Con arreglo al artículo 9 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares, los Jefes de Oficina consular honoraria podrán ser de dos categorías:
Cónsules generales honorarios.
Cónsules honorarios.
Artículo 3. Nombramiento.
Los jefes de la Oficina consular honoraria serán nombrados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el informe favorable de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Convenio de Viena y previa tramitación y aprobación de la propuesta a que se refiere el artículo 4° del mismo Convenio.
Artículo 4. Propuesta de nombramiento.
1. Los jefes de la Oficina consular honoraria serán nombrados a propuesta del Jefe de la misión diplomática dentro de cuya jurisdicción se encuentre la Oficina consular honoraria.
Artículo 5. Contenido de la propuesta.
1. La solicitud de nombramiento que se hará por Despacho separado de la propuesta de establecimiento de la Oficina consular honoraria y tan sólo una vez que haya sido aprobada la creación de la misma deberá contener una explicación pormenorizada de la conveniencia de que se nombre el titular propuesto y en todo caso, hará referencia detallada a la concurrencia en la persona que se propone de las condiciones requeridas por el artículo siguiente.
2. En el supuesto de que la propuesta de nombramiento se refiriese a una persona de nacionalidad extranjera, habrán de explicarse las razones de haberla preferido a otra de nacionalidad argentina.
3. La propuesta contendrá las facultades que se proponga delegar en el jefe de oficina consular honoraria-
Artículo 6. Condiciones requeridas.
1. La persona en que recaiga la propuesta habrá de ser escogida entre los residentes argentinos mayores de edad en el lugar establecido como sede de la Oficina consular honoraria, que sean localmente conocidos por su honorabilidad y prestigio. En el supuesto de tratarse de nacional extranjero, habrá de conocer el idioma español o disponer en caso necesario de personal que lo conozca.
2. No podrán ser propuestos los nacionales argentinos que no sean mayores de edad o que no hayan cumplido los deberes establecidos por la legislación vigente.
3. Sólo podrá conferirse el nombramiento cuando las informaciones practicadas pongan de manifiesto la capacidad y voluntad de la persona propuesta para desempeñar con el apropiado decoro y dignidad y con la dedicación y atención necesarias las funciones representativas o de gestión que, como delegado o en sustitución del funcionario consular de carrera, puedan serle encomendadas.
4. En caso de que la persona propuesta lo sea para Cónsul general honorario, se requerirá, además que esté en posesión de título académico universitario o equivalente o que haya prestado especiales y relevantes servicios a los intereses argentinos o que ocupe un destacado puesto en el comercio, la industria o las finanzas. No podrá ser nombrado con esta categoría ningún jefe de Oficina consular honoraria cuando el Jefe de la Oficina consular de carrera de la que dependa no sea Cónsul general.
Artículo 7. Carta patente.
1. De acuerdo en el artículo 11 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares, el Jefe de la Oficina consular honoraria será provisto de carta patente que acredite su clase y en la que se indique su nombre completo, nacionalidad y categoría, circunscripción consular y la sede de la Oficina consular de carrera.
2. La carta patente será autorizada con su firma por el Jefe la Oficina consular de carrera o en su caso, del Jefe de la Misión diplomática del que dependa el agente consular honorario. Una vez firmada el Jefe de la Oficina consular de carrera la enviará al Jefe de la Misión para su notificación o remisión al Gobierno del Estado en cuyo territorio se van a ejercer las funciones de aquélla, con el fin de obtener el exequátur previsto en el artículo 12 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares.
Artículo 8. Admisión del Jefe de la Oficina consular honoraria, y toma de posesión.
La fecha de concesión del exequátur será comunicada por el Jefe de Misión al Ministerio, así como la de toma de posesión. Esta le será dada al interesado por el Jefe de la Oficina consular de carrera correspondiente o, en su caso, por el Jefe de Misión.
Artículo 9. Atribuciones.
1. Los jefes de la Oficina consular honoraria actuarán como auxiliares o delegados del funcionario consular de carrera del que dependan con los alcances de las facultades que les fueran delegadas por el acto de su designación. Por tanto sus atribuciones estarán en cada caso, determinadas por las instrucciones que de éste reciban, teniendo en cuenta, para el mejor servicio, las circunstancias propias de cada país.
2. En el ejercicio de sus funciones estarán especialmente facultados para prestar, en conexión con la Oficina consular de carrera o, en su caso, de la Misión diplomática de la que dependa, la asistencia y protección consular debida a los nacionales argentinos dentro de los límites permitidos por el Derecho internacional.
3. En todo momento dichas facultades o atribuciones podrán ser ampliadas o reducidas de acuerdo con las necesidades del servicio, sin otras limitaciones que las establecidas por la Ley y los Tratados internacionales.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los jefes de la Oficina consular honoraria podrán legalizar firmas en los documentos públicos expedidos por las autoridades locales, así como visar certificados de origen, facilitar, mediante la entrega y remisión de los correspondientes formularios, las inscripciones en el Registro de Matrícula de Nacionales de la Oficina consular de carrera o, en su caso, de la Misión diplomática de la que dependan, tramitar las solicitudes de pasaportes y hacer entrega de los mismos, renovar certificados de nacionalidad y prestar la debida asistencia y consejo a los argentinos residentes o transeúntes.
5. No podrán actuar en calidad de funcionarios encargados del Registro Civil. Sólo podrán ejercer la fe pública los jefes de la Oficina consular honoraria con arreglo a las condiciones requeridas por la reglamentación vigente, por causa justificada y previa autorización expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
6. Necesitarán autorización expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicada por conducto y a propuesta de la Oficina consular de carrera o, en su caso, de la Misión diplomática de la que dependan, para extender pasaportes y documentos de viaje, así como para expedir visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar a territorio nacional.
Artículo 10. Comunicación con las autoridades locales y con particulares.
Los jefes de la Oficina consular honoraria podrán dirigirse en el ejercicio de sus funciones:
A las autoridades locales competentes dentro de su circunscripción consular.
A las particulares, tanto directamente como por conducto del funcionario consular de carrera de quien dependan, cuando se considere conveniente para la índole del asunto.
Artículo 11. Uso de bandera y escudo nacionales.
1. Los jefes de la Oficina consular honoraria deberán colocar en el exterior de la Oficina consular la bandera y escudo oficiales, izando obligatoriamente la primera en las fiestas nacionales argentinas, en las locales y en las demás ocasiones en que así se le indique, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.3 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares. La bandera, escudo y sellos oficiales serán propiedad del Estado. Asimismo será de propiedad estatal el archivo consular, que deberá siempre estar claramente separado de la correspondencia particular del Jefe de la Oficina consular y de la de toda persona que trabaje con él, y de los objetos, libros y documentos referentes a su profesión o a sus negocios, según dispone el artículo 61 del mencionado Convenio.
2. Los jefes de la Oficina consular honoraria no podrá usar bandera o escudo oficiales en su domicilio cuando éste no coincida con la sede de la Oficina consular honoraria.
Artículo 12. Compensaciones económicas.
1. Los jefes de la Oficina consular honoraria no tendrá derecho a reclamar, a título personal, retribución alguna por el ejercicio de sus funciones.
2. No obstante, como compensación a los gastos ordinarios de oficina o despacho, los jefes de la Oficina consular honoraria tendrán derecho a una participación en la recaudación de los derechos consulares en la forma que reglamentariamente se determine.
3. Por otra parte en casos especialmente justificados y previo informe y propuesta correspondientes el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá proceder a asignar temporalmente a los jefes de la Oficina consular honoraria un empleado o empleados consulares en calidad de personal administrativo o técnico para que le asistan en el desempeño de sus funciones.
El empleado consular dependerá a todos los efectos de la Oficina consular de carrera de cuya circunscripción dependa o, en su caso, de la Misión diplomática.
El Jefe de la Oficina consular de carrera o, en su caso, el de la Misión diplomática será el único competente para el nombramiento y cese de los empleados consulares asignados a las Oficinas consulares honorarias.
Artículo 13. Obligación de remitir una Informe anual.
1. Los jefes de la Oficina consular honoraria deberán remitir antes del 31 de enero de cada año una Informe anual al Jefe de la Oficina consular de carrera del que dependa o, en su caso, al Jefe de Misión, para su curso al Ministerio de Relaciones Exteriores.
2. La misma contendrá los datos actualizados referentes al año anterior sobre la comunidad argentina en su circunscripción consular, actividades de los Centros argentinos, labor administrativa realizada, relaciones con las autoridades locales, datos generales sobre actividades culturales y comerciales, así como cualquier observación o dato de interés sobre el ejercicio de sus funciones consulares.
Artículo 14. Deber de custodia de la correspondencia.
Las Oficinas consulares honorarias tendrán la obligación de conservar, debidamente ordenada, la correspondencia recibida o enviada en el ejercicio de sus funciones, que se considerará propiedad del Estado y no podrá ser publicada ni comunicada a terceros sin autorización.
Los libros oficiales o las publicaciones que hayan podido ser remitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores u otros Organismos competentes se considerarán asimismo de propiedad pública, adscritos a la biblioteca consular de la Oficina.
Los jefes de la Oficina consular honoraria podrán disponer de aquellas publicaciones destinadas a su distribución gratuita.
Artículo 15. Encargado interino de la Oficina consular honoraria.
1. Si los jefes de la Oficina consular honoraria no pudieran ejercer sus funciones por ausentarse durante un período determinado de su residencia oficial, lo comunicarán en la debida antelación al Jefe de la Oficina consular de carrera de la que dependa. La comunicación deberá contener una propuesta de designación de la persona que pueda sustituirle provisionalmente en calidad de encargado interino. En la propuesta se indicará la edad, profesión, nacionalidad y el mayor número posible de datos personales sobre el sustituto.
2. El Jefe de la Oficina consular de carrera podrá aceptar la propuesta del agente consular interino o proponer a su vez un sustituto que, a su juicio, constituya un candidato más idóneo.
3. La designación y cese del encargado interino de la Oficina consular honoraria será comunicada a la Secretaría de Relaciones Exteriores dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en su caso, al Jefe de Misión, y notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor, conforme al artículo 15 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares.
4. Las atribuciones del encargado interino serán las mismas que las del titular, salvo que el Jefe de la Oficina consular de carrera considere conveniente limitarlas.
5. Para la determinación de la eventual compensación económica que pudiera corresponder al encargado interino por el ejercicio de funciones consulares se estará a lo dispuesto en el artículo 12.
Artículo 16. Nombramiento de la misma persona por un tercer Estado.
Los jefes de la Oficina consular honoraria de la República Argentina, en cualquiera de sus categorías, no podrán aceptar la representación honoraria de otro país sin autorización expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores, que la otorgará o denegará atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso y que excepcionalmente pudieran justificarlo. La atención interina de una Oficina consular honoraria de tercer país podrá ser autorizada por el Jefe de Misión previo informe del Jefe de la Oficina consular de carrera correspondiente.
Artículo 17. Cese de los agentes consulares honorarios.
El cese de los jefes de la Oficina consular honoraria podrá producirse por las siguientes causas:
Por revocación del exequátur por parte del Estado donde ejerce sus funciones o por la notificación del Estado receptor de que ha dejado de considerar al agente de que se trata como miembro del personal consular
Por su propia voluntad, de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo siguiente.
Por decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, bien directamente o a propuesta del Jefe de la Oficina consular de carrera correspondiente o, en su caso, del Jefe de Misión diplomática, cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo 19.
Artículo 18. Dimisión.
1. La dimisión del jefe de la Oficina consular honoraria será presentada, en escrito motivado, al Jefe de la Oficina consular de carrera de quien dependa o, en su caso, al Jefe de Misión, con seis meses
de antelación, a menos de existir motivo grave que justifique su cese en plazo menor o de modo inmediato.
2. De la misma se dará cuenta al Ministerio de Relaciones Exteriores por conducto del Jefe de Misión del que dependa. Cuando no haya Jefe de Misión, bien por ausencia, bien por falta de relaciones diplomáticas, la comunicación se efectuará directamente por la Oficina consular de carrera correspondiente.
Artículo 19. Condiciones que permiten proponer el cese.
1. Para proponer el cese de un jefe de Oficina consular honoraria en cualquiera de sus categorías se seguirán los mismos trámites que para su nombramiento.
2. El Ministerio de Relaciones Exteriores decidirá el cese de un jefe de la Oficina consular honoraria cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
Haber sido declarado persona non grata por el Estado receptor, con arreglo al artículo 23 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares.
La ausencia prolongada por más de un año del lugar de su residencia, a menos de haber recabado y recibido autorización para ello del Jefe de la Oficina consular de carrera o, en su caso, del Jefe de la Misión diplomática, y haber provisto previamente su interinidad.
El reiterado y comprobado incumplimiento de las instrucciones recibidas para el ejercicio de sus funciones; o grave infracción de las leyes argentinas o de las del país de residencia.
Haber realizado actos contrarios a la dignidad y decoro de su cargo.
Artículo 20. Suspensión temporal del jefe de la Oficina consular honoraria en el ejercicio de sus funciones.
1. Cuando se contemple la aplicación del cese por alguna de las causas enumeradas en los apartados b), c) y d) del artículo anterior y si las circunstancias del caso lo justifican, el Jefe de la Oficina consular de carrera podrá suspender temporalmente en sus funciones a los jefes de la Oficina consular honoraria dependientes de su jurisdicción.
2. Dará cuenta seguidamente al Jefe de Misión y al Ministerio de Relaciones Exteriores de la suspensión y de los motivos para ella y propondrá las medidas definitivas que al efecto estime deban adoptarse.
Artículo 21. Terminación del ejercicio de funciones consulares por parte de los jefes de la Oficina consular honoraria.
1. Los jefes de la Oficina consular honoraria que haya cesado deberá hacer entrega al Jefe de la Oficina consular de carrera correspondiente o, en su caso, al Jefe de la Misión diplomática del archivo consular a su cargo, así como de los sellos oficiales, escudo y bandera, devolviendo asimismo la carta patente en la que se hubiere extendido su nombramiento.
2. El Jefe de la Misión diplomática comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores y notificará al Gobierno del Estado receptor la terminación del ejercicio de sus funciones por el agente consular honorario.
Cuando no haya Jefe de Misión se estará a lo dispuesto en el artículo 18.2.
Artículo 22. De forma.
Cláusulas transitorias
CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA.
Las categorías de Jefe de Oficina consular honoraria previstas en la presente Ley serán tenidas en cuenta exclusivamente para el nombramiento de las sedes vacantes que puedan producirse a partir de la entrada en vigor del mismo.

 

FUNDAMENTOS:

 

Señor presidente:
El Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de Abril de 1963, receptada en el país por la Ley 17.081 establece las definiciones, requisitos, funciones y obligaciones del Servicio Consular.
Desde su celebración han pasado 52 años y sin embargo, nuestro país, a pesar de ser firmante del Convenio, no ha destinado esfuerzo alguno por darle operatividad a los consulados honorarios, más allá de la Ley 23.732, que establece el régimen de autorización a los ciudadanos argentinos a aceptar y usar condecoraciones y honores otorgados por los estados con los que Argentina mantiene relaciones y sobre la base de esta última, el nombramiento aislado de cónsules honorarios de Argentina en el exterior, establecido por las Leyes 25704, 26506 y 26507.
El fundamento de esta Ley es, básicamente, retomar el impulso sobre el tema, generando un marco legal que pueda establecer un punto de partida para reforzar nuestros lazos con el mundo y, al mismo tiempo, brindar asistencia a los argentinos residentes en el extranjero.
El establecimiento de Consulados Honorarios de la República Argentina en el Exterior podría lograr los siguientes objetivos, más allá de prestar ayuda consular a los residentes argentinos en el exterior:
1- Aclarar asuntos y coyunturas que deterioran la buena imagen y prestigio de Argentina y de los argentinos en el extranjero;
2- Promover actos académicos y de intercambio cultural entre organismos de su circunscripción y la Argentina, buscando los auspiciantes locales que puedan correr con los gastos;
3- Representar a la Argentina en eventos protocolares, oficiales y de instituciones gubernamentales, o privadas, en las que es importante que el país tenga presencia.
4- Prestar asistencia y orientación a los empresarios argentinos que visiten su área o que les soliciten información.
5- Difundir información sobre la Argentina, sobre su actualidad, sus instituciones y su política exterior, entre la población, las instituciones locales y la propia comunidad argentina.
6- Mantener contacto con los estudiantes argentinos en su localidad, para conocer sus necesidades y brindar apoyo cuando se requiera.
7- Colaborar con el Consulado General y la Embajada Argentina en la coordinación de las visitas oficiales de sus titulares, o de altos funcionarios, cuando el gobierno del país solicite apoyo para tales visitantes, que se dirijan al área donde se ubique el Consulado Honorario.
8- Informar a los extranjeros sobre disposiciones argentinas que estén causando inquietud o confusión.
9- Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre la República Argentina y el Estado receptor
10- Promover las relaciones amistosas entre la República Argentina y las ciudades de destino o residencia.
11- Informar a las instituciones y ciudades de destino de las características y posibilidades que ofrece la República Argentina para la inversión y relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas.
12- Proporcionar datos a las instituciones y personas interesadas de la República Argentina de las posibilidades de promoción de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas.
En la inteligencia que esta ley dotará al País de mejores y mayores recursos para nuestra política exterior brindando simultáneamente soluciones a los nacionales que viven en el exterior es que solicitamos se apruebe el presente proyecto de Ley.

 

http://www.diputados.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=176579

Buscan despejar dudas en EE.UU.

NUEVA YORK.- Federico Sturzenegger, diputado nacional y referente económico de Pro, se topó en más de una ocasión con la misma inquietud durante su visita de casi una semana a Nueva York: cómo se garantizará la gobernabilidad en una eventual presidencial de Mauricio Macri.

“Nuestra experiencia en la ciudad, gobernando sin mayoría en la Legislatura, es enriquecedora, sana e importante. Uno gobierna consensuando y ese ejercicio que hemos tenido es único y nos ha dado mucha madurez”, comentó a LA NACION Sturzenegger, antes de regresar a Buenos Aires. “Gobernamos no sólo con el justicialismo, sino con el gobierno nacional en contra”, sintetizó.

En Nueva York, Sturzenegger estuvo en un seminario privado organizado por el BBVA sobre América latina, en el que compartió un panel con Mario Blejer y Marco Lavagna. Además, se reunió con empresarios, analistas e inversores en un desayuno organizado por el Consejo de las Américas, y mantuvo un encuentro con miembros de la comunidad argentina.

Sturzenegger buscó marcar diferencias entre Macri y el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, a quien muchos aquí ya ven como favorito para suceder a Cristina Kirchner. Para hacerlo, insistió en que Macri está mejor preparado que Scioli para conducir al país a una “reconstrucción democrática”.

La pequeña gira de Sturzenegger por Nueva York llega en momentos en los que comenzó a cimentarse aquí la noción de que las elecciones nacionales se definirán entre Macri y Scioli en una segunda vuelta electoral. Cualquiera de los dos, creen aquí, imprimirá una política económica más cercana a las expectativas de los mercados, aunque, en ese terreno, Scioli aún crea dudas.

Sturzenegger dejó definiciones económicas. Dijo que la Argentina no necesita un ajuste, y que Macri va a liberar las restricciones macroeconómicas, va a bajar la inflación a menos del 4 por ciento en tres años, y va a corregir el déficit fiscal y a bajar impuestos.

Además, desechó cualquier urgencia por acordar con los holdouts. “El mercado va sintetizando que no sea tan inmediato un acuerdo. En un momento, hubo una sensación de que se iba a acordar de un día para el otro, y ahora la gente va tomando más consciencia de las complejidades y de que para resolver el problema tenemos que ir al Congreso y la propuesta tiene que ser lógica y el problema puede no resolverse inmediatamente”, dijo.

Discurso: Sesion por Re-estatización de Ferrocarriles

Señora presidenta: creo que con el tratamiento de este proyecto de ley hemos alcanzado algo más de normalidad, al menos para quienes integramos esta Cámara hace tan solo un año. Lo digo porque este fue un proceso del que participaron varias comisiones, en las que pudimos plantear nuestras opiniones. De hecho, alguna de las cosas que propusimos –tal como lo indicó la señora miembro informante- fueron tenidas en cuenta.
Pero como parecería que ese es el proceso natural y correcto de sanción de las leyes, tengo que hacer una reflexión al respecto: ojalá este sea el preludio de lo que va a venir en términos de cómo tratar y trabajar las diferentes iniciativas.
En este recinto hemos hablado mucho sobre la diversificación de la matriz productiva de la Argentina esto es algo que repetimos todo el tiempo , pero poco hemos dicho sobre la diversificación de la matriz del transporte. Al respecto, cabe señalar que para que un país se desarrolle plenamente, su matriz de transporte tiene que estar diversificada.
Existen muchos métodos de transporte: fluvial, ferroviario, vial y aéreo. Todos ellos son importantes, porque cada uno sirve a alguna economía regional o a alguna producción puntual. Así, por ejemplo, la minería utiliza al ferrocarril y la floricultura recurre al avión.
Si un país tiene una matriz productiva desbalanceada, no crecerá ordenadamente; si tiene una matriz de transporte también desbalanceada, tampoco podrá tener economías regionales pujantes y un crecimiento verdaderamente federal y balanceado. De esto se trata el proyecto de ley que estamos considerando en este momento.
En lo que hace específicamente a la actividad ferroviaria, sabemos que nuestro país creció desbalanceado en ese sentido. También sabemos que en lo que respecta al transporte de pasajeros y de cargas a través del ferrocarril se ha registrado un retroceso muy significativo.
Sería importante que hiciéramos un poco de historia. El partido que hoy representa al oficialismo en 1948 nacionalizó los ferrocarriles. Así, en 1950 se registró el nivel máximo de carga transportada –aclaro que me estoy refiriendo solamente a transporte de carga-, que fue de 17.300 millones de toneladas por kilómetro transportado. Esa fue una versión extrema del nacionalismo absoluto.
Por los motivos que fueren, ese sistema no funcionó muy bien. Tanto es así que en 1992, luego de una caída gradual, la cantidad de mercadería transportada llegó solo a 3.729 millones de toneladas. Es decir que de 17.300 millones de toneladas se pasó a 3.700 millones, lo que prácticamente representa un quinto del valor máximo. La miembro informante del proyecto señaló que la cantidad de vías se redujo a la mitad, pero la carga se redujo mucho más.
Así, el mismo partido que en 1948 había decidido la nacionalización extrema, a principios de 1990 tomó otra decisión, que fue la privatización extrema.
Entre 1992 y 2011 el nivel de carga transportada pasó de 3.700 millones de toneladas a 12.200 millones. Podríamos decir que algo se recuperó, pero en una economía que creció en estos últimos veinte años, la participación del tren en la carga transportada siguió cayendo. En consecuencia, no se logró revertir esa declinación secular que tuvieron los ferrocarriles en el transporte de la carga argentina.
Lo que tiene de interesante este proyecto es que no se ubica en ninguno de los dos extremos; no se ubica en el extremo del nacionalismo absoluto y tampoco en el de la privatización absoluta; lo que hace es buscar un balance, y en mi opinión lo encuentra. Como es un balance interesante, desde un primer momento dijimos que desde este bloque íbamos a acompañar la propuesta en tratamiento.
Ese balance radica en el hecho de que la infraestructura de vías estará en manos del Estado. Al respecto cabe señalar que esa infraestructura tiene un costo importante, pero también riesgos jurídicos e institucionales de expropiación importantes, que hacen difícil que el sector privado se anime a realizar esas inversiones. Como el Estado no se expropia a sí mismo, no corre ese riesgo y entonces tiene sentido que esa estructura la maneje el Estado.
Esa sería la parte más nacional del proyecto, pero este combina también la característica del acceso abierto a las redes sobre las vías, inicialmente, como se dijo, para transporte de carga, y a partir de nuestra sugerencia, también para transporte de pasajeros. Se habló del acceso abierto como la democratización del sistema de transporte en Argentina y me parece una expresión interesante.
El acceso abierto permite la competencia del operador estatal con operadores privados y de operadores privados entre sí. Creo que esto es extraordinariamente sano, no solo porque surgen ideas, innovaciones y posibilidades de hacer cosas sino que incluso obliga al operador estatal a estar mucho más despierto y atento. Lo digo desde la perspectiva de alguien que condujo un banco público. Los bancos públicos en la Argentina compiten con la banca privada, por lo que siempre se les exige brindar más servicios y mejorar la calidad de las prestaciones.
Este es un proyecto que pone al Estado donde tiene que estar y permite la competencia entre lo público y lo privado. Creo que esa competencia dará la posibilidad de un gran desarrollo de la industria y de nuevas posibilidades. De hecho, el ministro comentó que a través de los privados había surgido la iniciativa del tren Posadas-Encarnación. Piensen que hoy las máquinas diésel viajan a una velocidad de 160 kilómetros por hora, por lo que teniendo las vías en condiciones apropiadas para el transporte de pasajeros, imaginen la cantidad de servicios que se podrían ofrecer con ese tipo de tecnología. Considero que hoy no podemos ni avizorar lo que se puede lograr en términos de desarrollo y crecimiento en los próximos años.
En definitiva, apoyamos el proyecto porque recupera tanto la inversión pública la focaliza y orienta, y es claro dónde tiene que trabajar el Estado como la inversión privada.
La inversión en infraestructura ferroviaria en los próximos cinco o seis años tiene que superar los 16 mil millones de dólares; es decir que es una parte muy importante del plan de infraestructura y de inversiones en la Argentina.
Este es un proyecto que permite sumar nuevos actores al mercado y la actividad ferroviarios, todo lo cual resultará en una baja de costos. Ello es importante porque el transporte ferroviario implica la federalización del país al disminuir las distancias entre localidades. La inversión es más trabajo, pero en definitiva estamos hablando de un proyecto que crea más federalismo.
Antes de ceder la palabra al señor presidente de nuestro bloque, diputado Pinedo, me gustaría plantear un tema que se debatió en comisión pero lo dejo para una discusión futura. Me refiero a la figura jurídica de la sociedad del Estado. Esta figura tiene los beneficios y las contras que uno le pueda asignar, pero hay un aspecto que quiero resaltar para un debate futuro y es cómo realiza sus balances contables.
Los balances contables de una sociedad del Estado no están sujetos a las reglas de contabilidad habituales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas sino a las pautas de la Contaduría General de la Nación, que de hecho no están reglamentadas.
Pienso que si los balances de una empresa pública van a ser –como dijo el ministro homologables con el resto del sector privado, como ocurre con los balances de los bancos públicos, tenemos que darnos el tiempo para pensar que esos balances deben ser confeccionados con las mismas normas contables del resto de las empresas, lo que permitirá ganar en transparencia en la gestión pública, tanto en esta actividad como en cualquier otra.
Me hubiera gustado definir específicamente este tema en este proyecto. Sin embargo no fue incorporado, pero es interesante plantearlo para el debate.
Para terminar, este es un proyecto de ley que genera un marco regulatorio, que pienso es muy bueno para los últimos meses de este gobierno y, sobre todo, para que el gobierno que venga a partir de 2016 pueda hacer una política ferroviaria en serio y que la Argentina vuelva a desarrollar sus ferrocarriles, tanto de pasajeros como de cargas.

Porque, junto a Guillo Dietrich, apoyamos el proyecto de ferrocarriles.

En las últimas semanas nos preguntaron insistentemente sobre que posición tomaría el PRO ante la ley de estatización de ferrocarriles. Incluso la Presidenta interpeló en la sesión de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo al presidente de nuestro bloque, Federico Pinedo, quien, rápido de reflejos, respondió con una sonrisa y haciendo la V del peronismo. Es que lo que Pinedo quiso decir es que mal podíamos opinar sobre un proyecto que no habíamos visto. Pedirnos una definición era pedirnos una posición en el plano de la ideología: estatización sí o no. No importaba el proyecto, importaba el relato.
Pero como nuestro espíritu no es apostar a un relato, sino a soluciones verdaderas, resistimos la tentación de expedirnos hasta que pudiéramos ver el proyecto. Hoy celebramos no haber tomado partido: la propuesta es interesante, incluso merece ser apoyado.
La historia es conocida. En 1950, poco después que un gobierno justicialista decidiera la nacionalización de los trenes, se había llegado a un transporte máximo de carga de 17.309 millones toneladas-km. Pero la administración estatal no logró sostener este resultado y la carga transportada fue declinando año tras año, independientemente del signo ideológico de los gobiernos que se sucedían en el poder. Con (otros) justicialistas, militares, desarrollistas o radicales la cosa fue de mal en peor. El resultado es que para 1992 se alcanzó un mínimo de 3.729 toneladas-km transportadas. Fue como consecuencia de ese fracaso que a principios de los años 90 otro gobierno justicialista decidió que había que tirar a la basura lo que ese mismo partido había decidido 40 años antes, y hacer algo con el transporte de cargas en Argentina
Declarado fracasado el experimento de nacionalización se traspasó la actividad al sector privado. El resultado fue que en los 20 años siguientes el sector creció casi sin pausa (la crisis del 2001 casi no se nota en la evolución del tráfico) llegando a 12.198 millones toneladas-km transportadas en 2011, momento desde el cual el cepo cambiario volvió a reducir el trafico de cargas (un 20%) hasta la actualidad.
Quizás esta descripción leída ligeramente no sugiera la necesidad de realizar un cambio en el sistema. Pero esa lectura sería incorrecta. En estos 20 años el transporte por ferrocarril siguió perdiendo terreno respecto al transporte en camión, a pesar que los costos privados y sociales de este tipo de transporte subieron fuertemente. Con ello no logró aportar a una baja del costo de transporte interno. Así los costos de logística se convirtieron en el escollo más grande a la competitividad de nuestro país. ¿Qué fue lo que falló?

La privatización implementada por el gobierno justicialista de los años 90 logró adjudicar los ramales de carga a empresas que tenían un interés económico especifico en algunas áreas geográficas. Así, por ejemplo, AGD (Aceitera General Deheza) tomó el control del Nuevo Central Argentino y la empresa Loma Negra el de Ferrosur Roca.

Estas empresas enfrentaron dos alternativas: mantener los ramales como parte subsidiaria de su producción o crecer la infraestructura apuntando al desarrollo general del transporte de cargas. No había impedimento alguno para que persiguieran esta segunda estrategia, pero decidieron no hacerlo. No eran empresas ferroviarias (eran cementeras o productores agrícolas), los costos de capital eran demasiado grandes y la inseguridad jurídica del país hacían a la inversión demasiado riesgosa. Entonces decidieron replegar la actividad a la mínima que les diera una rentabilidad en su negocio.
Creemos que el proyecto presentado parte de esta realidad para generar la posibilidad de una mejora para todos los actores. El concepto clave es ‘open access‘: la idea que cualquier operador, público o privado, puede usar las vías. En este esquema el Estado pone a disposición la infraestructura ferroviaria, la que puede ser usada por cualquier empresa creada para operar carga por ferrocarril, o por empresas individuales que elijan hacer lo que hoy hacen las adjudicatarias, mantener una operación pequeña y propia para sus necesidades de transporte. En la versión inicial del proyecto el ‘open access‘ se restringía al transporte de carga, pero a nuestra sugerencia, y en un giro novedoso para el oficialismo, éste aceptó modificar el proyecto para que el ‘open access‘ también rija para el transporte de pasajeros. Así, el proyecto pone al Estado donde tiene que estar, y lo obliga a competir de igual a igual con los privados donde no es esencial.

Si el modelo es exitoso, el uso de las vías se intensificará significativamente. Cada operador o empresa pagará al Estado para el uso de las vías. Los operadores actuales probablemente reciban con agrado el cambio que los libere del peso del mantenimiento de las vías y les permita concentrarse en su negocio compartiendo el costo de la infraestructura con otros jugadores. En una situación donde todos ganan, los actuales concesionarios no tienen porque salir perdiendo.

No es claro que la operatoria vaya a ser rentable para este operador Estatal, pero la carga por tren reporta importantes externalidades. Reduce el costo de mantenimiento de la infraestructura vial, permitirá mejorar la competitividad, y permitirá salvar muchas vidas en nuestra rutas. Solo el Estado puede internalizar estos beneficios.

Si esta empresa se gestiona con verdaderos criterios de optimización social, cobrará por el uso de cada operador un cargo fijo, maximizando el uso de las vías. La disponibilidad de esos contratos permitiría ir orientando hacia donde desarrollar la red. Las provincias podrán ser actoras del proceso. Y si la contabilidad de la empresa es transparente (debería ser obligada a presentar balances usando los criterios contables de cualquier sociedad comercial), la sociedad sabrá cuanto le sale la operatoria y el Congreso podrá evaluar si sus inversiones justifican las externalidades positivas del transporte de carga.
El gobierno llama al proyecto ‘de Creación de Ferrocarriles del Estado’, pero bien podría llamarse ‘para Incrementar la Participación Privada en el Transporte Ferroviario‘ o ‘para Incrementar la Competencia en el Transporte Ferroviario Argentino’. No importa el título, lo relevante es el contenido.

Durante años el relato ha sido la excusa para justificar políticas erradas, hoy el relato, se usa para justificar algo razonable. Quizás en el futuro podamos obviar la épica y elegir y discutir nuestras políticas sencillamente por si son buenas o no.

¿Es factible un nuevo contrato fiscal: mas Estado, pero con menos impuestos?

La Argentina necesita más Estado y menos impuestos. Parece una contradicción, pero sintetiza gran parte de la agenda del país para la próxima década. Hoy, tenemos una bajísima eficiencia en nuestro gasto público pero impuestos de país nórdico. Un objetivo, entonces, deberá ser alinear beneficios con costos, ya sea elevando la calidad del gasto, o bajando los impuestos hasta hacerlos más lógicos en función de la calidad ofertada.
No es ciencia ficción, el país necesita reducir la carga impositiva que el kirchnerismo llevó a niveles récord. Hay dos dimensiones básicas a considerar: las ineficiencias de cada impuesto y su impacto distributivo. Si de ineficiencia hablamos, un caso obvio son las retenciones. En algunos casos, como el del trigo, su impacto en la producción fue tan letal, que la recaudación es nula. Sorprendentemente, el costo fiscal de eliminarlas es relativamente bajo: si se sacan todas las retenciones, excepto las de la cosecha gruesa (maíz, soja y girasol) que bajarían 5 puntos porcentuales, se afrontaría un costo fiscal en 2016 de 0,46% del PBI. Pero gran parte de ello se compensa, porque la baja de los impuestos estimula una mayor producción con lo que el costo fiscal total sería menos de la mitad, sólo 0,21% del PBI.
Si hablamos de incidencia distributiva, hay que considerar los cuatro impuestos más importantes que pagan las familias: el inflacionario, los laborales, el IVA y a las ganancias. Estos impuestos recaudan 2,4%, 6,8%, 7,6% y 6,0% del PBI, respectivamente. Definen la estructura impositiva del país. En términos de incidencia, el inflacionario es el más regresivo, seguido por los impuestos al trabajo y el IVA. El impuesto a las ganancias lo paga el 9.6% que más gana de los trabajadores, y es, así, el más progresivo. La prioridad debería ser bajar la inflación, el más regresivo y el más distorsivo de los impuestos. Tan negativa es la inflación, que ha dejado de usarse en todo el mundo. Bajar el IVA es una manera de reducir homogéneamente la carga tributaria. Su regresividad aporta desde el punto de la incidencia distributiva, pero es un impuesto relativamente eficiente que no genera mayores distorsiones.
Los impuestos al trabajo han sido sujetos a una increíble confusión. Es prevaleciente en la izquierda argentina que estos impuestos no pueden bajarse porque son “salarios diferidos”. Pero esto no es correcto: lo que los trabajadores aportan resulta mucho mayor que lo que reciben como contraprestación. Quien gana el salario medio aportará a lo largo de su vida laboral unos 950.000 pesos, pero recibirá solo 350 mil de contraprestación, o 638 mil si es casado con dos hijos. Si la persona gana dos veces el salario medio, aportará 1.750.000 pesos en su vida laboral y solo recibirá una compensación de 658 mil o 1.059.000 si es casado con dos hijos. En la realidad, los aportes, son, en una gran parte, lisa y llanamente impuestos. Bajarlos reduciendo el componente impositivo -esto es sin afectar ningún beneficio laboral presente y futuro de los trabajadores- debería ser parte de la agenda. Una baja de aportes personales para salarios de menos de 10 mil pesos costaría un 0,25% del PBI, pero reportaría para todo este segmento un aumento en el salario de bolsillo inmediato y real de cerca del 10%.
El impuesto a las ganancias también presenta aristas complejas. La rigidez nominal en las escalas hace que sea la inflación y no el Congreso quien defina quién paga. Hoy, por la serie de engendros legales para su liquidación, encontramos gente con el mismo ingreso que paga diferente -hoy se paga en función de los ingresos obtenidos entre enero y agosto de 2013 y no por los ingresos actuales-. Y, paradójicamente, a pesar de ser, lejos, el impuesto más progresivo de todo nuestro sistema impositivo, es el más cuestionado. En parte, porque no presenta progresividad “dentro” del impuesto ya que casi todos se ven sujetos a la misma alícuota del 35%. El desafío es dotarlo de estabilidad y recuperar la progresividad entre sus contribuyentes.
La Argentina necesita más y mejor Estado con menos impuestos que sean más justos. Avanzar en ese camino nos permitirá poner la proa hacia un país mejor.